Repsol vende la moto

Antonio Brufau es un señor muy atareado que se suele codear con presidentes de grandes corporaciones, banqueros, megainversores y jefes de Estado o de gobierno. A pesar de su apretada agenda, el presidente de Repsol ha encontrado un hueco para darse un salto a Canarias con el fin de intentar venderles a los indígenas la sospechosa moto de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Aquí ha venido a decir que el mundo “nos mira atónitos” por la oposición del Parlamento canario, el Gobierno autonómico, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, numerosos ayuntamientos y organizaciones sociales de todo tipo y miles de ciudadanos a su proyecto petrolífero.

Se ha permitido decir incluso que detrás de esa oposición lo que hay son motivaciones políticas y no económicas y ha vuelto a agitar el señuelo de la riqueza en forma de lluvia de millones de dólares y miles de empleos que sus prospecciones generarían en unas islas con más de una tercera parte de la población activa en paro, algo que también ha tenido a gala restregarnos en la cara.

Para redondear la generosa oferta, le ha ofrecido a Lanzarote y Fuerteventura la posibilidad de instalar en esas islas las bases logísticas de los sondeos.  Sobra decir que el señor Brufau está convencido de que un derrame de crudo en un archipiélago con una riquísima biodiversidad marina y que capea malamente la crisis gracias al turismo es poco menos que imposible, que no es lo mismo que completamente imposible. 

En cualquier caso, si por una imprevista conjunción de los astros se produjera un derrame de crudo que inundara de piche las costas canarias desde Fuerteventura a El Hierro, siempre podemos echar mano de algún tribunal comprensivo que nos libre de toda responsabilidad. Véase si no lo ocurrido con la tragedia del Prestige.

Poco o nada deberían sorprendernos estos argumentos dado el énfasis con el que la petrolera y el Gobierno, con el ministro Soria a la cabeza, subrayan las presuntas ventajas económicas del petróleo y desprecian sus riesgos, que para el PP sólo existen en Baleares con los sondeos autorizados allí pero no en Canarias. 
 
También está de más señalar que el presidente de Repsol no ve “connivencia” alguna entre las decisiones de Soria, autorizando las prospecciones nada más llegar al ministerio, y los intereses de su compañía privada. Tal vez por eso Brufau ya se atreve incluso a anunciar a bombo y platillo que los sondeos comenzarán en mayo del próximo año, aunque aún no cuente con los permisos definitivos para ello.

Debe de ser que los ve ya en su bolsillo después de que los centenares de alegaciones presentadas por las instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos canarios al Estudio de Impacto Ambiental sean oportunamente desestimadas por el mismo Gobierno cuyo ministro de Industria – como es público y notorio - no ha mostrado el más mínimo interés por los proyectos petrolíferos de su compañía en Canarias.

Si lo que Brufau pretendía hoy con su viaje a Canarias era convencer a quienes legítimamente están en contra de las prospecciones de las bondades y ventajas de un proyecto pensado a mayor gloria y beneficio de la compañía que preside, me temo que ha conseguido el efecto contrario, aumentar el número de los que se oponen.

Empezando por las instituciones canarias, a las que se les acusa de defender intereses políticos y no los sagrados intereses económicos de su compañía y a las que se les pone sobre la mesa un teórico beneficio futuro y a largo plazo a cambio de ablandar el rechazo, lo cual sólo tiene un nombre en el diccionario: chantaje. Y continuando por los miles de ciudadanos a los que se trata como irresponsables ignorantes incapaces de apreciar la riqueza que nos traerá el maná negro del petróleo. En descargo de Brufau hay que poner de relieve que al menos no llamó “gilipollas” a los que se oponen a los sondeos, todo un detalle que le agradecemos.

Prestige: no hay culpables pero pagamos todos

Once años después de la catástrofe y tras nueve meses de juicio, la Audiencia Provincial de La Coruña ha parido hoy un ratón. Una sentencia incomprensible que libera de toda responsabilidad penal a los acusados y sólo impone nueve meses de cárcel al capitán del viejo petrolero por desobediencia, condena que ni siquiera cumplirá dada su avanzada edad. El entonces director general de la Marina Mercante se va a casa con las manos limpias de piche al igual que el jefe de máquinas del petrolero. Tampoco cabía esperar otra cosa de un juicio en el que apenas hubo presencia de las empresas del intrincado entramado del que dependía el buque ni, por supuesto, ninguna autoridad gallega o nacional relacionada con aquella catástrofe ecológica, la mayor sufrida por nuestro país.

Aunque la Fiscalía calcula en más de 4.300 millones de euros los daños de la catástrofe, el fallo deja en el aire las indemnizaciones de un vertido fruto de un cúmulo de decisiones que califica de “legales”, lo que no implica que fueran acertadas. De hecho, para muchos fue un suicidio ecológico el empeño de Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento, de alejar lo más posible el barco – “hasta el quinto pino “ e incluso hasta Canarias, según relató una abogada en el juicio - con lo que consiguió contaminar a conciencia más de 2.000 kilómetros de costas y cerca de 2.000 playas. Por no hablar de las drásticas y disparatadas intenciones de Federico Trillo, titular de Defensa, que llegó a proponer bombardear el buque.

El descontrol y la ocultación de la tragedia por parte del gobierno de Aznar – éste, por cierto, literalmente ausente durante los primeros días de aquel desastre - alcanzaron tales cotas de irresponsabilidad que el Prestige, una chatarra flotante cargada con 77.000 toneladas de fuel ruso de la peor calidad, estuvo seis días dando vueltas por las costas gallegas y derramando su pestilente y contaminante carga hasta conseguir teñir de negro las costas gallegas y extenderse hasta las francesas.

Después se partió en dos y desde el fondo del mar empezó a soltar “unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina” que solidificarían rápidamente, según la ridícula e inolvidable descripción de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno de Aznar. Ninguno de ellos ni de los responsables de la Junta de Galicia, con Manuel Fraga al frente haciendo incluso bromas sobre lo que estaba ocurriendo en las aguas y costas de su propia comunidad, merecen ni tan siquiera la más mínima mención o amonestación en esta sentencia.

Los miles de afectados directos, los voluntarios que acudieron de toda España a limpiar las playas y los ciudadanos de este país sentimos hoy que, después de once años de espera y nueve meses de juicio, no se ha hecho justicia, por no decir que se ha cometido una injusticia. Suena a escarnio y a burla que el fallo alabe la rapidez con la que se han regenerado las zonas afectadas por el chapapote como si todo hubiera sido obra de la Naturaleza indomable y no de decisiones humanas erróneas. Echarle la culpa a los fallos de estructura del barco después de reconocer la deficiencia de las inspecciones es como responsabilizar a un árbol por haberse quemado en un incendio.

Si el Supremo, en donde es previsible que se termine ventilando judicialmente este asunto, determina que el Estado es responsable civil por los daños causados no serán ni Álvarez Cascos, ni Trillo, ni Rajoy, ni Aznar, ni por supuesto las empresas relacionadas con el barco las que paguen la factura. La pagaremos todos de nuestros bolsillos y, lo que es aún peor, no podremos tener la seguridad de que una catástrofe similar no se repita en cualquier momento.

El cambalache de la política canaria

En cuestión de días, la política canaria se ha dislocado por completo. Los pactos saltan por los aires, llueven las mociones de censura y arrecian los ofrecimientos de acuerdos de gobierno. De locos. Cuándo empezó realmente el disloque no es fácil saberlo, pero augurar que este momento llegaría justo cuando acabamos de atravesar el ecuador de la legislatura tampoco era muy complicado. Resultaría prolijo y cansino enumerar los movimientos de ficha política de las últimas horas con partidos que se alían para desbancar del poder a fuerzas con las que gobiernan en otros ayuntamientos, cabildos o comunidad autónoma.

En el tótum revolútum en el que se ha convertido la vida política canaria, encontramos al PSOE aliado con el PP contra CC en el Cabildo de La Palma a pesar de gobernar el primero con el tercero en la comunidad autónoma. Todo ello, menos de veinticuatro horas después de que Rubalcaba proclamara  que “el PSOE ha vuelto” y trazara las líneas rojas que deben separar a los suyos de los populares como el agua del aceite.

Por su parte, los populares no desaprovechan comba para poner una pica en aquellas instituciones en las que huelan debilidad del gobierno de turno y en los que ellos estén en la oposición. Ocurre así en el cabildo palmero, en donde CC se había quedado en minoría después de que la presidenta nacionalista desalojara a los socialistas del poder en una decisión de la que se lamentará durante mucho tiempo. Los desalojados se la han cobrado en forma de moción de censura con el apoyo entusiasta del PP y poco o nada parece importarles haber sido expulsados del PSOE y que el partido – ahora gobernado por una gestora – se haya dado un tiro, más que en el pie, en el corazón.

A renglón seguido y casi el mismo día, el PP ofrece un pacto de gobierno a CC en el Cabildo de Lanzarote, en donde los nacionalistas no saben qué hacer con dos consejeros díscolos que se niegan a acatar la disciplina de partido y tienen al pacto con el PSOE al borde del infarto. Huele a moción de censura también en la tierra de los volcanes y a un vuelco político en ayuntamientos como Arrecife o Teguise. Y así, casi hasta el infinito.

El revuelto panorama dispara todo tipo de especulaciones sobre el futuro del pacto CC-PSOE en la comunidad autónoma, aunque no parece que la marea llegue tan alto. Nacionalistas y socialistas, cada uno con sus serios problemas internos, se necesitan desesperadamente para acabar juntos la legislatura, por más que en las filas de los primeros haya quienes no verían con malos ojos un acuerdo con el PP a ver si así detienen el martillo pilón en el que se ha convertido el Gobierno de Rajoy para las Islas. Es precisamente ese trato y la espiral de desafectos entre el presidente Rivero y el ministro Soria el que, a fecha de hoy, hace muy improbable esa opción.

Lo cierto es que la política muestra estos días su peor cara en las Islas, aquella que menos tiene que ver con los problemas y demandas de los ciudadanos. Rencillas personales, venganzas políticas, maniobras electorales, estrategias de desestabilización, indisciplina y deslealtad conforman un coctel político de difícil digestión y escasa ejemplaridad ante unos ciudadanos atónitos por no decir asqueados. Como en el tango, da lo mismo ser derecho que traidor, todo vale y nada importa si el objetivo es el sillón, la alcaldía o la presidencia de alguna institución, grande, pequeña o mediopensionista. Tratándose de alcanzar las mieles del poder el socio de ayer es el enemigo a batir de hoy y el enemigo de ayer es el amigo de hoy.

Luego, todo se adorna y justifica con palabrería hueca sobre el interés general de los ciudadanos, la difícil situación socioeconómica de este o aquel municipio o isla y la responsabilidad suprema del partido providencial llamado a salvarnos de la miseria y el abandono en el que nos tenían sumidos los anteriores gobernantes. Esto ocurre en un archipiélago con una tasa de paro del 35%, con un tercio de la población en riesgo de exclusión social y con unos elevados índices de fracaso escolar.

Un ingenuo exigiría que todas las fuerzas políticas estuvieran aunando esfuerzos para resolver esos y otros muchos problemas de esta sociedad en lugar de andar poniéndose zancadillas o cobrándose agravios. Sin embargo, los que ya hemos superado la edad de “todo el mundo es bueno” nos conformaríamos al menos con que no nos tomaran por tontos.