Negro sobre blanco las
draconianas condiciones del rescate bancario español – sí,
rescate, Sr. de Guindos y Sr. Rajoy – sólo cabe reaccionar con indignación y
estupor. Sabemos que el que presta pone las condiciones, pero estas
que alegremente desgranaba ayer el otrora socialista Joaquín
Almunia son un atraco bancario en toda regla. Casi 37.000 millones
de euros para reflotar unas entidades bancarias a las que se podía
haber dejado caer después de garantizar – ya
garantizados por ley – los depósitos de los pequeños ahorradores. ¿Por qué cualquier otra empresa puede quebrar y acudir a un concurso de acreedores y un banco no?
¿Acaso entidades como el
Banco de Valencia, Novacaixagalicia y Caixa Cataluña, que se llevan
la mitad del rescate,
son entidades sistémicas tan importantes como
para tener que salvarlas con dinero público? ¿Por qué no se
liquidan en lugar de sanearlas con nuestro dinero para venderlas
después al mejor postor, como ha ocurrido ya con el Banco de Valencia y
su venta por 1 euro a la Caixa? La otra mitad se la lleva Bankia,
el gran gigante con pies de barro surgido de los conchabos políticos
del PP y la indiferencia del Banco de España ante lo que estaba
pasando bajo sus mismas narices. ¿Por qué no se ha diseñado para
ella un plan ordenado de liquidación y cierre con las máximas
garantías para pequeños inversionistas, ahorradores y empleados?
El
mito de demasiado
grande para dejarlas caer no
se puede justificar haciendo recaer sobre trabajadores, pequeños
inversores y contribuyentes en general el coste de la operación.
Porque eso es lo que supone el rescate bancario anunciado ayer por
Almunia, que paguen los platos rotos de la indigestión de ladrillo
los cerca de 10.000 empleados que se irán a la calle y los pequeños
tenedores de preferentes que perderán en muchos casos todos los
ahorros de su vida al ver que su inversión sufre una quita cercana
a la mitad del valor y reciben a cambio unas acciones devaluadas y
sin expectativas de revalorizarse al menos a medio plazo.
Y
significa también que los contribuyentes, que ya hemos aportado
miles de millones para salvar a los bancos, tendremos que afrontar
ahora 37.000 millones más que computarán como déficit público y
que pagaremos con nuevos recortes sociales. A la vista de las
perspectivas económicas y de las restricciones a la
actividad que impone Bruselas – nada de ladrillo y prohibición de actuar fuera de su ámbito geográfico de
origen lo que, por cierto, contraviene la propia normativa
comunitaria sobre libertad de establecimiento - hay muy pocas
esperanzas de que los bancos rescatados sean capaces de devolver este
crédito, aunque el ministro de Guindos declare ufano que el interés
será inferior al 1; tampoco hay seguridad alguna de que esta lluvia
de millones sea suficiente para reflotarlos y no sea necesario
inyectarles más euros en vena dentro de poco tiempo para poder
venderlos tras sanearlos con el dinero de todos.
Mientras
todo esto ocurre, nadie, ni Bruselas, ni el Banco de España,
supuesto supervisor del sistema financiero que miró para otro lado
cuando la burbuja inmobiliaria se hinchaba peligrosamente, ni los
gobiernos actual y pasados, han movido un dedo para regular un
mercado financiero que ha vivido demasiados años por encima de sus
posibilidades gracias a una normativa laxa cuando no inexistente y
que es el principal responsable de la situación en la que nos
encontramos.
Eso
sí, a la hora de poner freno al drama de los desahucios injustos,
todo son paños calientes y advertencias de los riesgos que unas
medidas demasiado ambiciosas
pueden
tener sobre la estabilidad
de
ese sacrosanto sistema financiero. De solo una cosa podemos estar
seguros: esta estafa bancaria perpetrada a la luz del día y con
todas las de la ley la vamos a pagar – la estamos pagando ya –
los castigados contribuyentes. Es cierto que ver a los consejeros de
Bankia o de otras entidades sentados en el banquillo de los acusados
es un pequeño consuelo, pero ver a algunos de ellos entre rejas me
temo que sigue estando también muy por encima de nuestras
posibilidades.
