Sistema electoral: el reformador que lo reforme

Tengo ya pocas esperanzas de ver reformado el sistema electoral canario antes de que nieve en el Sahara. Camino va esta comunidad autónoma de ser cuarentona y seguimos mareado la misma perdiz legislatura tras legislatura. Si en los primeros compases de la andadura autonómica el sistema aún en vigor fue útil para poner en marcha una nueva etapa histórica en las islas, casi cuarenta años después se ha convertido en la quintaesencia de lo contrario de lo que se supone que debe ser un sistema político represantativo. El actual Parlamento de Canarias parece y es mucho más una cámara de representación territorial que poblacional y es eso lo que desnaturaliza radicalmente su función.

Gracias a un sistema que permite que el 17% de la población elija a la mitad de los parlamentarios y el 83% restante a la otra mitad, CC ha conseguido mantenerse en el ejecutivo durante más de dos décadas y de ahí que su querencia lógica sea seguir con el actual statu quo a toda costa. Cómplices directos de este estado de cosas son el PP y el PSOE. Uno y otro no han dudado nunca en guardar en un cajón sus reivindicaciones sobre el sistema electoral en cuanto se les ha abierto la posibilidad de pactar con CC. Para comprobarlo, basta remitirse a lo ocurrido con el PP y su marcha atrás sobre la modificación del sistema en el reciente debate del estado de la nacionalidad. Unirse a CC como hizo el PP para vetar que las Cortes Generales pudieran introducir cambios en la ley Electoral con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía,  habla por sí sólo de la sinceridad de los populares cuando se refieren a este asunto.

El PSOE, que mientras formó parte del Gobierno mantuvo un perfil bajo y casi invisible en este tema, desenterró el hacha de guerra de la reforma en cuanto fue expulsado del Ejecutivo. Es la eterna historia de esta comunidad autónoma en la que a cambio de tocar poder se posterga algo tan elemental como la calidad del sistema democrático que respiramos los ciudadanos. Junto con el impulso de la economía  y la mejora de los servicios públicos, la búsqueda de un nuevo sistema electoral que se compadezca mucho más con la realidad poblacional sin ignorar el hecho insular, debería ser prioridad número uno del Gobierno de Canarias y del Parlamento de esta comunidad. Sin embargo, la fuerza política que sustenta al Gobierno en minoría se resiste a retocar otra cosa que no sean las barreras de acceso, elevadas en su día no para favorecer la pluralidad política sino para todo lo contrario. Salvo eso, cualquier otro cambio es tabú y no debe ni mencionarse ante posibles pactos de gobierno.

En el Parlamento, una comisión de estudio de la reforma se viene reuniendo desde hace más de un año para escuchar a expertos, politólogos y políticos exponer sus puntos de vista y sus propuestas de modificación del sistema. Cuando acaben las comparecencias se redactaran unas conclusiones  y si ningún partido las hace suyas e impulsa un cambio se guardarán en un cajón hasta que se cree otra comisión en la próxima legislatura y vuelta a empezar. Propuestas de cambio hay y ha habido en abundancia y salvo las inmovilistas que abogan por sostenella y no enmendalla, todas merecen estudio y evaluación por parte de los partidos políticos.

Lo que hace falta es mucha más voluntad y mucho menos cálculo político para empezar a combatir, por ejemplo, las falacias interesadas sobre un supuesto abandono de las islas no capitalinas si se toca la sacrosanta triple paridad. Aunque cada vez queda menos tiempo, aún es posible poner en pie antes de las elecciones de 2019 un nuevo sistema que corrija por fin el escandaloso desequilibrio del valor del voto en función de la isla de residencia. Si bien es cierto que en ningún lugar del mundo hay sistemas electorales proporcionalmente perfectos no por ello merecemos los canarios tener el más desproporcionado de todos los sistemas.       

Del REF y otras hierbas

Aunque creo que me muevo mejor entre letras, hoy he afilado el lápiz y he echado cuentas sobre el nuevo REF canario y sobre los Presupuestos del Estado que Montoro presentará mañana en el Congreso atados con un lazo rojo. No es para echarle agua al vino sino para comprobar si hay razones que justifiquen poner a volar las campanas de La Laguna o si sería más prudente adoptar un tempo algo menos jubiloso. Comencemos por el REF, al que el Gobierno central le acaba de dar una buena mano de pintura después de casi un cuarto de siglo sin tocarlo. En 25 años la gente nace, crece, estudia o trabaja (o ninguna de las dos cosas), se casa y hasta tiene hijos; antes, los hombres tenían tiempo incluso de hacer la mili en Melilla. Pero bien está lo que bien acaba aunque tarde tanto en acabar  y, al decir de tirios y troyanos, este REF reformado parece bastante aseadito.

El nuevo REF

Se mantienen las ayudas al transporte de mercancías y personas y se reconoce que Canarias está lejos del continente europeo y son ocho islas con sus respectivos islotes. Esto último es muy importante y supone un cambio revolucionario porque por aquí abajo ya desesperábamos de que en Madrid comprendieran que Canarias dejó de estar al norte de Argelia desde que Mariano Medina explicaba las isóbaras en la tele. Aunque el principal cambio revolucionario del nuevo REF es su desvinculación del sistema de financiación por el que las comunidades autónomas reciben el dinero con el que pagan la sanidad, la educación y las políticas sociales.

No mezclar el REF – concebido para compensar los costes de la insularidad  y la lejanía – con el acceso a la financiación de los servicios públicos era tan de sentido común como no considerar a Canarias territorio continental equiparable a La Mancha o a Extremadura. Según los cálculos del Gobierno canario, el cambio supondrá que las islas reciban anualmente unos 580 millones de euros más para mejorar la financiación de los servicios públicos, lo cual es un gran respiro. Lo que me inquieta es que en las cuentas del Gobierno canario ya no se hable del déficit de financiación que han venido soportando las islas y que el propio Ejecutivo autonómico ha calculado reiteradamente en 700 millones anuales desde 2009, el año que entró en vigor el sistema actual.

Multiplico los 700 millones por siete años y me sale la bonita cifra de casi 5.000 millones de euros que Canarias debería haber recibido. ¿Ha hecho el Gobierno canario borrón y cuenta nueva con esa deuda histórica tantas veces reclamada? ¿Habrá que exigírsela al maestro armero?. Todo esto sin mencionar que el REF seguirá dependiendo como hasta ahora de las coyunturas económicas y las políticas y disponibilidades presupuestarias de La Moncloa. Es muy loable pretender anclarlo en la Costitución para que sea de obligado cumplimiento por el Gobierno central pero me gustaría ver al PP o al PSOE aceptando atarse las manos constitucionalmente sobre lo que pueden o no pueden hacer con las cuentas públicas.

Unos Presupuestos pendientes de un hilo

En cuanto a los Presupuestos del Estado, el júbilo del Gobierno se concreta en la recuperación de los convenios que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han ido reduciendo a la mínima expresión e incluso suprimiendo literalmente de los presupuestos, como el recuperado Plan de Empleo. Mención especial merece el tan traído y llevado convenio de carreteras al que Montoro le ha dedicado 174 millones de euros, algo menos del doble de lo que incluyó en los anteriores presupuestos. Tampoco en este caso he escuchado decir al Gobierno si va reclamar los cerca de 1.000 millones que Zapatero y Rajoy, con la excusa de la crisis y los recortes, han dejado de poner en los últimos años para cumplir con ese convenio. Por no hablar de los incumplimientos flagrantes del resto de acuerdos entre ambas administraciones de cuya deuda tampoco se dice nada. ¿Se los tendremos que reclamar también al maestro armero?

Sea como sea, Clavijo y Rajoy firmarán el miércoles el acuerdo presupuestario  por el que la diputada de CC, Ana Oramas, apoyará las cuentas públicas durante su trámite en el Congreso. La necesidad de esa firma sólo se justifica por la conocida afición de ambos presidentes a la fotografía digital y, tal vez, por la conveniencia de  escenificar que el buen rollito no ha muerto sino que está más vivo y saludable que nunca, con los populares a las puertas del Gobierno.

No estaría de más que en la foto aparecieran también los diputados del PNV. Los nacionalistas vascos, a la vista de los más de 4.000 millones de euros que Rajoy ha ofrecido a Cataluña para aplacar al soberanismo, andan también haciendo números sobre cuánto cuesta su apoyo a las cuentas de Montoro.  Y, por supuesto, debería entrar también en la imagen el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que se presentó con el PSOE y al que hasta Susana Díaz le ha pedido que mantenga el “no es no” a Rajoy hasta la victoria final. Dicho de otra manera: ¿habrá presupuestos o estaremos vendiendo la piel del oso antes de tiempo? A mi no me miren, ya les he dicho que soy de letras.  

Venezuela y la táctica del calamar

No me extraña que algunos – de algunos ya no me extraña casi nada – intenten justificar el golpe de Estado en Venezuela empleando la táctica del calamar.  La misma consiste en oscurecerlo todo para minimizar la gravedad de hechos que resulten incómodos e imposibles de justificar.  Así, cuando se les pregunta por lo ocurrido ayer  en Venezuela te dicen que es tan grave como condenar a una joven en España por unos tuits sobre el asesinato de Carrero Blanco. Son los mismos que dan por finiquitado el derecho a la libertad de expresión porque alguien no pueda mofarse impunemente de los muertos y luego decir que estaba de guasa.

Pero no nos dejemos enredar por la táctica del calamar y vayamos a lo que importa y a lo que otros pretenden ocultar o minimizar. Que lo ocurrido en Venezuela es un golpe de Estado es algo que Monstesquieu sería el primero en suscribir. Por añadidura, si los tres poderes clásicos de un sistema democrático se concentran en uno solo eso también tiene un nombre: dictadura, todo lo blanda que se quiera mientras los tanques no salgan a la calle, pero dictadura. Pero no hace falta ser Charles Louis de Secondat para llegar a esa conclusión. Cualquiera que tenga ojos y no sea deliberadamente ciego comprenderá que si el Ejecutivo controla al Judicial y este usurpa los poderes del Legislativo, en el sistema político venezolano se ha producido una concentración de poder en manos del presidente Maduro que ninguna constitución democrática del mundo puede amparar salvo en situaciones muy excepcionales y extremas. 

La excusa para este golpe o autogolpe de Estado es que la Asamblea Nacional, el único poder que no controlaba Nicolás Maduro después de perder las últimas elecciones legislativas, no acata las sentencias del Tribunal Supremo, un mero órgano ejecutor de las directrices políticas del presidente y muchos de cuyos magistrados ni siquiera reúnen los requisitos imprescindibles para desempeñar esa responsabilidad. En lugar de procesar por desacato a quien el Supremo entienda que no cumple sus fallos, lo que ha hecho es aprovechar la coyuntura para quedarse con los poderes atribuidos a la soberanía del pueblo venezolano.

Claro que, para quienes defienden la democracia al modo caraqueño, el Supremo ha tenido que actuar así para impedir el avance de las fuerzas imperialistas y sus secuaces, decididas todas ellas en comandita a acabar con la revolución bolivariana que tiene a uno de los principales países petroleros del mundo sumido en la crisis económica, social y política más grave de su historia. Estos irredentos del chavismo seguramente estarían encantados de que los militares se hubieran puesto ya del lado de Maduro en su cruzada contra los “títeres” del capitalismo. Es cierto que los militares, hasta el momento mudos ante lo que está pasando pero a los que la oposición ya acusa de complicidad con el golpe, son pieza clave en la salida de esta situación y son los que pueden inclinar la balanza a favor de la dictadura o de la democracia. Por lo pronto, la fiscal general Luisa Ortega, nada sospechosa de ser próxima a la oposición, ha denunciado la violación del orden constitucional y ahora veremos cuánto tiempo más permanecerá en el cargo.

La situación es incierta y potencialmente explosiva. Mucha capacidad de presión y de mediación tendrá que demostrar la comunidad internacional para encausar el conflicto y evitar que desemboque en una confrontación abierta entre venezolanos. La práctica totalidad de los países americanos, las instituciones europeas y unos cuantos países del viejo continente – entre ellos España -  han condenado sin ambages lo que ya se conoce como el  “madurazo”, un golpe de estado  que abre un escenario peligroso e imprevisible en un país ya sumido en una interminable crisis cada día más enquistada.Lo lamento por esas almas revolucionarias cándidas y puras si en esas condenas no se incluyen también las sentencias incómodas de la justicia española, la pobreza en Somalia o la caza de ballenas en la Antártida a ver si de ese modo logran ocultar o minimizar la gravedad de los hechos en Venezuela. La tinta de calamar, ya saben...