Los motivos, en el último post:
14N: seis millones de motivos para ir
Los seis millones de
parados que no tardará en tener España son motivos más que
suficientes para apoyar la huelga general de mañana. Motivos que en
muchos casos son dobles porque en ellos se engloban también buena
parte de las cerca de 400.000 familias echadas de sus viviendas en
virtud de una ley abusiva ante la que, en un indecente acto de
hipocresía, todo el mundo se rasga ahora las vestiduras; figuran
también entre esos seis millones de parados los centenares de miles
de españoles que se han ido a buscar en el extranjero la oportunidad
de trabajar que aquí se les niega para no pasar a engrosar el
creciente número de personas que viven ya bajo del umbral de la
pobreza.
Ante esa realidad que
reflejan las frías estadísticas y que justifican con creces la
huelga general de mañana, el Gobierno se empeña en hacernos creer
que hay brotes verdes en la
economía con el inconfesable fin de mantener al país adormecido,
silencioso y en casa cuanto más tiempo mejor. Mientras, él sigue a
lo suyo, haciendo lo que mejor se le da: arrasar desde los cimientos
con el estado del bienestar que tanto ha costado construir y
conduciendo al país a un pozo sin fondo con sus medidas de
austericidio.
Los
empresarios claman: éste no es el momento más oportuno para la huelga
dada la situación que vive el país. Ante un argumento de tanta
enjundia uno no puede más que preguntarse cuándo es para los
empresarios el momento más adecuado para convocar una huelga
general. ¿Tal vez cuando reine el pleno empleo y los salarios se
incrementen el 100% todos los años? ¿Cuando todos los ciudadanos
tengamos acceso a sanidad, educación y servicios sociales
universales, gratuitos y de calidad? ¿Cuando no se nos exijan más
sacrificios para salvar a la banca de su propia codicia? ¿Cuando
nadie sea expulsado de su casa por no poder hacer frente a las cuotas
de la hipoteca después de perder el empleo? ¿Cuando los comedores
sociales tengan que echar el cierre porque nadie necesita acudir a
ellos en busca de un plato de sopa? ¿Cuando ningún español
necesite buscar trabajo en otro país como hicieron sus abuelos? Para
qué seguir.
Se
argumenta también que la huelga no va a resolver nada y
se busca de este modo desmovilizar y conseguir que los ciudadanos
mantengan la cabeza gacha y acepten en silencio, como si se tratase
de una maldición divina, que cercenen sus derechos más elementales.
Por poner un sólo ejemplo muy cercano de lo que puede conseguir la
movilización social, basta fijarse en los efectos que están
produciendo las denuncias de organizaciones como Afectados por las
Hipotecas o Stop Desahucios contra los abusos de los bancos en las
ejecuciones hipotecarias mientras instituciones, partidos y Poder Judicial miraban para otro lado.
Pero
si hay un argumento de verdad estúpido para intentar deslegitimar la
huelga de mañana es el de que se trata de una huelga
política y habría que prohibirla. Entre
quienes lo esgrimen figura Esperanza Aguirre, la que se fue pero
sigue aquí porque, en realidad, nunca se ha ido. Ella y quienes
defienden ese ridículo argumento quieren hacernos creer que las
políticas económicas del Gobierno están inspiradas directamente
por el Espíritu Santo y que los sindicatos lo que buscan con esta
movilización es torcer la voluntad divina y dictar una política
económica distinta a la del Gobierno.
Tratan
de ocultar sin conseguirlo que detrás del desmantelamiento del
estado del bienestar con sus recortes salvajes en educación, sanidad
y servicios sociales, su clamorosa pasividad ante el fraude fiscal y
sus leyes regresivas no hay pura y dura ideología conservadora para
la que todo lo público es anatema y debe ser destruido o entregado a
manos privadas. Política, con mayúscula, es mucho más que votar
cada cuatro años y asentir en silencio el resto del tiempo. Es
también y sobre todo expresar libremente y en la calle, si es necesario, que no
se está de acuerdo con lo que hacen aquellos que, como Esperanza
Aguirre, entienden la política, con minúscula, como un coto cerrado
vetado al resto de los ciudadanos.
Claro
que la de mañana es una huelga política en defensa del estado del
bienestar, de los derechos sociales amenazados, del empleo y de la
calidad y universalidad de los servicios públicos. ¿Qué otra cosa
puede ser?
Desahucios: de repente, todos alarmados
Han tenido que suicidarse
dos personas y una tercera intentarlo – al menos, según cifras
conocidas – para que cunda la alarma sobre el drama social de los
desahucios. De repente, el Gobierno, la oposición, los
ayuntamientos, los jueces, la policía, algunos bancos y hasta los
medios de comunicación que ignoraron o minimizaron lo que está
ocurriendo, se confiesan alarmados y proponen todo tipo de soluciones
para detener tanto atropello. Todos se rasgan ahora las vestiduras y
claman para modificar una ley que tiene más de un siglo de vida y
que ata de pies y manos al deudor frente al acreedor sin dejarle
apenas capacidad de defensa cuando, por causas sobrevenidas y ajenas
a su voluntad, no puede seguir haciendo frente al pago de la
hipoteca.
Hay mucho de hipocresía
en esta alarma político-institucional que se ha desatado en torno a
los desahucios. En los partidos políticos como el PSOE o el PP,
porque tuvieron la oportunidad de cambiar la legislación y se
conformaron con aprobar un inútil Código de Buenas Prácticas de
adhesión voluntaria por parte de la banca que – a la vista está
por el número de desahucios que se ha producido en España desde el
inicio de la crisis – no ha servido para nada. La insensibilidad de
la práctica totalidad del arco político ante el drama de miles de
personas arrojadas a la calle, el miedo a incomodar a la banca y la
promiscuidad entre políticos y banqueros, con deudas condonadas y
créditos para campañas electorales pendientes de devolución, son
la clave para entender la indiferencia que han mostrado hasta ahora.
Tampoco el Poder Judicial
ha estado a la altura de las circunstancias, insensible también
hasta hoy ante el colapso de muchos juzgados, cuyos titulares tienen
que dedicar a diario tiempo y esfuerzo que pagamos todos los
ciudadanos para resolver las ejecuciones de desahucio a mayor gloria
de la banca, a la que también tenemos que sanear con nuestro dinero
para que no quiebre. Y lo mismo puede argumentarse de los
ayuntamientos, que podían haber puesto en marcha mucho antes medidas
de presión sobre las entidades que se niegan a atender a razones y
solicitan el desahucio sin pararse a considerar las circunstancias
personales del deudor.
Pero no todo el mundo
acaba de caer en la cuenta ahora de que se debe frenar este drama por
una ley injusta que es necesario cambiar con urgencia.
Probablemente, sin el trabajo y la denuncia constante y tenaz de los
últimos meses de plataformas ciudadanas nacidas al calor del 15M
como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas,
unido al de organizaciones de usuarios de la banca como AUSBANC o
ADICAE, las instituciones, los partidos, el Poder Judicial, la
policía y los medios de comunicación seguirían mirando para otro
lado como si los desahucios no pasaran de ser meras anécdotas sin
mayor trascendencia social en lugar de un drama más que previsible.
La sociedad civil da una
vez más ejemplo y marca el camino a una clase política y a unas
instituciones ensimismadas en sus cuitas de salón y ajenas a la
realidad social. En medio de esa alarma repentina se enmarca la
reunión que hoy mantendrán el Gobierno y el PSOE para consensuar
una modificación de le ley que equilibre las relaciones entre deudor
y acreedor. Surgen voces incluso entre la oposición y hasta entre
los jueces que piden que se paralicen todos los desahucios en marcha
mientras no se modifique la ley, lo que puede tardar aún meses o
semanas en el mejor de los casos.
Debería de ser así
aunque, por desgracia, de nada le servirá a las cerca de 400.000
familias que han sido echadas de sus viviendas desde el comienzo de
esta crisis. Otra tendría que haber sido su suerte si la repentina
preocupación y alarma que hoy muestran todos por el drama de los
desahucios se hubiese producido hace sólo tres o cuatro años. Es
el precio que estamos pagando por poner los intereses privados por
encima del bien de la mayoría.
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