Siguiendo la
costumbre política de convocar a los medios para hacer balance de la gestión,
el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido echar esta
semana su particular cuarto a espadas. De su balance han destacado las crónicas
el descenso del desempleo desde que llegó al Gobierno en julio de 2015. En
estos dos años el número de parados se ha reducido en casi 30.000 personas y el de
afiliados a la Seguridad Social se ha
incrementado en unas 70.000. Hasta ahí bien, aunque la cuestión de fondo es
cuál ha sido la influencia real del Gobierno sobre esa reducción
del paro y qué parte corresponde a la recuperación de la economía. No
parece que haya dudas sobre la ínfima capacidad gubernativa para
influir en los contratos y en su calidad, en los despidos o en los salarios, todos
ellos asuntos fuera de su alcance.
En materia de
empleo sus competencias son básicamente la formación y
reinserción de parados, la seguridad laboral y la persecución de la
economía sumergida y todo ello de la mano y con los recursos de la
administración central. Prueba de todo lo anterior es el pálido reflejo que han
tenido en las cifras de paro los casi 30 millones de turistas que han visitado Canarias en estos dos años. Ni siquiera puede el presidente echar
mano de una nueva Ley del Suelo que aún no ha entrado en vigor ni tiene
reglamento de desarrollo para atribuirle parte al menos del descenso del
desempleo. Lo mismo cabe decir del tormentoso Fondo de Desarrollo de Canarias
derivado de los recursos del IGTE, que apenas si está empezando a echar a andar
ahora. Para valorar el efecto de ambas medidas sobre el empleo habrá que esperar
al menos hasta el final de la legislatura. Para entonces Clavijo confía en que,
si las previsiones macroeconómicas se mantienen, las islas puedan situarse con
un 20% de paro, lo cual seguirá siendo una barbaridad.
“La creación de empleo obedece sobre todo a la mejora de la economía más que a las medidas del Gobierno”
En el ámbito
de los servicios públicos el balance hay que situarlo en la casilla del PSOE, que
los gestionó salvo el de educación hasta la ruptura del acuerdo con CC en diciembre. Si bien han sido
los nacionalistas los que han controlado el presupuesto, las listas de espera sanitarias y de dependencia y las estadísticas
oficiales de pobreza y exclusión social siguen siendo de las más largas y altas
de España. Hasta dónde se debe a un problema de insuficiencia de recursos o de
gestión ineficaz es precisamente lo que enfrenta a las fuerzas
políticas sobre un asunto que debería quedar lo más al margen posible de la guerra partidista. Los seis meses que llevan en sus cargos los nuevos
consejeros responsables de la sanidad y los servicios sociales no son tiempo
suficiente para hacer balance pero de momento ninguna de esas cifras presenta
indicios significativos de mejoría. Cabe exigir que con el incremento de los recursos vía crecimiento económico y la mejora de las partidas procedentes de la administración central esa situación dé un vuelco radical.
El cambio de
las relaciones con el Gobierno central después de una legislatura a cara de
perro es otra de las notas características de estos dos años. El “buen rollito” ha terminado dando algunos frutos relevantes
como la cesión del IGTE (que pudo haberse gestionado de forma mucho menos retorcida), la modificación de los aspectos económicos del REF o la
separación de ese régimen de la financiación autonómica. CC ha jugado con
inteligencia la carta de su única diputada en Madrid quien, después de firmar
con Pedro Sánchez la llamada “agenda canaria”, no dudo en ponérsela sobre la mesa
a un Rajoy en minoría y necesitado de cuántos más apoyos mejor. Con el PSOE
enrocado en el “no es no”, CC ha aprovechado la coyuntura para arrancar de
Madrid concesiones impensables en un escenario en el que su voto hubiera sido sólo
uno más y no uno de los decisivos.
“Los servicios públicos básicos siguen muy lejos de
haber mejorado de forma sustancial”
En el balance
de estos dos años no se puede obviar la inestabilidad política latente que
presidió el pacto entre CC y el PSOE hasta la ruptura de diciembre:
incumplimientos, desplantes y desaires ante los que los socialistas no supieron
reaccionar como correspondía a las circunstancias, abandonando el Ejecutivo
antes de ser expulsados. La segunda parte de la legislatura la inicia ahora CC en
minoría y con evidentes pocas ganas de atender a los requiebros del PP para
entrar en el Gobierno. Su deseo público y confeso es que los populares sigan
apoyando desde fuera, algo que estos aseguran no estar dispuestos a hacer. La cuestión es qué alternativa tiene el PP si no quiere salir
de la situación en la qué lo metió su presidente Antona sin dar la imagen de
haber fracasado.
Tanto si acepta
lo poco que CC parece ofrecerle como si se mantiene fuera del Gobierno, su capacidad
de maniobra seguirá siendo limitada mientras Rajoy necesite del voto de
Ana Oramas. Eso, que Antona no parece que calculara del todo cuando tocó en la
puerta del Gobierno, lo sabe y lo explota a conciencia CC, que puede que no se
vea en otra situación tan favorable para sus intereses políticos. Así pues,
Clavijo cruza el ecuador de la legislatura en minoría y no habría que descartar por
completo la posibilidad de que concluya el camino en la misma situación para
hacer un nuevo balance dentro de dos años que serán entonces los canarios quienes tendrán que valorar.
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