Clavijo cruza el ecuador

Siguiendo la costumbre política de convocar a los medios para hacer balance de la gestión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido echar esta semana su particular cuarto a espadas. De su balance han destacado las crónicas el descenso del desempleo desde que llegó al Gobierno en julio de 2015. En estos dos años el número de parados se ha reducido en casi 30.000 personas y el de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en unas 70.000. Hasta ahí bien, aunque la cuestión de fondo es cuál ha sido la influencia real del Gobierno sobre esa reducción del paro y qué parte corresponde a la recuperación de la economía. No parece que haya dudas sobre la ínfima capacidad gubernativa para influir en los contratos y en su calidad, en los despidos o en los salarios, todos ellos asuntos fuera de su alcance.

En materia de empleo sus competencias son básicamente la formación y reinserción de parados, la seguridad laboral y la persecución de la economía sumergida y todo ello de la mano y con los recursos de la administración central. Prueba de todo lo anterior es el pálido reflejo que han tenido en las cifras de paro los casi 30 millones de turistas que han visitado Canarias en estos dos años. Ni siquiera puede el presidente echar mano de una nueva Ley del Suelo que aún no ha entrado en vigor ni tiene reglamento de desarrollo para atribuirle parte al menos del descenso del desempleo. Lo mismo cabe decir del tormentoso Fondo de Desarrollo de Canarias derivado de los recursos del IGTE, que apenas si está empezando a echar a andar ahora. Para valorar el efecto de ambas medidas sobre el empleo habrá que esperar al menos hasta el final de la legislatura. Para entonces Clavijo confía en que, si las previsiones macroeconómicas se mantienen, las islas puedan situarse con un 20% de paro, lo cual seguirá siendo una barbaridad. 

“La creación de empleo obedece sobre todo a la mejora  de la economía más que a las medidas del Gobierno” 

En el ámbito de los servicios públicos el balance hay que situarlo en la casilla del PSOE, que los gestionó salvo el de educación hasta la ruptura del acuerdo con CC en diciembre. Si bien han sido los nacionalistas los que han controlado el presupuesto, las listas de espera sanitarias y de dependencia y las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social siguen siendo de las más largas y altas de España. Hasta dónde se debe a un problema de insuficiencia de recursos o de gestión ineficaz es precisamente lo que enfrenta a las fuerzas políticas sobre un asunto que debería quedar lo más al margen posible de la guerra partidista. Los seis meses que llevan en sus cargos los nuevos consejeros responsables de la sanidad y los servicios sociales no son tiempo suficiente para hacer balance pero de momento ninguna de esas cifras presenta indicios significativos de mejoría. Cabe exigir que con el incremento de los recursos vía crecimiento económico y la mejora de las partidas procedentes de la administración central esa situación dé un vuelco radical. 

El cambio de las relaciones con el Gobierno central después de una legislatura a cara de perro es otra de las notas características de estos dos años. El “buen rollito” ha terminado dando algunos frutos relevantes como la cesión del IGTE (que pudo haberse gestionado de forma mucho menos retorcida), la modificación de los aspectos económicos del REF o la separación de ese régimen de la financiación autonómica. CC ha jugado con inteligencia la carta de su única diputada en Madrid quien, después de firmar con Pedro Sánchez la llamada “agenda canaria”, no dudo en ponérsela sobre la mesa a un Rajoy en minoría y necesitado de cuántos más apoyos mejor. Con el PSOE enrocado en el “no es no”, CC ha aprovechado la coyuntura para arrancar de Madrid concesiones impensables en un escenario en el que su voto hubiera sido sólo uno más y no uno de los decisivos.

“Los  servicios públicos básicos siguen muy lejos de haber mejorado de forma sustancial”

En el balance de estos dos años no se puede obviar la inestabilidad política latente que presidió el pacto entre CC y el PSOE hasta la ruptura de diciembre: incumplimientos, desplantes y desaires ante los que los socialistas no supieron reaccionar como correspondía a las circunstancias, abandonando el Ejecutivo antes de ser expulsados. La segunda parte de la legislatura la inicia ahora CC en minoría y con evidentes pocas ganas de atender a los requiebros del PP para entrar en el Gobierno. Su deseo público y confeso es que los populares sigan apoyando desde fuera, algo que estos aseguran no estar dispuestos a hacer. La cuestión es qué alternativa tiene el PP si no quiere salir de la situación en la qué lo metió su presidente Antona sin dar la imagen de haber fracasado. 

Tanto si acepta lo poco que CC parece ofrecerle como si se mantiene fuera del Gobierno, su capacidad de maniobra seguirá siendo limitada mientras Rajoy necesite del voto de Ana Oramas. Eso, que Antona no parece que calculara del todo cuando tocó en la puerta del Gobierno, lo sabe y lo explota a conciencia CC, que puede que no se vea en otra situación tan favorable para sus intereses políticos. Así pues, Clavijo cruza el ecuador de la legislatura en minoría y no habría que descartar por completo la posibilidad de que concluya el camino en la misma situación para hacer un nuevo balance dentro de dos años que serán entonces los canarios quienes tendrán que valorar. 

Miguel Ángel Blanco y la desmemoria

Creo que a la mayoría de los españoles que entonces tenía algo de uso de razón y se preocupaba un poco por lo que pasaba en este país, no se le olvidará jamás el asesinato hace ahora 20 años de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En mi caso, solo escuchar el nombre del joven concejal del PP en Ermua reactiva casi como si hubiera ocurrido hoy la rabia de aquellos tres ominosos días de julio del 97, desde el secuestro, la extorsión y el chantaje, hasta los dos tiros infalibles en la nuca del hijo de emigrantes gallegos al que ni siquiera le interesaba mucho la política. Estos días, con ocasión del vigésimo aniversario de su martirio, el estómago se me ha vuelto a revolver de asco y repugnancia al revivir el cinismo sonriente con el que sus asesinos “Amaia” y “Txapote” afrontaron el juicio que se siguió contra ellos en la Audiencia Nacional.

¿Cómo olvidar aquellas horas de angustia y de impotencia, aquella agonía con la certeza casi completa de que Miguel Ángel Blanco sería asesinado por sus captores, que nada salvaría ya su joven vida de las balas criminales de ETA?. Es imposible salvo que un témpano de hielo ocupe el lugar del corazón y el fanatismo más absoluto haya nublado la razón como había ocurrido con la de los asesinos etarras. Pero no se trataba solo de condenar el asesinato de Blanco y olvidar lo ocurrido hasta que tuviera lugar un nuevo atentado, no en este caso. Ahora había sido diferente, ahora ETA había traspasado todos lo límites imaginables y había alcanzado el non plus ultra de su barbarie; como se dice últimamente, se había dado un tiro en un pie con el que probablemente fue el peor de los errores de la banda en su larga historia de muerte, extorsión y chantaje. 

“Con el asesinato de Miguel Ángel Blanco empezó el principio del fin de ETA” 

Seguramente no tardó en comprenderlo cuando millones de españoles se echaron a la calle para gritar ¡basta ya! y mostrar sus manos blancas contra el terrorismo. Los ciudadanos arrastraron a los partidos democráticos y obligaron a sus líderes a marcar de una vez por todas una línea divisora entre aquellos días de julio del 97 y el futuro: aquí tiene que comenzar el fin definitivo de ETA. Y así fue, el asesinato de Miguel Ángel Blanco significó el inicio del declive de la banda terrorista y, aunque aún hizo más daño, la cuenta atrás ya fue imparable hasta que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de sus atentados terroristas.

Lo que parecía casi inimaginable se había producido: la sociedad española se había puesto en primera línea en la lucha contra ETA y a muchos que hasta entonces solo veían en los terroristas a valerosos luchadores por la libertad de una “Euskalerría” sojuzgada por el fascismo y la dictadura, se les cayó la venda de los ojos para siempre. La eficaz acción coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y francesas completo la tarea de convertir a ETA en una feroz pesadilla del pasado que ni la sociedad vasca ni la española podrán olvidar en décadas. 

“¿Es que nunca aprenderemos en este país de nuestros errores?” 

Hoy ETA es poco más que un cadáver sin mortaja del que lo único que se espera es que muera definitivamente para que pueda ser enterrado bien hondo y para siempre. Y es a esa tarea a la que deberían dedicar sus esfuerzos todos los partidos políticos democráticos sin excepción. Sin embargo, el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco ha vuelto a sacar a la luz lo peor de la política de este país: las absurdas excusas de la alcaldesa de Madrid para negarle un merecido homenaje a quien con su muerte activó los resortes de rechazo de una sociedad harta de violencia, la indisimulada patrimonialización por parte del PP de alguien que al segundo de su muerte ya había dejado de ser concejal popular para convertirse en símbolo social contra el terrorismo y, por último, un PSOE al que en asuntos como este le sobra demasiada tibieza y la falta mucha claridad y contundencia.   

Para las fuerzas políticas es como si el llamado “espíritu de Ermua”, que reunió a los demócratas bajo la bandera del rechazo a la violencia terrorista, hubiera caducado y la memoria de Miguel Ángel Blanco no mereciera más que trifulcas y dimes y diretes entrecruzados. Es descorazonador y lleva a preguntarse si en este país no hay nada capaz de unir a los partidos por encima de sus legítimas estrategias y si ni siquiera el ejemplo modélico de una sociedad volcada en la calle contra el látigo inmisericorde de ETA, el peligro más cierto al que se enfrentó la joven democracia, merece ser recordado y respetado sin poses ni numeritos. ¿Es que nunca seremos capaces en este país de aprender de nuestros errores?

Las grietas de Maduro

Será por las relaciones históricas o será por la contumacia con la que los promotores de la "nueva política" en España se obstinan en negar las pruebas. Lo cierto es que para los españoles en general y para los canarios en particular, la situación política en Venezuela no puede pasar desapercibida. En un contexto de deriva autoritaria del régimen que encabeza Nicolás Maduro, la oposición acaba de anotarse una importante victoria con la excarcelación y pase a arresto domiciliario del líder opositor, Leopoldo López.  En primer lugar porque pone de manifiesto una nueva grieta en un régimen que está empezando a dar señales de resquebrajamiento a medida que endurece la represión contra las manifestaciones callejeras que ya se han cobrado más de noventa víctimas mortales.

Pudiera parecer que Maduro está fuerte y conserva intactos los apoyos del chavismo porque grita mucho y hasta amenaza con defender con las armas lo que no consiga con los votos. Sólo por esa frase, pronunciada hace pocos días, bastaría para retratar la convicción democrática del personaje pero, aún así, hay quienes como el líder de IU, Alberto Garzón, se resisten a considerar que estamos ante un autócrata  y se permite llamar golpista a Leopoldo López. Además de la presión internacional sobre Maduro para que abra el diálogo con la oposición y se convoquen nuevas elecciones, la propia dinámica de la situación interna está empezando a empujar al autoritario presidente venezolano hacia el borde del abismo.

“Por más que grite y amenace,  Maduro está empezando a mostrar grietas importantes” 

Junto con las incesantes manifestaciones de la oposición, de las que se cumplen ya cien días y a las que ni la represión policial consiguen acallar, en los últimos días se han producido algunos hechos que pueden ser tomados como ejemplos de la situación límite del chavismo. El primero fue el extraño tiroteo desde un helicóptero policial contra la sede del Tribunal Supremo. De su autor, un policía y actor, nada más se ha sabido y mucho menos de cuáles eran sus verdaderas intenciones ni con qué respaldo contaba o cuenta aún. Si descartamos un autogolpe para justificar la intensificación de la represión, que también pudiera ser, podríamos encontrarnos ante una seria advertencia de las fuerzas armadas a Maduro ante el clima de confrontación civil que se respira en el país.

Mucho más claro y transparente en sus motivaciones fue el asalto y secuestro durante casi ocho horas de los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por un grupo de energúmenos armados con palos y cuchillos. Las condenas por parte de Maduro no consiguen, sin embargo, desterrar la sospecha de que detrás del ataque está el chavismo más extremista que, a la desesperada, quiere atemorizar a la oposición parlamentaria. Aunque para grieta evidente en el régimen chavista hay que citar a la fiscal general Luisa Ortega, que se ha convertido en la única voz discordante de un poder judicial sumiso y obediente ante Maduro. Ortega ha afeado con dureza el remedo ilegal de Asamblea Nacional Constituyente que Maduro se ha sacado de la manga para intentar  anular a la que los venezolanos eligieron a finales de 2015 y a la que el presidente no puede poner también a sus pies como ha hecho con el poder judicial. 

“Con la excarcelación de Leopoldo López, el régimen busca ganar tiempo y aliviar la presión ” 

El sueño de Maduro de concentrar en sus manos todo el poder empezó a torcerse cuando los venezolanos dejaron al chavismo en minoría. A partir de ahí, ha iniciado una huída hacia delante de la que el último episodio ha sido precisamente la liberación a medias de Leopoldo López. Sería un error ver en esa decisión un gesto de buena voluntad hacia la oposición para reconducir la situación del país. Se trata más bien de una maniobra para ganar tiempo y aliviar la presión internacional y de la calle con la vista puesta en recuperar las fuerzas necesarias para continuar aferrado al poder como un náufrago a una tabla. 

Y es por eso y antes de que la defensa del poder por parte del chavismo desemboque en consecuencias aún peores, por lo que es el momento de que la comunidad internacional y la oposición obliguen a Maduro a liberar al resto de los presos políticos y a sentarse a negociar una salida pacífica y democrática de un régimen que se empieza a agrietar tanto como su cabeza visible y que amenaza con alcanzar en su caída a todos los venezolanos.