Fue Cataluña la primera
comunidad autónoma en imponer el cobro de un euro por receta médica
expedida y ahora se le acaba de sumar Madrid con una medida idéntica
que entrará en vigor el 1 de enero próximo. El popular Ignacio
González, el nuevo presidente de la comunidad madrileña, sigue así
no sólo los pasos del muy nacionalista Artus Mas, sino los de
Esperanza Aguirre, que en sus últimos tiempos al frente del gobierno
autonómico madrileño ya ni se molestaba en disimular sus querencias
por la sanidad privada. Como en Cataluña, la injusta, ineficaz y
peligrosa medida del cobro de un euro por receta se presenta con las
habituales engañifas: “no tiene afán recaudatorio sino disuasorio
porque se hace un uso irracional de los medicamentos” y "con esta medida se garantiza la universalidad y la calidad de la sanidad pública".
Puede que los españoles
no seamos muy conscientes de que los medicamentos los pagamos con nuestros impuestos y su uso irracional sólo contribuye
a incrementar el gasto sin que eso suponga una mejora general
del estado de salud de la población. Esa es una realidad que no se
puede negar, pero pretender atajarla por la vía de un nuevo repago
sumado al impuesto por el Ministerio de Sanidad en toda España
no es la mejor manera. Son mucho más eficientes y
justos los programas de prevención y educación sanitaria y sin
embargo apenas se aplican con la convicción, profundidad y
continuidad que serían necesarias para que sean eficaces.
El cobro de un euro por
receta – además de ser de muy dudosa constitucionalidad que lo
pueda aplicar una comunidad autónoma por cuanto establece
diferencias injustas de acceso a la sanidad pública entre ciudadanos
según su lugar de residencia – castigará más aún a los
sectores más vulnerables de la sociedad que, precisamente, son los
que más necesitan de los medicamentos. El hecho de que Madrid y
Cataluña ni siquiera se hayan planteado la posibilidad de cobrarlo
en función de la renta del paciente hace aún más injusta la medida
y puede provocar, en cambio, que personas que realmente necesitan
acudir al médico con frecuencia se lo piensen antes de hacerlo.
Algunas voces autorizadas provenientes de la profesión médica ya
han advertido de que eso es lo que está pasando desde que se
implantó el copago de los medicamentos.
Que el presidente
madrileño no hace sino continuar los pasos de Esperanza Aguirre y su
programa privatizador de la sanidad pública, lo demuestra también el
hecho de que seis hospitales públicos de la comunidad autónoma
pasarán a ser gestionadas por empresas privadas y el mismo camino
llevan buena parte de los centros de salud. El mapa sanitario que se
dibuja en Cataluña y en Madrid – por ahora - es el de centros
sanitarios privados para quienes se los puedan permitir y centros
sanitarios públicos de beneficencia para los pobres de solemnidad.
Madrid es semillero de
votos para el PP y laboratorio de ideas neoliberales con un
denominador común: reducir a su mínima expresión el estado del
bienestar hasta situarlo de nuevo en los tiempos de la caridad y la
beneficencia pública. Si es cierta la máxima de que la luz que va
delante es la que alumbra, es probable que medidas como las que se
van a aplicar en la comunidad de Madrid no tarden en extenderse a
otros territorios.
Por lo demás, es muy
significativo y esclarecedor que las dos primeras comunidades
autónomas que han dado el paso de aplicar el euro por receta hayan
sido Madrid y Cataluña, en donde, por cierto, el PP le exige a Mas
que retire la misma medida que va a aplicar el popular presidente
madrileño. Así, mientras crece a modo de cortina de humo el lío
y la algarabía entre el
nacionalismo catalán y el nacionalismo de Madrid, la derecha une sus
fuerzas para dar en el suelo con el estado del bienestar. ¡Qué coincidencia!
