Tengo ya pocas
esperanzas de ver reformado el sistema electoral canario antes de que nieve en
el Sahara. Camino va esta comunidad autónoma de ser cuarentona y seguimos
mareado la misma perdiz legislatura tras legislatura. Si en los primeros
compases de la andadura autonómica el sistema aún en vigor fue útil para poner
en marcha una nueva etapa histórica en las islas, casi cuarenta años después se
ha convertido en la quintaesencia de lo contrario de lo que se supone que debe
ser un sistema político represantativo. El actual Parlamento de Canarias parece
y es mucho más una cámara de representación territorial que poblacional y es eso
lo que desnaturaliza radicalmente su función.
Gracias a un
sistema que permite que el 17% de la población elija a la mitad de los
parlamentarios y el 83% restante a la otra mitad, CC ha conseguido mantenerse
en el ejecutivo durante más de dos décadas y de ahí que su querencia lógica sea
seguir con el actual statu quo a toda costa. Cómplices directos de este estado
de cosas son el PP y el PSOE. Uno y otro no han dudado nunca en guardar en un
cajón sus reivindicaciones sobre el sistema electoral en cuanto se les ha
abierto la posibilidad de pactar con CC. Para comprobarlo, basta remitirse a lo
ocurrido con el PP y su marcha atrás sobre la modificación del sistema en el
reciente debate del estado de la nacionalidad. Unirse a CC como hizo el PP para
vetar que las Cortes Generales pudieran introducir cambios en la ley Electoral
con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía, habla por sí sólo de la sinceridad de los
populares cuando se refieren a este asunto.
El PSOE, que
mientras formó parte del Gobierno mantuvo un perfil bajo y casi invisible en este
tema, desenterró el hacha de guerra de la reforma en cuanto fue expulsado del
Ejecutivo. Es la eterna historia de esta comunidad autónoma en la que a cambio
de tocar poder se posterga algo tan elemental como la calidad del sistema
democrático que respiramos los ciudadanos. Junto con el impulso de la
economía y la mejora de los servicios
públicos, la búsqueda de un nuevo sistema electoral que se compadezca mucho más
con la realidad poblacional sin ignorar el hecho insular, debería ser prioridad
número uno del Gobierno de Canarias y del Parlamento de esta comunidad. Sin
embargo, la fuerza política que sustenta al Gobierno en minoría se resiste a
retocar otra cosa que no sean las barreras de acceso, elevadas en su día no
para favorecer la pluralidad política sino para todo lo contrario. Salvo eso,
cualquier otro cambio es tabú y no debe ni mencionarse ante posibles pactos de
gobierno.
En el
Parlamento, una comisión de estudio de la reforma se viene reuniendo desde hace
más de un año para escuchar a expertos, politólogos y políticos exponer sus
puntos de vista y sus propuestas de modificación del sistema. Cuando acaben las
comparecencias se redactaran unas conclusiones y si ningún partido las hace suyas e impulsa un
cambio se guardarán en un cajón hasta que se cree otra comisión en la próxima
legislatura y vuelta a empezar. Propuestas de cambio hay y ha habido en
abundancia y salvo las inmovilistas que abogan por sostenella y no enmendalla,
todas merecen estudio y evaluación por
parte de los partidos políticos.
Lo que hace
falta es mucha más voluntad y mucho menos cálculo político para empezar a
combatir, por ejemplo, las falacias interesadas sobre un supuesto abandono de
las islas no capitalinas si se toca la sacrosanta triple paridad. Aunque cada vez queda menos tiempo, aún es posible poner en pie antes
de las elecciones de 2019 un nuevo sistema que corrija por fin el escandaloso
desequilibrio del valor del voto en función de la isla de residencia. Si bien
es cierto que en ningún lugar del mundo hay sistemas electorales
proporcionalmente perfectos no por ello merecemos los canarios tener el más
desproporcionado de todos los sistemas.
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