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Desahucios: de repente, todos alarmados

Han tenido que suicidarse dos personas y una tercera intentarlo – al menos, según cifras conocidas – para que cunda la alarma sobre el drama social de los desahucios. De repente, el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos, los jueces, la policía, algunos bancos y hasta los medios de comunicación que ignoraron o minimizaron lo que está ocurriendo, se confiesan alarmados y proponen todo tipo de soluciones para detener tanto atropello. Todos se rasgan ahora las vestiduras y claman para modificar una ley que tiene más de un siglo de vida y que ata de pies y manos al deudor frente al acreedor sin dejarle apenas capacidad de defensa cuando, por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, no puede seguir haciendo frente al pago de la hipoteca.

Hay mucho de hipocresía en esta alarma político-institucional que se ha desatado en torno a los desahucios. En los partidos políticos como el PSOE o el PP, porque tuvieron la oportunidad de cambiar la legislación y se conformaron con aprobar un inútil Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de la banca que – a la vista está por el número de desahucios que se ha producido en España desde el inicio de la crisis – no ha servido para nada. La insensibilidad de la práctica totalidad del arco político ante el drama de miles de personas arrojadas a la calle, el miedo a incomodar a la banca y la promiscuidad entre políticos y banqueros, con deudas condonadas y créditos para campañas electorales pendientes de devolución, son la clave para entender la indiferencia que han mostrado hasta ahora. 

Tampoco el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias, insensible también hasta hoy ante el colapso de muchos juzgados, cuyos titulares tienen que dedicar a diario tiempo y esfuerzo que pagamos todos los ciudadanos para resolver las ejecuciones de desahucio a mayor gloria de la banca, a la que también tenemos que sanear con nuestro dinero para que no quiebre. Y lo mismo puede argumentarse de los ayuntamientos, que podían haber puesto en marcha mucho antes medidas de presión sobre las entidades que se niegan a atender a razones y solicitan el desahucio sin pararse a considerar las circunstancias personales del deudor.


Pero no todo el mundo acaba de caer en la cuenta ahora de que se debe frenar este drama por una ley injusta que es necesario cambiar con urgencia. Probablemente, sin el trabajo y la denuncia constante y tenaz de los últimos meses de plataformas ciudadanas nacidas al calor del 15M como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, unido al de organizaciones de usuarios de la banca como AUSBANC o ADICAE, las instituciones, los partidos, el Poder Judicial, la policía y los medios de comunicación seguirían mirando para otro lado como si los desahucios no pasaran de ser meras anécdotas sin mayor trascendencia social en lugar de un drama más que previsible.

La sociedad civil da una vez más ejemplo y marca el camino a una clase política y a unas instituciones ensimismadas en sus cuitas de salón y ajenas a la realidad social. En medio de esa alarma repentina se enmarca la reunión que hoy mantendrán el Gobierno y el PSOE para consensuar una modificación de le ley que equilibre las relaciones entre deudor y acreedor. Surgen voces incluso entre la oposición y hasta entre los jueces que piden que se paralicen todos los desahucios en marcha mientras no se modifique la ley, lo que puede tardar aún meses o semanas en el mejor de los casos.

Debería de ser así aunque, por desgracia, de nada le servirá a las cerca de 400.000 familias que han sido echadas de sus viviendas desde el comienzo de esta crisis. Otra tendría que haber sido su suerte si la repentina preocupación y alarma que hoy muestran todos por el drama de los desahucios se hubiese producido hace sólo tres o cuatro años. Es el precio que estamos pagando por poner los intereses privados por encima del bien de la mayoría.

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