Poco dura la alegría en casa del pobre. Un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara los abusos de las hipotecas españolas, los políticos siguieron a lo suyo en Bruselas: hacer pagar a los ciudadanos los desmanes de los bancos. Arrodillados ante Merkel, la Comisión Europea, el BCE y el FMI, los ministros de Finanzas aceptaron pasarse la garantía de los depósitos bancarios por el arco del triunfo y castigar a los chipriotas con un impuesto sobre sus ahorros – vulgo robo con nocturnidad y alevosía - que se destinará a pagar el empacho de deuda griega de los bancos de la isla, agravado tras la quita que sufrieron las entidades helenas a cambio de su rescate.
Chipre es un pequeño país de 800.000 habitantes que apenas representa el 0,2% del PIB de la UE pero cuyo sistema bancario multiplica por siete esa cantidad, en gran parte debido a la afición de muchos magnates rusos por blanquear en ellos sus capitales. La troika lo utiliza ahora como conejillo de indias para un experimento ilegal en el que pagan justos por pecadores y que amenaza con imprevisibles consecuencias para los países rescatados o al borde del rescate, casos de Italia o España. La señal que la insólita decisión envía tanto a los mercados como a los ciudadanos no puede ser más alarmante, por mucho que la intenten vender asegurando que la situación chipriota es excepcional y que lo que se ha aprobado no es un impuesto sobre los ahorros sino una quita, como si a los chipriotas les importara gran cosa la diferencia.
Ya el sábado hacían cola para sacar sus ahorros de los bancos, convenientemente cerrados ahora hasta el miércoles. Mientras, el Gobierno conservador busca apoyos para aprobar la ley que le han impuesto Merkel y los serviles gobiernos que la secundan, caso por ejemplo de España, que permite robarles a los ciudadanos una parte nada despreciable de su dinero.
El precedente que se sienta es tan peligroso que nada tendría de extraño que el miedo a que el corralito chipriota se repita tarde o temprano en otros países como España o Italia puede provocar un efecto contagioso de desastrosas consecuencias, con los ciudadanos sacando sus ahorros de los bancos, lo grandes capitales poniendo pies en polvorosa y los mercados castigando con saña la deuda pública de esos países.
Que el Gobierno español diga que la situación en Chipre no es “extrapolable” a nuestro país, lejos de tranquilizar aumenta la incertidumbre. Entre otras cosas, porque no lo explica y porque, de hecho, ya sufrimos en España el corralito en el que han sido encerrados los tenedores de las preferentes alegremente vendidas por los bancos sin control ni supervisión alguna por parte de las autoridades que ahora se rasgan las vestiduras.
Pero si la señal de alarma que el corralito chipriota envía a los mercados y a los ciudadanos es pésima, peor es aún el daño que esta decisión le hace al cada día más devaluado europeísmo. Comprobar una vez más que los intereses electorales de la señora Merkel se imponen incluso a la normativa comunitaria sobre la seguridad de los depósitos bancarios de los ciudadanos, a los que se les birla parte de sus ahorros con toda la desfachatez del mundo y a cara descubierta para volver a salvar a los bancos, no puede sino intensificar el euroescepticismo y hasta la eurofobia ante todo lo que proceda de Bruselas.
Chipre es un pequeño país de 800.000 habitantes que apenas representa el 0,2% del PIB de la UE pero cuyo sistema bancario multiplica por siete esa cantidad, en gran parte debido a la afición de muchos magnates rusos por blanquear en ellos sus capitales. La troika lo utiliza ahora como conejillo de indias para un experimento ilegal en el que pagan justos por pecadores y que amenaza con imprevisibles consecuencias para los países rescatados o al borde del rescate, casos de Italia o España. La señal que la insólita decisión envía tanto a los mercados como a los ciudadanos no puede ser más alarmante, por mucho que la intenten vender asegurando que la situación chipriota es excepcional y que lo que se ha aprobado no es un impuesto sobre los ahorros sino una quita, como si a los chipriotas les importara gran cosa la diferencia. Ya el sábado hacían cola para sacar sus ahorros de los bancos, convenientemente cerrados ahora hasta el miércoles. Mientras, el Gobierno conservador busca apoyos para aprobar la ley que le han impuesto Merkel y los serviles gobiernos que la secundan, caso por ejemplo de España, que permite robarles a los ciudadanos una parte nada despreciable de su dinero.
El precedente que se sienta es tan peligroso que nada tendría de extraño que el miedo a que el corralito chipriota se repita tarde o temprano en otros países como España o Italia puede provocar un efecto contagioso de desastrosas consecuencias, con los ciudadanos sacando sus ahorros de los bancos, lo grandes capitales poniendo pies en polvorosa y los mercados castigando con saña la deuda pública de esos países.
Que el Gobierno español diga que la situación en Chipre no es “extrapolable” a nuestro país, lejos de tranquilizar aumenta la incertidumbre. Entre otras cosas, porque no lo explica y porque, de hecho, ya sufrimos en España el corralito en el que han sido encerrados los tenedores de las preferentes alegremente vendidas por los bancos sin control ni supervisión alguna por parte de las autoridades que ahora se rasgan las vestiduras.
Pero si la señal de alarma que el corralito chipriota envía a los mercados y a los ciudadanos es pésima, peor es aún el daño que esta decisión le hace al cada día más devaluado europeísmo. Comprobar una vez más que los intereses electorales de la señora Merkel se imponen incluso a la normativa comunitaria sobre la seguridad de los depósitos bancarios de los ciudadanos, a los que se les birla parte de sus ahorros con toda la desfachatez del mundo y a cara descubierta para volver a salvar a los bancos, no puede sino intensificar el euroescepticismo y hasta la eurofobia ante todo lo que proceda de Bruselas.
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