Durao Barroso desvía a córner

En mi galería personal de ilustres personajes de la Unión Europea figuran ya Olli Rehn, el comisario de economía que llegó del frío para helarnos la sangre, o Mario Draghui, el taciturno presidente del Banco Central Europeo. Hoy quiero incorporar a la colección al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Siempre me ha llenado de admiración su capacidad para obedecer dócilmente a los dictados de Angela Merkel, a la que en buena medida le debe el cargo. Ahora que le quedan dos telediarios al frente del presunto ejecutivo comunitario, ha venido a España y ha soltado una bomba. Ha dicho en Santander que las causas de la crisis económica en España no hay que buscarlas ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas sino en casa

Más concretamente en el Banco de España que, mientras las cajas de ahorro se indigestaban de ladrillo de pésima calidad, miró para otro lado hasta que estalló la burbuja inmobiliaria y nos arrastró a todos con su onda expansiva que aún perdura. Se lamenta nuestro hombre – y en eso lleva toda la razón – de que cada vez que alguien en Bruselas preguntaba a los españoles cómo andaban de salud las cajas de ahorro de nuestro país la respuesta siempre era la misma: dabuten, fetén, viento en popa a todo crédito. Hasta que pasó lo que pasó y empezaron los líos, salieron a flote los balances falsos e inflados, se pusieron en marcha las fusiones con los resultados conocidos, algunos se lanzaron a la piscina bursátil sin pensárselo dos veces y, de propina, afloró la estafa colectiva de las preferentes.

Claro que de esto último no dijo nada Durao Barroso: supongo que está convencido de que el toco mocho de las preferentes es cosa de la microeconomía y él sólo habla de macroeconomía como corresponde a su elevada responsabilidad europea. Aún así, no le falta razón en el repaso en toda regla que le ha dado hoy al supuestos supervisor bancario español y a su contrastada desidia ante el hinchamiento de la burbuja inmobiliaria: ni parece que se preocupara gran cosa por la calidad de los créditos que alegremente concedían las cajas para comprar pisos y a los que añadían unos miles de euros más para el coche y los muebles, ni mostró el más mínimo interés por averiguar el grado de toxicidad de las preferentes que suscribían niños de pecho y jubilados que firmaban con el dedo. 

Lo que Durao ha dicho hoy ya lo habíamos dicho muchos hace tiempo, en cuanto empezó a emanar un intenso olor a podrido de las cuentas de resultados de las politizadas cajas españolas. Cuando alguno se atrevía a sugerir que el gobierno y el Banco de España debieron pinchar la burbuja inmobiliaria para evitar lo que luego sucedió, se nos respondía con displicencia que eso no era posible sin afectar, entre otras cosas, a la recaudación de ayuntamientos y otras administraciones a través de las licencias urbanísticas. Por no hablar de la corrupción política que la locura inmobiliaria que se desató en el país engordó a conciencia. 

Supongo que al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez – MAFO, para los amigos – y al ex presidente Zapatero las palabras de Durao Barroso no deben de haberles llenado de orgullo y satisfacción sino más bien todo lo contrario. Siempre defendieron contra viento y marea y hasta contra las evidencias, que el sistema financiero español era solvente y estaba preparado para afrontar el peor de los escenarios económicos imaginables. Sólo que cuando se comprobó que no era así sino que buena parte de las entidades estaban podridas hasta los cimientos, hubo que tirar del rescate bancario que no fue rescate sino “generoso préstamos” – Rajoy dixit - pero que al final terminamos pagando todos los españoles. 

Claro que en las declaraciones del presidente de la Comisión no está toda la verdad sino sólo una parte de las causas de la crisis. La casi patológica obsesión por la reducción del déficit público y el consiguiente austericidio que impone Alemania y que él, como una de las tres patas de la troika, ha seguido a pies juntillas sin atreverse a chistarle a Merkel también forma parte del origen de esta situación. Por no añadir la indecisión y la falta de rumbo sobre cuestiones trascendentales como la unión bancaria de la que él es tan responsable como el que más. Me parece bien el rapapolvo que hoy le ha echado al Banco de España y al gobierno de Zapatero por su pasividad ante lo que estaba ocurriendo ante sus mismas narices con la burbuja inmobiliaria. Lo que no es de recibo es que Durao Barroso pretenda de este modo desviar a córner y escamotear sus propias responsabilidades por acción u omisión durante esta interminable crisis.       

Vendo aeropuertos a buen precio

El lote incluye los aeropuertos para las personas y los pájaros, como del Castellón, y también los muy rentables como la mayoría de los canarios. Son los aeropuertos de AENA, la todavía empresa pública española que gestiona la red aeroportuaria española. Se trata de un sector estratégico para la economía nacional que debería seguir en manos públicas sin que ello sea impedimento para corregir sus desequilibrios económicos que, en gran medida, son el fruto de una disparatada política de construcción aeroportuaria en los tiempos de bonanza. 

Sin embargo, después del Consejo de Ministros de hoy ya le queda poco para que casi la mitad de sus acciones pasen a manos privadas. Ana Pastor, la ministra de trenes y aviones, entre otras cosas, llevaba meses deshojando la margarita de la privatización de AENA y al fin se ha animado a dar el paso. Sabido es que cuando a un neoliberal se le mete entre ceja y ceja privatizar algo no hay nada ni nadie que pueda hacerle cambiar de opinión.

Es verdad que había encontrado algunas reticencias en el propio Gobierno. Así, al ministro del petróleo y del turismo, José Manuel Soria, no le hacía mucha gracia una privatización de los aeropuertos ahora que el turismo parece ser el único sector económico boyante de la economía española. También andaba reticente Montoro, preocupado como es su obligación porque la Hacienda Pública haga caja aunque sea legalizando la prostitución y las drogas. Se temen ambos – y en eso no les falta razón – que la privatización del gestor aeroportuario puede generar, entre otros efectos perversos, subidas de tasas que espantarían a las compañías aéreas que traen los turistas a lugares como Canarias. 
Salvadas esas pequeñas dificultades, Pastor ha hecho hoy el anuncio que bolsas y mercados venían esperando desde hacía meses y de nuevo hay negocio a la vista a costa de una empresa pública. El Estado se reservará el 51% de AENA y el 49% restante pasará a manos privadas: un 28% al menudeo de inversores en bolsa y el otro 21% para el núcleo duro de las empresas interesadas en el negocio que, eso sí, se elegirán cuidadosamente en concurso público. Una vez hecho el anuncio, el proceso parece casi imparable y en la Bolsa ya están preparándole a AENA la pista de aterrizaje con banda de música incluida para el 1 de enero próximo como tarde. 

Respecto a los grandes inversores señalan algunas fuentes que Ferrovial, una empresa española dedicada a la construcción y que ya gestiona los aeropuertos británicos, es una de las más interesadas en meter la cuchara en el pastel, aunque con condiciones. No quieren ir de convidados de piedra, es decir, que el Gobierno les adjudique el papel de poner el dinero y a cambio no tener arte ni parte en la gestión diaria de los aeropuertos. Y es a partir de ahí en donde empiezan a surgir dudas y preguntas: ¿cerrará aeropuertos no rentables económicamente pero vitales para islas como El Hierro, La Gomera o La Palma? ¿Y qué pasa con la cogestión de los aeropuertos que vienen reclamando desde hace años autonomías como Cataluña, Baleares o Canarias? ¿Subirá las tasas aeroportuarias para enjugar el déficit de 11.000 millones de euros que tiene AENA? ¿Y qué pasará entonces con el turismo? ¿Se irán las compañías aéreas, en muchos casos en manos de gigantescos touroperadores, a otros destinos más baratos? ¿Y los trabajadores de AENA? ¿Habrá despidos? 

Inquietante abanico de preguntas a las que Pastor debería de responder. Y es que, por más que se quede el Estado con el 51% de AENA, si los socios capitalistas no ven rentabilidad en la inversión ya puede la ministra pensar en vender toda la empresa al mejor postor que, por otro lado, es lo que terminará pasando más pronto que tarde, tiempo al tiempo. Hace unos años AENA estaba valorada en 30.000 millones de euros pero ahora el Gobierno la valora en 16.000 millones de los que hay que restar los 11.000 de deuda. En total 5.000 millones de los que Montoro se quedará con la mitad para intentar tapar el agujero de la deuda pública que crece día a día. Una perita en dulce ante la que las grandes empresas no se mostrarán nada indiferentes siempre y cuando las dejen abrir la boca. Que las dejarán, no les quepa la menor duda.   

Hacienda en la casa de citas

A los inspectores de Hacienda se les acaba de ocurrír una excitante y placentera idea: legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas para que la depauperada Hacienda pública española ingrese unos 6.000 millones al año, y eso sólo por la profesión más vieja del mundo. Esto es lo que ellos calculan que iría a la caja fuerte de Montoro después de echar cuentas y concluir que solo la prostitución genera todos los años un negocio de unos 18.000 millones de euros en este país. Preguntándome estoy todavía si para llegar a esa cifra han ido de burdel en burdel recabando información. Del dinero que mueve el tráfico de drogas no dicen nada, pero le piden al Gobierno que lo investigue para saber cuánto se podría recaudar por esa otra actividad, aunque estiman que sería también un buen pico. 

A Montoro me lo imagino de nuevo con el lápiz enhiesto y sacando cuentas a ver si con la sugerente propuesta de sus inspectores le cuadran las cifras del déficit, mejora la recaudación y hasta le queda algo para bajar los impuestos, ahora que dentro de poco nos volverán a pedir que les votemos. No me extrañaría que si ve en la prostitución y las drogas blandas una forma de recaudar, el Gobierno haga alguna pirueta legal que le permita meter la mano en esos dos lucrativos negocios de la economía sumergida, nunca antes tan boyante en España como ahora. 

Pero hay algunos problemas. Los técnicos de Hacienda, hermanos pequeños de los inspectores, han recordado algo que cualquiera con un poco de sentido común pensaría: legalizar los burdeles supondría simple y llanamente, entre otras cosas, otorgar carta de naturaleza a problemas tan graves como la trata de mujeres, generalmente extranjeras y en muchos casos menores de edad, para prostituirlas. La legalización de las drogas, por muy blandas que sean, implicaría a su vez permitir la libre circulación de sustancias estupefacientes que, como está demostrado, son en muchos casos la puerta de entrada al consumo de otras mucho más duras y adictivas. Dicen los inspectores de Montoro que este tipo de actividades – la prostitución y las drogas – merecen el reproche moral pero no el fiscal. En otras palabras, con tal de recaudar todo vale y nada importan los daños colaterales derivados de dejar de perseguir delitos castigados penalmente. 

Aunque puede que Montoro no necesite del dinero de las hetairas y camellos en cuanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluya en su cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) lo que aportan a la riqueza nacional prostitución, drogas y contrabando. Cumpliendo una instrucción de la Unión Europea que ya aplican varios países, a partir de septiembre se reflejará en la riqueza española el negocio que dejan burdeles y drogas blandas. No me pregunten cómo lo van a averiguar los estadísticos del INE ya que, cómo no sea igual que los inspectores, preguntando de burdel en burdel y de esquina en esquina, no se me ocurre otro método de cálculo más fiable. El propio INE ha dicho hoy que sumar al PIB esas actividades elevaría la riqueza nacional en unos 45.000 millones de euros. De ser así, a Montoro tal vez le empezarían a salir por fin las cuentas del déficit, aunque sea mediante un maquillaje estadístico en toda regla de algo que bien podríamos llamar a partir de ahora Producto Criminal Bruto. 

Por no entrar ahora en disquisiciones sobre si el PIB de inspiración liberal que se emplea para medir la riqueza nacional es el más adecuado o habría que pensar en un sistema más acorde a la realidad que integre, además de la producción de bienes y servicios, la sostenibilidad o la distribución de esa riqueza entre los ciudadanos. Esa es la idea que repite incansable desde hace años el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sin mucho éxito por ahora. 

Lo que sorprende menos es que los inspectores de Hacienda también propongan elevar de 120.000 a 600.000 euros la cuantía del delito fiscal, cuando otras organizaciones creen que habría que situarla en los 50.000 euros. La propuesta, de ser aceptada, sería una magnífica invitación al fraude fiscal y no precisamente por parte de quienes cobran en nómina y malamente llegan a fin de mes. Del hecho de que las grandes empresas radicadas en España sólo aporten el 10% de la recaudación fiscal frente a las familias que aportan el 90% restante no dicen nada los inspectores. Eso sí, proponen una campaña de mentalización pública para luchar contra el fraude fiscal. Cabe sugerirles que empapelen bien con carteles de mentalización las fachadas de los bancos suizos y otros paraísos fiscales.