Votar no hace daño

La propuesta del Gobierno de Canarias para promover una consulta en la que los ciudadanos de las Islas se pronuncien sobre los sondeos petrolíferos en aguas cercanas al Archipiélago admite al menos tres análisis: el político, el jurídico y el democrático. Desde el punto de vista político, el anuncio le permite al Gobierno de Canarias recuperar la iniciativa en un asunto en el que ya sólo cabía esperar por la previsible autorización definitiva de los sondeos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por la respuesta del Tribunal Supremo ante los recursos presentados por las instituciones canarias contra las autorizaciones concedidas por el ministro Soria nada más llegar al Ministerio de Industria. La petición al Gobierno del Estado para que permita que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto de “especial trascendencia” para el futuro de esta tierra coloca de nuevo la pelota en el tejado de La Moncloa. Como era de esperar, las primeras reacciones de los populares canarios han sido furibundas y, significativamente, mucho más ruidosas que las de algunos miembros del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Bien es cierto que la noticia les cogió con el paso cambiado y les costó reaccionar, pero cuando lo han hecho han echado mano de la artillería pesada para acusar al presidente canario de “haber perdido el juicio” (María Australia Navarro, portavoz parlamentario), de estar cometiendo un “profundo error” (Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria) o de tratarse de “una tontería en la que Canarias no se puede gastar el dinero” (Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado regional del PP).

Sigue siendo una incógnita si piensan lo mismo sobre el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá quien, por esa misma vara de medir, también debe de estar a punto de perder el juicio por su oposición a los sondeos petrolíferos en su comunidad autónoma. Mucho más moderada ha sido la reacción del propio ministro Soria, limitándose a indicar que respeta las iniciativas autonómicas que se planteen en el marco de sus competencias, la del ministro Arias Cañete, asegurando que la Constitución sólo regula los referéndums de ámbito nacional, o la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quién, aunque también le pone reparos constitucionales a la iniciativa, no ha cerrado sin embargo la puerta a que el Gobierno central al menos la estudie.

Es cierto que la propuesta tiene como mínimo un complejo encaje jurídico. La Constitución y la Ley Orgánica de Referéndum de 1980 reservan para el Estado la competencia de autorizar “consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades”. Sin embargo, no excluye que comunidades autónomas o ayuntamientos puedan pedir permiso al Gobierno del Estado para someter a las urnas asuntos de “especial trascendencia”. Eso es precisamente lo que quiere hacer el Gobierno de Canarias, que no ha dudado en reconocer que la competencia sobre las prospecciones petrolíferas corresponde al Estado tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo. Por tanto, no se trata de dirimir de quién es la competencia, sino de si el Gobierno central puede autorizar o no a una comunidad autónoma a convocar una consulta sobre un asunto en el que no es competente pero que sí es de “especial trascendencia” para su territorio, y el de las prospecciones petrolíferas no cabe duda de que lo es.

Entra en juego aquí el análisis de lo que la iniciativa supone desde el punto de vista de la democracia. Si legalmente Canarias puede pedir una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto que les afecta de manera especial aunque las Islas no ejerzan las competencias sobre él y si no hay nada en la Ley que le impida al Gobierno del Estado autorizarla, aceptar o no la petición de las autoridades canarias se reduciría a un acto de simple voluntad política por parte del Ejecutivo nacional. Por tanto, lo consecuente y democrático sería autorizar la celebración de una consulta sobre los sondeos, algo que, por cierto, llevan tiempo demandando otras fuerzas políticas y sociales, además de muchos ciudadanos a título particular.

En primer lugar, se conseguiría con ello conocer la opinión libremente expresada de los ciudadanos ante un asunto que les afecta de forma directa pero que se encuentra completamente enquistado en el ámbito político. En segundo lugar, supondría un ejercicio de democracia real y participativa en unos tiempos en los que el descrédito y la desconfianza en los políticos ha alcanzado cotas inimaginables entre una ciudadanía más que cansada de que sólo se la llame a las urnas cada cuatro años para luego ignorarla olímpicamente los cuatro siguientes. Nunca votar ha hecho daño salvo a quienes no creen en la democracia y en este caso lo haría menos que nunca.