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El retiro dorado de Gallardón

¿No había abandonado Alberto Ruíz – Gallardón la política? Eso al menos habíamos entendido todos cuando la semana pasada le dio con la puerta en las narices a Mariano Rajoy después de que el presidente viera la luz del consenso y retirara la reforma de la Ley del Aborto “para que el próximo gobierno no la cambie desde el minuto uno”. Pues va a ser que no, que lo de retirarse de la política que dijo el ex ministro de Justicia debió ser algo retórico que los mortales ciudadanos de a pie en nuestra torpeza habitual no supimos entender con exactitud. Cuando andábamos todos preocupados y preguntándonos qué iba a ser ahora de Gallardón, a qué iba a dedicar el tiempo libre y si tendría incluso que apuntarse en las listas del paro, llegó la respuesta a tanta inquietud. La puerta que el ex ministro parecía haber enfilado no era la de su casa sino la de otro organismo público, que giró convenientemente para darle paso y albergue. Y es que apenas cuarenta y ocho horas después de dejar la cartera de Justicia se nos aparece el ex ministro formando parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid de la que fue presidente y en el que tenía un asiento reservado por si las cosas en la alta política le iban mal, como así ha sido. 

Ya quisieran para sí los cientos de miles de parados españoles que llevan años buscando empleo encontrar uno con tanta rapidez como el que le salió a Gallardón nada más salir por la puerta del Ministerio. Ahora, desde ese órgano consultivo, cuyo objetivo teórico es informar de la legalidad de los proyectos legislativos de la comunidad madrileña, Ruiz – Gallardón podrá presumir de que ganará más que como ministro y por no hacer prácticamente nada. En concreto, unos 8.500 euros brutos al mes por reunirse como mucho una vez a la semana con los colegas del Consejo Consultivo de marras y darle el visto bueno a lo que el Ejecutivo de Ignacio González guste mandar. 

Después de que su ex compañero de gabinete Cristóbal Montoro le cobre los impuestos, Ruiz Gallardón ingresará anualmente, sin contar pagas extras y otras prebendas como secretaria y coche particular, la ridícula cifra de unos 66.000 euros, lo mismo aproximadamente que un mileurista, si es que todavía queda alguno en España. Allí, en el Consejo Consultivo, podrá el ex ministro echarse incluso unas risas con otro “retirado” de la política como el socialista Joaquín Leguina, martillo de herejes y escritor de lo humano y lo divino a tiempo completo y que tampoco le hizo ascos en su momento a puesto tan bien remunerado y de tan escaso estrés tras pasar, como Gallardón, por la presidencia de la comunidad madrileña. 

Y encima y por si fuera poco, Ruiz Gallarzón se llevará ese pastizal todos los meses a casa sin tener que enfrentarse a diario a las manifestaciones y a las críticas de las organizaciones proabortistas y antiabortistas, los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, registradores de la propiedad, funcionarios de justicia, damnificados por las tasas judiciales y bedeles de juzgados, por solo citar a algunos de los colectivos que lo han tenido presente en sus oraciones durante los últimos tres años. 

En una de sus muchas propuestas para lo que el PP llamó en su día la “racionalización” del sector público figuró la supresión de los consejos consultivos de las comunidades autónomas y el traspaso de sus competencias al Consejo de Estado. Estos órganos autonómicos son supuestamente independientes del poder ejecutivo ya que sus miembros son nombrados por parlamento regional, esto es, por las correspondientes mayorías políticas, haya o no consenso. Pero como da la casualidad de que los diputados no son alienígenas sin afiliación política, lo que suele ocurrir es que los partidos colocan en el Consejo Consultivo de turno a los suyos y así los respectivos gobiernos se evitan dolores de cabeza, pegas y trabas jurídicas de todo tipo. 

Si esto pasa en el Consejo del Poder Judicial y hasta en el Tribunal Constitucional, con un presidente que ocultó durante años su afiliación al PP, ya me dirán qué no pasará en estos consejos autonómicos que no son órganos jurisdiccionales sino meramente consultivos. Lo malo de aquella reforma que al final quedó en nada era que no pretendía dotar de medios al Consejo de Estado para que atendiera en tiempo y forma las necesidades de las comunidades autónomas, sino recentralizar competencias autonómicas por la vía del ahorro puro y duro sin ofrecer alternativas a cambio. Si entonces no prosperó la idea, ahora que Ruiz Gallardón ha aterrizado en el Consejo Consultivo de Madrid ya la puede archivar para siempre el PP en el cajón de las promesas incumplidas. A ver quién es capaz de soportar otra filípica del ex ministro si tiene que renunciar también a su retiro dorado.

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