No es difícil suponer lo que estarán pensando los pensionistas españoles al conocer que Alfredo Sáenz abandona el Banco Santander con una pensión de 88 millones de euros y, de añadido, un seguro de vida por más de 11 millones de euros. Casi 100 millones de euros que no veremos el común de los mortales ni aunque trabajemos de sol a sol por toda la eternidad. Todo ello sin contar con el hecho de que el ejecutivo bancario español mejor pagado en mucho tiempo cobró el año pasado más de 8 millones de euros y eso después de haberse “recortado” su propia retribución variable en un 50%, tal y como hizo su jefe.
La marcha de Sáenz huele a huída antes de que sea demasiado tarde o a presiones de su hasta ahora mentor, Emilio Botín, para que abandone antes de que sus antecedentes penales nunca purgados salpiquen gravemente el prestigio del primer banco del país y uno de los principales del mundo. Su marcha, voluntaria o inducida, se ha producido antes de que el Banco de España se pronunciara sobre su honorabilidad para desempeñar un cargo ejecutivo de tan alta responsabilidad como la de consejero delegado y segundo vicepresidente del Santander, cargos a los que fue aupado por Botín, que vio en él al mejor banquero del mundo, suponemos que después del propio Botín.
Es cierto que Sáenz ha desarrollado una brillante carrera en el mundo de la banca aunque también lo es que buena parte de la misma tuvo el viento de la economía muy a su favor. Sin embargo, fue el propio Sáenz el que manchó irremediablemente su brillante expediente al presentar una denuncia falsa contra algunos acreedores del Banesto que entonces dirigía. Fue condenado por ello a tres meses de prisión pero a pesar de perder todos los recursos judiciales que interpuso continuó en el puesto como si nada hubiese pasado y mientras el Banco de España que gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez se hacía el sueco.
Pero ni el Banco de España en su momento ni los dos grandes partidos del país ni el Gobierno de turno ni por supuesto Emilio Botín estaban dispuestos a abandonar a Sáenz a su suerte y por acción u omisión permitieron que siguiera siendo consejero delegado del Santander. Su expediente emborronado lo intentó limpiar de malas maneras Rodríguez Zapatero aprobando ya en tiempo de descuento y con el Ejecutivo en funciones un indulto que incluso eliminaba de un plumazo los antecedentes penales del probo banquero. Volvió sin embargo a interponerse el Supremo que anuló parcialmente el indulto al considerar que no puede el Gobierno hacer desaparecer por arte de magia los antecedentes delictivos y la papa caliente cayó en manos del PP, ya instalado en La Moncloa.
Rajoy optó por endosarle la responsabilidad al Banco de España, al que le encargó que determinase si un ejecutivo condenado en firme tiene la honorabilidad requerida para seguir desempeñando sus funciones. Eso es lo que estaba a punto de determinar estos días el Banco de España cuando Sáenz, que nunca ha mostrado ni tan siquiera arrepentimiento por su denuncia falsa, se le ha adelantado y ha decidido irse a su casa a disfrutar de su dorada pensión aunque sea con un borrón indeleble en su hoja de servicios, tal vez convencido de que con 88 millones en el bolsillo ya se puede ir el honor a hacer puñetas.
La suya es la segunda pensión mayor cobrada nunca por un ejecutivo bancario en nuestro país después de la de 108 millones que se embolsó en 2002 Ángel Corcóstegui, su antecesor en el cargo. A la de Sáenz sólo se acerca, aunque de lejos, la que percibió José Ignacio Goirigolzarri, hoy al frente de ese zombi llamado Bankia, que cobró casi 69 millones de euros tras abandonar su puesto de consejero delegado del BBVA. Retiros dorados con cifras mareantes ante los que el Gobierno se muestra impasible e indiferente pese al escándalo y la alarma social que generan en una ciudadanía sitiada por todos lados. Hasta ahora lo único que ha hecho, y tímidamente, es limitar las retribuciones y jubilaciones de los ejecutivos de las entidades rescatadas con dinero público, lo cual no ha evitado que dirigentes de cajas de ahorro hoy hundidas y desaparecidas hayan cobrado pensiones muchas veces millonarias con total descaro e impunidad. Y ahí tenemos también – por cierto – a la presidenta de la SAREB, el llamado “banco malo”, que se ha embolsado más de 32.000 euros por un mes de trabajo.
Que el Santander sea el primer banco del país y que no haya necesitado dinero público para sobrevivir no parece argumento suficiente para que no se limiten también drásticamente las pensiones que reciben sus altos ejecutivos cuando se retiran, especialmente cuando su honor, como en este caso, ha quedado más que en entredicho. Sobre todo si, al mismo tiempo que eso ocurre ante los ojos atónitos del país, se les pide un “poco de paciencia” a los ciudadanos y a la vez se les amenaza con nuevos tijeretazos en sus ya escuálidas pensiones presentes o futuras.
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