Kilovatios, brotes verdes y cabreo general

Pasarse el día contando kilovatios o anunciando brotes verdes en la economía son dos formas igual de inútiles para acallar o intentar minimizar el estado de cabreo general que vive España. Puede que la de ayer no haya sido la huelga general con mayor seguimiento de la historia, un hecho en el que hay que considerar factores como la imposibilidad de muchos trabajadores de renunciar a un día de sueldo, el miedo a perder el empleo si se secundaba la protesta o la indiferencia de los que aún tienen empleo pero creen erróneamente que los problemas de este país no les afectan o hacen suya la burda propaganda antisindical de la derecha y sus terminales mediáticos o el mantra de que el país no está para huelgas.

Hasta puede admitirse que las multitudinarias manifestaciones que pusieron el colofón a la huelga general de ayer en más de cien ciudades españolas no hayan sido las más numerosas de la historia de este país y que en ellas no participaron millones de personas, como dicen los sindicatos, sino poco más de 800.000, como dice el Gobierno, aunque a la vista de las imágenes de televisión todo hace indicar que son los sindicatos los que están más cerca de la verdad. 
 
Enredarse en la cansina guerra de cifras  no nos lleva muy lejos. Lo esencial es comprender el sentido de las protestas de ayer en España y en otros países de la Unión Europea contra las políticas económicas de austeridad que hasta el mismísimo FMI - ¡vivir para ver! - considera contraproducentes. El Gobierno español y el resto de los gobiernos europeos abonados a una austeridad fiscal antisocial y empobrecedora de las clases medias y de los sectores de la población más vulnerables cometerán una grave irresponsabilidad si siguen haciendo oídos sordos al cabreo general que se respira a través de protestas como la de ayer, fuera su incidencia mayor o menor.

El propio Gobierno español admite el descontento social que están provocando sus políticas económicas y, por eso, resulta cada vez más frustrante que insista en que no hay alternativas y que hay que seguir haciendo sacrificios, aunque el mismo tiempo intente dorarnos la píldora con los alucinógenos brotes verdes. Todo esto lo hace un Gobierno que obtuvo su legitimidad en las urnas engañando descaradamente a los ciudadanos al prometer que no haría todo lo que no ha tardado ni un año en hacer, lo que ha contribuido a hacer más intenso el cabreo general.

Pecaran también de cortos de vista el Gobierno y la maquinaria política e institucional del Estado si no comprenden que el malestar social contra la austeridad a machamartillo y la sordera política ante el sufrimiento de la gente, algo que cualquiera con un mínimo de olfato e información es capaz de detectar, puede acabar desbordando los cauces democráticos convencionales con consecuencias imprevisibles. El desafecto social hacia la política y los políticos no ha parado de crecer desde el inicio de la crisis, lo que genera un caldo de cultivo muy peligroso para la estabilidad del sistema democrático.

A menudo algunos responsables públicos se llenan la boca alabando la capacidad de sacrificio del pueblo español, insidioso argumento que, como el de los brotes verdes, pretende convencernos para que sigamos soportando sin rechistar nuestro propio empobrecimiento y la continúa perdida de derechos y libertades. Sin embargo, que los españoles demostremos cada día con creces que estamos dispuestos a apretarnos el cinturón – aunque la mayoría muchísimo y una minoría absolutamente nada - no debe llevar al Gobierno a creer que también estamos dispuestos a ahorcarnos con él.

14N: seis millones de motivos para ir

Los seis millones de parados que no tardará en tener España son motivos más que suficientes para apoyar la huelga general de mañana. Motivos que en muchos casos son dobles porque en ellos se engloban también buena parte de las cerca de 400.000 familias echadas de sus viviendas en virtud de una ley abusiva ante la que, en un indecente acto de hipocresía, todo el mundo se rasga ahora las vestiduras; figuran también entre esos seis millones de parados los centenares de miles de españoles que se han ido a buscar en el extranjero la oportunidad de trabajar que aquí se les niega para no pasar a engrosar el creciente número de personas que viven ya bajo del umbral de la pobreza.

Ante esa realidad que reflejan las frías estadísticas y que justifican con creces la huelga general de mañana, el Gobierno se empeña en hacernos creer que hay brotes verdes en la economía con el inconfesable fin de mantener al país adormecido, silencioso y en casa cuanto más tiempo mejor. Mientras, él sigue a lo suyo, haciendo lo que mejor se le da: arrasar desde los cimientos con el estado del bienestar que tanto ha costado construir y conduciendo al país a un pozo sin fondo con sus medidas de austericidio. 
 
Los empresarios claman: éste no es el momento más oportuno para la huelga dada la situación que vive el país. Ante un argumento de tanta enjundia uno no puede más que preguntarse cuándo es para los empresarios el momento más adecuado para convocar una huelga general. ¿Tal vez cuando reine el pleno empleo y los salarios se incrementen el 100% todos los años? ¿Cuando todos los ciudadanos tengamos acceso a sanidad, educación y servicios sociales universales, gratuitos y de calidad? ¿Cuando no se nos exijan más sacrificios para salvar a la banca de su propia codicia? ¿Cuando nadie sea expulsado de su casa por no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca después de perder el empleo? ¿Cuando los comedores sociales tengan que echar el cierre porque nadie necesita acudir a ellos en busca de un plato de sopa? ¿Cuando ningún español necesite buscar trabajo en otro país como hicieron sus abuelos? Para qué seguir. 
 
Se argumenta también que la huelga no va a resolver nada y se busca de este modo desmovilizar y conseguir que los ciudadanos mantengan la cabeza gacha y acepten en silencio, como si se tratase de una maldición divina, que cercenen sus derechos más elementales. Por poner un sólo ejemplo muy cercano de lo que puede conseguir la movilización social, basta fijarse en los efectos que están produciendo las denuncias de organizaciones como Afectados por las Hipotecas o Stop Desahucios contra los abusos de los bancos en las ejecuciones hipotecarias mientras instituciones, partidos y Poder Judicial miraban para otro lado. 

Pero si hay un argumento de verdad estúpido para intentar deslegitimar la huelga de mañana es el de que se trata de una huelga política y habría que prohibirla. Entre quienes lo esgrimen figura Esperanza Aguirre, la que se fue pero sigue aquí porque, en realidad, nunca se ha ido. Ella y quienes defienden ese ridículo argumento quieren hacernos creer que las políticas económicas del Gobierno están inspiradas directamente por el Espíritu Santo y que los sindicatos lo que buscan con esta movilización es torcer la voluntad divina y dictar una política económica distinta a la del Gobierno.

Tratan de ocultar sin conseguirlo que detrás del desmantelamiento del estado del bienestar con sus recortes salvajes en educación, sanidad y servicios sociales, su clamorosa pasividad ante el fraude fiscal y sus leyes regresivas no hay pura y dura ideología conservadora para la que todo lo público es anatema y debe ser destruido o entregado a manos privadas. Política, con mayúscula, es mucho más que votar cada cuatro años y asentir en silencio el resto del tiempo. Es también y sobre todo expresar libremente y en la calle, si es necesario, que no se está de acuerdo con lo que hacen aquellos que, como Esperanza Aguirre, entienden la política, con minúscula, como un coto cerrado vetado al resto de los ciudadanos.

Claro que la de mañana es una huelga política en defensa del estado del bienestar, de los derechos sociales amenazados, del empleo y de la calidad y universalidad de los servicios públicos. ¿Qué otra cosa puede ser?