Y de los gordos. La imputación judicial del alcalde de La Laguna y candidato de CC a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abre un boquete de considerables dimensiones en sus aspiraciones políticas. Sea casual o no, como se apunta desde algunos ámbitos políticamente interesados, lo cierto es que la imputación llega en el peor de los momentos posibles, justo cuando el candidato estaba empezando a tomar velocidad de crucero con su campaña y dándose a conocer él y su programa allá en donde apenas se le conocía de nombre. Es verdad que las imputaciones que le ha endosado el juez Romero Pamparacuatro se remiten sobre todo a la etapa de Clavijo como concejal de Urbanismo en su municipio y no son tampoco de lo más graves que se está despachando en los últimos tiempos en la convulsa y corrupta España de nuestros pecados.
Se habla de malversación, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Así, a bote pronto, suena fuerte pero si bajamos al detalle los cargos se refieren a los alquileres que pagó el ayuntamiento a familias que tuvieron que desalojar sus casas afectadas por aluminosis, el cierre de un bar y a un par de contratos de trabajo. Nada, en definitiva, que no ocurra con frecuencia en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de este país, eso sí, por desgracia y sin que lo anterior suponga justificación alguna. En su descargo cabe decir que compareció con rapidez ante los medios de comunicación para dar explicaciones e incluso entregó a los periodistas el auto de imputación, algo nada frecuente en esta España de la que hablaba antes y en la que los políticos imputados desaparecen de la faz de la tierra como por ensalmo nada más recibir la mala nueva.
Ahora bien, no soplan tiempos de tolerancia social para la corrupción y el hartazgo de casos es tan gigantesco que a los ciudadanos ya les da prácticamente lo mismo que sean más o menos graves: piden de una vez ejemplaridad y limpieza de la vida pública. Y es ahí precisamente en dónde Clavijo y su partido, CC, tienen un problema del que a esta hora es difícil saber cómo se las arreglarán para salir. Tomen la decisión que tomen ninguna tendrá coste cero, ni para el candidato ni para el partido. En el supuesto de que Clavijo decida dar un paso a un lado y renunciar a la candidatura a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las autonómicas de 2015 habría que buscar nuevo candidato y se reabrirían – si es que se han cerrado ya – las profundas heridas que abrió el proceso que desembocó en su designación.
En el caso de que CC decida continuar adelante con el candidato actual no tendrá más remedio que explicarle a los ciudadanos porqué contradice su propio discurso contra la corrupción con una actitud pasiva cuando le afecta de lleno y mantiene como aspirante a la presidencia de la comunidad autónoma a imputado. Rodeos, circunloquios y excusas siempre se pueden encontrar para justificar una decisión de esa naturaleza. En esa materia, qué duda cabe, en todos los partidos políticos sobran muñidores expertos en camuflar la realidad bajo un manto de eufemismos. Ahora bien, cosa completamente distinta es que los ciudadanos acepten y asuman esas explicaciones como si aquí no hubiera pasado nada.
En principio todo hace indicar que el momento procesal para que tanto el candidato como su partido tomen una decisión al respecto será el instante en el que juez Romero Pamparacuatro decida abrir juicio oral. Si Clavijo continúa imputado será muy difícil, por no decir imposible, que siga siendo también el candidato de CC. El problema añadido es que la decisión del juez puede producirse dentro de un mes, dentro de dos o quince días antes de las elecciones e incluso después, con Clavijo ya sentado en su escaño del Parlamento de Canarias y puede que incluso en el sillón reservado al presidente del Gobierno. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar a que el juez decida? ¿Continuar adelante y arriesgarse a ver al candidato nacionalista, diputado o presidente sentado en el banquillo de los acusados? Difícil papeleta a simple vista aunque, a poco que se piense, tal vez no lo sea tanto. Sólo hay que recordar y aplicar aquella famosa frase atribuida a Napoleón: “Una retirada a tiempo es una victoria”. Y esto no sólo vale para la guerra sino también para la política.
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