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Sistema electoral: el reformador que lo reforme

Tengo ya pocas esperanzas de ver reformado el sistema electoral canario antes de que nieve en el Sahara. Camino va esta comunidad autónoma de ser cuarentona y seguimos mareado la misma perdiz legislatura tras legislatura. Si en los primeros compases de la andadura autonómica el sistema aún en vigor fue útil para poner en marcha una nueva etapa histórica en las islas, casi cuarenta años después se ha convertido en la quintaesencia de lo contrario de lo que se supone que debe ser un sistema político represantativo. El actual Parlamento de Canarias parece y es mucho más una cámara de representación territorial que poblacional y es eso lo que desnaturaliza radicalmente su función.

Gracias a un sistema que permite que el 17% de la población elija a la mitad de los parlamentarios y el 83% restante a la otra mitad, CC ha conseguido mantenerse en el ejecutivo durante más de dos décadas y de ahí que su querencia lógica sea seguir con el actual statu quo a toda costa. Cómplices directos de este estado de cosas son el PP y el PSOE. Uno y otro no han dudado nunca en guardar en un cajón sus reivindicaciones sobre el sistema electoral en cuanto se les ha abierto la posibilidad de pactar con CC. Para comprobarlo, basta remitirse a lo ocurrido con el PP y su marcha atrás sobre la modificación del sistema en el reciente debate del estado de la nacionalidad. Unirse a CC como hizo el PP para vetar que las Cortes Generales pudieran introducir cambios en la ley Electoral con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía,  habla por sí sólo de la sinceridad de los populares cuando se refieren a este asunto.


El PSOE, que mientras formó parte del Gobierno mantuvo un perfil bajo y casi invisible en este tema, desenterró el hacha de guerra de la reforma en cuanto fue expulsado del Ejecutivo. Es la eterna historia de esta comunidad autónoma en la que a cambio de tocar poder se posterga algo tan elemental como la calidad del sistema democrático que respiramos los ciudadanos. Junto con el impulso de la economía  y la mejora de los servicios públicos, la búsqueda de un nuevo sistema electoral que se compadezca mucho más con la realidad poblacional sin ignorar el hecho insular, debería ser prioridad número uno del Gobierno de Canarias y del Parlamento de esta comunidad. Sin embargo, la fuerza política que sustenta al Gobierno en minoría se resiste a retocar otra cosa que no sean las barreras de acceso, elevadas en su día no para favorecer la pluralidad política sino para todo lo contrario. Salvo eso, cualquier otro cambio es tabú y no debe ni mencionarse ante posibles pactos de gobierno.

En el Parlamento, una comisión de estudio de la reforma se viene reuniendo desde hace más de un año para escuchar a expertos, politólogos y políticos exponer sus puntos de vista y sus propuestas de modificación del sistema. Cuando acaben las comparecencias se redactaran unas conclusiones  y si ningún partido las hace suyas e impulsa un cambio se guardarán en un cajón hasta que se cree otra comisión en la próxima legislatura y vuelta a empezar. Propuestas de cambio hay y ha habido en abundancia y salvo las inmovilistas que abogan por sostenella y no enmendalla, todas merecen estudio y evaluación por parte de los partidos políticos.

Lo que hace falta es mucha más voluntad y mucho menos cálculo político para empezar a combatir, por ejemplo, las falacias interesadas sobre un supuesto abandono de las islas no capitalinas si se toca la sacrosanta triple paridad. Aunque cada vez queda menos tiempo, aún es posible poner en pie antes de las elecciones de 2019 un nuevo sistema que corrija por fin el escandaloso desequilibrio del valor del voto en función de la isla de residencia. Si bien es cierto que en ningún lugar del mundo hay sistemas electorales proporcionalmente perfectos no por ello merecemos los canarios tener el más desproporcionado de todos los sistemas.       

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