El viernes próximo acaba
el plazo - aunque no se descarta que se amplíe - para que quienes tengan dinero y bienes en el extranjero sin
declarar regularicen su
situación ante la Hacienda Pública. Auguran los expertos que la
bien llamada vergonzosa amnistía fiscal que
aprobó el Gobierno para intentar que afloraran unos 25.000 millones
de euros ocultos y barrer para las arcas públicas en torno a los
2.500 millones será un sonoro fiasco. De hecho, en los cuatro
primeros meses desde la entrada en vigor de la medida apenas si se
recaudaron 50 millones de euros y, desde que Hacienda dio a conocer
esa cifra, nada más se ha sabido de cómo ha evolucionado la
recaudación por ese concepto.
Sin
duda, muy mala señal para el Gobierno que tendrá que explicar muy bien para qué ha servido
este regalo fiscal a los defraudadores mientras al común de los
mortales se nos han subido los impuestos que nunca iban a subir. Y no
es que no se lo haya puesto fácil el ministro a los que burlan al
fisco colocando su dinero en bancos extranjeros y no declarándolo:
pagar el diez por ciento de lo defraudado sin dar más explicaciones
sobre la procedencia del dinero, sobre si fue obtenido lícita o
ilícitamente y sin obligación alguna de repatriarlo a España. Aunque con eso y poco más bastaba para quedar limpios de polvo y
paja ante la Hacienda española, los defraudadores no se han fiado de
que, a posteriori, el Gobierno emprenda acciones legales contra
ellos. De ahí que Montoro no dudara ni un momento en introducir
rápidamente nuevas mejoras en
la norma usando incluso una orden ministerial para modificar un Real
Decreto Ley: todo con el objetivo de no molestar a los temerosos
evasores y conseguir el pírrico objetivo de los 2.500 millones de
euros.
En
su ayuda – y en la de los defraudadores – salió incluso el
ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, siempre dispuesto a
echar una mano por una buena causa como ésta. Aprovechando la
enésima reforma del Código Penal se decidió a toda prisa que
quienes paguen esa limosna del 10% a las arcas públicas ya no
tendrán que temer nada del largo brazo de la Ley por los siglos de
los siglos. Al mismo tiempo y como para hacer creer a los ciudadanos
que pagan puntualmente sus impuestos que el Gobierno está
comprometido en la lucha contra el fraude fiscal, se aprobó una ley
que empezará a aplicarse el 1 de enero y que endurecerá las
sanciones a los defraudadores. Es la táctica del palo y la zanahoria
para convencer a los remolones de que mejor les irá si pagan ahora
esa miseria del 10% y para lo cual se les ofrecen todas las
facilidades habidas o por haber.
La
única pega la han puesto los inspectores y técnicos de Hacienda:
con los pocos que son y los escasos medios de los que disponen, la ley quedará en papel mojado y los evasores podrán seguir
engordando sus cuentas en el extranjero mientras usted y yo seguimos
haciendo el primo año tras año en Hacienda. La amnistía fiscal que
el ministro Montoro se ha inventado para ponérselo fácil a los que
defraudan a cambio de unas migajas por su fraude, mientras al resto
de los ciudadanos nos aprieta el cuello, es una de las decisiones más
vergonzosas e injustas de cuantas ha tomado este Gobierno, que son
unas cuantas.
Esa
forma de poner la mano para que los evasores donen una miseria por lo
que han defraudado y se vayan sin pena ni culpa, al tiempo que la
mete hasta el fondo en nuestros bolsillos para empobrecernos un poco
más, es escandalosa. La esperanza podría
ser el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, pero a
la vista de lo que tarda el alto tribunal en resolver las cuestiones
que se le plantean mejor no hacerse ilusiones.
En
cualquier caso, no es necesario ser catedrático de Hacienda
Pública como Montoro para saber que la medida se da de bruces con lo que
consagra el artículo 31 de la Constitución Española: todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Si
el viejo lema Hacienda somos todos nunca
fue del todo verdad, con la amnistía fiscal de
Montoro es más falso que nunca.
