No es casualidad que fuera el ministro de Justicia y no el presidente del Gobierno o la vicepresidenta quien compareciera anoche ante los medios de comunicación para valorar el “proceso participativo” en Cataluña. El mensaje es meridianamente claro: perseguiremos judicialmente como hemos hecho hasta ahora cualquier veleidad independentista. De hecho, aunque tanto los fiscales como el juez de guardia evitaron ayer retirar las urnas como pedían algunos partidos, la Fiscalía ya tiene en marcha una investigación para determinar si de las votaciones se derivan responsabilidades penales por parte de quienes las convocaron y organizaron. Por lo demás, la comparecencia de Rajoy o de su número dos en el Gobierno habría conferido a la jornada de ayer un nivel político que el presidente no estaba ni está dispuesto a reconocer.
Bien es cierto que la jornada participativa de ayer no fue un dechado de fiabilidad desde el punto de vista de las garantías democráticas de transparencia y juego limpio. Tal vez por eso, dos tercios de la población catalana con derecho a voto se quedaron en casa y el tercio restante, aproximadamente el mismo que respalda a los partidos de corte soberanista, dejó muy claras sus preferencias. Que más del 80% de los votantes haya optado por un estado catalán independiente y un 10% por un estado catalán a secas habla a las claras de cuál fue el electorado que se movilizó ayer en Cataluña. Sin embargo y a pesar de todos los peros que se le puedan poner a la convocatoria, lo cierto y verdad, en contra de lo que opinan muchos, es que las cosas en Cataluña no son iguales hoy a cómo eran el domingo por la mañana.
En realidad, el problema se ha enquistado un poco más si eso era aún posible. Con ese 80% de votantes que quieren una Cataluña independiente tienen aval más que suficiente Artur Mas para exigirle a Rajoy que se siente a negociar. La dificultad radica en los asuntos de esa hipotética y seguramente improbable negociación. El nacionalismo catalán no parece estar ya por hablar de financiación autonómica o lengua sino por forzar al presidente Rajoy a pactar un referéndum con todas las garantías legales en el que – de llegar a celebrarse algún día - tal vez los dos millones que ayer apoyaron la independencia podrían ser muchos más. El órdago, por tanto, continúa: si no hay diálogo sobre un referéndum de independencia el siguiente paso será convocar unas elecciones anticipadas, la postura que defiende ERC y a la que se acaba de sumar Convergencia Democrática de Cataluña, envalentonada por el resultado de ayer.
Qué hará ahora Rajoy ante este órdago renovado es un misterio insondable. Sin embargo y si nos guiamos por lo que ha hecho desde que Mas anunció la consulta soberanista del 9N, lo más probable es que no haga nada que no sea recurrir a los jueces cuantas veces sean necesarias para que le resuelvan el grave problema político que él y todo el país tiene en Cataluña. Reformar la Constitución, como le ha vuelto a pedir hoy el PSOE, para dar en una nueva Carta Magna un encaje diferente a Cataluña y a otros territorios a los que las costuras constitucionales ya les quedan demasiado apretadas, parece poco probable en un político como Rajoy al que ese tipo de procesos parecen causarle verdadero pánico.
Por otro lado, para ofrecer más competencias o mejor financiación autonómica a Cataluña ya se le ha vencido el plazo hace tiempo, amén de las tiranteces que una oferta de ese tipo alimentaría en otros territorios. Poco a poco, con su inactividad y su convencimiento de que los problemas los resuelve el paso del tiempo sin mayor intervención de la mano humana, Mariano Rajoy se ha ido encerrando en un laberinto político para el que la única salida que atisba es la que le indican las leyes y los jueces. Sin embargo, esa es a todas luces una salida en falso que no da respuesta al problema de fondo que – hay que decirlo una vez más – no es jurídico sino político.
Puede que su posición agrade a quienes en su partido piden mucho palo y poca o ninguna zanahoria para con los independentistas catalanes. Hay quien piensa en cambio que la firmeza en la defensa de la legalidad vigente no tiene por qué estar reñida con el diálogo político y que Rajoy podría, para variar, probar también esa opción en lugar de limitarse a esgrimir el palo de la ley y tente tieso. De una cosa podemos estar seguros: a cada minuto que pasa sin probar la opción del diálogo menos posibilidades tiene el presidente de que este problema se lo resuelvan los jueces.
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