Celia da dos veces

Bronca, por momentos irascible y casi siempre lenguaraz, Celia Villalobos es la protagonista política de la semana. La vicepresidenta del Congreso y diputada del PP por Málaga acaba de protagonizar dos espectaculares cortes de manga políticos, uno a su siniestra y el otro a su diestra. En ella y en otros, que aunque no lo digan opinan lo mismo que ella, pensaba seguramente el PSOE cuando forzó que su proposición no de ley en la que pedía la retirada de la reforma del aborto se votara en secreto. Craso error: consiguió todo lo contrario de lo que pretendía. Los diputados populares, incluida Villalobos, votaron prietas las filas, arroparon a Ruiz - Gallardón y rechazaron la iniciativa por amplia mayoría. 

El perpetrador de la reforma sacaba después pecho en los pasillos del Congreso y se permitía incluso una buena dosis de magnanimidad al referirse a la oposición como las “minorías” cuyos planteamientos “hay que respetar”. El tiro le había salido por la culata al PSOE, que seguramente confiaba en pescar unas cuantas fugas de votos populares en el río revuelto en el que se ha convertido el PP a propósito de la reforma de marras. Fue un error de principiantes, insólito en un partido de las tablas parlamentarias del PSOE. Se lo debería hacer mirar para próximas ocasiones y sacar la lección de que cuando te empeñas en poner a alguien contra las cuerdas se puede terminar revolviendo contra ti y asestándote un duro revés de derechas, como ha sido el caso. 

Eso es precisamente lo que ha hecho Celia Villalobos. Después de negarse a traicionar en secreto a su partido ahora lo acaba de traicionar pero a cara descubierta al votar a favor de una propuesta de Izquierda Plural que también pedía la retirada de la reforma. Ha sido su segundo corte de mangas político de la semana, dirigido en esta ocasión al ala derecha del PP que incluso ve timorata la reforma y, de rebote, al propio PSOE. Claro que Villalobos no pasa de ser lo que podríamos llamar un verso suelto en el PP y que pocos más en su partido han tenido la valentía y los arrestos políticos que ha tenido ella para llevar tan lejos su discrepancia en un asunto de la trascendencia del aborto. Lo que no quiere decir que no haya más diputadas y diputados de su partido que opinen lo mismo pero que, sin embargo, teman quedar desenfocados en la foto de la gran familia popular si se atreven a decirlo en público y, sobre todo, a expresarlo en una votación parlamentaria. 

Ese es justamente uno de los grandes déficits democráticos de un sistema en el que la disciplina y la estrategia de los partidos políticos terminan casi siempre imponiéndose sobre la conciencia individual de sus miembros y representantes. Votar en conciencia por aquello en lo que se cree no debería de requerir de votaciones secretas ni de maniobras políticas en la oscuridad como las que esta semana se han producido en el Congreso de los Diputados. 

Por desgracia para la democracia, esas prácticas están absolutamente asumidas y normalizadas no sólo por las cúpulas de las fuerzas políticas que las imponen y vigilan que se cumplan sino, lo que es más grave, por unos representantes públicos para los que la disciplina de partido está casi siempre por encima de su conciencia y, sobre todo y lo que es aún peor, del parecer de los ciudadanos a los que representan y de los que emana su legitimidad. Si bien es cierto que Celia Villalobos ha demostrado esta semana que puede pensar y decidir por sí misma, también lo es que su ejemplo no es más que la famosa excepción que confirma la regla.

Con China hemos topado

De prisa y corriendo, con alevosía y nocturnidad, el PP acaba de perpetrar una drástica restricción en la justicia universal de este país y la ha dejado reducida a su mínima expresión. Se acabó eso de que los jueces españoles metan las narices en crímenes de lesa humanidad como los del Tibet o que investiguen los vuelos de la CÍA, el asesinato del cámara español José Couso en Irak por disparos de las tropas estadounidenses, que se interesen por la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental de la que han sido víctima ciudadanos con pasaporte español o que investiguen los genocidios en Guatamala y Ruanda. La lista es mucho más larga pero estos ejemplos son más que elocuentes.

“Esa justicia promete mucho y sólo nos crea conflictos diplomáticos”, dijo hace poco en unas esclarecedoras manifestaciones de cuáles eran los motivos de la reforma el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Así que lo mejor es ponerle coto y obligar a los jueces a que se ciñan a los crímenes cometidos por españoles o por residentes en nuestro país. Todos los demás que se las arreglen como puedan e imploren si lo desean a la justicia divina en la que todavía, gracias a Dios, el PP no puede aplicar recortes.

La aprobación de la reforma ha coincidido en el tiempo con el malestar chino a raíz de que un juez español dictara orden internacional de captura contra algunos altos ex dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por las matanzas en el Tibet. El Gobierno chino, amenazante, no escondió su malestar y raudo y veloz el PP aceleró los trámites para garantizar que las relaciones económicas con el gigante asiático o con Estados Unidos, sordo y mudo ante las peticiones de la Justicia española para que entregue a los responsables del asesinato de José Couso, no se vean afectadas.

Para evitar papeleo e informes preceptivos del Consejo de Estado no fue el Gobierno sino el propio PP el que presentó la Proposición de Ley en el Congreso sin debatirla ni consensuarla con nadie. No había tiempo que perder y, además, no es marca de la casa consensuar nada, que para eso los españoles le dieron carta blanca en las urnas. Ahora la acaba de aprobar en solitario en el Congreso – una más - y en medio de las críticas no sólo de toda la oposición, que ve en este hachazo a la justicia universal una clara reverencia oriental al Gobierno chino, sino de numerosas organizaciones no gubernamentales del prestigio de Amnistía Internacional.

Como quien oye llover, los populares han seguido adelante con una iniciativa que tiene claros visos de inconstitucionalidad por cuanto se pasa por el arco del triunfo los convenios internacionales de los que es signataria España y es además susceptible de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien es cierto que no es este el primer recorte que sufre la justicia universal en España: en 2009, con el PSOE en el Gobierno y con el apoyo del PP, ambos partidos no tuvieron inconveniente alguno en ponerse de acuerdo para asestarle un duro golpe tras el que ahora llega la estocada final.

Bien merece esta reforma que figure en el BOE con una leyenda explicativa de su objetivo último: que una causa justa no te estropee un buen negocio.

Votar no hace daño

La propuesta del Gobierno de Canarias para promover una consulta en la que los ciudadanos de las Islas se pronuncien sobre los sondeos petrolíferos en aguas cercanas al Archipiélago admite al menos tres análisis: el político, el jurídico y el democrático. Desde el punto de vista político, el anuncio le permite al Gobierno de Canarias recuperar la iniciativa en un asunto en el que ya sólo cabía esperar por la previsible autorización definitiva de los sondeos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por la respuesta del Tribunal Supremo ante los recursos presentados por las instituciones canarias contra las autorizaciones concedidas por el ministro Soria nada más llegar al Ministerio de Industria. La petición al Gobierno del Estado para que permita que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto de “especial trascendencia” para el futuro de esta tierra coloca de nuevo la pelota en el tejado de La Moncloa. Como era de esperar, las primeras reacciones de los populares canarios han sido furibundas y, significativamente, mucho más ruidosas que las de algunos miembros del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Bien es cierto que la noticia les cogió con el paso cambiado y les costó reaccionar, pero cuando lo han hecho han echado mano de la artillería pesada para acusar al presidente canario de “haber perdido el juicio” (María Australia Navarro, portavoz parlamentario), de estar cometiendo un “profundo error” (Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria) o de tratarse de “una tontería en la que Canarias no se puede gastar el dinero” (Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado regional del PP).

Sigue siendo una incógnita si piensan lo mismo sobre el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá quien, por esa misma vara de medir, también debe de estar a punto de perder el juicio por su oposición a los sondeos petrolíferos en su comunidad autónoma. Mucho más moderada ha sido la reacción del propio ministro Soria, limitándose a indicar que respeta las iniciativas autonómicas que se planteen en el marco de sus competencias, la del ministro Arias Cañete, asegurando que la Constitución sólo regula los referéndums de ámbito nacional, o la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quién, aunque también le pone reparos constitucionales a la iniciativa, no ha cerrado sin embargo la puerta a que el Gobierno central al menos la estudie.

Es cierto que la propuesta tiene como mínimo un complejo encaje jurídico. La Constitución y la Ley Orgánica de Referéndum de 1980 reservan para el Estado la competencia de autorizar “consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades”. Sin embargo, no excluye que comunidades autónomas o ayuntamientos puedan pedir permiso al Gobierno del Estado para someter a las urnas asuntos de “especial trascendencia”. Eso es precisamente lo que quiere hacer el Gobierno de Canarias, que no ha dudado en reconocer que la competencia sobre las prospecciones petrolíferas corresponde al Estado tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo. Por tanto, no se trata de dirimir de quién es la competencia, sino de si el Gobierno central puede autorizar o no a una comunidad autónoma a convocar una consulta sobre un asunto en el que no es competente pero que sí es de “especial trascendencia” para su territorio, y el de las prospecciones petrolíferas no cabe duda de que lo es.

Entra en juego aquí el análisis de lo que la iniciativa supone desde el punto de vista de la democracia. Si legalmente Canarias puede pedir una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto que les afecta de manera especial aunque las Islas no ejerzan las competencias sobre él y si no hay nada en la Ley que le impida al Gobierno del Estado autorizarla, aceptar o no la petición de las autoridades canarias se reduciría a un acto de simple voluntad política por parte del Ejecutivo nacional. Por tanto, lo consecuente y democrático sería autorizar la celebración de una consulta sobre los sondeos, algo que, por cierto, llevan tiempo demandando otras fuerzas políticas y sociales, además de muchos ciudadanos a título particular.

En primer lugar, se conseguiría con ello conocer la opinión libremente expresada de los ciudadanos ante un asunto que les afecta de forma directa pero que se encuentra completamente enquistado en el ámbito político. En segundo lugar, supondría un ejercicio de democracia real y participativa en unos tiempos en los que el descrédito y la desconfianza en los políticos ha alcanzado cotas inimaginables entre una ciudadanía más que cansada de que sólo se la llame a las urnas cada cuatro años para luego ignorarla olímpicamente los cuatro siguientes. Nunca votar ha hecho daño salvo a quienes no creen en la democracia y en este caso lo haría menos que nunca.