Petroleando

De nuevo se preparan en Canarias manifestaciones de protesta contra las prospecciones petrolíferas que Repsol se propone iniciar en noviembre en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Este fin de semana se reúnen en Gran Canaria las organizaciones ecologistas de las islas y el próximo lo harán en Fuerteventura las de otros puntos del país en donde también hay proyectados sondeos. En ambos casos el objetivo es intentar detenerlos por la vía de la presión social a la espera de lo que ocurra en las vías administrativa y judicial, además de en la consulta popular que se prevé llevar a cabo antes de finales de noviembre. 

Hasta el momento son tres los recursos de alzada presentados contra la resolución del 13 de agosto – no es casual que fuera en plena canícula y con todo el mundo de vacaciones – en la que el Ministerio de Industria dio el visto bueno a la petrolera de Brufau para que empiece a perforar el lecho marino en busca de oro negro. El primero en presentar recurso fue el Gobierno de Canarias, que no arroja la toalla en su lucha contra un proyecto impuesto a golpe de decreto por el ministro Soria sin consenso social ni político previo alguno. En las últimas horas han seguido sus pasos los ecologistas de Greempeace y los de WWF. Piden también que el expediente se retrotraiga al principio y que se someta a análisis y a información pública la documentación aportada por la petrolera y que – según los recurrentes – no figuraba en la declaración de impacto ambiental. 

Como ya hay experiencia contrastada sobre el modus operandi de Industria en este asunto, Gobierno canario y ecologistas dan por descontado que la respuesta será negativa. El siguiente paso será entonces acudir a la Audiencia Nacional con un nuevo recurso que, en este caso, pedirá expresamente la paralización cautelar de los sondeos hasta que se entre en el fondo de la cuestión.

Casi al mismo tiempo conocíamos esta semana una respuesta del todavía comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea a un europarlamentario que le había preguntado por escrito sobre el cumplimiento por parte de España de la directiva comunitaria sobre informes de impacto ambiental. En su contestación, el comisario asegura que, ”por la información de la que dispone”, la tramitación ha sido acorde con la normativa de la UE. Los partidarios del petróleo han interpretado inmediatamente que Bruselas cierra la puerta a las quejas canarias y han obviado que lo único que ha dicho el comisario – que ya está haciendo las maletas - es transmitir la información que le había hecho llegar el Gobierno español pero sin entrar en el meollo de la cuestión. 

Por tanto, a priori no cabe hablar de portazo de Bruselas a las quejas de Canarias, máxime cuando en la reciente sentencia del Supremo que avaló la convalidación del decreto con el que el ministro Soria resucitó las prospecciones en Canarias, dos de los tres magistrados de la Sala emitieron sendos votos particulares en los que advertían de que el asunto debería elevarse al Tribunal Europeo de Justicia para que dictamine al respecto. 

De todos estos detalles, por cierto, se olvida sospechosamente un reciente editorial de EL PAÍS que carga las tintas contra el Gobierno de Canarias por su rechazo de las prospecciones, una posición que según diversas encuestas es compartida por una buena parte de la sociedad canaria que el periódico de PRISA ignora soberanamente. Ni una palabra hay tampoco en ese editorial sobre la falta de diálogo del titular de Industria con las autoridades de las islas desde que en 2012 reactivó un asunto que Zapatero había aparcado ante la falta de consenso en Canarias y ni una línea se incluye sobre la doble vara de medir del PP con su rechazo al petróleo en Baleares y su apoyo en Canarias. 

Pero como no hay dos sin tres, hoy nos hemos enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente acaba de sacar a información pública los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que pretenden crearse en aguas de Lanzarote y Fuerteventura por su rica biodiversidad marina para incorporarlos a la Red Natura 2000. No es casualidad que la decisión se haya tomado poco después de que Industria autorizara a Repsol a iniciar sus trabajos petrolíferos a escasos 10 kilómetros de la zona que ahora se pretende proteger. De hecho, el expediente de este LIC lo había guardado con primor en un cajón el ahora comisario europeo de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, cuando era ministro de Medio Ambiente. 

Mientras, fueron saliendo a información pública los LIC de otros nueve lugares de toda España en donde, claro está, no había prospecciones de por medio. Únicamente ese Ministerio y quienes solo ven en el petróleo un futuro venturoso – para Repsol – y ningún riesgo para Canarias, son capaces de negar la evidencia y sostener al mismo tiempo que los sondeos y el LIC pueden convivir sin problemas a pesar de encontrarse tan cerca entre sí. Cabe preguntarse entonces por qué no se sacó antes a información pública – de hecho, el expediente debía de estar concluido en 2013 – el LIC canario como ocurrió con los otros nueve. ¿Hubiera podido aprobar el Ministerio de Medio Ambiente una declaración de impacto ambiental favorable a los intereses de Repsol con un LIC que casi se solapa con el área de los sondeos? Blanco y en botella en este caso es petróleo.

La cartera de Cañete

Arias Cañete ya tiene cartera, ahora que acaba de empezar el curso escolar. Se lo pensó mejor el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, y le acaba de entregar la de Energía y Cambio Climático después de haber pensado en adjudicarle la de Innovación e Investigación, algo que había puesto a los científicos de la UE a dar saltos de alegría. Lo siento por ellos. Cabe sospechar que después de examinarlo a conciencia hace un par de días, el conservador luxemburgués Junker llegó a la conclusión de que a Cañete le viene mejor una responsabilidad en la nueva Comisión Europea más acorde con su perfil empresarial y sobre, todo, con sus intereses. 

El que fuera ministro de Medio Ambiente con Mariano Rajoy hasta la víspera de las elecciones europeas por la tarde, fue también presidente de la petrolera DUCAR hasta unos meses después de entrar a formar parte del Gobierno. Entonces lo dejó, pero conserva más de 85.000 acciones de la compañía, según él mismo ha reconocido en su declaración de bienes. Entre otros negocios, DUCAR tiene gasolineras flotantes en el Estrecho que son verdaderas bombas de relojería para el medio ambiente. Y por si alguien lo ha olvidado, también dejó listo para la firma el informe de impacto ambiental favorable a las denostadas prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas de Canarias, con cuya rúbrica prácticamente se estrenó en el cargo su sucesora, Isabel García Tejerina. 

Sin duda, para Junker deben de ser méritos más que suficientes para que Cañete asuma sin condicionantes particulares o empresariales de ningún tipo ni incompatibilidad alguna, una cartera de la trascendencia de la política energética de la Unión Europea y la lucha contra el cambio climático. La única tarea que le ha puesto antes de entregarle el maletín es que les explique a los eurodiputados en qué consiste eso de la “superioridad intelectual” de los hombres con respecto a las mujeres que se le escapó en la campaña electoral. Como el nuevo comisario es hombre con sobrados recursos intelectuales y dialécticos no es probable que suspenda ese examen en la Eurocámara.

Ahora son las organizaciones ecologistas las que aplauden entusiasmadas el nombramiento, convencidas de que con el nuevo titular de Energía y Cambio Climático Bruselas va a impulsar por fin de verdad las energías renovables y luchar sin tregua contra el calentamiento global del planeta. Si se lo propone puede que hasta acabe con el agujero de la capa de ozono. Solo hay que echarle un vistazo a las decisiones políticas adoptadas en esta materia por el Gobierno del que el nuevo comisario era miembro hasta hace apenas unos meses para hacerse una idea de lo acertado del nombramiento: por citar sólo una, ahí están los 1.700 millones de euros que con la excusa del déficit de tarifa se les han recortado con carácter retroactivo a las energías limpias de este país por la vía de la supresión de las primas, algo que sólo ha provocado una decena de denuncias de empresas internacionales contra España. 

Por tanto, todos contentos, incluido el Gobierno de Rajoy, que saca pecho y habla del “alto nivel” de la cartera de Arias Cañete. Es verdad que no se trata de un cargo de relumbrón en el anillo económico de seguridad del que se ha rodeado Junker para seguir aplicando a diestro y siniestro la austeridad que le impone su jefa de Berlín, pero tampoco se puede ser tan ambicioso y pedirlo todo – cartera de peso y encima presidencia del Eurogrupo - a cambio de unos cuantos y escasos recortes en servicios públicos y una simple mariscada en Santiago de Compostela. 

Habida cuenta de que la cola para obtener carteras en la Comisión no ha parado de crecer desde que a Bruselas le dio por expandirse como el big bang en todas las direcciones y de que incluso hay que inventarlas y duplicarlas con nombres distintos para dar satisfacción a la creciente demanda, bien nos podemos dar los españoles con la de Energía y Cambio Climático en los dientes. Y por el peso que a todas luces pierde España en la nueva Comisión tras la salida del vicepresidente y comisario de Competitividad, Joaquín Almunia, no hay que preocuparse: Arias Cañete se basta y sobra para compensarlo con creces. 

De Botín a Mas pasando por Rajoy

No seré yo quien se sume con una loa al obituario nacional por la muerte de Emilio Botín. Nada tengo en su contra como persona y nada a favor como banquero. Ni me detendré en sus aciertos ni comentaré sus errores, que supongo que de todo hubo. Tampoco volveré sobre la responsabilidad de la banca y de los banqueros, incluido el desaparecido hoy, en la crisis financiera que con el tiempo ha devenido en la crisis política y social que sufrimos los ciudadanos de a pie. En esa crisis, Botín y el Santander también tienen su parte correspondiente de responsabilidad. Creo simplemente que cumplió con su cometido y mantuvo alto el pabellón de la familia de banqueros más famosa de España. 

El banco seguirá en buenas manos ya que, como establecen los preceptos de todo clan familiar que se precie, ahora es muy probable que lo herede su hija Ana Patricia. La continuidad de la saga está garantizada por tanto. Así que, quienes quieran escribir una tesis doctoral sobre la obra, vida y milagros de Emilio Botín, sólo tienen que echar un vistazo a las ediciones digitales de los principales medios y encontrarán material en abundancia. Particularmente les recomiendo EL PAÍS, en donde no había un despliegue igual por el fallecimiento de un prócer nacional desde que murió Adolfo Suárez. 

Me inspira más desde el punto de vista político el choque de trenes que se avecina en Cataluña. En la Diada de mañana sonará el que puede ser el último silbato de advertencia antes de la colisión y, mientras tanto, los personajes de este drama político permanecen inmutables en medio de la vía. Personaje principal es Mariano Rajoy, quien asegura que ya están previstas todas las medidas necesarias para que la consulta soberanista de noviembre no se celebre. Pero no las dice, con lo cual caben todo tipo de especulaciones. ¿Se incluye entre esas medidas la suspensión de la autonomía catalana si a pesar de todo la Generalitat continúa adelante? No lo sabemos pero no es descartable. 

Enfrente, Artur Mas se enfrenta al callejón en el que él mismo se metió y que ahora tiene cada vez más estrecha la salida. ¿Qué hará si el Constitucional, como es previsible, suspende la consulta? ¿Seguirá adelante con los faroles? ¿Frenará en seco? ¿Convocará elecciones anticipadas de carácter plebiscitario? ¿Pactará con el PSC – PSOE y romperá con una ERC cada vez más montaraz que llama ya abiertamente a la desobediencia civil si no hay consulta? Difícil es saberlo aunque uno supone que tendrá un plan B si el A no sale. 

En realidad, si separamos el polvo de la paja y el cruce diario de declaraciones redundantes entre Madrid y Barcelona, prácticamente nada ha cambiado desde que el presidente catalán decidió tomar el camino de en medio. Nada, salvo la confesión de fraude fiscal de Jordi Pujol con la que seguramente Artur Mas no contaba. El mea culpa del símbolo del nacionalismo catalán de las últimas tres décadas ha caído como un baldón sobre las aspiraciones soberanistas del que Mas y los suyos han intentado escabullirse aunque sin éxito alguno dadas las dimensiones de la desvergüenza del clan Pujol. 

Por lo demás y en el terreno estrictamente político, las posturas siguen tan enfrentadas como desde el primer momento y nada hace prever que variarán un ápice en los escasos dos meses que quedan para la consulta. Rajoy dice que todas las medidas legales están listas y con eso se da por satisfecho, como si sólo estuviéramos ante un asunto de leguleyos y no ante un desafío político de verdadero órdago. Mas, por su parte, reitera a diario el mantra del derecho a decidir que ningún ordenamiento jurídico internacional reconoce, pero que él ha convertido en el lema central de su proyecto soberanista más allá de todo miramiento a la Constitución y a las leyes. 

Uno no puede menos que comparar la situación catalana con la escocesa en donde, en 8 días y con las fuerzas muy igualadas, se votará entre continuar formando parte del Reino Unido o independizarse. Al margen de las diferencias entre los ordenamientos jurídicos británico y español, en donde se aprecia más la divergencia entre ambos casos es en el plano político. Para empezar el referéndum escocés está autorizado por el parlamento británico y el Gobierno de Su Majestad se ha volcado estos días con ofertas de mayor autogobierno a los independentistas escoceses. Hasta ha llegado a colocar la bandera escocesa en el tejado del 10 de Downing Street, la sede del primer ministro, como señal de aprecio y deseo de continuar juntos y ha instado a los municipios del resto del reino a hacer lo mismo. ¿Se imaginan la bandera catalana ondeando en lo alto de La Moncloa? Yo tampoco. 

Hace sólo unos meses, el fallecido Emilio Botín aseguró ante los accionistas del Santander que la “independencia de Cataluña es ilegal” y “no se va a producir puesto que no interesa ni a los catalanes ni al resto de los españoles”. Rajoy no lo hubiera dicho mejor.