No hay deporte nacional
con más seguidores en este país que el de “yo no fui, pasaba por
allí”, practicado con un gran entusiasmo cuando se trata de eludir
responsabilidades públicas o privadas. En la tragedia en el Madrid Arena, en la que cuatro chicas
perdieron la vida aplastadas y una quinta resultó gravemente herida,
todos pasaban por allí, ninguno fue el responsable de lo ocurrido.
La empresa organizadora
jura que ella sólo se limita a eso, a organizar, y que de la
seguridad se encargan otros. Esos otros es una empresa llamada
Seguriber, responsable de la seguridad en el recinto por acuerdo de
fidelización con la empresa
municipal de la que depende el Madrid Arena. Sin embargo, Seguriber
dice que su único cometido era evitar que los asistentes a la
macrofiesta introdujeran objetos peligrosos en el recinto y que la
gente entrará por la correspondiente puerta de acceso. La petición
de entradas y documentación era cosa de Kontrol 34, contratada por el organizador y que, además,
asumió funciones de seguridad en el interior del recinto sin contar
con personal cualificado para ese trabajo.
A
Seguriber se la acusa, además, de organizar un botellón en el
aparcamiento aledaño al Madrid Arena y hasta de cobrar 10 euros por
vehículo, saltándose alegremente a la torera la prohibición
municipal de hacer botellones. Me pregunto qué hace una empresa de
seguridad que trabaja para un ayuntamiento organizando un botellón
como no sea con el fin de obtener unos ingresos extraordinarios, que
de eso parece que se trata y esa parece ser la causa última de todo lo ocurrido: hacer caja sin importar un comino la seguridad. Todas las evidencias apuntan a que fue el
botellón fomentado y cobrado por Seguriber el que alimentó la
avalancha masiva a la fiesta por las puertas de emergencia originando
un tapón humano que provocó la tragedia.
Al
parecer, mientras todo esto ocurría, la estrella de la trágica
noche gritaba desde el escenario: ¿os creéis que
somos 15.000? Se equivocaba, eran al menos 18.000 las personas que
habían entrado en el Madrid Arena como ha demostrado el recuento de
las entradas, cuando el aforo
era para unas 10.600. Ese decir, que le faltaba poco
para doblarse y, todo eso, en medio de un absoluto descontrol de
seguridad, con gente entrando en tromba por las puertas de emergencia
y dos médicos como todo dispositivo sanitario. Hasta aquí todo
parece tan claro como una tenebrosa noche de Halloween.
¿Y
el ayuntamiento de Madrid? También, cómo no, pasaba por allí.
Ignoró las deficiencias del local para acoger macrofiestas, no
mostró la más mínima diligencia para exigir que se garantizaran
las medidas de seguridad suficientes y la policía local no puso fin
al botellón, uno de los factores clave de la tragedia, como era su
obligación. Después de forzar la dimisión del concejal responsable
de la empresa municipal y de un par de funcionarios de segundo nivel,
ha puesto en marcha una comisión de investigación que, como la
mayoría, sólo servirá para un intenso intercambio de sonoras
bofetadas políticas pero que, salvo sorpresa, no ayudará gran cosa
a revelar lo ocurrido la fatídica noche de Halloween.
En
esa comisión no estará ni la Delegación del Gobierno ni el
Gobierno de la comunidad autónoma por deseo expreso de la alcaldesa
Botella, que tampoco estará después de prometer máxima
transparencia. Puro teatro para intentar eludir las indudables
responsabilidades políticas en todo lo ocurrido. Sólo queda confiar
en que el juez y la fiscalía sean capaces de llevar el caso a buen
puerto y depurar las otras responsabilidades, las judiciales, a que haya lugar. De ellos depende evitar que todos los que
la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre aseguran que sólo
“pasaban por allí” se salgan con la suya y eludan su
correspondiente cuota de culpabilidad sobre las vidas de cuatro
jóvenes y el riesgo potencial en el que se puso a otras miles de
personas que, desde luego, no pasaban por allí.
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