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El dilema de la economía sumergida

Al menos que yo recuerde, ésta es la primera vez que una administración pública le pone números a la economía sumergida, que por su propia definición y características no es fácil de cuantificar. La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias acaba de reconocer públicamente que en el Archipiélago existen unos 125.000 trabajos “sumergidos”, esto es, no regularizados. Si es cierta, la cifra espanta porque supone el 43% de los trabajadores en paro inscritos en las oficinas públicas de empleo de la comunidad autónoma, que ascienden a casi 289.000 personas.

No olvidemos, sin embargo, que las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA ) que conocíamos el pasado viernes colocan el número total de desempleados en el Archipiélago en 378.000 personas, casi 100.000 más que las que han confiado en los servicios de la administración pública para encontrar un trabajo. Quiere ello decir, que a esos 125.000 trabajos no declarados hay que añadir seguramente algunos miles más de desempleados que no confían ya en los servicios públicos de empleo para encontrar una ocupación regulada.

Las causas de estos preocupantes datos no son difíciles de adivinar: por un lado, la inveterada tradición nacional, tanto de empresarios como de trabajadores, de burlar las cargas fiscales y sociales que implican el trabajo regularizado, algo que por desgracia está demasiado extendido incluso en épocas de bonanza económica; por otro, la expulsión del mercado laboral legalizado de millones de trabajadores a raíz de la crisis económica y de las facilidades concedidas a los empresarios para despedir a precio de saldo. 

Es seguramente esta segunda causa la que ha hecho que se haya disparado el número de trabajadores que, ante las nulas perspectivas de encontrar un empleo legal, han optado por aceptar una ocupación en precario pero cuya remuneración, por baja que sea, está exenta de cotizaciones sociales y pago de impuestos. A nadie se le escapa que esta práctica supone, sobre todo, un quebranto para las arcas de la Seguridad Social y la hacienda pública, además de una competencia desleal para los empresarios que hacen frente a sus obligaciones y una presión a la baja de los salarios de la economía legal.

Es una vieja máxima que la economía sumergida – sobre todo en épocas de crisis tan profunda como la actual – es una válvula de escape sin la cual la conflictividad social podría llegar a alcanzar cotas de intensidad incontrolable y de consecuencias imprevisibles: mejor dejarla estar para evitarse más problemas que los que ya tenemos y, de paso, permitir que los trabajadores y empresarios sumergidos puedan seguir tirando hasta que vengan tiempos mejores.

El problema es serio y el dilema para resolverlo también: permitir que cada vez más trabajadores y empresarios se adentren en la economía sumergida no hará sino agravar las tensiones de las cuentas públicas, pero perseguirla y sancionarla puede dar lugar a situaciones de mayor depauperación social que las que ya sufrimos en España y, particularmente, en Canarias.

¿Que hacer entonces? La solución no es fácil y, hasta ahora, las medidas que se han adoptado para aflorar el empleo sumergido han arrojado un balance bastante pobre: o a las autoridades laborales les faltan medios y convicción para afrontar la situación o a los trabajadores y empresarios sumergidos le sobran artimañas para eludir la legalidad, o ambas cosas a la vez.

Lo que parece evidente es que la mejor manera de luchar contra el empleo sumergido no es poniendo el despido a precio de saldo y suprimiendo derechos laborales, sino adoptando medidas que favorezcan el trabajo digno y de calidad y aplicando la ley a los que opten – trabajadores o empresarios – por la ilegalidad. En cuanto a la primera condición, el camino emprendido es justamente el contrario, con lo que nadie debería de extrañarse de que la economía sumergida termine engullendo a buena parte de la economía productiva de este país.

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