Houston, tenemos un problema

Y de los gordos. La imputación judicial del alcalde de La Laguna y candidato de CC a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abre un boquete de considerables dimensiones en sus aspiraciones políticas. Sea casual o no, como se apunta desde algunos ámbitos políticamente interesados, lo cierto es que la imputación llega en el peor de los momentos posibles, justo cuando el candidato estaba empezando a tomar velocidad de crucero con su campaña y dándose a conocer él y su programa allá en donde apenas se le conocía de nombre. Es verdad que las imputaciones que le ha endosado el juez Romero Pamparacuatro se remiten sobre todo a la etapa de Clavijo como concejal de Urbanismo en su municipio y no son tampoco de lo más graves que se está despachando en los últimos tiempos en la convulsa y corrupta España de nuestros pecados. 

Se habla de malversación, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Así, a bote pronto, suena fuerte pero si bajamos al detalle los cargos se refieren a los alquileres que pagó el ayuntamiento a familias que tuvieron que desalojar sus casas afectadas por aluminosis, el cierre de un bar y a un par de contratos de trabajo. Nada, en definitiva, que no ocurra con frecuencia en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de este país, eso sí, por desgracia y sin que lo anterior suponga justificación alguna. En su descargo cabe decir que compareció con rapidez ante los medios de comunicación para dar explicaciones e incluso entregó a los periodistas el auto de imputación, algo nada frecuente en esta España de la que hablaba antes y en la que los políticos imputados desaparecen de la faz de la tierra como por ensalmo nada más recibir la mala nueva. 

Ahora bien, no soplan tiempos de tolerancia social para la corrupción y el hartazgo de casos es tan gigantesco que a los ciudadanos ya les da prácticamente lo mismo que sean más o menos graves: piden de una vez ejemplaridad y limpieza de la vida pública. Y es ahí precisamente en dónde Clavijo y su partido, CC, tienen un problema del que a esta hora es difícil saber cómo se las arreglarán para salir. Tomen la decisión que tomen ninguna tendrá coste cero, ni para el candidato ni para el partido. En el supuesto de que Clavijo decida dar un paso a un lado y renunciar a la candidatura a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las autonómicas de 2015 habría que buscar nuevo candidato y se reabrirían – si es que se han cerrado ya – las profundas heridas que abrió el proceso que desembocó en su designación. 

En el caso de que CC decida continuar adelante con el candidato actual no tendrá más remedio que explicarle a los ciudadanos porqué contradice su propio discurso contra la corrupción con una actitud pasiva cuando le afecta de lleno y mantiene como aspirante a la presidencia de la comunidad autónoma a imputado. Rodeos, circunloquios y excusas siempre se pueden encontrar para justificar una decisión de esa naturaleza. En esa materia, qué duda cabe, en todos los partidos políticos sobran muñidores expertos en camuflar la realidad bajo un manto de eufemismos. Ahora bien, cosa completamente distinta es que los ciudadanos acepten y asuman esas explicaciones como si aquí no hubiera pasado nada. 

En principio todo hace indicar que el momento procesal para que tanto el candidato como su partido tomen una decisión al respecto será el instante en el que juez Romero Pamparacuatro decida abrir juicio oral. Si Clavijo continúa imputado será muy difícil, por no decir imposible, que siga siendo también el candidato de CC. El problema añadido es que la decisión del juez puede producirse dentro de un mes, dentro de dos o quince días antes de las elecciones e incluso después, con Clavijo ya sentado en su escaño del Parlamento de Canarias y puede que incluso en el sillón reservado al presidente del Gobierno. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar a que el juez decida? ¿Continuar adelante y arriesgarse a ver al candidato nacionalista, diputado o presidente sentado en el banquillo de los acusados? Difícil papeleta a simple vista aunque, a poco que se piense, tal vez no lo sea tanto. Sólo hay que recordar y aplicar aquella famosa frase atribuida a Napoleón: “Una retirada a tiempo es una victoria”. Y esto no sólo vale para la guerra sino también para la política.  

El controlador que los controle…

Una semana se cumple hoy desde que se publicara en los medios que José Antonio Monago viajó treinta y dos veces a Canarias siendo senador del PP por su comunidad autónoma. Ríos de tinta han corrido desde entonces sobre la opacidad de estos viajes pero las aguas de la transparencia siguen igual de estancadas. Se supo inmediatamente que Monago no visitó las islas con tanta asiduidad debido a un ataque de preocupación por los problemas de los canarios sino por razones más íntimas y personales. 

La pueril explicación del PP en el Senado de que viajaba como una especie de senador volante al Archipiélago y a Andalucía resultaba entonces tan increíble como ahora. Los compañeros canarios de Monago en el Senado no han podido aún explicar cuántas veces se reunieron con él en Canarias ni de qué hablaron. Y cuando se les pregunta por las fotos en las que el político extremeño aparece divirtiéndose en los carnavales de Tenerife con el verdadero motivo de sus viajes a la isla, la respuesta es de libro: no entramos en la vida privada del señor Monago. De añadidura, nadie recuerda que el senador Monago mencionara una sola vez a Canarias en sus intervenciones senatoriales, lo que no deja de ser alarmante dado el abnegado sacrifico demostrado por estas islas. 

Mañana hará una semana también desde que Monago dio una rueda de prensa para explicarse y en la que, no sólo no explicó nada, sino que se presentó como una víctima de los “rompepiernas” que quieren acabar con su carrera política y que no identificó aunque sí insinuó. Un día después y tras consultarlo con la almohada, anunció en un acto ante la plana mayor del PP - que le arropó con tanto entusiasmo que hasta se le saltaran las lágrimas - que devolvería el dinero. Dos días más tarde dijo que pediría al Senado que certificara su asiduidad viajera a Canarias pero tardó un par de días más en redactar la petición y presentarla en la Secretaría de la Cámara Alta. 

En el interín y ante las presiones de sus socios de IU, que entonces guardaron silencio y ahora piden su cabeza, anunció que el próximo día 27 comparecerá en el parlamento extremeño para volver a dar explicaciones. Y así sigue, de anuncio en anuncio y de renuncio en renuncio como si pensara que a estas alturas del culebrón  al que le da nombre cabe otra solución que no sea la de devolver el dinero público que gastó en sus viajes privados a las islas e inmediatamente presentar la dimisión de todos sus cargos. 

El mismo tiempo que lleva Monago diciendo una cosa y la contraria sobre sus viajes privados llevan los partidos políticos en el Congreso y en el Senado escenificando un nuevo capítulo de una saga de gran popularidad nacional titulada “Hay que hacer algo”. Se refiere su argumento a la necesidad de que alguien controle cómo emplean el dinero público senadores, diputados nacionales y hasta diputados autonómicos. El atasco está precisamente en el “alguien”, es decir, en quién le pone el cascabel a sus señorías para que se sepa en todo momento a dónde van y con quién se ven a costa del presupuesto público. El PP, cogido de nuevo en falta, dice que es “partidario de mejorar la transparencia” pero no dice cómo hacerlo. El PSOE propone cosas, el resto de la oposición propone otras, se inician negociaciones, se forman comisiones y, mientras, todo sigue igual que hace una semana. 

El presidente del Congreso se permite incluso decir que él no va a hacer de controlador de nadie y le pasa la pelota a los partidos políticos. El portavoz popular dice por su parte que “el Congreso no es un colegio” y que “los diputados no son niños" a los que haya que estar vigilando permanentemente. Argumento muy recurrente – en realidad una excusa como otra cualquiera – es el que se refiere a la necesidad de que los viajes políticos de senadores y diputados a veces deben de ser discretos lo que, según quienes lo defienden,  no es compatible con que rindan cuentas económicas detalladas a las cámaras o a sus partidos, lo mismo me da que me da lo mismo. 

Dicho en otras palabras y resumiendo: una semana después de que estallara el caso de los viajes de Monago a Canarias hemos vuelto a entrar en bucle y a meternos en un debate bizantino sobre el sexo de los ángeles, también conocido como diálogo de besugos. La ausencia de verdadera decisión y voluntad política para acabar con la opacidad en el uso del dinero de todos sólo está consiguiendo que a ojos de los ciudadanos la sombra de la sospecha se extienda injustamente sobre todas sus señorías y se cuestione una vez más la utilidad del Senado. Si alguna vez lo llegamos a ver, que lo dudo sinceramente, el controlador que los consiga controlar no sólo será buen controlador sino que merecerá un viaje a Canarias con todos los gastos pagados por la eternamente agradecida ciudadanía.

Más y Rajoy: no nos moverán

Tres días ha tardado Mariano Rajoy en decir algo en público sobre el “proceso participativo” del domingo en Cataluña. Durante ese tiempo, Artur Mas, claro vencedor político del pulso con el Estado, no ha dejado de decir cosas aunque todas conducen a lo mismo: referéndum de autodeterminación a la escocesa ya y, si no, elecciones anticipadas y plebiscitarias en Cataluña. Que Rajoy haya tardado setenta y dos horas en aparecerse ante los medios e incluso aceptar preguntas de los periodistas – a dónde iremos a parar – tampoco es un drama nacional. Nada esperábamos que dijera para desatascar el problema y eso es lo que ha hecho, ni más ni menos. En realidad, lo que ha conseguido es enconarlo un poco más por cuanto no ha puesto sobre el atril desde el que ha hablado una sola idea nueva, un mensaje, una iniciativa o un deseo que permita atisbar alguna solución. 

Se ha limitado a ignorar a los 2,3 millones de ciudadanos que votaron el domingo, a calificar la jornada de “fracaso” y “simulacro ilegal” – prodigioso hallazgo jurídico el suyo – y a reiterar lo que ayer dijo su vicepresidenta en el Congreso: que no cuenten Más y los que le siguen con el Gobierno y con el PP para apoyar un referéndum de independencia en Cataluña. Por lo demás, poco más merece mención de lo que Rajoy dijo esta mañana o de lo que respondió a los periodistas deseosos de hacer sangre en un presidente al que las preguntas de los medios le provocan malestar y dolor de cabeza. Eso sí, se transfiguró por un momento en líder de la oposición y le exigió al PSOE que ponga sobre la mesa la propuesta de reforma constitucional que los socialistas vienen defendiendo desde que Rubalcaba mandaba algo en el partido. 

Es cierto que el PSOE lleva demasiado tiempo mareando la perdiz con una reforma constitucional que no termina de definir y es incierto que esa sea la solución aceptada por todos, aunque al menos es una propuesta en un desierto de ideas. Sin embargo, es mucho más cierto, como ha recordado hoy el propio Pedro Sánchez, que quien gobierna no es él sino Rajoy y por tanto es al presidente a quien le compete tomar la iniciativa política. Le va en el sueldo y en la responsabilidad de gobernar y, si no es capaz, tiene otra solución: dimitir o convocar elecciones. La respuesta de Rajoy también iba dirigida a Artur Mas, al que volvió a retar a cambiar la Constitución, aunque tengo para mí que a estas alturas al presidente catalán ese tipo de retos por un oído le entran y por el otro le salen. Sus claves políticas parecen ser otras bien distintas, atada como está su suerte a ERC y a la espera tal vez de que una presión irresistible sobre Madrid termine produciendo los frutos apetecidos antes de que se embarcara en la carrera soberanista. 

En todo caso, la comparecencia de hoy del presidente español ante los medios no tiene tanto que ver con la conveniencia de pronunciarse sobre la situación en Cataluña como con las presiones de su partido por no haber detenido el “simulacro ilegal” del domingo. Eran ya atronadoras las voces en algunos sectores del PP que se preguntaban por qué Rajoy no hizo nada para impedir que los catalanes votaran. En eso, ya ven y sin que sirva de precedente, estoy con él: haber mandado a la policía a retirar las urnas probablemente habría generado muchos más problemas que los que habría resuelto. 

Ahora bien, de ahí a que el Gobierno haya azuzado a la siempre obediente Fiscalía General del Estado para que empapele a Mas, a su vicepresidenta y a algunos consejeros catalanes más por haber convocado y organizado lo del domingo saltándose la decisión del Tribunal Constitucional, va un trecho como de Madrid a Barcelona. Primero, porque una vez más se pone de manifiesto – y así lo han denunciado los fiscales – que la Fiscalía General del Estado es para asuntos de este calado o para otros como la imputación de la infanta Cristina poco menos que una correa de transmisión de los deseos del Gobierno. 

Segundo, porque responder una vez más con la legalidad y sólo con la legalidad como ha vuelto a hacer hoy Rajoy es reincidir por enésima vez en el error que impide salir con bien de este culebrón político inacabable. En resumen, el “no nos moverán” que sigue entonando este dúo tan poco dinámico formado por Mas y Rajoy nos tiene metidos a todos en un callejón al que de momento no hay esperanzas de verle salida alguna.