Pedro contra Sánchez

Hace poco más de tres años, por más señas un 2 de septiembre de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero estaba a punto de abandonar La Moncloa en manos del regenerador, reformador y prometedor Rajoy. La crisis de caballo asolaba España y los mercados financieros acechaban agazapados a la espera de asestar el golpe definitivo: el rescate financiero. Torres no tan altas como Irlanda, Grecia y Portugal habían caído y era sólo cuestión de tiempo que también cayera España. La situación de pánico llevó al PP y al PSOE a urdir una reforma constitucional que cogió a la oposición con el pie cambiado y a los españoles despistados y volviendo de vacaciones. En un pleno del Congreso que pasará a los anales del parlamentarismo español como un ejemplo de lo que es legislar de espaldas a los ciudadanos, los dos grandes partidos votaron a favor de limitar el techo de gasto de las administraciones públicas españolas a lo que gustara ordenar la Comisión Europea y priorizar el pago de la deuda pública. 

Con las prisas para cerrar el acuerdo, a Pérez Rubalcaba y a Rajoy se les olvidó garantizar de algún modo en el texto constitucional reformado que la sanidad, la educación y las políticas sociales seguirían contando con financiación suficiente. Entre los diputados que votaron a favor del acuerdo estaba Sánchez, representante por Madrid, que incluso se congratuló en Twitter de la hazaña de haber reformado la Carta Magna por la vía oscura, sin consenso con la oposición y sin consultar a los españoles en un referéndum, como era de rigor. Con su voto y con el de sus compañeros más los del PP, el PSOE le hizo entrega solemne a Rajoy de las tijeras con las que, nada más pisar La Moncloa, el nuevo presidente afrontó con entusiasmo la tarea de podar a fondo el estado del bienestar que tantos esfuerzos había costado construir y cuya tarea ya había iniciado con algo de timidez, eso sí, Rodríguez Zapatero. 

Poco tiempo después Alfredo Pérez Rubalcaba y el PSOE se llevaron el revolcón electoral de sus vidas y los socialistas se adentraron en una travesía del desierto a la que aún no le ven la salida. Buscándola han dado con el que consideran su mirlo blanco, de nombre Pedro, que hace solo unas horas acaba de renegar del Sánchez que en 2011 dijo sí a los mercados y la reforma de la Constitución de acuerdo con el PP. Pedro quiere ahora borrar su pasado y anuncia que, si gobierna, volverá a reformar la Constitución para enmendar el “error” de Sánchez. Por lo pronto ya se ha adherido a una iniciativa de lzquierda Plural y del Grupo Mixto que piden eso precisamente, aunque las posibilidades de que prospere son tantas como las que tiene el equipo de mi pueblo de ganar la Liga de Campeones. 

Pero Pedro no se achanta y en su cruzada contra Sánchez dice que desfacerá el entuerto de hace tres años aunque, eso sí, quiere dejar claro que él asume la necesidad de controlar el déficit público y la obligación de pagar la deuda. Lo que quiere hacer – dice – es blindar en la Carta Magna la financiación suficiente de los servicios públicos básicos. El PP y el Gobierno, alérgicos a cualquier cambio constitucional que no de gusto a los mercados como aquel de 2011, no han tardado en echarle las manos al cuello y llamarlo “populista” y, sin que sirva de precedente, no les falta un puntito de razón. A Pedro parece que le pueden por momentos los mensajes llamativos y las apariciones en televisión, incluidos los programas de cotilleo. O lo frenan sus asesores o puede llegar a sentir la tentación de dejarse barba y coleta. 

Por lo demás, que Pedro consiga su objetivo y rompa definitivamente con Sánchez no depende sólo de él sino de que obtenga la mayoría parlamentaria suficiente, algo que se vende demasiado caro en estos tiempos de máxima incertidumbre política. Si la improbable conjunción de los astros le brindara algún día la posibilidad de dar el paso, no debe olvidarse de algo muy importante: a los españoles nos gustaría poder decir algo al respecto de esa reforma y no ser de nuevo simples convidados de piedra como ya ocurrió en 2011. Porque, con todo, ese fue el peor de los errores de Sánchez y los suyos y que Pedro dice ahora querer enmendar.

Petróleo: una encuesta clarificadora

Los ciudadanos de Canarias se quedaron ayer con las ganas de expresar en las urnas lo que opinan de las prospecciones que Repsol realiza en aguas de las islas desde hace una semana. La consulta convocada por el Gobierno de la comunidad autónoma fue abortada por el Ejecutivo central mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional que la suspendió temporalmente hasta que decida sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, la macroencuesta alternativa encargada por el Gobierno canario a las dos universidades de las Islas y cuyos datos hemos conocido hoy ha venido a poner negro sobre blanco el mismo o parecido resultado que probablemente habrían arrojado las urnas: una aplastante mayoría de ciudadanos en contra de unos sondeos que ven peligrosos para el medio ambiente del Archipiélago. (Pinche aquí para consultar la encuesta )

Por espigar sólo unos pocos datos, tres de cada cuatro canarios se oponen a las prospecciones, una oposición que es más acusada en las islas más próximas al lugar en el que Repsol busca gas o petróleo desde el lunes pasado. En la inmensa mayoría, la razón argumentada por quienes se oponen es el riesgo que estos trabajos representan para el medio ambiente. Por el contrario, el 15% que apoya la actividad de Repsol en las aguas canarias aduce la creación de empleo que se generaría. Aunque minoritario, es llamativo este argumento por cuanto, a fecha de hoy, ni Repsol ni el Ministerio de Industria que apadrina el proyecto han sido capaces de precisar con una cierta aproximación cuántos puestos de trabajos se han creado en la fase exploratoria ya iniciada ni cuántos se crearían en el supuesto de que se encontrara gas o petróleo y la multinacional decidiera extraerlo y comercializarlo en su beneficio, que no en el de los canarios. 

A lo más que han llegado unos y otros es a hablar de “oportunidades de empleo”, signifique eso lo que signifique. Por lo demás, a fecha de hoy, tampoco hay ningún compromiso firme de que las islas participarán de algún modo en los beneficios que Repsol obtenga de la eventual extracción de petróleo. Es revelador también el apoyo que refleja la encuesta a la posición del Gobierno de Canarias en este controvertido asunto, a menudo tildada de “politizada” por el Gobierno del Estado y por el PP canario: siete de cada diez encuestados creen que debe continuar oponiéndose institucionalmente a los planes de la petrolera y del Ministerio.
La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 2.700 entrevistas en todas las islas, superior incluso a la que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas para todo el país. Estima un margen de error del 2% y ha sido realizada con el respaldo académico y técnicos de las dos universidades canarias, lo que la aleja de cualquier tentación de considerarla amañada políticamente. En realidad, el resultado no debería de ser una sorpresa demasiado grande para nadie: bastaba echar un vistazo a la participación en las protestas públicas celebradas en los últimos meses en las islas o a lo que se opina en las redes sociales sobre este asunto para predecir que la gran mayoría de la sociedad canaria rechaza de plano estos sondeos. 

Sin duda, quienes siguen considerando que la industria petrolera es inocua para el medio ambiente y que dejará beneficios sin cuento en las islas van a seguir defendiendo estas prospecciones contra viento y marea. En su derecho están pero ahora al menos ya saben que su posición es claramente minoritaria. Con todo, la cuestión de fondo ahora es saber si el titular del Ministerio de Industria, José Manuel Soria, tiene algo que decirles a los siete de cada diez paisanos suyos que rechazan un proyecto en el que ha puesto todo su empeño personal y político.

¿Les dirá que están equivocados de medio a medio y repetirá que la industria petrolera será la solución para todos los problemas de Canarias, que es compatible con el turismo y no representa riesgo alguno para el medio ambiente? ¿Les dirá que han sido manipulados por el “politizado” Gobierno autonómico para que se opongan a los sondeos como si los ciudadanos no fueran capaces de pensar y decidir por sí mismos? ¿Les dirá que no se ha sabido explicar bien? ¿Les dirá que las catas de Repsol continuarán adelante a pesar de lo que opine la mayoría de los canarios? ¿Cree y respeta el ministro la opinión mayoritaria de los ciudadanos aunque ésta no se exprese en las urnas en las que su Gobierno no les permitió expresarse? Estamos esperando las respuestas. 

Las prospecciones bajo la lupa de Bruselas

Es demasiado pronto para presumir que Bruselas será la que termine paralizando los sondeos petrolíferos de Repsol en Canarias por el incumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria. Sin embargo, el hecho de que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea haya confirmado hoy que ha pedido más información al Gobierno español sobre este asunto puede ser un paso decisivo en esa dirección. Las autoridades comunitarias han terminado atendiendo las reiteradas quejas de las instituciones canarias, las organizaciones ecologistas y varias fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo sobre la vulneración de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos para que Repsol pudiera empezar a buscar petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. 

Las quejas se refieren principalmente al retraso que sufrió la aprobación del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de esas aguas, un expediente convenientemente retrasado por el hoy comisario Arias Cañete y resuelto por su sucesora en el Ministerio de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuando la multinacional petrolera ya contaba con todas las bendiciones de Industria para buscar petróleo. Las denuncias también señalan que el Gobierno recortó el área afectada por el LIC para que no se solapara con la de las catas petroleras.  Por lo demás, el anuncio hecho hoy por la Dirección General de Medio es un severo varapalo al Gobierno, al PP y a la propia compañía, empeñados en defender la impoluta legalidad del expediente y el escrupuloso respeto a la normativa medioambiental europea. En más de una ocasión los populares han presumido de que Bruselas había cerrado definitivamente cualquier investigación sobre la tramitación de un expediente tildado por las instituciones canarias de poco transparente y por las organizaciones ecologistas y numerosos científicos de incompleto e insuficiente. Al margen de lo que se decida finalmente y a falta de saber qué información trasladará el Gobierno español a Bruselas, después del anuncio de hoy es evidente que en absoluto han dado carpetazo las autoridades comunitarias a  esta cuestión. 

Esta petición de datos al Gobierno español sobre las prospecciones autorizadas a Repsol llega justo a dos días del 23N, la fecha que habían elegido el Gobierno de Canarias para que los ciudadanos pudieran expresar libremente su opinión sobre la conveniencia de buscar y en su caso extraer petróleo en unas aguas de extraordinaria riqueza natural y a escasos kilómetros de playas por las que pasan cada año millones de turistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy y en particular su ministro de Industria, cerrados en banda a cualquier alternativa que no pase por facilitarle las cosas a Repsol y poner incluso la Armada a la entera disposición de intereses privados, cercenaron de cuajo la posibilidad de conocer esa opinión cuando elevaron el asunto al Constitucional y éste paralizó cautelarmente la consulta. 

Las autoridades canarias acataron sin demora la decisión del alto tribunal y automáticamente suspendieron la consulta, al contrario de lo que ocurrió en Cataluña con el 9N, convertido en “proceso participativo” después de una decisión similar del Constitucional. Sin embargo, la doble vara de medir del Gobierno central en uno y en otro caso queda en evidencia cuando para aplacar la situación en Cataluña el presidente anuncia una visita para “explicarse mejor” y en Canarias manda a la Armada para arrollar a los ecologistas contrarios a los sondeos. 

La vicepresidenta catalana, Joanna Ortega, decía esta semana tras conocer la decisión de la Fiscalía de querellarse contra la Generalitat por el 9N que esa denuncia “aleja un poco más a Cataluña de España". Canarias ya está geográficamente muy alejada del resto de España por una distancia de más de 2.000 kilómetros, una distancia mucho mayor si consideramos que la brecha política entre las Islas y Madrid no ha parado de crecer desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa hacer ahora tres años

El desprecio y la tozudez empleados para imponer a toda costa un proyecto petrolero privado mientras lo rechaza en Baleares con los mismos argumentos que no considera válidos en Canarias, la tramitación de un oscuro expediente medioambiental que ahora es objeto de investigación por parte de Bruselas y la escasa sensibilidad democrática para escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre un asunto trascendental, han ido cavando un foso tan profundo entre las Islas y el Gobierno del Estado que, como en Cataluña, también puede terminar siendo infranqueable.