El lobby del cemento

Menos de una semana después de que el Gobierno de Canarias anunciara su intención de pedir autorización al Ejecutivo central para celebrar una consulta popular sobre el petróleo, el ministro José Manuel Soria anunció que la Ley de Turismo de Canarias tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional. Resulta difícil no ver una relación directa entre los dos anuncios: el ministro, cogido a contrapié por la inesperada petición del Gobierno de Canarias, respondió de inmediato con un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que solo rechaza una parte del empresariado de Gran Canaria y su cabildo, gobernado casualmente por el PP, y que ha hecho lo imposible por presentar el asunto como un nuevo episodio del pleito insular. 

El anuncio del recurso se produce, además, cuando las negociaciones entre los dos gobiernos, el autonómico y el central, para evitar la judicialización de la norma aún no han concluido y cuando había indicios de que el acuerdo era posible. Soria ha preferido no darle una oportunidad a la negociación y ha optado por impulsar un recurso que puede abrir un escenario de máxima incertidumbre entre los inversores y congelar los cerca de 2.000 millones de euros que las principales entidades financieras del país se han comprometido a poner sobre la mesa para acometer la urgente rehabilitación de la planta alojativa canaria más obsoleta. 

De hecho, muchas de las inversiones ya en marcha pueden enfrentarse a una situación por completo imprevista si el Gobierno central, además de recurrir la ley, solicita también la suspensión cautelar de su aplicación. Por no hablar de la avalancha de peticiones de licencia para construir hoteles de cuatro estrellas que podrían presentarse al día siguiente de la suspensión. De modo que los argumentos esgrimidos por el ministro para justificar el recurso – facilitar la inversión que, a su juicio, la ley obstaculiza – pueden terminar volviéndose completamente en contra de ese objetivo. 

Afirma el ministro que la Ley de Turismo de Canarias es inconstitucional y vulnera la normativa comunitaria de liberalización de servicios. Ignora una vez más que la ley no impide construir nuevos hoteles de cuatro estrellas, como demandan los empresarios grancanarios y el cabildo de la Isla, siempre y cuando se vinculen a la renovación. Lo que sí prohíbe es consumir más suelo del que ya se ha destinado de manera desenfrenada a la construcción de  hoteles y apartamentos, como pretenden los empresarios bajo el argumento de que los establecimientos de cuatro estrellas tienen una fuerte demanda turística. 

Sin embargo, es precisamente ahora cuando descubren una relación entre las cuatro estrellas y el número de turistas – por lo demás discutible - y no cuando se volcaron en levantar complejos de apartamentos y bungalows, muchos de los cuales ofrecen una penosa imagen del destino turístico. La ley ni impide ni obstaculiza ni coarta la inversión, solo la orienta hacia un objetivo concreto y plausible: la rehabilitación de una planta hotelera que necesita remozarse desde hace años y que una vez tras otra se ha venido posponiendo. 

Seguramente, aquellos que si pudieran alicatarían las laderas y montañas de las islas con adefesios urbanísticos para atraer turistas estarán de enhorabuena con este recurso que, por otro lado, se veía venir desde hacía meses dado el entusiasmo con el que se han empleado contra la ley los empresarios amigos del cemento y el cabildo de Gran Canaria.

El propio Soria había amagado y presionado con el recurso desde el instante mismo en que ambos gobiernos se sentaron a una mesa para intentar salvar sus diferencias. El anuncio de que la ley irá al Constitucional demuestra que Soria nunca ha querido ni creído en ese acuerdo y que su objetivo ha sido siempre tumbar una norma que juega en contra de intereses económicos demasiado poderosos como para no ser tenidos en cuenta.

La culpa no es de los muertos

Con tantas versiones encontradas y modificadas sobre la marcha no es sencillo hacerse una idea cabal de las causas que acabaron con la vida de 15 inmigrantes que intentaban ganar a nado la ciudad de Ceuta. Sin embargo, la deplorable actuación del Ministerio del Interior y sus explicaciones contradictorias llevan a sospechar que oculta mucho más de lo que dice. Empezando por las grabaciones de las casi 40 cámaras de seguridad que recogieron el momento en el que los inmigrantes intentaron ganar la ciudad española nadando a través de la playa del Tarajal. A las peticiones de la oposición para que esas grabaciones se hagan públicas de manera íntegra ha respondido el Gobierno con una explicación cuanto menos pueril y poco creíble, que las cámaras no graban de forma permanente. 

Lo único que ha hecho público el Ministerio del Interior es una grabación editada en la que se muestra a los inmigrantes lanzando piedras contra los agentes de la Guardia Civil, excusa perfecta para intentar culparlos de todo lo ocurrido, incluidas las 15 muertes en el agua. Llama la atención que la fiscalía de Ceuta no moviera un dedo hasta ahora para solicitar unas grabaciones que pueden arrojar mucha luz sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, sobre las causas de la muerte de estos inmigrantes y, en consecuencia, ayudar a depurar posibles responsabilidades en lo ocurrido. Con las cintas en manos de la fiscalía el Gobierno tendrá ahora una coartada perfecta para no entregárselas a la oposición alegando que el asunto está bajo investigación judicial.

Que el Gobierno no ha dicho toda la verdad y ha intentado desviar la atención hacia los inmigrantes lo corroboran las versiones diametralmente opuestas que dieron al respecto el delegado del Ejecutivo en Ceuta y el director de la Guardia Civil, ambos aún en sus respectivos puestos a pesar de haber mentido de forma palmaria a la opinión pública. En donde aquellos aseguraron que la Guardia Civil no empleo material antidisturbios en el agua mientras los inmigrantes nadaban hacia Ceuta, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vino a decir justo todo lo contrario en el Congreso de los Diputados. Eso sí, aseguró que se puso mucho cuidado en que las pelotas de goma que los agentes disparaban sobre el agua – algo expresamente prohibido - cayeran a varios metros de los inmigrantes. La causa por la que 15 de ellos se ahogaron no la explica el ministro quien, sin embargo, también admite que se dispararon incluso cartuchos de fogueo para disuadirlos. 

Todo hace suponer que las órdenes eran impedir a toda costa – incluso saltándose la normativa – que los inmigrantes entraran en Ceuta y que ni siquiera pisaran territorio español. Socorrerlos si estaban en apuros, atenderlos adecuadamente y aplicarles en su caso la Ley de Extranjería parece que no formaba parte de esas instrucciones. Porque, aunque el ministro no lo diga, la hipótesis más plausible es que el uso irregular de pelotas de goma y balas de fogueo en el agua asustó a los inmigrantes y provocó el ahogamiento de los que no sabían nadar. A todo ello añádase la devolución “en caliente” a Marruecos de aquellos que consiguieron ganar territorio español, algo que vienen denunciando las ONGs desde hace años y que Interior también niega a pesar de la existencia de imágenes que demuestran lo contrario. 

Con la Unión Europea presionando para que se aclaren los hechos – aunque tampoco está la pasiva Bruselas para muchas exigencias ante el fenómeno de la inmigración – no puede el ministro del Interior despachar este asunto con una explicación a todas luces incompleta. La vida de estos 15 inmigrantes no era menos valiosa que la de cualquier otro ciudadano por el hecho de jugársela en busca de un futuro mejor en Europa. Lo ocurrido en Ceuta exige asunción de responsabilidades políticas inmediatas y una investigación judicial a fondo que aclare lo sucedido. Y si con sus medios no puede España hacer frente a la presión de la inmigración debe cuanto antes recabar el apoyo de la Unión Europea y de Marruecos para atacar las causas del problema: la pobreza extrema en los países de procedencia de la inmigración y las mafias que sacan tajada de la desesperación. Intentar culpar a los muertos de su propia desgracia es además de inútil, cínico. 

Revuelto a la italiana

Para preparar esta sabrosa, olorosa y creativa receta se necesitan unos cuantos políticos de diferentes tendencias y distintos niveles de madurez y ambición. Lo primero que nos hace falta es un político al dente, vagamente de izquierdas pero de color más bien gris marengo y con aire de profesor despistado; vamos, alguien que no se lo crea y que por sí mismo no tenga la suficiente presencia como para convertirse por mucho tiempo en el centro de atracción de esta creativa composición culinario-política o político-culinaria, que tanto monta, monta tanto. 

Con mucho cuidado, procurando no dañar el frágil producto, lo colocamos de primer ministro del país sin necesidad de pasarlo por el baño de las urnas. Este es un paso opcional que se puede dar si hay tiempo y ganas pero que no desmerece en nada el resultado final si nos lo saltamos alegremente. Para darle un poco de volumen al plato lo situamos de pie en posición precaria en el centro y lo apuntalamos con mucho cuidando con la ayuda de unos cuantos políticos que habremos tenido macerando durante años en una espesa solución de vinagre rancio y que pocharemos a conciencia en su propio jugo hasta conseguir una salsa oscura, untuosa y olorosa. El vinagre de la marca “Berlusconi” es ideal para darle a la receta todo su sabor y aroma peculiares. Una vez hayamos conseguido el milagro de plantar a nuestro político en el centro de esta inestable arquitectura política, lo rodeamos de un buen número de otros de su misma o similar tendencia de modo que parezca que aspiran a derribarlo para ocupar su lugar de honor en el plato. 

Entre ellos, uno debe de sobresalir frente a los demás para hacer suficiente contrapeso ante los que habíamos macerado en vinagre y que poco a poco se irán marchitando por los ácidos del adobo. Este es el que al final debe quedar en pie. Un ligero rebozado en las urnas sería también ideal para conseguir una textura crujiente que contraste con la reducción de vinagre, aunque si no se dispone de mucho tiempo se puede colocar en crudo sin mayores complicaciones. 

Una vez hayamos culminado el emplatado, preparamos una sabrosa salsa en la que mezclaremos a partes más o menos iguales un sistema electoral del año de Maquiavelo, un déficit galopante, una deuda púbica de caballo, un paro acercándose al de España y una pizca de prima de riesgo bien caliente. Salpimentamos y mezclamos los ingredientes de forma concienzuda y rociamos con la mezcla nuestra composición que, seguramente, amenazará con venirse abajo apenas la movamos de sitio. Tenemos que conseguir mantenerla erguida hasta que llegue a la mesa, en donde la serviremos acompañada de un tinto peleón y cabezón, a ser posible de las mismas bodegas del vinagre para conseguir de este modo un maridaje perfecto. 

Lo más probable es que, si el comensal es una persona entrada en años y más bien partidaria de la pasta con tomate y el tiramisú, el penetrante olor del plato le produzca alguna que otra arcada y aparte de sí el condumio con un gesto de asco profundo. En el caso de que eso ocurra y de que nuestra inspirada creación se venga abajo como un castillo de naipes no debemos desesperar. 

Sólo hay que tirar el revuelto al cubo de la basura y volver a montarlo con los mismos pero renovados ingredientes y salsas. Comprobaremos que después de dos o tres intentos terminará comiéndoselo aunque se tape la nariz con los dedos y ponga cara de quien traga aceite de ricino. No se construyó Roma en un día ni la cocina creativa entra por los ojos a las primeras de cambio. Todo es cuestión de perseverar.