El retiro dorado de Gallardón

¿No había abandonado Alberto Ruíz – Gallardón la política? Eso al menos habíamos entendido todos cuando la semana pasada le dio con la puerta en las narices a Mariano Rajoy después de que el presidente viera la luz del consenso y retirara la reforma de la Ley del Aborto “para que el próximo gobierno no la cambie desde el minuto uno”. Pues va a ser que no, que lo de retirarse de la política que dijo el ex ministro de Justicia debió ser algo retórico que los mortales ciudadanos de a pie en nuestra torpeza habitual no supimos entender con exactitud. Cuando andábamos todos preocupados y preguntándonos qué iba a ser ahora de Gallardón, a qué iba a dedicar el tiempo libre y si tendría incluso que apuntarse en las listas del paro, llegó la respuesta a tanta inquietud. La puerta que el ex ministro parecía haber enfilado no era la de su casa sino la de otro organismo público, que giró convenientemente para darle paso y albergue. Y es que apenas cuarenta y ocho horas después de dejar la cartera de Justicia se nos aparece el ex ministro formando parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid de la que fue presidente y en el que tenía un asiento reservado por si las cosas en la alta política le iban mal, como así ha sido. 

Ya quisieran para sí los cientos de miles de parados españoles que llevan años buscando empleo encontrar uno con tanta rapidez como el que le salió a Gallardón nada más salir por la puerta del Ministerio. Ahora, desde ese órgano consultivo, cuyo objetivo teórico es informar de la legalidad de los proyectos legislativos de la comunidad madrileña, Ruiz – Gallardón podrá presumir de que ganará más que como ministro y por no hacer prácticamente nada. En concreto, unos 8.500 euros brutos al mes por reunirse como mucho una vez a la semana con los colegas del Consejo Consultivo de marras y darle el visto bueno a lo que el Ejecutivo de Ignacio González guste mandar. 

Después de que su ex compañero de gabinete Cristóbal Montoro le cobre los impuestos, Ruiz Gallardón ingresará anualmente, sin contar pagas extras y otras prebendas como secretaria y coche particular, la ridícula cifra de unos 66.000 euros, lo mismo aproximadamente que un mileurista, si es que todavía queda alguno en España. Allí, en el Consejo Consultivo, podrá el ex ministro echarse incluso unas risas con otro “retirado” de la política como el socialista Joaquín Leguina, martillo de herejes y escritor de lo humano y lo divino a tiempo completo y que tampoco le hizo ascos en su momento a puesto tan bien remunerado y de tan escaso estrés tras pasar, como Gallardón, por la presidencia de la comunidad madrileña. 

Y encima y por si fuera poco, Ruiz Gallarzón se llevará ese pastizal todos los meses a casa sin tener que enfrentarse a diario a las manifestaciones y a las críticas de las organizaciones proabortistas y antiabortistas, los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, registradores de la propiedad, funcionarios de justicia, damnificados por las tasas judiciales y bedeles de juzgados, por solo citar a algunos de los colectivos que lo han tenido presente en sus oraciones durante los últimos tres años. 

En una de sus muchas propuestas para lo que el PP llamó en su día la “racionalización” del sector público figuró la supresión de los consejos consultivos de las comunidades autónomas y el traspaso de sus competencias al Consejo de Estado. Estos órganos autonómicos son supuestamente independientes del poder ejecutivo ya que sus miembros son nombrados por parlamento regional, esto es, por las correspondientes mayorías políticas, haya o no consenso. Pero como da la casualidad de que los diputados no son alienígenas sin afiliación política, lo que suele ocurrir es que los partidos colocan en el Consejo Consultivo de turno a los suyos y así los respectivos gobiernos se evitan dolores de cabeza, pegas y trabas jurídicas de todo tipo. 

Si esto pasa en el Consejo del Poder Judicial y hasta en el Tribunal Constitucional, con un presidente que ocultó durante años su afiliación al PP, ya me dirán qué no pasará en estos consejos autonómicos que no son órganos jurisdiccionales sino meramente consultivos. Lo malo de aquella reforma que al final quedó en nada era que no pretendía dotar de medios al Consejo de Estado para que atendiera en tiempo y forma las necesidades de las comunidades autónomas, sino recentralizar competencias autonómicas por la vía del ahorro puro y duro sin ofrecer alternativas a cambio. Si entonces no prosperó la idea, ahora que Ruiz Gallardón ha aterrizado en el Consejo Consultivo de Madrid ya la puede archivar para siempre el PP en el cajón de las promesas incumplidas. A ver quién es capaz de soportar otra filípica del ex ministro si tiene que renunciar también a su retiro dorado.

Rumbo torcido

Dice Rajoy refiriéndose a Cataluña que “aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo”. Lo ha dicho tras firmar esta mañana los recursos de inconstitucionalidad contra la ley catalana de consultas no refrendarias y el decreto de la Generalitat que convoca la consulta soberanista del nueve de noviembre. De nuevo, poco más ha dicho el presidente del Gobierno español. El resto ha sido reiterar sus apelaciones a la Ley y a la Constitución, que no están de más pero ni de lejos resuelven el problema de fondo que es, ante todo, un problema político. La cuestión es saber si de verdad se está a tiempo de enderezar el rumbo y evitar el choque de trenes y todo hace indicar que no. Se ha perdido demasiado tiempo por parte de unos y de otros en un juego irresponsable que nos ha llevado a una situación potencialmente explosiva. 

Esta misma tarde se reunirá el pleno del Tribunal Constitucional, que no tenía previsto hacerlo hasta la semana que viene, para estudiar los recursos del Gobierno contra las decisiones de Artur Mas a propósito de la consulta soberanista. Salvo sorpresa más que mayúscula, el Constitucional suspenderá cautelarmente tanto la ley de consultas no refrendarias como el decreto para el nueve de noviembre que Mas firmó el sábado. ¿Y luego qué? ¿Cuál será el siguiente paso de Artur Mas ahora que la pelota vuelve a su tejado? No lo sabemos pero lo intuimos: elecciones anticipadas con lista nacionalista única y carácter plebiscitario. Eso o desobediencia civil, como pide ERC. Anoche, en la entrevista que Ana Pastor le hizo en La Sexta al presidente catalán, este eludió por activa y por pasiva aclarar qué pasará el 9 de noviembre si, como es más que probable, ley y decreto quedan suspendidos cautelarmente. 

Mas, además de creer que convencerá al Constitucional para que levante la suspensión cautelar, no contempla otro escenario que no pase porque los catalanes “hablen y se les escuche”. Repite de forma machacona y en contra de toda evidencia que lo que busca no es una declaración unilateral de independencia sino conocer la opinión de los catalanes expresada en las urnas, algo que en su opinión no merece reproche jurídico ni constitucional por más que, a día de hoy, la Constitución no permita a una comunidad autónoma convocar un referéndum de esas características en tanto implica cuestionar la unidad nacional. De sentarse a dialogar y buscar fórmulas creativas que permitan salir de este atolladero nada de nada, ni por parte de Mas ni por parte de Rajoy. 

Ambos pregonan que lo han intentado hasta la saciedad y culpan a la contraparte de no haberse avenido a razones. Sin embargo, los hechos los desmienten a ambos: Mas pretendía para Cataluña un trato fiscal del tipo vasco o navarro y cuando Rajoy se lo negó se envolvió en la bandera independentista y se lanzó en brazos de ERC y Oriol Junqueras, que ahora lo tiene bien sujeto a su propia estrategia política y con escasas posibilidades de escapar. Mariano Rajoy, por su parte, desatendió el documento de 23 puntos que Mas le puso sobre la mesa de La Moncloa y a día de hoy sigue sin prestarle la más mínima atención, aunque para esto es aún más tarde todavía. 

De aquellos barros estos lodos y, a fecha de hoy, nadie en este país es capaz de predecir cómo acabará la situación creada por la deriva independentista de Mas y la inmovilidad de Rajoy. Lo que parece evidente a estas alturas del serial es que esgrimir las leyes y la Constitución no son argumentos suficientes para enderezar el rumbo, como dice Rajoy. Ni unas ni la otra son la palabra revelada o la verdad eterna y la Carta Magna hace años que requiere una revisión a fondo. En este contexto son varios los juristas que apuestan por una modificación de la Constitución para acomodarla a los nuevos tiempos y encajar en ella los hechos diferenciales que, por cierto, no se limitan sólo a Cataluña y al País Vasco. Nada impide, por ejemplo, que el Gobierno del Estado pregunte a los catalanes si ven conveniente iniciar una reforma de la Constitución que incluya el derecho de secesión. Si la competencia para convocar referéndums reside en el Estado, no hay ninguna traba constitucional para que sea el propio Estado el que lo plantee ni aunque sea sólo para un territorio, en este caso Cataluña. 

Claro que esto obligaría al Gobierno central y a las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional a dejar de advertir con el cumplimiento de la Ley y pasar a hacer pedagogía para explicar en Cataluña las ventajas de permanecer unida a España, tal y como se vio obligado a hacer Cameron ante el reciente referéndum escocés de independencia en donde terminó triunfando el no. En otras palabras, articular las medidas constitucionales y legales para que los catalanes, dentro de un marco jurídico nuevo, puedan decidir sobre su futuro después de conocer las ventajas y los inconvenientes de la secesión. Se me antoja que sólo una salida de ese tipo, aún teniendo en cuenta las dificultades que entraña, podría enderezar el rumbo. De lo que sí estoy convencido es de que la reiterada apelación a las leyes por parte de Rajoy y la huida hacia adelante por parte de Mas sólo contribuirá a torcerlo cada vez más.  

Ya llegan los Reyes Magos

No es broma, los Reyes Magos se han aparecido hoy en La Moncloa al término del Consejo de Ministros tres meses antes de lo que marca la tradición. Sólo que no llevaban turbante ni chilaba ni viajaban en camello, aunque lo peor de todo es que han vuelto a dejarnos carbón sin importarles que nos hayamos portado bien y nos hayamos tomado todo el aceite de ricino. La reina de la mesa, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió el desfile definiendo los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha aprobado hoy como los de la “consolidación del crecimiento económico y la creación de empleo”. 

Cedió el turno a Luis de Guindos, el rey mago de la economía nacional, que desgranó un rosario interminable de “en términos de esto, de lo otro y de lo más allá”. En síntesis vino a decir que la economía española va como una moto, que el año que viene el PIB nacional crecerá hasta el 2% y subiendo y se van a crear casi 350.000 empleos. Consciente de que el lunes dijo en Australia que en el horizonte de la eurozona se ven las negras orejas del lobo de la recesión, hoy se sintió en la necesidad de matizar que de haber problemas no pasarán del próximo mes de diciembre. Así que, a partir de enero ya podremos amarrar los perros con longanizas. Porque dice el ministro que España ha corregido sus desequilibrios económicos internos y, por tanto, no hay que preocuparse demasiado de que a franceses, italianos e incluso alemanes empiece a rondarles la famosa recesión que, como decíamos ayer, es la misma que nos acogota a todos los que no somos banqueros o grandes empresarios desde que la crisis habita entre nosotros. 

Para Guindos no parece suponer mayor problema ni desequilibrio interno digno de mención que tengamos cinco millones muy largos de parados o una monstruosa deuda pública que ya supera el PIB nacional y cuyos intereses se llevarán el año que viene casi 35.500 millones de euros, la mayor de todas las partidas de las cuentas públicas, mayor incluso que el gasto de los ministerios. Se ve que el optimismo de Rajoy en Pekín que les comenté ayer se ha trasladado a su ministro de economía vía satélite.  En cuanto al paro, aseguró de Guindos que la tasa de desempleo se va a poner el año que viene en torno al 22,9% que, miren ustedes por dónde, son cuatro décimas más que la que había cuando Zapatero se despidió para siempre de La Moncloa. Todo un éxito del Gobierno y de su reforma laboral, sin duda. 

Echando números sale que en los cuatro años de legislatura del PP, en España se habrán destruido unos 400.000 empleos y eso sin contar la caída de la población activa representada por los españoles, comunitarios y extracomunitarios que han hecho las maletas en busca de un futuro mejor lejos de la “marca España”. 

Si de Guindos fue el encargado de darnos las supuestamente buenas noticias macroeconómicas, de las malas se ocupó el rey mago de la Hacienda Pública y las amnistías fiscales, Cristóbal Montoro. Y aquí fue el crujir de dientes: enredado en un interminable rosario de “en términos de lo de acá y de lo de allá” nos confirmó la congelación del sueldo de los empleados públicos por quinto año consecutivo a cambio de elevar del 10 al 50% la tasa de reposición en servicios esenciales y devolverles una cuarta parte de la paga extra de Navidad que les chorizó en 2012 para cumplir el objetivo de déficit.

Los pensionistas, los pobres, sólo verán incrementada sus pensiones el año que viene el 0,25%, que es lo mínimo que despacha el famoso factor de sostenibilidad. Ni para unas pantuflas nuevas les va a dar el aumento aunque, eso sí, asegura el Gobierno que no es cierto que haya congelado las pensiones. El techo de gasto de las administraciones públicas cae el 3,2% porque – ya saben – España es un país serio y tiene que cumplir el déficit comprometido con Bruselas. En cuanto a su reforma fiscal, está Montoro tan abducido por el optimismo que reina en el gabinete de Rajoy que no duda en asegurar que la marcha imparable hasta la victoria final de la economía española hará que queden en nada los millones que no recaudará después de aliviar la carga fiscal a los más pudientes y a las empresas y hacer como que se la reduce también a los demás. 

Como digo, en la comparecencia de los magos del trile económico y fiscal del país hubo muchos “en términos de” pero no recuerdo habar escuchado ni una vez “inversión pública”, “medidas anticíclicas” o “estímulos de la economía para reactivar el consumo, el crédito y la inversión y, en consecuencia, el empleo”. Y eso que el año que viene hay elecciones y cabía esperar, aunque solo fuera por arañar votos, que el Gobierno abriera un poco el puño del austericidio. O a lo mejor hablaron de eso pero yo me había quedado dormido y no lo oí soñando con los Reyes Magos de verdad.