Irak, más de 100.000 muertos después

Todo fue una gran mentira para hacerse con el petróleo irakí. Una gran mentira que, diez años después de consumada, ha costado más de cien mil víctimas civiles según las estimaciones más moderadas y más de dos billones de dólares en gastos militares a Estados Unidos, sin contar los ocasionados en los países de la llamada coalición internacional. ¿Qué se ha conseguido a cambio de tanta destrucción y muerte? Muchas cosas y todas negativas: un país más dividido que nunca, un Estado semifallido gobernado por un político autoritario que aspira a perpetuarse en el poder, una incubadora para el terrorismo islamista y, paradójicamente, mucho menos petróleo del codiciado. Eso sí, las grandes multinacionales, algunas de ellas estrechamente ligadas a los principales impulsores de la guerra como Bush y sus halcones del Pentágono, hicieron grandes negocios en Irak.
 
Nadie cuestionaba que Husein fuera un  dictador pero no era un peligro para la paz mundial. Nunca tuvo armas nucleares o biológicas, nada tuvo que ver con los ataques del 11-S y hasta había sido un fiel aliado occidental. Las evidencias que los inspectores de la ONU mostraron al mundo fueron ignoradas, la legalidad internacional – que nunca ha gozado de buena salud – fue pisoteada y Estados Unidos se embarcó en una guerra que – diez años después – la mayoría de los estadounidenses considera un fracaso. Los más de 4.000 militares norteamericanos muertos en Irak son la prueba.


En donde había un Estado, un gobierno, unas fuerzas armadas y una policía no quedó piedra sobre piedra: todo se desmanteló, amén de saquear las riquezas naturales y hasta artísticas del país, e Irak quedó reducido a escombros en sentido literal y político. Nada había para reemplazar tanta destrucción y los gobiernos títere que los ocupantes intentaron ir poniendo precariamente en pie chocaron irremediablemente con el rechazo y el odio de una población sojuzgada por fuerzas extranjeras.

Para la historia de la infamia quedarán las imágenes de Sadam Husein colgando de una soga, los abusos de los soldados norteamericanos en la cárcel de Abu Ghraib o las matanzas casi diarias en las calles de Bagdad y otras ciudades del país. En el álbum de los horrores no debe faltar el engreído Georg W. Bush cantando victoria desde un portaaviones dos meses después de la invasión o fotografiándose sonriente con un pavo de plástico junto a sus tropas en Irak.

Pero la foto que debe abrir ese álbum de la vergüenza es la de las Azores, con Bush, Blair, Durao Barroso y nuestro ínclito Aznar proclamando al mundo las mentiras con las que pretendían encubrir la necesidad de una guerra ilegal contra la que estaba la inmensa mayoría de la opinión pública mundial. Bush vive hoy tranquilamente en su rancho de Texas; Blair se reafirma en lo necesaria que era la invasión y da conferencias sobre la paz en el mundo a cientos de miles de euros la pieza; Durao Barroso, político trapacero y retorcido donde los haya, se agarra con uñas y dientes a la presidencia de la Comisión Europea.

Por último, Aznar, el que con voz engolada aseveraba que Husein tenía armas de destrucción masiva y que metió a España en un conflicto bélico internacional ilegítimo en el que no le iba ni le venía nada, ha seguido defendiendo las bondades de la decisión. Él y su partido, amparados en la teoría de la conspiración, nunca han querido aceptar que la foto de las Azores estuvo en el origen de los atentados del 11-M en Madrid por los que el PP perdió el poder al intentar ocultar la realidad con una nueva tandas de mentiras a los ciudadanos.


Ninguno de ellos se arrepiente de nada y, por supuesto, ni han respondido ni responderán jamás ante la justicia internacional por las atrocidades que su decisión criminal ha provocado en Irak. Pero sí les ha juzgado la Historia y el fallo es inapelable: culpables de la destrucción de un país y de la muerte de decenas de miles de inocentes.

Pensiones: un nuevo clavo en el estado del bienestar

Cuando escuché a Cospedal decir sin tartamudear ni enredarse en “diferidos” y “simulados” que el PP ha garantizado el futuro de las pensiones, pensé inmediatamente en Bárcenas y en los corruptos de la trama Gürtel. También me vinieron a la cabeza los ministros Mato y Wert garantizando la universalidad, gratuidad y calidad de la sanidad y la educación después de haber recortado ambas a placer. Mediocridad y cinismo político a partes iguales en un partido que sigue gobernando a golpe de decreto ley después de prometer la regeneración de la vida parlamentaria.

¿Quién puede creerle ya? ¿Le creerán por ventura los pensionistas, muchos de los cuales seguramente le votaron, después de ver que “lo último que tocaría el Gobierno” tampoco escapa a los recortes? Porque un recorte en toda regla es lo que acaba de aprobar el Gobierno para las pensiones, cada día más lejanas, cada día más difíciles y cada día más raquíticas. Y lo ha hecho ignorando olímpicamente el Pacto de Toledo, sin diálogo ni búsqueda de consenso de ningún tipo a pesar de tratarse de un asunto que afecta al presente y al futuro de millones de ciudadanos.

El PP arremetió contra Zapatero por la reforma que ahora endurece y por la congelación de las pensiones que también ha aplicado. Mintió entonces y miente ahora, lo mejor que se le da a Rajoy y a los suyos en este y en tantos otros asuntos como el escándalo de los papeles de Bárcenas, al asegurar que el futuro de las pensiones está garantizado. Lo que está en realidad garantizado es que no hay nada garantizado excepto para aquellos que puedan suscribir un plan privado de pensiones, que en realidad es lo que busca esta reforma del PP y esperan impacientes los bancos y las aseguradoras.

Desazón permanente

La aplicación inmediata del coeficiente de sostenibilidad del sistema, eufemismo para definir el mecanismo de endurecimiento permanente del acceso a la pensión, abre un panorama de incertidumbre y desazón para los futuros pensionistas. Los que aspiren a prejubilarse después de haber cotizado un número razonable de años ya se pueden despedir de ese sueño salvo que acepten una pensión limosnera. La legión de jóvenes en paro por los que ahora se muestra tan preocupado el Gobierno, también pueden decir adiós a la posibilidad, no ya de prejubilarse con una pensión digna, sino incluso a jubilarse algún día con una pensión completa.

La reforma impide el relevo laboral al obligar a los trabajadores de más edad a continuar en el curro para tener derecho a una pensión de miseria. Alega el Gobierno que es muy alto el número de jubilaciones anticipadas, aunque en su mayor parte sean despidos pactados en grandes empresas como TVE, Telefónica o Iberia. Sin negar la necesidad de implementar medidas para que el coste de esas prejubilaciones no recaiga en el presupuesto, el Gobierno oculta que el gasto en pensiones en España está por debajo de la media europea y que la media de las pensiones en nuestro país ronda los 900 euros, con diferencias abismales entre comunidades autónomas. Con esa cantidad la inmensa mayoría de los pensionistas de este país ayudan a hijos y nietos en paro o que no encuentran trabajo, además de apoquinar por los copagos y repagos sanitarios.

La guinda

La guinda de este nuevo tajo a las pensiones futuras ha sido el endurecimiento de las condiciones para que los mayores de 55 años que hayan agotado la prestación por desempleo puedan acceder al subsidio. Nada tiene que ver la medida con la sostenibilidad de las pensiones pero el Gobierno la ha colado de rondón en lo que parece ser sólo un aperitivo de nuevos recortes en el tiempo y la cuantía del paro que, o mucho me equivoco, o no tardarán en llegar de nuevo vía real decreto.

Pero, por encima de las disquisiciones técnicas sobre esperanza de vida o proyecciones demográficas de las que se agarra el Gobierno, lo único cierto es que si no hay empleo tampoco puede haber pensiones. El problema es que el empleo ni está ni se le espera con la suicida austeridad que dicta Berlín y que Rajoy sigue servilmente a la espera de que Merkel se compadezca y afloje un poco el dogal del déficit, lo único que parece preocuparle a este hombre.

Son las cotizaciones a la Seguridad Social las que hacen sostenible el sistema, lo cual no debería impedir explorar otras vías adicionales de financiación de las pensiones mediante impuestos finalistas como se hace por ejemplo en Francia. En su conjunto, la reforma de la reforma de las pensiones que el Gobierno ha aprobado sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, es un nuevo clavo en el estado del bienestar que para cuando el PP deje el poder ya estará listo para ser sepultado y olvidado.

Atraco bancario en Chipre

Poco dura la alegría en casa del pobre. Un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara los abusos de las hipotecas españolas, los políticos siguieron a lo suyo en Bruselas: hacer pagar a los ciudadanos los desmanes de los bancos. Arrodillados ante Merkel, la Comisión Europea, el BCE y el FMI, los ministros de Finanzas aceptaron pasarse la garantía de los depósitos bancarios por el arco del triunfo y castigar a los chipriotas con un impuesto sobre sus ahorros – vulgo robo con nocturnidad y alevosía - que se destinará a pagar el empacho de deuda griega de los bancos de la isla, agravado tras la quita que sufrieron las entidades helenas a cambio de su rescate.

 Chipre es un pequeño país de 800.000 habitantes que apenas representa el 0,2% del PIB de la UE pero cuyo sistema bancario multiplica por siete esa cantidad, en gran parte debido a la afición de muchos magnates rusos por blanquear en ellos sus capitales. La troika lo utiliza ahora como conejillo de indias para un experimento ilegal en el que pagan justos por pecadores y que amenaza con imprevisibles consecuencias para los países rescatados o al borde del rescate, casos de Italia o España. La señal que la insólita decisión envía tanto a los mercados como a los ciudadanos no puede ser más alarmante, por mucho que la intenten vender asegurando que la situación chipriota es excepcional y que lo que se ha aprobado no es un impuesto sobre los ahorros sino una quita, como si a los chipriotas les importara gran cosa la diferencia.

Ya el sábado hacían cola para sacar sus ahorros de los bancos, convenientemente cerrados ahora hasta el miércoles. Mientras, el Gobierno conservador busca apoyos para aprobar la ley que le han impuesto Merkel y los serviles gobiernos que la secundan, caso por ejemplo de España, que permite robarles a los ciudadanos una parte nada despreciable de su dinero.

El precedente que se sienta es tan peligroso que nada tendría de extraño que el miedo a que el corralito chipriota se repita tarde o temprano en otros países como España o Italia puede provocar un efecto contagioso de desastrosas consecuencias, con los ciudadanos sacando sus ahorros de los bancos, lo grandes capitales poniendo pies en polvorosa y los mercados castigando con saña la deuda pública de esos países.

Que el Gobierno español diga que la situación en Chipre no es “extrapolable” a nuestro país, lejos de tranquilizar aumenta la incertidumbre. Entre otras cosas, porque no lo explica y porque, de hecho, ya sufrimos en España el corralito en el que han sido encerrados los tenedores de las preferentes alegremente vendidas por los bancos sin control ni supervisión alguna por parte de las autoridades que ahora se rasgan las vestiduras.

Pero si la señal de alarma que el corralito chipriota envía a los mercados y a los ciudadanos es pésima, peor es aún el daño que esta decisión le hace al cada día más devaluado europeísmo. Comprobar una vez más que los intereses electorales de la señora Merkel se imponen incluso a la normativa comunitaria sobre la seguridad de los depósitos bancarios de los ciudadanos, a los que se les birla parte de sus ahorros con toda la desfachatez del mundo y a cara descubierta para volver a salvar a los bancos, no puede sino intensificar el euroescepticismo y hasta la eurofobia ante todo lo que proceda de Bruselas.