Cataluña: el palo y la zanahoria

No es casualidad que fuera el ministro de Justicia y no el presidente del Gobierno o la vicepresidenta quien compareciera anoche ante los medios de comunicación para valorar el “proceso participativo” en Cataluña. El mensaje es meridianamente claro: perseguiremos judicialmente como hemos hecho hasta ahora cualquier veleidad independentista. De hecho, aunque tanto los fiscales como el juez de guardia evitaron ayer retirar las urnas como pedían algunos partidos, la Fiscalía ya tiene en marcha una investigación para determinar si de las votaciones se derivan responsabilidades penales por parte de quienes las convocaron y organizaron. Por lo demás, la comparecencia de Rajoy o de su número dos en el Gobierno habría conferido a la jornada de ayer un nivel político que el presidente no estaba ni está dispuesto a reconocer. 

Bien es cierto que la jornada participativa de ayer no fue un dechado de fiabilidad desde el punto de vista de las garantías democráticas de transparencia y juego limpio. Tal vez por eso, dos tercios de la población catalana con derecho a voto se quedaron en casa y el tercio restante, aproximadamente el mismo que respalda a los partidos de corte soberanista, dejó muy claras sus preferencias. Que más del 80% de los votantes haya optado por un estado catalán independiente y un 10% por un estado catalán a secas habla a las claras de cuál fue el electorado que se movilizó ayer en Cataluña. Sin embargo y a pesar de todos los peros que se le puedan poner a la convocatoria, lo cierto y verdad, en contra de lo que opinan muchos, es que las cosas en Cataluña no son iguales hoy a cómo eran el domingo por la mañana. 

En realidad, el problema se ha enquistado un poco más si eso era aún posible. Con ese 80% de votantes que quieren una Cataluña independiente tienen aval más que suficiente Artur Mas para exigirle a Rajoy que se siente a negociar. La dificultad radica en los asuntos de esa hipotética y seguramente improbable negociación. El nacionalismo catalán no parece estar ya por hablar de financiación autonómica o lengua sino por forzar al presidente Rajoy a pactar un referéndum con todas las garantías legales en el que – de llegar a celebrarse algún día - tal vez los dos millones que ayer apoyaron la independencia podrían ser muchos más. El órdago, por tanto, continúa: si no hay diálogo sobre un referéndum de independencia el siguiente paso será convocar unas elecciones anticipadas, la postura que defiende ERC y a la que se acaba de sumar Convergencia Democrática de Cataluña, envalentonada por el resultado de ayer. 

Qué hará ahora Rajoy ante este órdago renovado es un misterio insondable. Sin embargo y si nos guiamos por lo que ha hecho desde que Mas anunció la consulta soberanista del 9N, lo más probable es que no haga nada que no sea recurrir a los jueces cuantas veces sean necesarias para que le resuelvan el grave problema político que él y todo el país tiene en Cataluña. Reformar la Constitución, como le ha vuelto a pedir hoy el PSOE, para dar en una nueva Carta Magna un encaje diferente a Cataluña y a otros territorios a los que las costuras constitucionales ya les quedan demasiado apretadas, parece poco probable en un político como Rajoy al que ese tipo de procesos parecen causarle verdadero pánico. 

Por otro lado, para ofrecer más competencias o mejor financiación autonómica a Cataluña ya se le ha vencido el plazo hace tiempo, amén de las tiranteces que una oferta de ese tipo alimentaría en otros territorios. Poco a poco, con su inactividad y su convencimiento de que los problemas los resuelve el paso del tiempo sin mayor intervención de la mano humana, Mariano Rajoy se ha ido encerrando en un laberinto político para el que la única salida que atisba es la que le indican las leyes y los jueces. Sin embargo, esa es a todas luces una salida en falso que no da respuesta al problema de fondo que – hay que decirlo una vez más – no es jurídico sino político. 

Puede que su posición agrade a quienes en su partido piden mucho palo y poca o ninguna zanahoria para con los independentistas catalanes. Hay quien piensa en cambio que la firmeza en la defensa de la legalidad vigente no tiene por qué estar reñida con el diálogo político y que Rajoy podría, para variar, probar también esa opción en lugar de limitarse a esgrimir el palo de la ley y tente tieso. De una cosa podemos estar seguros: a cada minuto que pasa sin probar la opción del diálogo menos posibilidades tiene el presidente de que este problema se lo resuelvan los jueces. 

De andanzas reales y plebeyas

Es viernes y debería estar uno viendo volar las aves y pasar las nubes. La cruda realidad, sin embargo, obliga a bajar la cerviz ante la pantalla y marcarse un nuevo post sobre la corrupción. A dos asuntos muy puntuales me referiré hoy, las andanzas judiciales de la infanta Cristina y las andanzas senatoriales del presidente extremeño Monago. Por aquello de respetar el rango, la sangre azul y la jerarquía empezaré por la hija y hermana real, a la que la Audiencia de Palma ha tenido a bien exonerar hoy de toda culpa por blanqueo de dinero en el “caso Noos”. Sólo aprecia en su conducta dos delitos fiscales y coloca de nuevo el expediente en el tejado del sufrido juez Castro para que sea éste el que determine si la infanta debe calentar el banquillo en calidad de acusada. 

De testigo quiere verla, como mucho, el fiscal Horrach que, no obstante y a pesar de considerar que no cometió delito alguno, pide para ella y su consorte Urdangarín una fianza por responsabilidad civil de medio millón de euros. La verdad, cuanto más me sumerjo en las triquiñuelas judiciales menos las entiendo. ¿Si el fiscal cree que no es merecedora de acusación alguna por qué le pide 500.000 euros de fianza? Seguro que me he perdido algo importante. Lo que hará el juez Castro seguro que ni él lo sabe con certeza todavía. Sin embargo, a la vista de que ni la fiscalía ni la abogacía del Estado se animan a acusarla puede ocurrir, sencillamente, que su imputación por delito fiscal también se archive por mucho que se empeñe en lo contrario el sindicato Manos Limpias. 

Es lo que se conoce como la “doctrina Botín”, avalada por el Tribunal Supremo, que hasta para librar del banquillo de los acusados a según qué personas ya ven ustedes que echa mano de apellidos de rancio abolengo patrio. La infanta podría en ese caso nada improbable respirar y la Casa Real tirar discretos cohetes mientras se comen el marrón Urdangarín, su socio Diego Torres y la esposa de este último, toda vez que en los tres sí ve la Audiencia de Palma una bonita sarta de delitos a cual menos edificante. En la infanta, no. 

Pasamos de la realeza y asimilados al pueblo llano y sus representantes democráticamente elegidos. El nombre del día es José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura y látigo de corruptos en el PP. Antes de presidente extremeño Monago fue senador por su comunidad autónoma y recibió de sus compañeros de bancada la misión de ocuparse de los problemas de Andalucía y el territorio de ultramar de Canarias. Cabe pensar que los senadores del PP elegidos por estos dos territorios debían ser entonces unos zotes de cuidado si tenía que venir Monago de Madrid o de Extremadura a decirles lo que debían plantear en el Senado. Sea como fuere, Monago se dejó la piel en su misión hasta el punto de que entre mayo de 2009 y noviembre de 2010 viajó a Canarias la friolera de 32 veces. 

Lo malo es que en estas alejadas latitudes sus compañeros populares dicen recordarlo  poco y de reuniones con él les suenan un par de ellas. Ni que decir tiene que los viajes en cuestión los pagaba el Senado, es decir, el pueblo llano al que me refería antes. En estas estábamos, averiguando la finalidad de la agotadora agenda viajera de Monago a Canarias, cuando salta en los periódicos que en realidad venía a ver a una novia que por aquí tuvo, colombiana por más señas y simpatizante declarada del PP. Y eso, por cierto y tal vez no por casualidad, el mismo día en que Monago tenía que recibir en su tierra a toda la cúpula popular con Rajoy al frente para hablar nada menos que de “buen gobierno”. 

Si se pagó los viajes de su bolsillo, a mi plín: con su vida privada cada cual puede hacer lo que le parezca mejor y allá se las arregle. Ahora bien, si fuimos los ciudadanos los que le pagamos al Sr. Monago viajes románticos a Canarias entonces las cosas cambian radicalmente de color. Acosado por las informaciones, el presidente extremeño salió esta mañana a dar explicaciones pero nos dejó igual que estábamos: ni aclaró cuantos viajes hizo a Canarias ni mostró ningún documento que probara que mantuvo reuniones de trabajo en las islas con sus compañeros de partido. Se limitó a decir que él no es un sociólogo que hace informes sino un político que “habla y expone”. Amenazó con los juzgados a quien se meta en su vida privada y no dejó pasar la oportunidad de presentarse como una víctima de quienes – dijo - no le tienen aprecio “por querer cambiar las cosas”. En esa línea lanzó unos cuantos dardos envenenados sobre cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales o sobre tarjetas opacas que sonaron a cañonazos a las puertas de Génova 13. 

Muchas más explicaciones tendrá que dar Monago para que creamos en su honradez y en que no empleó dinero público para sus asuntos privados. O eso o la dimisión y la devolución del dinero público gastado. Y de paso y ahora que anda todo el mundo regenerándose por los cuatro costados, a ver si este caso sirve para poner fin de una vez a la absoluta falta de control del Senado y de los partidos políticos sobre los gastos que realizan los parlamentarios con cargo al bolsillo público. Que en los partidos haya una especie de senadores volantes para visitar territorios por los que hay representantes electos es un despropósito y un despilfarro; que nadie controle los gastos ni exija justificación hasta el último céntimo de los mismos es intolerable mientras se piden esfuerzos sin cuento a los ciudadanos. Por último, que representantes democráticos empleen dinero público en asuntos privados sólo tiene un nombre: robo a cara descubierta.  

La imagen de la indignidad

Hay imágenes que nunca deberían producirse pero se producen. A veces son imágenes que hablan por sí solas y son más elocuentes que cualquier comentario que se les pueda añadir: simplemente no necesitan explicación. Es el caso de la que desde la tarde de ayer recorre las redes sociales y los medios de comunicación. En ellas se ve a un grupo de inmigrantes subsaharianos desperdigados sobre la arena de una concurrida playa del sur de Gran Canaria de la que posteriormente son sacados en un camión de basura. Por qué se produjo esta imagen bochornosa e indigna no está aún del todo claro pero sí hay muchos indicios sobre las causas. 

Los inmigrantes de origen subsahariano habían arribado a primera hora de la mañana a esa playa, habitualmente abarrotada de turistas, a bordo de una patera que el Servicio de Vigilancia de la Guardia Civil no había detectado. Los voluntarios de Cruz Roja fueron los primeros en acercarse al lugar y, al detectar que algunos de los inmigrantes padecían fiebre, alertaron a los servicios de la comunidad autónoma para que se les realizaran las pruebas que permitieran descartar si eran portadores del virus del ébola. Téngase en cuenta que en ese primer momento se desconocía el lugar exacto de procedencia de los inmigrantes, que bien podían haber llegado de algunos de los países afectados por la enfermedad. Hasta ahí todo parece bastante correcto. 

Los problemas empiezan cuando el personal de la comunidad autónoma que debe realizar las pruebas tarda cerca de cinco horas en llegar a la zona. Durante todo ese tiempo, los inmigrantes permanecieron sobre la arena y al sol a la espera de ser trasladados a un centro de salud, a la comisaría para su identificación o al centro de internamiento. Para entonces, la noticia ya había saltado a los medios de comunicación en los que no se sabía a ciencia cierta si se había activado o no el protocolo por ébola. Lo cierto es que continuaron pasando las horas y no fue hasta entrada la tarde cuando se confirmó que ninguno padecía la enfermedad. Los que en peor estado se encontraban fueron trasladados en ambulancia de la comunidad autónoma al centro de salud más cercano pero, para entonces, los inmigrantes ya llevaban al sol en torno a las siete horas a las que habrá que añadir las que habían pasado a bordo de la patera que los trajo a Canarias. 

Fue entonces cuando, para mayor abundamiento en el despropósito, a alguien se le ocurrió que la mejor forma de sacar al resto de la playa era subirlos a un camión de basura del ayuntamiento, dando lugar a la lamentable imagen que hoy ha sido portada en no pocos medios de comunicación. De quién fue la idea es lo que aún no está claro, aunque la Delegada del Gobierno en Canarias ha culpado directamente a la Policía Nacional, de la que es responsable, de haber tomado esa decisión sin consultar con ella y ha asegurado que nunca lo habría permitido. Al parecer, las causas de que los inmigrantes fueran sacados de la playa en un camión de basura y no en una ambulancia, como sus compañeros con fiebre, o en otro medio de transporte más adecuado y respetuoso con su dignidad, fueron las dificultades para acceder a la zona en la que se encontraban. Excusa poco creíble por cuanto la ambulancia sí pudo acceder al lugar en el que se encontraban. 

Sea como fuere, la terrible imagen de un grupo de personas tumbadas en el volquete de un camión de basura llevando aún las mascarillas que les proporcionó la Cruz Roja habla por sí sola de descoordinación e improvisación en grado máximo. Pero sobre todo, habla de escaso por no decir nulo respeto a la dignidad de la que es merecedor cualquier ser humano venga de donde venga y padezca la enfermedad que padezca. Resulta increíble que a pesar de la emergencia sanitaria por el ébola en varios países africanos, ni las autoridades autonómicas ni las estatales hubieran previsto que un caso así se podía producir en cualquier momento en un archipiélago en el que, aunque no con la intensidad de hace unos años, es habitual que lleguen pateras con inmigrantes subsaharianos y que lo hagan, además, sin ser detectadas por los radares del Ministerio del Interior. 

Ante lo ocurrido cabe preguntarse por qué Sanidad Exterior, que depende de la Administración del Estado, no tiene médicos en Canarias o por qué la Policía no pidió transporte del Ejército o trasladó a los inmigrantes en sus vehículos en lugar de subirlos a un camión de basura. Y sobre, todo, por qué los inmigrantes en peor estado si fueron trasladados a un centro de salud en ambulancia de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma y el resto en un camión de residuos con la excusa de que era el único tipo de vehículo que podía acceder a la zona. 

Del mismo modo debería informarse si los agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados en lugares de llegada habitual de pateras han sido formados ante la posibilidad de que tengan que hacer frente a un caso de ébola, por remoto que sea. Y en la misma línea se abre una incógnita igual de preocupante sobre los agentes de la Benemérita y de Salvamento Marítimo que a menudo salen al encuentro de los cayucos y transbordan a los inmigrantes a sus embarcaciones antes de que naufraguen. Lo ocurrido es intolerable y merece depuración de responsabilidad y explicaciones claras por parte de las administraciones competentes, a menudo mucho más preocupadas de lanzar mensajes de tranquilidad a la población sobre los riesgos del ébola que de conjurarlos en la práctica.