De Zapatero a Rajoy

Se pongan como se pongan o lo digan como lo digan Rajoy o sus ventrílocuos en el Gobierno y en el PP, no es cierto que la situación socioeconómica española sea hoy mejor que hace año y medio, cuando Zapatero abandonó La Moncloa. El paro se ha incrementado en más de un millón de personas, la deuda pública se ha disparado, el mantra del déficit sigue fuera de control y la situación social se ha deteriorado hasta extremos cada día más graves. Aún así, continúa el PP y el Gobierno aferrándose a la “herencia” para justificar sus políticas de ajustes, recortes y reformas que, a la vista está, sólo han conseguido ahondar más el foso de la crisis. Las últimas previsiones macroeconómicas del propio Gobierno lo confirman por más que el presidente y los suyos intenten hacer creer que España ha recuperado credibilidad y confianza porque nadie pregunta ya por el rescate. ¿Y el de los bancos qué es: una ayuda a fondo perdido y sin condiciones? 

Todo empezó hace ahora tres años cuando Zapatero, después de negar la crisis por activa y por pasiva y de camuflarla bajo el eufemismo de “desaceleración económica”, se cayó del caballo camino de Bruselas y compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar un recorte de unos 15.000 millones de euros en el Presupuestos. El recorte se concretó en la congelación de las pensiones y la bajada salarial de los funcionarios, lo nunca antes visto. Después vino la primera reforma laboral que le costó una huelga general pero que se quedó a años luz de la del PP y que ha provocado también una amplia contestación en la calle.

Cuando Zapatero abandonó la Moncloa, algo que debió de haber hecho desde el momento en el que la política económica española quedó intervenida por los mercados y el presidente se convirtió en un mero ejecutor de la austeridad que ha impuesto Berlín hasta la fecha, el paro estaba en cinco millones de personas y el déficit público había escalado hasta el 9,4%, incluyendo las ayudas públicas que ya se habían dado a los bancos en un creciente proceso de socializar las pérdidas privadas y convertirlas en deuda de todos los ciudadanos.

Ante aquellas medidas con las que Zapatero cavó su propia fosa política y la de su partido, el PP, entonces en la oposición, respondió con una inusitada dureza y acusó al presidente de encabezar un Gobierno tutelado por Bruselas y los mercados, le afeó todas las medidas que había anunciado, dijo que si gobernaba nunca haría nada igual, exigió su dimisión y, en la correspondiente votación en el Congreso, votó en contra de ellas poniendo al país al borde del rescate financiero. Era la consigna de dejar que el país se hundiera que ya vendrían ellos a levantarlo.

Sin embargo, un año y medio después de que Zapatero hiciera las maletas y abandonara La Moncloa, el PP ha profundizado y endurecido todas y cada una de las medidas ensayadas casi a la desesperada y en contra de su voluntad por el presidente socialista; sólo que Rajoy y los suyos las aplican con total convencimiento y sin atender ni a la oposición, ni a los agentes económicos y sociales y mucho menos prestar atención al malestar social como no sea para demonizar a los que se atreven a manifestarlo en la calle. Pero los resultados están a la vista: la economía sigue en recesión, el paro se ha situado en 6,2 millones disparado por la agresiva reforma laboral de los populares y que ahora Merkel pide endurecer, la deuda pública ha seguido creciendo y el déficit ha llegado hasta el 10,6% incluyendo el generoso rescate a los bancos que, mientras, siguen sin dar crédito.

Y todo ello después de reiterados recortes en servicios públicos esenciales y subidas de impuestos que se prometió no aplicar nunca pero que ahora se prorrogan para lograr el desiderátum del cumplimiento del déficit, cada día más lejano cuanto más se retrasen las políticas de reactivación económica que prioricen la creación de empleo. Pocos meses después y tras conocer el déficit público que dejó el último gobierno de Zapatero, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría echó mano de la socorrida “herencia” y aseguró que si ella fuera socialista le “daría vergüenza salir a la calle”. Con las cifras de paro, déficit y empobrecimiento general del país después de un año y medio en La Moncloa, y sin entrar ahora en los casos de corrupción que afectan a los populares, ¿qué deberían sentir los dirigentes del PP y los miembros del Gobierno cuando salen a la calle?

Historias ejemplares de la banca

Podrían ser muchas más pero sólo serán tres. Las tres se han producido el mismo día y demuestran que, cuando se trata de hurgar en los bancos, es imprescindible usar guantes y tocar las piezas con exquisita delicadeza, no vaya a griparse el sagrado sistema financiero.

La primera historia llegó ayer de Bruselas. La Comisión Europea le acaba de enviar una carta al ministro de Guindos para que le informe con todo lujo de detalles qué es eso de que en Andalucía – y puede que también en Canarias – los respectivos gobiernos autonómicos van a expropiar temporalmente el uso de las viviendas con las que se quedan los bancos después de echar a sus desahuciados inquilinos que no pueden pagar las hipotecas. 

Preocupa mucho que esas decisiones contravengan las condiciones a cambio de las cuales se rescató a la banca española con 100.000 millones de euros. Tanta preocupación contrasta en cambio con el silencio cómplice de Bruselas mientras en España se aplicaba una ley hipotecaria abusiva  de la que han sacado buena tajada los bancos. Si no llega a ser por un juez español y por la presión de la calle nada se habría hecho para ponerle coto a esa situación y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no habría movido un dedo para sentenciar que la ley era contraria a la normativa comunitaria. 

Con todo, el PP y el Gobierno, siempre tan respetuosos con lo que dicta Bruselas y afecta a los bancos, acaban de aprobar en solitario una ley antidesahucios que, aunque contenga pequeños avances, se queda a años luz de las demandas sociales.

La segunda historia tiene su origen en el Tribunal Supremo. Sentencia que las cláusulas suelo de las hipotecas de tres entidades bancarias no son válidas porque no se informó con claridad a los clientes de su existencia. Determina el fallo que la validez de tales cláusulas sólo se justifica siempre que el banco, entre otras cosas, le explique claramente al cliente que si el Euribor baja la cuota de la hipoteca sólo lo hará hasta un mínimo y que, en consecuencia, se encontrará con que su crédito a interés variable se convertirá por arte de magia en un crédito a interés fijo que sólo puede variar al alza. 

Así que no vale camuflar la dichosa cláusula en un tupido bosque de letra pequeña para que cuele, aunque siempre podrá decirle al cliente que, o la acepta, o ya se puede ir a pedir el crédito a otro banco. Si bien sienta jurisprudencia, lo que no hace el Supremo es extender el alcance del fallo a las hipotecas con cláusula suelo del resto de las entidades que no eran objeto de este proceso. Y sobre todo, se cuida mucho de obligar a los bancos a devolver al usuario el dinero cobrado indebidamente a expensas de la cláusula suelo. La razón la expresa la sentencia de un modo un tanto enrevesado, tal vez para disimular un poco, pero se entiende bien: la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico. ¿Capisci?

La tercera historia es muy conocida, pero no está de más recordarla. Un estudio de FACUA – Consumidores en Acción difundido ayer concluye que los bancos nos cobran una media de 150 euros anuales en comisiones. Puede ser por una transferencia, un descubierto o simplemente por hacernos el favor de guardarnos los ahorrillos, aunque luego venga la troika y como en Chipre reclame su parte del botín. España es, después de Italia, el país con las comisiones bancarias más altas de la Unión Europea. Bruselas prepara una normativa para exigir transparencia en este campo y posibilitar que los consumidores puedan cambiar de banco con facilidad….y seguir pagando comisiones desorbitadas por conceptos muchas veces incomprensibles.

El banquero Rothschild dijo una vez: “Denme el control financiero de una nación y ya no me interesará quién haga sus leyes”.

Mas se enroca

El Tribunal Constitucional acaba de adoptar una decisión cuando menos inédita: suspender los efectos de una declaración política, que no de una ley o cualquier otra figura con fuerza legal. Hablo de la que adoptó el Parlamento de Cataluña en febrero y que definió al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”. Salvando todas las distancias históricas que se quieran, suena como si el Alto Tribunal hubiese suspendido a los pocos meses de su publicación los efectos del Manifiesto Comunista o los del “Grito de Baire” con el que se inició la guerra de independencia cubana.

Los magistrados se dan un plazo de cinco meses para estudiar el fondo de la cuestión y determinar si la declaración soberanista catalana es o no constitucional. Aseguran los constitucionalistas que el Tribunal no podía hacer otra cosa una vez que el Gobierno del Estado impugnó la declaración y ahora tendrá que determinar si era o no impugnable para luego decidir si es constitucional. Cabe recordar que contra la impugnación se pronunciaron dos miembros del Consejo de Estado. Los efectos prácticos de la declaración suspendida no existen y, por tanto, se suspende lo que no existe, lo cual es también inédito.

La trascendencia de esta decisión del Tribunal Constitucional radica en que viene a tensar más si cabe las ya difíciles relaciones entre Madrid y Cataluña a raíz de que Artur Mas viera en la Diada del año pasado la oportunidad de oro para envolverse en la bandera soberanista y lanzar una densa cortina de humo sobre los verdaderos problemas de los catalanes: el paro, los recortes o el endeudamiento público.

Desde que vio la luz de la independencia como la solución a todos los males de Cataluña, el presidente Mas se ha embarcado en una carrera frenética hacia el precipicio en la que no le ha importado echarse en brazos de Ezquerra Republicana de Cataluña de la que ahora es rehén político. En su deriva ha arrastrado también a un PSC timorato y ambiguo ante el riesgo de perder comba electoral si no se alinea con el bloque independentista que Mas quiere ver mayoritario cuando, según el último barómetro del CIS, sólo un tercio de los catalanes apuesta por la independencia.

En sus relaciones con Madrid, el presidente catalán ha empleado la vieja táctica de sorber y soplar a un mismo tiempo: amenaza con la independencia y a la vez exije ayuda para salir del pozo económico en el que está sumida la comunidad catalana y que se le conceda trato de favor en cuestiones como el cumplimiento del objetivo de déficit.

En frente, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho demasiado por rebajar la tensión y explorar vías de acuerdo respetuosas en todo caso con el marco legal que nos hemos dado todos los españoles, incluidos los catalanes. Sin embargo, a nadie se le oculta la dificultad del objetivo ya que el órdago de Mas no tiene encaje en un marco constitucional como el vigente, que pide a gritos una profunda reforma que dé respuesta a las tensiones territoriales.

Lo que desde luego no contribuye a relajar la tensión es que las declaraciones políticas de un Parlamento sin fuerza legal alguna deban ser objeto de análisis constitucional. Por eso, la decisión conocida ayer se convierte en un nuevo balón de oxígeno para el victimismo de Mas y un nuevo escollo para el entendimiento entre Madrid y Barcelona.