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Rumbo torcido

Dice Rajoy refiriéndose a Cataluña que “aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo”. Lo ha dicho tras firmar esta mañana los recursos de inconstitucionalidad contra la ley catalana de consultas no refrendarias y el decreto de la Generalitat que convoca la consulta soberanista del nueve de noviembre. De nuevo, poco más ha dicho el presidente del Gobierno español. El resto ha sido reiterar sus apelaciones a la Ley y a la Constitución, que no están de más pero ni de lejos resuelven el problema de fondo que es, ante todo, un problema político. La cuestión es saber si de verdad se está a tiempo de enderezar el rumbo y evitar el choque de trenes y todo hace indicar que no. Se ha perdido demasiado tiempo por parte de unos y de otros en un juego irresponsable que nos ha llevado a una situación potencialmente explosiva. 

Esta misma tarde se reunirá el pleno del Tribunal Constitucional, que no tenía previsto hacerlo hasta la semana que viene, para estudiar los recursos del Gobierno contra las decisiones de Artur Mas a propósito de la consulta soberanista. Salvo sorpresa más que mayúscula, el Constitucional suspenderá cautelarmente tanto la ley de consultas no refrendarias como el decreto para el nueve de noviembre que Mas firmó el sábado. ¿Y luego qué? ¿Cuál será el siguiente paso de Artur Mas ahora que la pelota vuelve a su tejado? No lo sabemos pero lo intuimos: elecciones anticipadas con lista nacionalista única y carácter plebiscitario. Eso o desobediencia civil, como pide ERC. Anoche, en la entrevista que Ana Pastor le hizo en La Sexta al presidente catalán, este eludió por activa y por pasiva aclarar qué pasará el 9 de noviembre si, como es más que probable, ley y decreto quedan suspendidos cautelarmente. 

Mas, además de creer que convencerá al Constitucional para que levante la suspensión cautelar, no contempla otro escenario que no pase porque los catalanes “hablen y se les escuche”. Repite de forma machacona y en contra de toda evidencia que lo que busca no es una declaración unilateral de independencia sino conocer la opinión de los catalanes expresada en las urnas, algo que en su opinión no merece reproche jurídico ni constitucional por más que, a día de hoy, la Constitución no permita a una comunidad autónoma convocar un referéndum de esas características en tanto implica cuestionar la unidad nacional. De sentarse a dialogar y buscar fórmulas creativas que permitan salir de este atolladero nada de nada, ni por parte de Mas ni por parte de Rajoy. 

Ambos pregonan que lo han intentado hasta la saciedad y culpan a la contraparte de no haberse avenido a razones. Sin embargo, los hechos los desmienten a ambos: Mas pretendía para Cataluña un trato fiscal del tipo vasco o navarro y cuando Rajoy se lo negó se envolvió en la bandera independentista y se lanzó en brazos de ERC y Oriol Junqueras, que ahora lo tiene bien sujeto a su propia estrategia política y con escasas posibilidades de escapar. Mariano Rajoy, por su parte, desatendió el documento de 23 puntos que Mas le puso sobre la mesa de La Moncloa y a día de hoy sigue sin prestarle la más mínima atención, aunque para esto es aún más tarde todavía. 

De aquellos barros estos lodos y, a fecha de hoy, nadie en este país es capaz de predecir cómo acabará la situación creada por la deriva independentista de Mas y la inmovilidad de Rajoy. Lo que parece evidente a estas alturas del serial es que esgrimir las leyes y la Constitución no son argumentos suficientes para enderezar el rumbo, como dice Rajoy. Ni unas ni la otra son la palabra revelada o la verdad eterna y la Carta Magna hace años que requiere una revisión a fondo. En este contexto son varios los juristas que apuestan por una modificación de la Constitución para acomodarla a los nuevos tiempos y encajar en ella los hechos diferenciales que, por cierto, no se limitan sólo a Cataluña y al País Vasco. Nada impide, por ejemplo, que el Gobierno del Estado pregunte a los catalanes si ven conveniente iniciar una reforma de la Constitución que incluya el derecho de secesión. Si la competencia para convocar referéndums reside en el Estado, no hay ninguna traba constitucional para que sea el propio Estado el que lo plantee ni aunque sea sólo para un territorio, en este caso Cataluña. 

Claro que esto obligaría al Gobierno central y a las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional a dejar de advertir con el cumplimiento de la Ley y pasar a hacer pedagogía para explicar en Cataluña las ventajas de permanecer unida a España, tal y como se vio obligado a hacer Cameron ante el reciente referéndum escocés de independencia en donde terminó triunfando el no. En otras palabras, articular las medidas constitucionales y legales para que los catalanes, dentro de un marco jurídico nuevo, puedan decidir sobre su futuro después de conocer las ventajas y los inconvenientes de la secesión. Se me antoja que sólo una salida de ese tipo, aún teniendo en cuenta las dificultades que entraña, podría enderezar el rumbo. De lo que sí estoy convencido es de que la reiterada apelación a las leyes por parte de Rajoy y la huida hacia adelante por parte de Mas sólo contribuirá a torcerlo cada vez más.  

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