Sáenz o el honor del dinero

No es difícil suponer lo que estarán pensando los pensionistas españoles al conocer que Alfredo Sáenz abandona el Banco Santander con una pensión de 88 millones de euros y, de añadido, un seguro de vida por más de 11 millones de euros. Casi 100 millones de euros que no veremos el común de los mortales ni aunque trabajemos de sol a sol por toda la eternidad. Todo ello sin contar con el hecho de que el ejecutivo bancario español mejor pagado en mucho tiempo cobró el año pasado más de 8 millones de euros y eso después de haberse “recortado” su propia retribución variable en un 50%, tal y como hizo su jefe.

La marcha de Sáenz huele a huída antes de que sea demasiado tarde o a presiones de su hasta ahora mentor, Emilio Botín, para que abandone antes de que sus antecedentes penales nunca purgados salpiquen gravemente el prestigio del primer banco del país y uno de los principales del mundo. Su marcha, voluntaria o inducida, se ha producido antes de que el Banco de España se pronunciara sobre su honorabilidad para desempeñar un cargo ejecutivo de tan alta responsabilidad como la de consejero delegado y segundo vicepresidente del Santander, cargos a los que fue aupado por Botín, que vio en él al mejor banquero del mundo, suponemos que después del propio Botín. 
 
Es cierto que Sáenz ha desarrollado una brillante carrera en el mundo de la banca aunque también lo es que buena parte de la misma tuvo el viento de la economía muy a su favor. Sin embargo, fue el propio Sáenz el que manchó irremediablemente su brillante expediente al presentar una denuncia falsa contra algunos acreedores del Banesto que entonces dirigía. Fue condenado por ello a tres meses de prisión pero a pesar de perder todos los recursos judiciales que interpuso continuó en el puesto como si nada hubiese pasado y mientras el Banco de España que gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez se hacía el sueco. 
 
Pero ni el Banco de España en su momento ni los dos grandes partidos del país ni el Gobierno de turno ni por supuesto Emilio Botín estaban dispuestos a abandonar a Sáenz a su suerte y por acción u omisión permitieron que siguiera siendo consejero delegado del Santander. Su expediente emborronado lo intentó limpiar de malas maneras Rodríguez Zapatero aprobando ya en tiempo de descuento y con el Ejecutivo en funciones un indulto que incluso eliminaba de un plumazo los antecedentes penales del probo banquero. Volvió sin embargo a interponerse el Supremo que anuló parcialmente el indulto al considerar que no puede el Gobierno hacer desaparecer por arte de magia los antecedentes delictivos y la papa caliente cayó en manos del PP, ya instalado en La Moncloa.


Rajoy optó por endosarle la responsabilidad al Banco de España, al que le encargó que determinase si un ejecutivo condenado en firme tiene la honorabilidad requerida para seguir desempeñando sus funciones. Eso es lo que estaba a punto de determinar estos días el Banco de España cuando Sáenz, que nunca ha mostrado ni tan siquiera arrepentimiento por su denuncia falsa, se le ha adelantado y ha decidido irse a su casa a disfrutar de su dorada pensión aunque sea con un borrón indeleble en su hoja de servicios, tal vez convencido de que con 88 millones en el bolsillo ya se puede ir el honor a hacer puñetas.

La suya es la segunda pensión mayor cobrada nunca por un ejecutivo bancario en nuestro país después de la de 108 millones  que se embolsó en 2002 Ángel Corcóstegui, su antecesor en el cargo. A la de Sáenz sólo se acerca, aunque de lejos, la que percibió José Ignacio Goirigolzarri, hoy al frente de ese zombi llamado Bankia, que cobró casi 69 millones de euros tras abandonar su puesto de consejero delegado del BBVA. Retiros dorados con cifras mareantes ante los que el Gobierno se muestra impasible e indiferente pese al escándalo y la alarma social que generan en una ciudadanía sitiada por todos lados. Hasta ahora lo único que ha hecho, y tímidamente, es limitar las retribuciones y jubilaciones de los ejecutivos de las entidades rescatadas con dinero público, lo cual no ha evitado que dirigentes de cajas de ahorro hoy hundidas y desaparecidas hayan cobrado pensiones muchas veces millonarias con total descaro e impunidad. Y ahí tenemos también – por cierto – a la presidenta de la SAREB, el llamado “banco malo”, que se ha embolsado más de 32.000 euros por un mes de trabajo.

Que el Santander sea el primer banco del país y que no haya necesitado dinero público para sobrevivir no parece argumento suficiente para que no se limiten también drásticamente las pensiones que reciben sus altos ejecutivos cuando se retiran, especialmente cuando su honor, como en este caso, ha quedado más que en entredicho. Sobre todo si, al mismo tiempo que eso ocurre ante los ojos atónitos del país, se les pide un “poco de paciencia” a los ciudadanos y a la vez se les amenaza con nuevos tijeretazos en sus ya escuálidas pensiones presentes o futuras.

Paciencia agotada

Paciencia es lo que se le suele recomendar a los familiares de un enfermo desahuciado por los médicos. Mariano Rajoy, en cambio, se la pide directamente el paciente a falta de un argumento mejor que ofrecerle para darle ánimos. El presidente raya en el cinismo político con su petición después de casi un año y medio en La Moncloa en el que todos los datos macro y microeconómicos no han hecho sino empeorar y la situación social se ha degradado hasta niveles desconocidos desde hacía mucho tiempo.

Es el mismo cinismo del que hacen gala con absoluto desparpajo la ministra Báñez y Esperanza Aguirre hablando de “movilidad exterior” y “dato positivo” para referirse a los miles de jóvenes que huyen de España para buscarse la vida en otro lado. Pedirle más paciencia a los ciudadanos cuando acabas de empeorar tus propias previsiones económicas y cuando admites que la tuya será una legislatura completamente perdida para el empleo suena a burla para los 6,2 millones de parados, para las miles de familias desahuciadas de sus viviendas, para los miles de jóvenes sin futuro o para los pensionistas empobrecidos. Es un escarnio para quienes han visto recortados sus derechos sociales y laborales en aras de la sacrosanta austeridad, la inexcusable flexibilidad del mercado de trabajo y el mantra de “no hay más remedio” y “es imprescindible para crecer y crear empleo”.

Pero, sobre todo, pedir más paciencia a los ciudadanos sobre los que Rajoy ha hecho caer todo el peso de la crisis con sus recortes, reformas y subidas de impuestos ahora prorrogados un año más, denota una absoluta indigencia de ideas para mejorar la situación que no pasen por continuar administrándole al enfermo la misma medicina que lo tiene en estado de completa postración.

Con sus previsiones económicas ahora severamente corregidas a la baja, el Gobierno pisotea a conciencia los brotes verdes que nos hizo hacer creer que aparecerían más pronto que tarde en el horizonte de la economía española: larga recesión, paro en cotas insoportables, déficit inalcanzable y endeudamiento al alza. Resulta patético oírle decir ahora a Rajoy que su Gobierno luchará para mejorar sus propios malos augurios sin que anuncie en cambio una sola medida creíble de que tal milagro puede llegar a producirse.

El presidente nos reclama la fe del carbonero en sus fracasadas medidas y la paciencia del santo Job para que obre el milagro de la recuperación económica que cada vez nos sitúa más lejos de nuestro alcance como en una extenuante carrera de galgos tras una liebre siempre inalcanzable. La paciencia que pide Rajoy es justo lo que ya no queda, se agotó hace mucho tiempo ante un presidente de Gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas que prometió jamás traspasar, que ha engañado una y otra vez a los ciudadanos y que casi año y medio después de llegar al poder sigue escudándose con todo descaro en la herencia recibida para ocultar su fracaso personal y el de sus políticas.

Hay en cambio mucho cabreo sordo, mucho malestar social, mucho hartazgo de tanta mentira, mucha desesperanza y mucha incertidumbre que no se aplacan apelando a la paciencia sino cambiando la política de forma radical o, mejor aún, presentando la dimisión.

6.202.700 parados y subiendo

En esta crisis profunda y sin fin las malas noticias se encadenan. A los datos pavorosos del paro conocidos ayer se sumarán hoy los nuevos ajustes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en un nuevo viernes negro. Recortar y no enmendarla sigue siendo la única política capaz de practicar el Gobierno de Mariano Rajoy por más que todas las cifras macro y microeconómicas lleven tiempo demostrando de forma palmaria que el enfermo agoniza. Haber superado por primera vez la barrera de los seis millones de parados, tener la ocupación más baja de la última década, contar casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro o a un millón de jóvenes en el dique seco no parecen ser motivos suficientes para que el presidente del Gobierno o al menos su ministra de Empleo den la cara ante los ciudadanos. 

La dramática cifra del paro la despachan de prisa y corriendo un par de funcionarios de segunda fila con una balbuceante explicación sobre lo dramático del dato y lo mucho que está trabajando el Gobierno para revertir la situación. Si a Mariano Rajoy los datos del desempleo no le parecen lo suficientemente graves como para comparecer ante los españoles, mucho menos cabe esperar que cambie de política por más que se lo sugiera el Fondo Monetario Internacional, ahora convertido a un cierto keynesianismo de circunstancias a la vista del clamoroso fracaso de las medidas que ese mismo organismo ha venido defendiendo como la única verdad revelada. 

Rajoy sólo sabe hacer lo que dicta Berlín y aplica a rajatabla Bruselas: recortar, ajustar y reformar, términos intercambiables que se traducen en menos bienestar social, menos consumo, menos inversión y más paro. Un sacrificio extenuante en aras de un pequeño respiro en el cumplimiento del sacrosanto austericidio que no servirá en cambio para romper el infernal círculo vicioso en el que estamos metidos, que exacerba la sensación de desesperanza y malestar social y que ahonda más si cabe la crisis.

En esa situación juega un papel central la reforma laboral a la que ahora el Gobierno pretende darle un nuevo giro de tuerca para endurecerla aún más. No debe de parecerle suficiente que sea en buena parte la responsable de la galopante destrucción de empleo fijo ahora que despedir es barato y sencillo y que, como consecuencia de ello, se haya deprimido el poder adquisitivo de los trabajadores aterrados ante la posibilidad de perder el empleo. Así, la reforma estrella con la que el Gobierno aseguraba que se crearía empleo porque flexibilizaba el mercado laboral se ha vuelto en su contra al disparar la cifra de parados y hundir el consumo y la inversión con el consiguiente reflejo en el incremento de las prestaciones públicas y la caída de los ingresos fiscales.

La idea de Rajoy parece ser remediar esa caída de ingresos con una nueva subida de impuestos que llegará más pronto que tarde. Que prometiera, por ejemplo, que la subida del IRPF sería reversible no será impedimento para que lo vuelva a subir, acostumbrado como está a decir una cosa y hacer justo la contraria. Salvo sorpresa mayúscula,  las rentas del trabajo y las clases medias volverán a sentir sobre sus espaldas el nuevo latigazo fiscal que prepara el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la banca rescatada con el dinero de los contribuyentes, la misma que timó con participaciones preferentes y deuda subordinada a miles de españoles que ahora deberán perder parte de sus ahorros para salvarla de la quiebra, mantiene cerrado el grifo del crédito renunciando así a su función de hacer circular el dinero y contribuyendo de este modo a prolongar la asfixia económica general.

Nueva vuelta de tuerca también en el horizonte al sistema de pensiones con más años para cobrarla y menos cuantía a percibir, mientras las jóvenes generaciones empiezan a perder la esperanza de insertarse con dignidad en el mercado laboral y no tienen más remedio que optar por la “movilidad exterior” – Fátima Báñez dixit. Sin desdeñar la realidad demográfica del país a la que se agarran los partidarios de endurecer el acceso a la pensión, lo cierto es que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones salvo que se exploren otras vías como los impuestos para financiarlas, algo que ni siquiera parece pasársele a Rajoy por la cabeza.

En ese panorama llegan hoy los nuevos ajustes del Gobierno para que Angela Merkel se digne concedernos un par de años más para cumplir el objetivo de déficit. ¿Y qué? ¿De qué servirá? ¿Se reducirá el paro, se descongelará el consumo, el crédito y la inversión y aumentarán los ingresos públicos? ¿Aprovechará ese respiro el Gobierno para implementar por fin alguna medida que sirva de verdad para reactivar la economía y el empleo y permita albergar alguna esperanza real de brotes verdes? Es mucho más que dudoso que eso ocurra por el hecho de que se disponga de un pequeño colchón adicional al que ya se le concedió. No en España y con un Gobierno ciego, mudo y sordo ante la realidad económica y social que cada día le arrojan a la cara las estadísticas derivadas de sus políticas.