Yo confieso

En este momento y lugar en el que el devenir de la Humanidad depende de lo que pase a partir de ahora con la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, deseo hacer una confesión completa y sin reservas sobre mis culpas y delitos a propósito de este asunto. Reconozco públicamente que aún no he aplaudido ni una vez el, según todos los comentarios, magnífico espectáculo artístico que se desarrolló el lunes por la noche en el Parque de Santa Catalina. Mi innata insensibilidad para toda manifestación artística posterior a Julio Romero de Torres me impide comprender la esencia de un arte tan refinado y abstracto.

Hago pública mi recalcitrante homofobia porque aún no he alabado públicamente la genialidad del espectáculo ganador que tanta admiración ha levantado entre los entendidos de este arte. En mi contra y voluntariamente declaro también que, a pesar de no ser ni practicante católico ni creyente en esa religión desde hace décadas, no he podido evitar sentirme violentado y abochornado al ver el uso que se hacía de dos símbolos centrales de la fe católica, la Virgen y la cruz. Admito que pensé menos en mi que en lo que sentirían ante ese espectáculo quienes sí son creyentes católicos y consideré que no hay ninguna necesidad de colocar en la misma frase transgresión carnavalera e insensibilidad absoluta por las creencias más íntimas de los demás. 

Admito en mi ignorancia que el hecho de que el artista en cuestión haya reconocido públicamente que no pretendía ofender aunque sí provocar, me parece propio de alguien que en su irresponsabilidad confesa no duda en anteponer sus fines personales a los sentimientos y creencias de los demás. Debo confesar también públicamente que desde que este asunto saltó a los medios de comunicación y a las redes sociales aún ne me he comido a ningún cura crudo ni a ningún obispo ni he arremetido contra ellos por callar y mirar para otro lado ante la pederastia y otros delitos.

Me declaro por ello culpable de quintacolumnismo clerical y amigo de la jerárquía católica más ultramontana e intolerante de este país. Sólo confío en que se admita como atenuante de ese delito mi declaración solemne y firme de que el obispo Cases, efectivamente, ha metido la pata hasta el corvejón al calificar el espectáculo de blasfemo pero, sobre todo, al compararlo  con el accidente del avión de Spanair en el que perdieron la vida 154 personas.

Finalmente confieso la peor de todas las culpas de las que me declaro responsable: la defensa del principio de que la libertad de expresión no carece de límites y que no es ni ético ni moral ni legal emplearla para zaherir las creencias de los demás. Para mi vergüenza y oprobio y a pesar de que pueda haber gato insularista encerrado, admito  que comparto la posición de Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, de que la diversión y la transgresión propias del carnaval no son patentes de corso que todo lo ampara y todo lo permite. Seguramente esa posición mía tan poco acorde con los tiempos se deba a que soy completamente incapaz de comprender el espíritu del carnaval y, en particular, de la gala drag, en el que sí son consumados catedráticos determinados políticos y políticas municipales. 

Sé que la defensa de los principios que acabo de mencionar me excluye a perpetuidad de cierto progresismo que concibe la libertad de expresión sin más limitaciones que la propia voluntad y los derechos sin ningún contrapeso en deberes, todo ello al tiempo que exige respeto pero no se considera obligada a respetar. A pesar de todo no me pidan que me arrepienta de las culpas que aquí he confesado porque no serviría absolutamente para nada: ante otro caso como este volvería a pensar y a actuar exactamente de la misma manera. 

La importancia de llamarse Iñaki

Yo antes no creía en la Justicia pero hoy la Audiencia de Palma me ha rescatado de las tinieblas y me ha hecho ver la luz: proclamo a los cuatro vientos que creo firmemente en que la Justicia es igual para todos y todas y reniego de los populistas que afirman que es más igual para unos y unas que para otros y otras. En consecuencia, me sumo con fervor al coro de voces blancas que canta sin cesar que las sentencias sólo se pueden respetar y acatar. Me cuidaré por tanto de crítica alguna a las rigurosas medidas cautelares que la Audiencia de Palma le ha impuesto hoy a Iñaki Urdangarín.

No diré, por ejemplo, que es un evidente trato de favor que el autor del guión y actor principal de esa serie de bandoleros titulada “Nóos” pueda seguir viviendo con comodidad en su querida Suiza. Ni me quejaré de que a las juezas que lo condenaron a la “elevada “ pena de 6 años de cárcel les baste con que se pase cada mes por un juzgado suizo que le pille de paso camino del padel o al esquí y se haga unos selfies con el funcionario o funcionaria de turno para que conste en donde y ante quien corresponda.

Además, comparto por completo con las juzgadoras que no hay necesidad alguna de entrar en pormenores sobre el arraigo de Urdangarín en su amado país natal y el nulo riesgo de fuga del condenado. Preciso tan sólo para malpensados que sus señorías se refieren a la reputación pública de Urdangarín como balonmanista de brillante trayectoria y al que en la vida se le ocurririá salir de naja por muy en forma que siga estando. 

Quien me está dando un poquito de pena es el actor secundario Diego Torres, ex profesor y, sin embargo, ex socio y ex amigo de Urdangarín. Él, que con su planta y su labia no le hubiera sacado un euro ni al tonto del pueblo, está bailando con la más fea desde el principio de la película y, seguramente, preguntándose qué ha hecho para merecer esto. Las juezas le impusieron la pena más dura  - 8 años - y ahora, de propina,  le retiran el pasaporte aunque le permiten continuar en libertad.

Pena da también el fiscal Horrach, el hombre que lo apostó todo para salvar a la infanta y cargarle el mochuelo al marido. A la infanta la salvó y ella y la Corona le estarán eternamente agradecidos. Sin embargo, el marido se le está escapando vivo: la sentencia rebaja dos tercios su petición de pena y ahora  las juezas lo dejan en libertad cuando él había pedido prisión eludible con fianza de 200.000 euros. A lo mejor tampoco son ganas de molestar por parte de las magistradas sino que habrán considerado que Urdangarín se quedaría sin tener con qué alimentar a su familia  si tuviera que pagar ese dineral para eludir la prisión. Aunque para pena penita pena la que da el juez Castro: él sí que apostó fuerte y se batió el cobre durante meses para acusar a la infanta y a Urdangarín y ve ahora que casi todo su esfuerzo ha sido en vano.

Y aquí lo dejo ya para no ser irrespetuoso con la luminosa decisión judicial que han adoptado hoy las juezas de Palma y que me han devuelto la fe en esa señora de ojos vendados y balanza en perfeto equilibrio llamada Justicia. Ahora sólo confío en que cuando la causa llegue al Supremo se le rebaje la pena de prisión a Urdangarín de tal manera que la pueda cumplir con algún servicio a la comunidad de su país de adopción y residencia. Podría, por ejemplo, dar alguna conferencia de vez en cuando en algún banco suizo sobre teoría y práctica de cómo mangar de lo público en beneficio propio y familiar. 

Sherlock y el misterio de la banca

Después de muchos meses empujando, el Congreso de los Diputados ha puesto hoy un huevo blanco y hermoso: ha creado una comisión de investigación. Como su propio nombre sugiere, el asunto va de investigar, verbo de un inconfundible aroma a misterio e incertidumbre sobre si el asesino fue el mayordomo o el ama de llaves. De lo que se trata en este caso es de investigar los avatares y sinsabores del sistema financiero de este país, que son sobre todo los de los españoles. Pero no se hagan ilusiones, sus señorías no tienen previsto contar con los servicios de Sherlock Holmes, Philip Marlowe y el inspector Gadget para que los españoles averigüemos quiénes se lo han llevado crudo y se han ido de rositas.

Eso es algo que los  ciudadanos de este país ya sabemos y sufrimos hace tiempo, así que no termino de entender la necesidad de la comisión de marras. Puede que sean ciertas ansias de protagonismo y, sobre todo, la mala conciencia política por la promiscuidad y la connivencia con la que se han relacionado políticos y banqueros durante estos últimos años, pero es sólo una sospecha seguramente sin fundamento. Los partidos también se han puesto hoy de acuerdo para que la investigación arranque allá por el año 2000, cuando Rodrigo Rato hacía milagros económicos en España y hasta Aznar se permitía sonreír mientras inauguraba autopistas de peaje.

Lo que me pregunto es por qué no remontar el periodo investigado a la época de Luis Candelas y José María “El Tempranillo” si al fin y al cabo, salvando los trabucos, sus métodos y los de los banqueros actuales tampoco se diferencian tanto. Seis meses como mínimo dedicarán sus señorías y sus invitados a investigar las causas y consecuencias de la burbuja inmobiliaria, quién la infló y quién  y por qué no la desinfló cuando debía antes de que el estallido nos alcanzara a todos. Se detendrán también los suyo en la rocambolesca fusión de las cajas de ahorro y en aquel rumboso rescate bancario que España nunca pidió pero que nos ha costado un Potosí a pesar de sus “ventajosas condiciones” – Rajoy dixit.

Al tocomocho de las preferentes, a las cláusulas abusivas de las hipotecas y a la salida de Bankia a Bolsa es seguro que dedicarán también unas cuantas semanas los investigadores, con Rato convertido ahora en villano pero con tarjeta black en el bolsillo. Después, redactarán unas conclusiones al gusto de los partidos que tengan mayoría en la comisión, las guardarán en un cajón y se dedicarán a otra cosa.

Que no se me entienda mal: no estoy menospreciando la labor del parlamento pero la experiencia ha demostrado sobradamente que estas comisiones carecen de utilidad y que las responsabilidades políticas que pretenden depurar nunca se llegan a sustanciar. Sería una sorpresa que no espero que esta nueva comisión sobre la banca y el sistema financiero no se convierta, como las anteriores, en un nuevo escenario para la disputa política y el “y tú más”.

Con todas sus deficiencias, que no son pocas, confío mucho más en las investigaciones judiciales que en las políticas, aunque ambas no sean excluyentes. Los jueces han sentado a banqueros en el banquillo de los acusados y alguno incluso purga sus culpas entre rejas, lo nunca visto antes. De las responsabilidades políticas deberíamos ocuparnos los ciudadanos en las urnas y confiar mucho menos en quienes, después de años de dejar hacer y dejar pasar todas las tropelías de la banca, pretenden ahora redimirse de su propia pasividad cuando no de su connivencia.Los culpables que ahora nos pretenden revelar ya los conocemos hace tiempo, así que harían mejor sus señorías en dedicar sus esfuerzos a otros menesteres como, por ejemplo, legislar para que no vuelva a pasar.