Montoro pone la mano

El viernes próximo acaba el plazo - aunque no se descarta que se amplíe - para que quienes tengan dinero y bienes en el extranjero sin declarar regularicen su situación ante la Hacienda Pública. Auguran los expertos que la bien llamada vergonzosa amnistía fiscal que aprobó el Gobierno para intentar que afloraran unos 25.000 millones de euros ocultos y barrer para las arcas públicas en torno a los 2.500 millones será un sonoro fiasco. De hecho, en los cuatro primeros meses desde la entrada en vigor de la medida apenas si se recaudaron 50 millones de euros y, desde que Hacienda dio a conocer esa cifra, nada más se ha sabido de cómo ha evolucionado la recaudación por ese concepto.

Sin duda, muy mala señal para el Gobierno que tendrá que explicar muy bien para qué ha servido este regalo fiscal a los defraudadores mientras al común de los mortales se nos han subido los impuestos que nunca iban a subir. Y no es que no se lo haya puesto fácil el ministro a los que burlan al fisco colocando su dinero en bancos extranjeros y no declarándolo: pagar el diez por ciento de lo defraudado sin dar más explicaciones sobre la procedencia del dinero, sobre si fue obtenido lícita o ilícitamente y sin obligación alguna de repatriarlo a España. Aunque con eso y poco más bastaba para quedar limpios de polvo y paja ante la Hacienda española, los defraudadores no se han fiado de que, a posteriori, el Gobierno emprenda acciones legales contra ellos. De ahí que Montoro no dudara ni un momento en introducir rápidamente nuevas mejoras en la norma usando incluso una orden ministerial para modificar un Real Decreto Ley: todo con el objetivo de no molestar a los temerosos evasores y conseguir el pírrico objetivo de los 2.500 millones de euros.

En su ayuda – y en la de los defraudadores – salió incluso el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, siempre dispuesto a echar una mano por una buena causa como ésta. Aprovechando la enésima reforma del Código Penal se decidió a toda prisa que quienes paguen esa limosna del 10% a las arcas públicas ya no tendrán que temer nada del largo brazo de la Ley por los siglos de los siglos. Al mismo tiempo y como para hacer creer a los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos que el Gobierno está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal, se aprobó una ley que empezará a aplicarse el 1 de enero y que endurecerá las sanciones a los defraudadores. Es la táctica del palo y la zanahoria para convencer a los remolones de que mejor les irá si pagan ahora esa miseria del 10% y para lo cual se les ofrecen todas las facilidades habidas o por haber.

La única pega la han puesto los inspectores y técnicos de Hacienda: con los pocos que son y los escasos medios de los que disponen, la ley quedará en papel mojado y los evasores podrán seguir engordando sus cuentas en el extranjero mientras usted y yo seguimos haciendo el primo año tras año en Hacienda. La amnistía fiscal que el ministro Montoro se ha inventado para ponérselo fácil a los que defraudan a cambio de unas migajas por su fraude, mientras al resto de los ciudadanos nos aprieta el cuello, es una de las decisiones más vergonzosas e injustas de cuantas ha tomado este Gobierno, que son unas cuantas.

Esa forma de poner la mano para que los evasores donen una miseria por lo que han defraudado y se vayan sin pena ni culpa, al tiempo que la mete hasta el fondo en nuestros bolsillos para empobrecernos un poco más, es escandalosa. La esperanza podría ser el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, pero a la vista de lo que tarda el alto tribunal en resolver las cuestiones que se le plantean mejor no hacerse ilusiones.

En cualquier caso, no es necesario ser catedrático de Hacienda Pública como Montoro para saber que la medida se da de bruces con lo que consagra el artículo 31 de la Constitución Española: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Si el viejo lema Hacienda somos todos nunca fue del todo verdad, con la amnistía fiscal de Montoro es más falso que nunca.