Cuando una puerta se cierra otra se abre y cuando se cierran todas por algún sitio habrá que respirar. La primera decisión de José Manuel Soria cuando llegó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue resucitar un viejo decreto de prospecciones petrolíferas en Canarias que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había aparcado a la vista del escaso consenso que la actividad petrolera suscitaba en unas islas que viven del turismo y que poseen uno de los medioambientes más singulares del planeta. Soria, que venía de quedarse sin formar parte del Gobierno de la comunidad autónoma de la que es natural, puso de nuevo sobre la mesa la cuestión sin un mínimo acercamiento previo a las instituciones y a la sociedad canaria para conocer su parecer. A partir de ahí el debate de las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canaria que dura ya tres largos años no ha hecho sino enconarse con el paso del tiempo.
Frente al “sí” del ministro al petróleo sin ofrecer nada a cambio a los canarios, salvo los riesgos de un vertido de petróleo en sus aguas y costas, surgió inmediatamente el “no” de las instituciones canarias y, de modo creciente, de una buena parte de la sociedad insular. El debate se fue envenenando a medida que Industria continuaba dando pasos en la dirección deseada por Repsol, de la que el ministro da la preocupante sensación de ser su principal portavoz y conocer al dedillo todos sus planes: informe de impacto ambiental favorable elaborado por un ministerio cuyo titular – Miguel Arias Cañete - mantenía negocios privados con empresas petroleras y autorización definitiva por parte de Industria para iniciar los sondeos. Por el camino se soslayaron las pegas y advertencias de reputados científicos sobre los riesgos de la actividad, se añadió información al expediente que nunca vio la luz pública y se pospuso convenientemente hasta después de la autorización final la consideración de las aguas elegidas para las prospecciones como Lugares de Importancia Comunitaria para su inclusión en la Red Natura 2000 de la UE.
Tras dos años de intenso rifi rafe político entre Madrid y Canarias en el que las inquinas personales entre Soria y el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero, también han jugado un papel no poco destacado, a instancias del Gobierno de Canarias el Parlamento autonómico solicitó en febrero de 2014 autorización al Gobierno del Estado para celebrar una consulta popular en las islas en la que los ciudadanos pudieran pronunciarse a favor o en contra de la actividad petrolífera en sus aguas. Ocho meses después y como ha hecho también ante otras muchas peticiones de Canarias a las que nunca ha atendido, el Gobierno de Rajoy sigue sin responder ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo.
Dicho en otras palabras, ha ignorado olímpicamente una petición formal realizada por un parlamento y un gobierno legítimos sobre un asunto de especial importancia para un territorio del que parlamento y gobierno son dos de sus instituciones principales. Las únicas respuestas que han recibido las islas ante esa petición han sido las declaraciones de fin de semana del ministro Soria y de sus compañeros canarios del PP en el sentido de que Canarias no puede convocar una consulta sobre un asunto en el que no tiene competencias. Eso sí, ni Soria ni sus compañeros del PP han sido todavía capaces de explicar con convicción a la ciudadanía de estas islas las razones por las que este mismo partido rechaza de plano los sondeos en Baleares mientras los apoya en Canarias sin apenas fisuras.
Después de esperar en vano que Rajoy rompiera su irrespetuoso silencio institucional para con Canarias, el Ejecutivo de las islas decidió apoyarse en su legislación y en sus competencias autonómicas para convocar a los ciudadanos a una consulta sobre las prospecciones. Será el 23 de noviembre y la pregunta, desvelada hoy por el presidente canario, será: “¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Aunque a priori no hay nada en esa pregunta que invada competencias estatales ya que la gestión del medio ambiente y el turismo son competencias autonómicas, es muy probable que el Gobierno del Estado sí responda esta vez y lo haga interponiendo un recurso de inconstitucionalidad con petición expresa de suspensión cautelar de la convocatoria. No me caben muchas dudas de que la Abogacía del Estado hará lo imposible para conseguirlo.
Sin embargo, eso no evitaría el error político de imprevisibles consecuencias que cometería el Gobierno central si cae en la tentación de establecer comparaciones con Cataluña y niega a los canarios la posibilidad de pronunciarse en las urnas sobre un asunto que les afecta directamente. Son los ciudadanos de estas islas los que asumen los riesgos de la actividad petrolera por ínfimos que le parezcan al PP. Esos mismos ciudadanos llevan tres años asistiendo a un debate enquistado sin encontrar en el Gobierno del Estado el más mínimo gesto de acercamiento ni la más mínima promesa de repensar las decisiones y negociar posibles soluciones que satisfagan a todos. Lo único que conocen hasta hoy son etéreas e increíbles promesas de empleo y riqueza escritas en el fugaz viento de las palabras del ministro Soria, de sus compañeros de filas y de los responsables de Repsol. Ya es hora de escuchar a los ciudadanos y hacerlo como se hace en cualquier democracia: a través de las urnas.
