La inesperada por
precipitada aprobación ayer en Consejo de Ministros de la autorización para que
Repsol realice prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y
Fuerteventura, ha elevado el tono de confrontación entre los gobiernos de
Canarias y el Estado hasta cotas que no se producían desde hacia años.
El decreto de la discordia,
que llevaba años esperando en un cajón del ministerio de Industria ante el
rechazo que el asunto siempre ha suscitado en Canarias, se aprueba ahora sólo
tres meses después de que el PP accediera al Gobierno de la nación y a pesar de
que el ministro Soria afirmó recientemente que no estaría antes del verano por
la complejidad técnica que implicaba su redacción.
Prisas
interesadas
Sin embargo, no es tan
sorprendente la celeridad en darle luz verde: es inminente la entrada en vigor
de una nueva directiva comunitaria que endurece considerablemente los
requisitos que deben cumplir actividades potencialmente peligrosas para el
medioambiente como las relacionadas con la exploración y eventual extracción de
petróleo.
Sólo hay que recordar la
reciente tragedia provocada por la petrolera británica BP en el Golfo de México
para comprender las consecuencias que acarrea en el medio natural un vertido de
crudo. Adelantarse a la normativa comunitaria le permite a Repsol eludirla y,
de paso, ahorrarles a sus accionistas los millones de euros que tendría que
gastarse para cumplirla.
Por otro lado, no es posible
resistirse a pensar que detrás de esta decisión, a la que habría que sumar las
relativas a la prórroga de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias o la
desaparición de la prima a las energías renovables, hay una intencionalidad
política concreta: pasarle factura política al PSOE y a CC por dejar en la
oposición al PP en Canarias e intentar meter una cuña en la salud del pacto
actual.
En los tres asuntos
mencionados, José Manuel Soria ha sido implacable: se negó a prorrogar las
bonificaciones de las tasas aéreas, cercenó las primas a las renovables y ahora
ha enviado y aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto de las
prospecciones petrolíferas.
En todos ellos ha ignorado
las críticas recibidas desde Canarias y en el de las prospecciones se ha
limitado a conceder el obligado plazo legal de alegaciones a las instituciones
de las islas y a permitir a regañadientes una pequeña ampliación del mismo. Ninguna de ellas parece que se haya tenido en cuenta y ni siquiera se ha
respondido por cortesía institucional.
En todo momento, sus
declaraciones sobre esta cuestión han sonado a imposición y nunca a
negociación, consenso, compromiso o acuerdo. Ni siquiera se ha preocupado de
guardar las necesarias distancias y reservas para no aparecer defendiendo las
prospecciones en un foro patrocinado precisamente por la empresa autorizada a
realizarlas "en exclusiva".
El ministro ha actuado obviando
que en un Estado descentralizado como el español, las autonomías tienen el
derecho a ser escuchadas y atendidas sus demandas en aquellos asuntos que les
afecten tanto como afecta éste a Canarias. Despachar una cuestión así con el
desganado cumplimiento de un trámite burocrático sin carácter vinculante alguno
dice poco en favor del respeto que a Soria la merece el modelo político de
nuestro país consagrado en la Constitución.
Es
necesario rectificar
La cuestión es cómo superar
este enfrentamiento institucional y político que no puede conducir a nada bueno
para nadie. El Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y
Fuerteventura, legítimamente indignados por el ninguneo del que han sido
objeto, han apostado por la vía judicial y competencial para intentar hacer
inviable la aplicación del decreto. Paralelamente se respaldan cuantas
manifestaciones ciudadanas se convoquen en contra de las prospecciones.
Sin embargo, la estrategia
debe tener como fin último conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy se siente
a negociar con Canarias las prospecciones petrolíferas. Si las cosas se
hubiesen hecho bien y hubiese primado la lealtad institucional y el interés
general, ambos gobiernos deberían haber constituido hace mucho tiempo una
comisión bilateral sobre las prospecciones que aún están a tiempo de poner en
marcha a menos que haya un poco de voluntad política.
Dos tareas principales deberían centrar su trabajo: seguridad ambiental y beneficios para
Canarias. En cuanto a la seguridad ambiental, es obvio que no se puede caer en
la ingenuidad de creerse las simplezas interesadas que difunde Repsol y no
temer seriamente por las consecuencias de un vertido (mucho más habituales que
lo que a las petroleras les gusta reconocer) para la industria turística y para
el medio ambiente de la zona afectada.
Las decisiones sobre este
extremo deberían basarse en informes rigurosos, exhaustivos y meticulosos,
realizados por expertos e instituciones de probada independencia. Es cierto que
ninguno podría garantizar riesgo cero y el que lo hiciera mentiría, pero se
tendría una certeza científica del nivel de riesgo.
Con respecto a los
beneficios para Canarias, debería esa hipotética comisión precisarlos con
claridad y ponerlos negro sobre blanco especificando cuánto, cómo y durante
cuánto tiempo, además del número de puestos de trabajo susceptibles de generar
la actividad. Sin olvidar la ineludible necesidad de establecer todas las
cauciones imprescindibles para reparar un posible accidente. Lo que resulta
evidente es que tampoco en esto podemos fiarnos por increíble de la lluvia de
millones de dólares y de puestos de trabajo que promete Repsol a Canarias.
Pero no basta con una
información rigurosa y exhaustiva sobre los riesgos ambientales y un compromiso
firme de los beneficios económicos para Canarias y las compensaciones por el
riesgo que se corre para darle vía libre a las prospecciones: con toda esa
información en la mano, los canarios debemos tener la última palabra a través
de un referéndum puesto que en una decisión de ese tipo nos jugamos el futuro
de las Islas.
Ésta debería haber sido la
secuencia lógica de este proceso que se ha viciado y ha terminado envenenando
las relaciones entre Canarias y el Estado. Sin embargo, aún hay tiempo para
rectificar. Se puede y se debe.
No conectan estas
maratonianas sesiones parlamentarias con el sentir de la calle, con lo que
preocupa a los ciudadanos de a pie que apenas les prestan atención. Y no es que
en ellas no se aborden asuntos de calado social o económico, es sólo que los
discursos parecen más atentos a las respectivas estrategias políticas que a los
problemas reales de la calle y a las soluciones que se proponen para
resolverlos. 
