Contando olas de COVID-19

Confieso con sinceridad y sin asomo de ironía que ya dudo sobre la ola de COVID-19 en la que nos encontramos en este momento y lugar. En algunos medios leo que vamos por la sexta y en otros que aún estamos en la quinta, pero esperando por la siguiente en un suma y sigue continuo. Puede que sea solo el fruto de la confusión de la que sigue adoleciendo la lucha contra la pandemia con sus subidas y bajadas de nivel de riesgo y su galimatías de medidas contradictorias, el lío jurídico que la rodea y un cierto periodismo más interesado en ponernos los pelos de punta que en contarnos la realidad sin agravarla más de lo que ya está. En todo caso puede que el virus se vuelva endémico aunque menos peligroso y se quede para siempre entre nosotros, lo que permite suponer que las olas continuarán yendo y viniendo como las del mar. Pero eso es lo de menos, lo que realmente nos debe preocupar es ser capaces de construir diques para contenerlas y recuperar las libertades sacrificadas, el curso de nuestras vidas y la economía.  

EFE

Desescalar con prudencia

La clave es aprender de lo que se ha hecho mal, que tiempo de sobra ha habido, para no estrellarnos de nuevo contra los mismos o parecidos errores. A fecha de hoy parece que los contagios descienden, si bien la presión hospitalaria es aún elevada y todos los días mueren personas como consecuencia de la enfermedad. Nos queda como mínimo agosto para saber si se ha superado esta ola, sea la quinta o la sexta, tanto da. Respirar con relativo alivio cuando llegue septiembre y se acerque el otoño dependerá, entre otras cosas, de que la vacunación continúe a buen ritmo entre los jóvenes y de la responsabilidad social de vacunados y no vacunados.  

También es crucial que no aparezca una nueva mutación que deje inoperativas las vacunas disponibles y la pandemia se vuelva a descontrolar como ya nos ha pasado en varias ocasiones desde principios del año pasado. Especialistas de reconocida solvencia como Rafael Bengoa alertan de la necesidad de no empezar a correr de nuevo en la desescalada antes de haber afianzado el control sobre la situación actual. Ir con pies de plomo sería la consigna si queremos empezar a construir esos diques de los que hablaba antes.

"Nos queda como mínimo el mes de agosto para saber si se ha superado esta ola"

Hay pocas dudas a estas alturas de que, de haberse impuesto el principio de prudencia y no el cálculo político o la ansiedad económica, no se habría anunciado irresponsablemente el triunfo sobre el virus como hizo hace más de un año Pedro Sánchez; tampoco se habría levantado el estado de alarma sin legislar para dar cobertura legal a las comunidades autónomas y no se habría relajado el uso de la mascarilla ni se habría vendido cien veces la inminente vuelta de los turistas cuando las evidencias no apuntaban en esa dirección. 

La confusión sobre la tercera dosis y el reto del otoño

El principio de prudencia exige también estar atentos a la evolución de la pandemia en otros países para no desdeñar, como se hizo alegremente en primavera con la variante delta, los riesgos derivados de mutaciones con un alto poder de contagio y/o letalidad. Es imprescindible una vuelta al cole ordenada, habida cuenta de que aún no hay vacuna para menores de 12 años, así como prever el regreso de los universitarios a las aulas y el de los ciudadanos hoy de vacaciones a sus puestos de trabajo. Se trata de factores de riesgo en los que hay que pensar ahora y no cuando volvamos a tener la situación manga por hombro, la piedra en la que no hemos dejado de tropezar una y otra vez. 

También es muy conveniente que el Gobierno cese de enviar mensajes contradictorios a la población sobre la tercera dosis de la vacuna y aclare cuanto antes qué piensa hacer, cómo y cuándo. Mientras Alemania, Francia o el Reino Unido ya han anunciado que a partir de septiembre habrá un tercer pinchazo de refuerzo entre los grupos más vulnerables, en España la ministra de Sanidad y la de Ciencia se contradicen en público sobre si se administrará o no, añadiendo más confusión a la ya existente. 

"Resolver el alboroto jurídico debería ser prioritario"

Aunque para confusión y caos, achacable en exclusiva al Gobierno central, la generada tras el fin del estado de alarma sin dotar a las comunidades autónomas de cobertura jurídica que les ahorrara los revolcones judiciales. Aunque no es el único, el caso canario es paradigmático de las consecuencias de que el señor Sánchez decidiera en mayo desentenderse de la gestión de la crisis y pusiera el marrón en el tejado de las autonomías, mientras él se llenaba la boca de "cogobernanza" y se dedicaba en exclusiva a cantar las alabanzas de una recuperación económica aún más imaginada que real. Resolver este alboroto jurídico debería ser prioritario en cuanto comience el nuevo curso político, pero desgraciadamente no parece que haya intención de hacer nada al respecto.   

Obligatoriedad de la vacuna y certificado COVID

Ahora se debate sobre la vacunación obligatoria de determinados colectivos o si puede exigirse algún tipo de certificado para acceder a algunos establecimientos. Se trata de otro debate que afecta de nuevo a libertades y derechos fundamentales y que, en todo caso, se debería estar sustanciando en el Congreso de los Diputados y no en los medios de comunicación y en las redes sociales. España se nos muestra así como un país en el que, con tal de eludir responsabilidades y no cumplir sus obligaciones, los políticos con mando en plaza buscan chivos expiatorios en el negacionismo, en los jóvenes "irresponsables" que hacen botellones o en los jueces por no transigir con los trágalas del gobierno. 

"Se trata de otro debate que afecta a derechos fundamentales"

Particularmente grave e insidioso es el inmisericorde ataque contra el Poder Judicial por cumplir con su función constitucional y hacer valer la separación de poderes. Es absurdo e impropio que el poder ejecutivo pida a los jueces que "unifiquen criterios", como ha hecho el presidente canario. Si Ángel Víctor Torres fuera un político valiente habría pedido hace tiempo el estado de alarma en las islas o, mejor aún, habría exigido al Gobierno de su partido que cuanto antes impulse en el Congreso una legislación que ponga fin al desorden actual para poder actuar con amparo legal suficiente si fuera necesario. 

Sin embargo, parece que cualquier excusa, incluso deslegitimar a uno de los poderes del Estado y poner en solfa derechos y libertades constitucionales, es buena si sirve para ocultar que en no pocas ocasiones se ha actuado más por cálculo político que en función de la prudencia y el parecer científico. Puestos a hablar de negacionismo y de responsabilidad, la realidad es que la inmensa mayoría de los españoles merecen un sobresaliente a pesar de unos gestores políticos acreedores de un suspenso general. En su gestión imprudente y desnortada encontramos parte de la respuesta al actual clima social de hartazgo cuando no de indiferencia o rechazo frente a medidas muchas veces ininteligibles. Lo dramático es que mientras no hagan sus deberes y merezcan el aprobado seguiremos contando olas y sufriéndolas. 

Hablemos del suicidio

En las cerca de dos horas y media que he tardado en escribir este artículo una persona se ha suicidado en España. Son una media de diez al día, el doble de las que pierden la vida en accidentes de tráfico y once veces más que las provocadas por homicidios. En 2019, el último año del que hay estadísticas oficiales, hubo en España 3.671 suicidios (2.771 hombres y 900 mujeres). Fueron un 3,7% más que en 2018 y elevaron la tasa a 7,8 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a los casi 12 de media de la UE. En Canarias se quitaron la vida ese año 197 personas (165 hombres y 32 mujeres) y la tasa se elevó a 9,5 casos, casi dos puntos más que la media nacional. Los profesionales insisten en alertar de los efectos del confinamiento sobre la salud mental y del incremento de las consultas psiquiátricas, especialmente entre los jóvenes. Las frías pero certeras estadísticas dicen que 309 jóvenes de entre 15 y 29 años se quitaron la vida en 2019 en nuestro país. Así que es hora de hablar abiertamente y con responsabilidad del suicidio, la primera causa de muerte no natural en España, que la OMS ya consideró una prioridad de salud pública mucho antes de que el COVID - 19 se cruzara en nuestras vidas.

Una muestra de la fragilidad humana y un drama vital

La mejor manera de encarar un problema no es escondiéndolo debajo de la alfombra, sino poniéndolo sobre la mesa para estudiarlo y definirlo con precisión y acordar cómo abordarlo. El silencio que impone el tabú de la muerte en nuestra cultura es una barrera que impide a la sociedad mirar este problema de frente. Con esta afirmación solo reflejo una posición que me atrevo a calificar de unánime entre los profesionales de la salud. Son ellos en realidad quienes intentan desde hace tiempo, aunque sin mucho éxito, superar la creencia de que hablar del suicidio, siempre que se haga con seriedad, tiene efectos contagiosos. El problema de estos profesionales, que es también el de toda la sociedad, es que sus voces apenas consiguen traspasar sus ámbitos de discusión y muy a duras penas se les escucha en los medios de comunicación, a veces más proclives al sensacionalismo morboso y al trazo grueso. Pero sabido es que lo que no está en los medios tampoco está en la agenda política, así que pasa el tiempo, el problema se agrava y los poderes públicos siguen mirando a otro lado. 

"Un suicida es una persona que quiere seguir viviendo pero no sabe cómo"

Aunque ni por asomo se me ocurriría explayarme intentando sentar cátedra sobre las causas del suicidio, creo que cualquiera puede comprender que se trata de un fenómeno complejo, multidimensional y multifactorial que no se puede despachar con ligereza. Lo primero que deberíamos asumir es que el suicidio es, ante todo, una muestra de la vulnerabilidad del ser humano: siempre ha habido suicidas y siempre los habrá, lo que no quiere decir que debamos encogernos de hombros. En segundo lugar es imprescindible comprender que se trata de un drama vital y personal, no un frío caso clínico para las estadísticas: alguien dijo que un suicida es una persona que quiere seguir viviendo pero no sabe cómo. Esto conecta directamente con algo tan profundo como es el sentido de la vida y si merece la pena ser vivida, cuestiones tan antiguas como la humanidad para las que aún seguimos buscando respuestas. 

La salud mental y el suicidio

Aunque la OMS ha asociado el 90% de los suicidios con algún tipo de trastorno mental, hay profesionales de la salud que ponen el dato en cuarentena al considerar que es reduccionista y simplificador de un fenómeno mucho más complejo. Si bien existe y se conoce la relación entre salud mental y suicidio, es una falacia dar por sentado que la mayor parte de las personas con trastornos mentales se acaban suicidando. Además de estigmatizar a las personas en esa situación, es como afirmar que la conducta suicida es un síntoma del cáncer, algo que a nadie se le pasaría por la cabeza. De manera que la reducción de la tasa de casos no debería pasar solo por planes de prevención, que sin duda son necesarios, sino también por un conocimiento mucho más preciso de la compleja multicausalidad del fenómeno y una mayor comprensión y empatía de su sentido humano más profundo. De otra manera es posible que solo estemos atajando una parte del problema, pero no aplicando un tratamiento lo más integral posible. 

"Se puede y se debe hacer mucho más que cubrir el expediente político"

El drama es que en España apenas si hemos empezado a hacer los deberes: nuestro país es el único de la UE que carece de un Plan Nacional de Prevención en Salud Mental, aunque se viene anunciando uno desde hace tiempo para cuya aprobación y entrada en vigor no hay fecha ni presupuesto. Lo que sí tenemos son 17 modelos distintos de salud mental, uno por cada comunidad autónoma. En el caso de Canarias, el consejero de Sanidad anunció recientemente la próxima presentación de un Programa de Prevención enmarcado en el Plan de Salud Mental 2019-2023 de la comunidad autónoma, que la pandemia seguramente habrá dejado desfasado. Que Canarias dedique este año 2,7 millones de euros a salud mental en un presupuesto sanitario que rebasa los 3.300 millones es elocuente del nivel de prioridad que este asunto tiene para el Ejecutivo autonómico.

Se puede y se debe hacer mucho más que cubrir el expediente político con un proyecto sin ambición frente a un problema que ni la sociedad ni los poderes públicos pueden ignorar por más tiempo. Así que perdamos el miedo a hablar del suicidio con prudencia y el máximo respeto: como sociedad tenemos que esforzarnos en superar la aprensión, escuchar y acabar con el estigma y la incomprensión que rodean este fenómeno; de los poderes públicos es la responsabilidad de afrontarlo con rigor y aportar los recursos y las medidas adecuados para que quienes quieren seguir viviendo pero no saben cómo, sientan que no están solos, que se les escucha y se les ayuda a encontrar la forma de lograrlo.

El liberalismo contra las cuerdas

El liberalismo está herido y es imprescindible y urgente que reviva para enfrentar rearmados con la razón los riesgos del populismo autoritario que esconde el neoliberalismo más cerril. Esta es, muy esquematizada, la tesis que sostiene en este libre José María Lassalle, profesor e investigador, además de exsecretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital hasta su abandono de la política en 2018. "El liberalismo herido" (Arpa, 2021) esta a medio camino entre un libro de ciencia política y un manifiesto reivindicativo del liberalismo más genuino en tiempos de iliberalismo rampante por la izquierda y por la derecha del espectro político. El propio subtítulo del libro lo confiesa: "Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo". Es un trabajo útil y notable que, sin embargo, peca en algunos momentos de una visión apocalíptica del futuro o demasiado edulcorada de la historia liberal. Aún así merece la pena leerlo con atención y no desdeñar las herramientas que propone por más que algunas resulten algo utópicas. 

Pesimismo democrático y neoliberalismo

Aunque contiene algunas propuestas, este libro no es una hoja de ruta detallada para que el liberalismo recupere el esplendor perdido; es más bien una causa general contra el neoliberalismo al que se acusa de la deriva autoritaria que, en opinión del autor, se cierne sobre las democracias occidentales. Falta, sin embargo, una explicación más extensa de las causas por las que las ideas de Locke y otros han retrocedido frente a un neoliberalismo egoísta y adorador de "los mercados", que ascendió al poder con Thatcher y Reagan, y se ha reforzado con las grandes crisis del siglo XXI: el ataque a las Torres Gemelas de 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID - 19. A raíz de esos hechos y a propósito de la creciente tentación de sacrificar determinadas libertades a cambio de seguridad, el autor hace suya la pregunta del filósofo británico John N. Gray y se cuestiona "qué parte de la libertad querrán los ciudadanos que les sea devuelta después de que hayamos vencido definitivamente la pandemia". 

La visión que tiene Lassalle de la democracia actual es marcadamente pesimista: "nos acercamos al colapso global", anuncia. Sostiene que el mundo de ayer se resquebraja ante la ausencia de consensos estables para identificar y defender el bien común y echa en falta "gobernanza" mundial. Ve a los estados soberanos desbordados por la globalización y a las grandes corporaciones tecnológicas con un poder casi omnímodo para salvar o dejar caer democracias, como ocurrió en el asalto al Congreso de los Estados Unidos en enero de 2021. En aquella ocasión decidieron salvarla porque convenía a sus intereses, pero habrían podido decidir no silenciar a Trump y las consecuencias seguramente habrían sido muy diferentes. Ante ese escenario el autor cree que "el liberalismo debe ser capaz de encontrar su sentido dentro de la coyuntura aparentemente inevitable del populismo al que estamos abocados" y que puede llevarnos a "democraduras", como ha advertido también Pierre Rosanvallon. 

Contra el estado mínimo del neoliberalismo

Lassalle reivindica un "liberalismo autocrítico que asuma que hay que dejar atrás la obsesión por blindar materialmente una libertad que se confunde con el disfrute sin obstáculos de nuestras preferencias personales, para asumir que estas deben enmarcarse dentro del respeto de vínculos morales, condicionantes ecológicos y contextos culturales que convenzan al conjunto de la sociedad que debe seguir invocando la libertad como referente ético de una autonomía moral que sea nuestro acompañante en la toma de decisiones colectivas". El autor defiende la necesidad de que liberalismo y socialdemocracia unan esfuerzos de nuevo y colaboren como tras la II Guerra Mundial para enfrentar juntos el populismo iliberal. Según su tesis, la principal debilidad liberal es que no se ha sabido adaptar a los cambios que comporta un mundo globalizado y ha perdido su esencia. La posmodernidad y el ciberespacio - afirma - han hecho obsoleto su discurso y sus planteamientos, lo que ha llevado a que "se haya quedado sin conexión con el presente" y deba reinventarse. 

"La desregulación de los mercados se convirtió en una teología laica que se completó con la privatización de las empresas públicas"

Cuatro son para el autor los ejes de la refundación: el reconocimiento de la diversidad en una sociedad plural, el rechazo de la arbitrariedad particular y el fanatismo, el progreso técnico y científico y un gobierno limitado y al servicio de los gobernados. No obstante, Lassalle rechaza la tesis neoliberal de que el Estado deba ser lo más reducido posible y limitarse a proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad. Sostiene que el neoliberalismo a ultranza de Hayek o Friedman ha llevado a "los mercados" a serlo todo y a justificarlo todo, incluso dictaduras como la de Pinochet en Chile. La desregulación de los mercados se convirtió así en una suerte de teología laica que se completó con la privatización de las empresas públicas, mientras se presentaba la globalización como la panacea para extender la democracia a todo del mundo tras la caída del bloque soviético.

La deriva del neoliberalismo autoritario

Todo cambió para siempre tras los ataques de 2001 a las Torres Gemelas: se impuso la unilateralidad y ganó terreno la tentación autoritaria, al tiempo que se acusó al liberalismo de debilidad ante la amenaza terrorista. El máximo exponente de ese giro fueron el Tea Party y Donald Trump, junto al avance hacia la llamada "Ilustración oscura" del control de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales para la polarización política y el poder de las grandes corporaciones tecnológicas. Lassalle propone responder a la amenaza con lo que denomina "cooperación comunitaria", que no estaría basada en vínculos jurídicos sino en la voluntad, el humanitarismo, las relaciones de amistad o las asociaciones voluntarias. Junto a ese espíritu colaborativo voluntarista un tanto utópico, también reivindica una educación que forme a ciudadanos libres y apuesta por frenar la concentración de las empresas tecnológicas. Lassalle recela de las grandes compañías y defiende la necesidad de someterlas a normas y procedimientos democráticos que impidan la existencia de un poder que solo rinde cuentas ante sus accionistas. 

"Lassalle peca un poco de autocomplaciente y cae a veces en el catastrofismo"

En la forma, el libro adolece de un cierto desorden temático que transmite al lector la sensación de tropezar una y otra vez con argumentos ya expuestos con anterioridad. En este toque a rebato en defensa de la democracia liberal llama la atención que el autor no haga ninguna mención al populismo de izquierda y sus riesgos, apuntados entre otros por Rosanvallon en un libro recientemente comentado en el blog: "Populismo, una palabra de goma". Por lo demás, Lassalle cae por momentos en la autocomplacencia con el liberalismo y su análisis peca a veces de catastrofismo, lo que revela déficit de confianza en la fortaleza de los sistemas democráticos. Aún así, nadie con un mínimo de espíritu democrático debería tomar a la ligera sus llamadas de atención ante las amenazas que enfrenta la democracia en el siglo XXI. Como bien señala, "la democracia sigue siendo en términos morales y prácticos la forma de gobierno que mejor gestiona los asuntos humanos a pesar de las carencias de equidad que ha puesto en evidencia el siglo antiliberal que atravesamos".  

Canarias y el drama de los servicios sociales

Que Canarias, la comunidad autónoma con los peores datos de riesgo de exclusión y pobreza severa, tenga también los servicios sociales más ineficientes es un drama que debería avergonzar a los poderes públicos. No es posible avanzar si quedan atrás 150.000 personas en situación de pobreza severa y casi 800.000 en riesgo de exclusión social, unas cifras terribles que se han disparado con la pandemia y con las que la sociedad insular y las instituciones públicas parece que se han acostumbrado a convivir. Hemos terminado por normalizar una bomba de relojería social que se está cronificando sin que los responsables políticos se muestren capaces de desactivarla. A lo que asistimos en cambio es a un permanente ejercicio de esquivar el bulto y culpar al lucero del alba para intentar justificar lo injustificable: que en contra de lo prometido solemnemente no solo no hay recursos suficientes sino que faltan ante todo planificación, gestión y liderazgo.

EFE

Soplar y sorber: oposición y gobierno a la vez

Ya es tan frecuente como insultante que la responsable autonómica de los servicios sociales actúe como si fuera aún la portavoz de Podemos en la oposición al Gobierno de Canarias. Dos años después de llegar a la consejería, Noemi Santana no deja pasar ocasión de culpar a la herencia recibida, al Gobierno central del que también forma parte su partido o a los funcionarios de su propio departamento porque supuestamente son de CC, de ser los que han llevado los servicios sociales autonómicos a jugar un papel irrelevante para las personas que más los necesitan y cuando más lo necesitan, según el diagnóstico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 

La palabra "autocrítica" no está en su vocabulario, pero se permite lanzar un órdago que ella y todos los ciudadanos sabemos por desgracia que es muy poco probable que cumpla porque solo es otra pose para su parroquia electoral: abandonar el Gobierno autonómico si no recibe los recursos que lleva pidiendo desde el inicio de la legislatura. Aún teniendo parte de razón, a cualquiera se le ocurre que, además de reclamar recursos, hay que pasar de los eslóganes políticos a los hechos y probar que se tiene capacidad para gestionarlos con eficiencia y capitanear un cambio radical de tendencia en la atención que necesitan las personas dependientes o las que se encuentran en situación de pobreza o exclusión.

"Lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de las cifras"

Sin desdeñar los efectos económicos y sociales de la pandemia, estos no pueden ser la coartada perfecta para justificar la penosa situación. A fecha de hoy, lo único que hay sobre la mesa es el empeoramiento de unas cifras que, es cierto, ya eran malas cuando Santana llegó a la consejería pero que han empeorado bajo su dirección. Sirvan como botones de muestra que se tarda más de un año en resolver las pensiones no contributivas y más de dos las de invalidez; las reclamaciones y revisiones de nóminas tardan más de un año, hay unos 1.300 expedientes de PCI esperando renovación y otros 1.000 aguardan tramitación; casi dos años hay que esperar por una cita para discapacidad y más de uno en el caso de los menores. En atención a la dependencia la situación es aún más dramática: solo se atiende al 6% de la población que potencialmente debería recibir una prestación o un servicio que puede tardar hasta 3 años en llegar, según el Diputado del Común. Esto conduce irremisiblemente a que miles de dependientes fallezcan todos los años en Canarias esperando a que concluya el calvario burocrático.  

Ni planificación ni gestión ni liderazgo

La frialdad de esos datos revela en buena medida la falta de planificación y liderazgo de una consejera que impulsó desde la oposición la reprobación de su antecesora y la acusó de sembrar el caos. Sin embargo, que en 2020, en pleno año de pandemia, dejara sin gastar 66 millones de euros habla a las claras de su incapacidad para gestionar los recursos públicos. Cabe preguntarse para qué pide más fondos si no es capaz de ejecutar primero los que tiene asignados. Según los trabajadores sociales, hemos atravesado el ecuador de la legislatura sin planificación y sin reducir la burocracia ni mejorar los sistemas de trabajo. Dos años ha demorado Santana en preparar un decreto con el catálogo de servicios previsto en la Ley de Servicios Sociales, aprobada en 2019 después de meses de tramitación. Las organizaciones sociales, que ya han perdido la confianza en la consejera, han calificado el decreto de "restrictivo, vacío de contenido y con vicios" y han pedido al presidente autonómico que intervenga ante la incapacidad de Santana para cumplir lo establecido en la ley. 

"Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención es una falta de respeto"

Como plantean los directores y gerentes de servicios sociales, Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de esos servicios que se ha agravado en esta legislatura. Además de reactivar la economía como el mejor de los servicios sociales para reducir el paro y la pobreza, urge un gran pacto entre el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos para evitar solapamientos e impulsar unos servicios que no están actuando con la premura y la agilidad que requiere una situación social que, lejos de mejorar, seguramente se agravará aunque pase lo peor de la pandemia. Pero tan urgente como eso es que la persona que debe liderar ese acuerdo comprenda al fin que ya no es la portavoz de Podemos en la oposición, sino la cabeza visible de una consejería pocas veces tan necesaria como ahora. 

Pretender estar en misa y repicando para distraer la atención sobre la propia ineficacia es una falta de respeto a los ciudadanos en general y, en particular, a quienes esperan de ella algo más que tinta de calamar y cortinas de humo. Frente a eso solo hay una alternativa, tener la valentía de dimitir en lugar de amagar con hacerlo o que el presidente Torres, sobre el que en última instancia recae la responsabilidad de haber elegido a la señora Santana para un cargo que parece venirle muy grande, le agradezca los servicios prestados y la sustituya al frente de la consejería. Como hasta ahora no se puede continuar. 

Populismo, una palabra de goma

Los términos "populismo" y "populista" ya forman parte del vocabulario político habitual, aunque el abuso con el que se emplean en situaciones políticas diversas no ayuda a diferenciar entre lo que es y lo que no es "populismo". Se escucha que el "populismo" puede ser de izquierdas o de derechas pero, si nos preguntaran, tendríamos dificultades para definir con precisión los puntos comunes y las divergencias. Su iliberalismo lo convierte además en un riesgo para la democracia, aunque no abundan las propuestas democráticas que permitan neutralizarlo, tal vez porque ha terminado contaminando a otras opciones políticas tradicionales. De todos estos aspectos relacionados con el populismo, así como de sus características, de su historia y de su crítica trata "El siglo del populismo", (Galaxia Gutenberg, 2020), un libro imprescindible para entender una opción política más complejo de lo que parece. Su autor es Pierre Rosanvallon, catedrático del Collège de France y politólogo de larga y reconocida trayectoria en el estudio de los sistemas democráticos. 

Rosanvallon califica el populismo de "palabra de goma" que alude a una "forma límite del proyecto democrático". La definición es tan amplia como insuficiente para entender un fenómeno político que se remonta al siglo XIX y a lugares tan distintos y distantes como la Rusia zarista o los Estados Unidos posterior a la expansión del ferrocarril. Después de una influencia intermitente en el XIX y en el XX, en el XXI ha irrumpido con renovada fuerza en las desencantadas democracias liberales azotadas por crisis sucesivas, contaminando incluso a otros proyectos políticos de izquierdas y de derechas. Según Rosanvallon "en el mundo reina una atmósfera de populismo", que él llama "populismo difuso". Así, "surgen de la nada personalidades vírgenes políticamente" mucho más atractivas que los distantes programas políticos desacreditados después de tantas mentiras y traiciones. A todos seguro que se nos vienen a la mente varios nombres de personalidades como las descritas por el autor, sin ir más  lejos el recién elegido presidente de Perú Pedro Castillo.

Democracia directa, polarización  y emociones: un cóctel explosivo

El sujeto político del populismo es el "pueblo", un concepto también vago y difuso que ocupa el puesto reservado en el marxismo a la clase obrera. La visión de la sociedad se vuelve transversal y las clases sociales que la estructuraban se sustituyen por "identidades". Se conforma así el "pueblo doliente", el "pueblo-sufriente", el "pueblo-relegado" o el "pueblo-virtuoso", siempre unánime e infalible y enfrentado a "la casta", al "neoliberalismo" o a la "oligarquía". El populismo aboga por la democracia directa y por el referéndum como la expresión más perfecta de la voluntad del "pueblo", supuestamente sojuzgada por la democracia representativa. No puede haber movimiento populista sin "hombre-pueblo" que lo encarne y guíe desde la cúspide de un poder de estructura jerárquica. Las semejanzas con el fascismo saltan a la vista en movimientos como el peronismo, cuyo líder Juan Domingo Perón gustaba decir que "vivía entre el pueblo"; más próximos a nosotros Pablo Iglesias o Santiago Abascal en España, Melenchon y Le Pen en Francia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Putin en Rusia o Trump en Estados Unidos serían solo algunos ejemplos del hombre-pueblo populista en diferente grado y de diferente signo.

"La visión de la sociedad ya no es vertical sino transversal y las clases sociales se sustituyen por identidades"

La polarización social es otra nota característica del populismo. Aquí desempeñan un papel crucial las redes, empleadas para estigmatizar a los rivales y a los medios de comunicación o deslegitimar a los organismos intermedios y a otros poderes del estado como el judicial o los tribunales constitucionales, la imparcialidad de cuyos miembros se cuestiona por no haber sido elegidos en las urnas. Los ataques de Podemos al Constitucional español tras la reciente decisión sobre el estado de alarma es un ejemplo claro de esa polarización. Exacerbar las pasiones y las emociones está en el ADN populista, expresando resentimiento y desconfianza ante la democracia y sus instituciones, recreándose en visiones conspiratorias de los hechos y cultivando lo que el autor llama "la moral del asco", que prescinde de la argumentación y achica al máximo los espacios para el diálogo y el acuerdo. 

El riesgo de la "democradura"

Rosanvallon distingue entre movimiento y regímenes populistas. En Latinoamérica abundan más los gobiernos populistas de izquierdas (Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México) que los de derechas (Fujimori, Bolsonaro); mientras, en Europa y en Estados Unidos predominan los de derechas (Hungría, Polonia, Trump, etc.). Los puntos de contacto son la misma apelación al "pueblo", el mismo iliberalismo y la misma desconfianza hacia la democracia, sus instituciones o los medios de comunicación. Las grandes diferencias estriban de momento en asuntos como la respuesta a la inmigración y a los refugiados, si bien Rosanvallon advierte de que esa brecha podría empezar a debilitarse si el discurso xenófobo de la derecha terminara calando socialmente. Para el autor, una democracia polarizada como la que impulsa el populismo corre el riesgo de derivar en "democradura", un término acuñado en Francia que define un "régimen político que combina las apariencias democráticas con un ejercicio autoritario del poder". 

"No se trata de exaltar a un pueblo imaginario, sino de construir una sociedad democrática"

Rosanvallon realiza una profunda crítica del referéndum y sus implicaciones y riesgos democráticos, aludiendo a casos como el brexit. En su opinión, "lo que se necesita para superar el desencanto democrático contemporáneo es una democracia más permanente. Una democracia interactiva en la que poder ser realmente responsable, que rinda cuentas más a menudo, que permita evaluar su acción a instituciones independientes". El autor define el pueblo como "una realidad cambiante y problemática, como un sujeto a construir y no como un hecho social dotado ya de plena consistencia". Y añade que "no se trata de exaltar a un pueblo imaginario, sino de construir una sociedad democrática fundada en principios aceptados de justicia distributiva y redistributiva, una visión común de lo que significa forjar una sociedad de iguales". 

El libro concluye ofreciendo una alternativa superadora tanto del populismo como del innegable desencanto democrático: "Así como la crítica populista del mundo tal como es, refleja el desasosiego, la ira y las impaciencias de un número creciente de habitantes del planeta, los proyectos y propuesta que tal crítica conlleva parecen simultáneamente reductores, problemáticos y hasta temibles". Sin embargo, para Rosanvallon "la alternativa no puede consistir en limitarse a defender el orden de cosas existente" sino en "ampliar la democracia para darle cuerpo, multiplicar sus modos de expresión, procedimientos e instituciones" más allá del simple ejercicio del voto. Dicho en otros términos, la mejor manera de abordar el desencanto ante la democracia no es erosionándola aún más y deslegitimando sus instituciones, sino mejorándola con más y mejor democracia. Como sentencia Rosanvallon, "la democracia es, por naturaleza, experimental".  

Más enjuagues con el REF

Está muy contento el presidente canario porque dice haber alcanzado con su compañera de partido, y sin embargo ministra de Hacienda, un "principio de acuerdo que resolverá para siempre" el lío del REF y los rodajes en las islas. Olvida Ángel Víctor Torres que "para siempre" solo es la muerte y todo lo demás, sobre todo la política, está sujeto irremediablemente a las contingencias de este valle de lágrimas. El gozoso "principio de acuerdo" del que alardea consiste en que la ministra causante del mal causado, se compromete ahora a resolver "antes de fin de año" que las productoras que rueden en Canarias se beneficiarán de la bonificación fiscal del 80% consagrada en el REF. Montero, que ha demostrado que si se lo propone puede usar el fuero canario a modo de peineta, no ha dado garantía alguna de cumplimiento ni ha explicado cómo lo hará. Pero a Torres, que cree en las promesas del Gobierno central con la misma firmeza de quien cree en la Santísima Trinidad, la inconsistencia del compromiso ministerial no le inquieta. 

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El error de renunciar al Constitucional

Tanto es así que incluso no oculta su ansiedad por renunciar a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, no se vaya a enfadar Montero y no resuelva el problema "para siempre". Menos mal que su propio grupo político en el Parlamento canario, junto al resto de los de la cámara autonómica, sí mantiene viva la posibilidad del recurso, máxime después del ninguneo de Hacienda, que ni se molestó en solicitar el preceptivo informe de la Cámara legislativa canaria. Torres, en cambio, en su mal disimulado deseo de no causarle quebraderos de cabeza a la ministra, ni siquiera se atreve a urgir la reunión de la Comisión Bilateral Canarias - Estado para intentar zanjar el asunto. Su obsesión es conseguir un acuerdo "político" por todos los medios para no verse obligado a poner mala cara en la Comisión Bilateral o tener que llevar al gobierno de su propio partido al Constitucional por vulnerar el fuero canario. 

"No debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial"

Alega que podría perder, lo que equivale a reconocer que no cree mucho en la justicia de su propia demanda; implica también renunciar a un derecho reconocido a cambio de una promesa inconcreta, perder una baza negociadora y ponerle las cosas aún más fáciles a la ministra para que vuelva a hacer de su capa un sayo. Cierto es que a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito y el riesgo de recibir un nuevo vainazo judicial añadido a los del TSJC por la pandemia no es descabellado. Sin embargo, no debería Torres bajar los brazos sin esperar al menos un tiempo prudencial para saber si lo de Montero va en serio o es una nueva patada hacia adelante de un problema que ella misma ha creado. En todo caso, los recursos ante el Constitucional una vez presentados también se pueden retirar si hay acuerdo entre las partes.

Montero no ha reconocido el error, solo ha ganado tiempo

Cabe recordar que la Abogacía del Estado asegura que no ha habido vulneración del REF. Así que, por mucho que Torres se felicite del "principio de acuerdo", no termino de ver a la ministra cambiando radicalmente de opinión sobre un asunto en el que entiende tener la ley de su parte. Es más, si realmente hubiera reconocido que metió la pata, la pudo haber sacado sin demora corrigiendo el desafuero del REF en el decreto ley de medidas urgentes de fiscalidad energética que el Congreso convalidó el miércoles. No lo hizo, lo cual es motivo suficiente para desconfiar de su sinceridad. Contra la convalidación de esa norma votó el único diputado de Nueva Canarias, la segunda parte contratante de las cuatro que integran el Pacto de las Flores y que parece un poco menos crédula que Torres. 

"Todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra"

Avisan los de Román Rodríguez que si la ministra no envía alguna señal inequívoca de que no está mareando la perdiz, su diputado nacional no apoyará los Presupuestos del Estado. No sé hasta qué punto es firme esa posición y dudo mucho de que la advertencia ponga nerviosa a Montero, que me la imagino mucho más preocupada por los votos de Ezquerra Republicana y el PNV que por el del tronante Pedro Quevedo. En cualquier caso, es una postura menos entreguista que la de Torres, aunque me temo que tampoco serviría de mucho para evitar que Montero se vuelva a poner si lo desea el REF por montera. Por desgracia para Canarias, todo esto estaría fuera de discusión si habláramos de los fueros del País Vasco o Navarra, pero tratándose de estas islas todo son regateos, excusas y vuelva usted mañana.

El asunto tiene ya tintes de enredo de los hermanos Marx y más que se va a enredar cuando la negociación de los Presupuestos estatales y las partidas a las que aspira Canarias, se entremezcle y confunda con la del diferencial fiscal para el cine. Al final, entre unos y otros terminarán convirtiendo el fuero canario, que debería ser intocable al estar reconocido en el Estatuto y en la Constitución, en un enjuague político de ofertas y contraofertas en torno a unos Presupuestos que incluso puede que no salgan adelante y haya que prorrogar los actuales. Ahora bien, si Torres dice que Montero resolverá este problema "para siempre" y "antes de fin de año", quién soy yo para aguarle la fiesta dudando de la fe del carbonero que profesa el presidente canario. 

Historia sin adjetivos

Condensar con rigor y amenidad tres milenios de historia de España en poco más de cuatrocientas páginas no está al alcance de todos los historiadores. Afrontar una tarea de esa magnitud requiere una aquilatada trayectoria de servicios a la Historia y tener bien pensado desde dónde se quiere partir, los estaciones por las que hay que pasar y adónde se quiere llegar. Antonio Domínguez Ortiz, fallecido en 2003 a los 93 años después de una larga y fructífera carrera que dejó un legado de casi cuarenta libros y unos 400 artículos, atesoraba con creces esas virtudes. Esto hace de "España. Tres milenios de historia" (Marcial Pons, 2007), publicado por primera vez dos años antes de su muerte y que va ya por cerca de la veintena de reimpresiones, un libro riguroso a la par que sugerente que supone el reencuentro con la Historia sin apriorismos.

En busca de la idea de España

El hispanista británico John Elliott escribe en el prólogo que Domínguez Ortiz nunca perteneció a ninguna escuela histórica, aunque siguió con interés los cambios historiográficos. Tal vez no haya mayor elogio de alguien que concibió la investigación histórica alejada de corsés como el único camino para entender el pasado y comprender el presente sin sesgos deformadores. De ahí que sea imposible encasillar su trabajo con las etiquetas al uso y que la suya merezca por derecho propio ser considerada Historia sin adjetivos. Ese conocimiento riguroso del pasado es el que Domínguez Ortiz reivindica en el escueto prólogo, en el que se lamenta del tratamiento de la Historia en los planes de enseñanza y critica lo que llama obsesión por el "sociologismo" en la historia contemporánea española. 

Un hilo conductor recorre el denso resumen de esos tres milenios desde la época tartésica a la Transición de 1978. Desde el inicio Domínguez Ortiz se esfuerza en encontrar los  factores históricos que han moldeado la idea de España como nación, un concepto aún en discusión. Así, al hablar de la romanización escribe que "fue un hecho decisivo en nuestra historia; está en la base de la existencia de España como unidad nacional". Tras la romanización, la conquista musulmana y la respuesta de los reinos cristianos representa un proceso tan largo como rico en consecuencias de todo tipo para la idea de España como nación, que Domínguez Ortiz ya ve prefigurada en el oscuro periodo visigodo con la conversión de los arrianos al catolicismo. Sin embargo, para el autor "la gran debilidad de al-Ándalus (...) fue su incapacidad de consolidar un modelo territorial que aunara la unidad de Hispania con su diversidad". 

"Domínguez Ortiz se esfuerza en encontrar los factores históricos que han moldeado la idea de España como nación"

El avance de los reinos cristianos debilitó a los musulmanes, sumidos en disputas internas, y fortaleció a Castilla como actor principal de la situación tras la victoria sobre los musulmanes. En ese contexto Domínguez Ortiz subraya con precisión que el matrimonio de Fernando e Isabel fue una unión personal y no la de Aragón y Castilla, como se suele creer incorrectamente. Es esta una época de grandes acontecimientos históricos, unos afortunados y otros lamentables: entre los primeros la llegada de Colón a lo que nunca creyó fuera un nuevo continente, y entre los segundos la expulsión de los judíos y la Inquisición de infausto recuerdo. En este contexto Domínguez Ortiz se refiere a la trascendencia histórica del descubrimiento y recuerda las leyes de la Corona en defensa de los indios, si bien subraya que no siempre se respetaron. 

Auge y decadencia

La expansión española alcanzó su cénit con Carlos I y Felipe II, tras los cuales accedieron al trono Felipe III y Felipe IV, muy alejados en todos los sentidos de sus antecesores. El siglo XVII quedó marcado por la injusta expulsión de los moriscos y el ascenso de  validos como Lerma y Olivares, virreyes de facto ante la incompetencia o la inhibición de los titulares del trono. La pérdida de Portugal en 1680, las pestes y las malas cosechas terminaron de malograr un siglo XVII funesto. De las colonias recibía España riquezas sin cuento, que en gran medida se dilapidaron en guerras inútiles para sostener una política exterior más orientada a perpetuar la imagen de la monarquía que a fortalecer la posición en Europa. 

El XVIII no fue mejor, con una guerra de Sucesión que terminó con la llegada de los Borbones al trono de España a través de Felipe V, un rey que nuestro autor tilda de "mediocre". Francia e Inglaterra eran cada vez más fuertes y España más débil: en la paz de Utrech se perdieron las posesiones en Flandes e Italia junto con Gibraltar y Menorca. En política interna se aprobaron los Decretos de Nueva Planta que abolieron los fueros catalanes, generando un agravio que aún hoy alimenta el secesionismo. El nacimiento del XIX fue un periodo crítico para el país: aunque la Ilustración tuvo escaso eco en España, el miedo a los efectos de la Revolución Francesa, la invasión napoleónica y la independencia de las colonias supusieron un nuevo hito en la historia española. Todo ello con una Hacienda pública casi en ruinas y una monarquía secuestrada en Francia y añorada en España por el absolutismo. 

"En la España decimonónica se aprecian ya los gérmenes de la descomposición de la sociedad estamental"

Fue el siglo de las constituciones efímeras con la de 1812 a la cabeza, de las "guerrillas", de los espadones y los pronunciamientos, de las desamortizaciones, del carlismo reaccionario, de los "afrancesados" y del "liberalismo", una palabra española llamada a tener mucha más fortuna fuera que dentro de España. En la comprimida descripción que hace Domínguez Ortiz de la España decimonónica se aprecian ya los gérmenes de la descomposición de la sociedad estamental, aunque su sustitución por una sociedad nueva tardará aún mucho en materializarse. El XIX trajo también la Primera República y la vuelta a la monarquía en un brevísimo periodo de tiempo. La Restauración fue la etapa del caciquismo, del amaño de las elecciones censitarias y masculinas y del turnismo de liberales y conservadores, dos partidos prácticamente indistinguibles entre sí. El siglo se despidió con la pérdida de las últimas colonias y una profunda crisis identitaria de la que dejaron testimonio doliente y pesimista los que con el tiempo llamaríamos intelectuales. 

Hacia un siglo XX de esperanzas frustradas

España enfiló el siglo XX sumida en el secular atraso económico y social que padecía respecto a una Europa que ya afilaba los cuchillos para la Gran Guerra. El país sacó provecho manteniéndose al margen aunque dividido entre aliadófilos y germanófilos. Pero los problemas económicos y sociales, largo tiempo ignorados, no hacían sino agravarse y surgieron las primeras luchas obreras al tiempo que se expandió el anarquismo terrorista con su cosecha de magnicidios. La huelga general de 1917, la Semana Trágica de Barcelona y el desastre de Annual contribuyeron a agravar la deteriorada situación social y política. El viejo sistema clientelar quebró con el golpe militar de Primo de Rivera en 1923 y la instauración de una dictadura ante la que Alfonso XIII respiró aliviado. La turbulenta II República, que llegó cargada de ilusiones pero que no tardó en sumirse en la división y el enfrentamiento, dio paso a otro golpe militar y a una cruenta guerra civil, seguida de una represora y larga dictadura a la que solo puso fin la muerte del dictador. La Transición del 78, estación final de este recorrido histórico, que algunos se permiten hoy denostar porque nunca han vivido bajo una dictadura, fue la puerta al periodo más largo de estabilidad política, social y económica que ha conocido España. 

Es el muy apretado esquema de un libro que es en sí mismo una visión condensada y crítica de tres mil años de historia en los que por fuerza ha habido avances y retrocesos como en cualquier otro lugar. Leyendo este libro con atención se concluye que España no es un exotismo histórico que haya que estudiar aisladamente del resto. Es, con sus luces y sus sombras, un viejo país dueño de una historia rica, compleja y apasionante, a veces trágica y sangrienta y a veces brillante y fructífera, moldeada a través de un sinfín de factores y circunstancias, que conviene conocer para no hacer juicios anacrónicos, precipitados o sesgados que nos lleven a creernos mejores o peores de lo que somos como pueblo y como nación. Como bien nos recuerda el propio autor, "por su carga ideológica la Historia siempre ha tenido la desgracia de ser utilizada como arma propagandística". El interminable debate sobre la memoria histórica de la Guerra Civil es un buen ejemplo de ese uso de la Historia. No hacer de esta ciencia un arma propagandística sino un vehículo de conocimiento y comprensión de nuestro pasado y nuestro presente es la gran aportación de Domínguez Ortiz y por eso es tan recomendable este libro. 

Alarma inconstitucional

Un gobierno que deliberadamente se salta la Constitución y vulnera los derechos fundamentales de cuarenta y siete millones de ciudadanos no es digno de continuar al frente de un país democrático. Si los españoles fuéramos menos condescendientes y mucho más exigentes con la clase política, ese gobierno ya habría dimitido y convocado elecciones. En España no pasará nada parecido porque gran parte de la sociedad dormita dopada por debates de campanario, lo que facilita que el Gobierno actúe con escaso o nulo respeto a las normas que son la garantía del estado de derecho. No debería la sociedad dejarse arrastrar al falso debate al que el Gobierno pretende desviar la atención tras el varapalo que le acaba de endosar el Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma por la pandemia. Como subraya el propio Constitucional, ni siquiera el interés general puede situarse por encima de los derechos fundamentales.

Reuters

Inconstitucionalidad por cálculo político

Lo que se debate no son las vidas que se salvaron gracias al estado de alarma, sino el empleo de una herramienta constitucional que no amparaba las restricciones de movilidad. Lo verdaderamente crucial es que las vidas salvadas serían las mismas si el instrumento elegido hubiera sido el estado de excepción. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar: a pesar de todas las advertencias sobre la inconstitucionalidad del decreto, el señor Sánchez y los suyos hicieron caso omiso por puro cálculo político. Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario, algo que no ocurría en cambio con el estado de excepción. En realidad, nada nuevo bajo el sol: este Gobierno, con un presidente alérgico al control parlamentario al frente, ha hecho bueno al señor Rajoy, al que Sánchez afeaba desde la oposición que gobernara a golpe de decreto, solo que en este caso él ha ido un paso más allá y ha lesionado derechos fundamentales sin pararse en barras. 

"Decretar un estado de alarma le permitía sortear con más holgura el control parlamentario"

Las reacciones del Gobierno y su entorno no han hecho sino subrayar el desdén y el desprecio, cuando no la ignorancia, con los que este Ejecutivo se ha acostumbrado a tratar al resto de poderes e instituciones del Estado cuando sus decisiones le son desfavorables. El denominador es sostenella y no enmendalla, cuando no alegrarse por haber vulnerado la Constitución con el argumento falaz de haber "salvado vidas". Mención especial merecen las declaraciones de dirigentes y cargos públicos de Podemos cuestionando la decisión del Constitucional por la poderosa razón de que el resultado de la votación no fue unánime, como si la fuerza de la decisión fuera menor por ese motivo, y porque el recurso lo había presentado Vox, como si no fuera un partido legal que ejerció un derecho constitucional.  

Jueces malos, gobierno bueno

Ministras como Belarra parecen ignorar incluso que el Constitucional no forma parte del Poder Judicial y que sus integrantes los nombran precisamente los partidos políticos. Pero con ser grave esa muestra de ignorancia, lo es mucho menos que el mal disimulado deseo de poner al Constitucional y al Poder Judicial al exclusivo servicio de los intereses del Gobierno. Viniendo de Podemos no extraña mucho a estas alturas la pulsión antidemocrática que suelen mostrar sus dirigentes y cargos públicos. Sí sorprende en cambio que se pueda deducir la misma intención de las palabras de una ministra que parecía ser una de las pocas voces equilibradas y sensatas del Gobierno.

Hablo de la magistrada y titular de Defensa Margarita Robles, que en unas declaraciones lamentables ha atacado a los magistrados del Constitucional por dedicarse según ella a "elucubrar sobre doctrinas" y carecer de "sentido de estado". Aparte del desprecio hacia el trabajo de sus compañeros jueces que destilan esas palabras, parece que lo que Robles deseaba era que el Constitucional le diera la razón al Gobierno y pasara por alto la vulneración de derechos. No menos lamentable ha sido el estreno de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, también magistrada, defendiendo a toro pasado la legalidad de un decreto que el Constitucional acababa de declarar parcialmente inconstitucional. Se trata de valoraciones muy desafortunadas que, aún así, palidecen ante las informaciones según las cuales el Gobierno presionó al Constitucional para que avalara su decisión. De ser ciertas estaríamos ante un comportamiento gravísimo, mucho más propio de un régimen autoritario de resonancias venezolanas que de una democracia.

"Que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de millones de ciudadanos no le quita el sueño"

Lo ocurrido con el estado de alarma ha sido un hito más en la carrera de Pedro Sánchez para gobernar al margen de las normas y las formas que son la esencia de un sistema democrático. Encima, el Tribunal Constitucional le ha puesto las cosas aún más fáciles al tardar más de un año en decidir sobre un asunto de la máxima trascendencia, que como tal requería una celeridad mucho mayor por tratarse de la constitucionalidad de una medida que cuestionaba derechos fundamentales. Pero no esperemos que a raíz de esta decisión del Constitucional las cosas cambien porque el Gobierno se lo empieza a pensar dos veces antes de ponerse por montera esos derechos: o se lo exige la sociedad en su conjunto o continuarán erosionando y desfigurando la democracia a mayor gloria de ese rey sol de la política española llamado Pedro Sánchez.  

Cuba: al pan, pan y a la dictadura, dictadura

Que a estas alturas del siglo XXI aún haya quien se niegue a admitir que en Cuba rige una dictadura de libro desde hace más de seis décadas, solo puede obedecer a dos razones, ignorancia o complicidad. En el caso del Gobierno español es evidente que no puede ser la primera razón: las contorsiones y evasivas de Sánchez y algunas de sus ministras para dar rodeos y no llamar a las cosas por su nombre producen sonrojo y vergüenza. Preocupa especialmente que ministras del gobierno de un país democrático como Belarra o Díaz, nieguen la existencia de una dictadura comunista en Cuba pero sean incapaces de explicar por qué. La prudencia por los intereses españoles en la isla no puede ser una coartada para cerrar los ojos ante la realidad o para la ambigüedad y la tibieza, ante un régimen que vulnera las libertades y derechos políticos de una ciudadanía cubana frustrada y hambrienta de pan y libertad.

Reuters

El embargo como excusa

La excusa ineludible de la paleoizquierda española es acusar de las penurias económicas del pueblo cubano al bloqueo de EE.UU. Para renegar del libre mercado capitalista es paradójico lo que les preocupa el bloqueo comercial, aunque seguramente no son conscientes de la contradicción. Efectivamente, desde 1960 existe un embargo o bloqueo comercial sobre Cuba que Donald Trump endureció a finales del año pasado restringiendo o prohibiendo los viajes y las remesas a la isla, entre otras medidas. En casi treinta ocasiones la ONU ha condenado esta persistente e infructuosa política norteamericana, siempre con el voto en contra de Estados Unidos e Israel. Solo una vez Estados Unidos se abstuvo y fue coincidiendo con el mandato de Obama y su fracasado intento de normalizar las relaciones económicas y políticas entre Washington y La Habana. 

"Los defensores de la dictadura pretenden que hablemos solo del bloqueo"

Lo anterior es tan cierto como que los problemas crónicos que arrastra la economía cubana no se pueden explicar por ese factor, sin negar por ello su influencia negativa en la situación actual del país. El verdadero problema está en Cuba y es el de un modelo económico que ha fracasado históricamente en donde se ha implantado, empezando por la extinta Unión Soviética. Esa incapacidad del sistema cubano, agravada después de la desaparición de la URSS y la crisis venezolana, se ha puesto de manifiesto con una mayor crudeza si cabe durante esta pandemia. Pero en realidad llueve sobre mojado desde hace mucho tiempo, aunque los defensores de la dictadura pretendan que hablemos solo del  "bloqueo" y olvidemos quién y cómo se gobierna en Cuba. 

Dictadura de libro

Vamos a recordarlo porque parece que esos defensores lo han olvidado. En Cuba gobierna en régimen de partido único desde hace seis décadas el Partido Comunista, con lo cual estaría todo dicho. Pero digamos también que las mal llamadas elecciones son una farsa controlada por el único partido autorizado, que se vulneran los derechos humanos, que los disidentes con la dictadura son encarcelados por sus ideas políticas y que no hay nada parecido a la libertad de asociación, prensa o expresión al margen del partido. Cualquier excusa es buena para enviar a la cárcel a los discrepantes que no pasen por el aro  del partido o anularlos civilmente de por vida. Con esa disidencia eludió encontrarse Sánchez durante su visita oficial a La Habana en noviembre de 2018, en donde sí mantuvo reuniones, entre otros, con Díaz - Canel. 

EFE

En el plano económico y social, la caída del turismo por la pandemia ha paralizado la principal actividad económica, mientras la sanidad, de la que siempre ha presumido la dictadura, hace aguas por todas partes: no hay vacunas suficientes ni medicamentos esenciales y, además, encontrar alimentos básicos es una odisea. Agobiado por la situación, el Gobierno cubano permite ahora a los viajeros llevar medicamentos, alimentos y productos de aseo sin restricciones arancelarias, lo que desmiente su discurso contra el bloqueo como el causante de todos los males del país. Todo esto ha generado un explosivo caldo de cultivo que ha rebosado estos días el vaso de la paciencia social. Lo ocurrido desde el domingo en Cuba no es una revuelta orquestada por la CIA y el "imperialismo", como pretende hacer creer Díaz - Canel al mundo,  es el estallido social de buena parte de una población que no está dispuesta a seguir transigiendo con décadas de privaciones materiales y políticas y que parece haber perdido el miedo a la represión.

"Hay que estar atentos a los militares como ocurre con toda dictadura que se precie"

La continuidad de las protestas depende ahora de varios factores, entre ellos la evolución de la pandemia y de que regresen los turistas, lo que podría calmar los ánimos hasta la siguiente crisis. La jóvenes, que no vivieron la Revolución y que solo han conocido miserias, serán también decisivos en la marcha de los acontecimientos. Dando por hecho que Estados Unidos no moverá ficha mientras La Habana no haga algún gesto de apertura y con un Díaz - Canel sin carisma y a la defensiva, hay que estar muy atentos a los militares, como corresponde a toda dictadura que se precie. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, capitaneadas durante casi medio siglo por Raúl Castro y que por ahora se mantienen en silencio dejando la represión en manos de la policía, son la verdadera clave de bóveda para determinar la continuidad o la caída del régimen castrista si las protestas van a más. Ante este panorama incierto, el máximo deseo de todo demócrata tiene que ser que los cubanos encuentren una salida pacífica y dialogada a una de las dictaduras más anacrónicas y longevas del planeta.

Sánchez devorando a sus hijos

Sufro de digestión lenta, de ahí que me haya llevado su tiempo digerir el pedazo de remodelación que ha hecho Pedro Sánchez de su gobierno que, a poco que se hubiera despistado, hasta se podía haber cesado a sí mismo. Lo cierto es que otra zapatiesta gubernamental de estas dimensiones no la recuerdo y, aunque el mismo día de conocerse ya había gente haciendo sesudos análisis en las ineludibles redes sociales, yo he preferido hacer como aquellos futbolistas que, antes de pasar a lo loco, bajaban la pelota y levantaban la vista. Y lo primero que veo sin esforzarme gran cosa es que, para el bienestar general de los españoles, esta megacrisis de gobierno a las puertas del verano surte el mismo efecto que rascarse la nariz para aliviar la tos.  

ULY MARTIN

Una remodelación a mayor gloria del remodelador

Esa es precisamente la falla principal de los numerosos análisis sobre un asunto que sigue copando titulares. Porque digo yo en mi inocente ingenuidad que, cuando se acomete un cambio de gobierno tan amplio, el objetivo principal debería ser el de mejorar la gestión, atender los problemas más urgentes con mayor eficacia y conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en aquellos en cuyas manos han depositado la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos. No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central suprimiendo ministerios florero, así como de enviar un mensaje de austeridad en el gasto en tiempos de rigores económicos. Sin embargo, salvo que uno profese la fe del carbonero, que no es mi caso, nada de eso se aprecia en el remodelado gobierno.

"No digamos nada de acotar el número de carteras a las competencias reales de la administración central"

Para la mayoría de los analistas, lo único que rige aquí es la necesidad de Pedro Sánchez de soltar lastre para aguantar lo que resta de legislatura. Es evidente que no se cambia a casi la mitad de un gobierno si este no está quemado y sobrepasado por la realidad y si los sondeos electorales no te empiezan a dar la espalda. Sánchez es muy consciente y por eso, cual Saturno devorando a su hijo, prescinde sin miramientos de la que ha sido su guardia pretoriana en los dos últimos años, la que le ha guardado las espaldas y le ha sacado las castañas del fuego aún quemándose en el intento. Una guardia de corps de la que también ha salido despedido hasta el fondo del barranco su consejero áulico Iván Redondo, cuya caída en desgracia está marcada en rojo por la debacle madrileña del 4-M y sentenciada con sus deseos de ser ministro, según las hablillas de la Villa y Corte. Parece mentira que el Maquiavelo de Moncloa haya cometido el error infantil de pretender hacerle sombra al rey sol de la política española sin tener siquiera carné del partido, pero así es la erótica del poder. 

El Gobierno soy yo y el partido también

Esta remodelación no responde a lo que se suele entender tradicionalmente como pérdida de confianza del presidente en sus ministros ya que, si hay que cambiar casi medio gobierno, el primero que tendría que haberse ido a casa debería haber sido el propio Sánchez. Su estrategia busca también un mayor control sobre el partido desde La Moncloa para coronarse vencedor por incomparecencia de rivales en el 40º Congreso de después del verano. Para ello nada mejor que rodearse de una corte de ministros y ministras crudos o a medio cocer, sin ejecutoria pública destacada, dispuestos a tirarse por un barranco si el presidente lo ordena y que ahora quedarán eternamente agradecidos por haber sido elevados al Olimpo del Consejo de Ministros cuando ni siquiera soñaban con esa posibilidad. Que pongan ahora sus barbas a remojo los escasos barones que como García - Page han osado afear en público el proceder político de su líder, porque en la próxima cita con las urnas se pueden ver colgados de la brocha y sin candidatura en la que sostenerse.

"La remodelación pone la pelota de nuevo en el tejado de Pablo Casado"

Si lo que a Pedro Sánchez le preocupara de verdad fueran los graves problemas del país, habría echado mano de gente de reconocido prestigio y trayectoria, que haberla hayla, y habría relegado la militancia a un muy segundo plano. De manera que lo más positivo que cabe decir de los cambios es que Nadia Calviño y Margarita Robles, los dos cerebros mejor amueblados del Ejecutivo, continúan en sus puestos. Pero es solo un pequeño consuelo a la vista de que también continúa gente tan quemada como Grande Marlaska o tan ineficiente como Maroto, además de los intocables representantes de Podemos, meros espectadores generadores de ruido y furia con la salvedad de Yolanda Díaz, que actúa como la segunda parte contratante de la primera parte. Esto hace aún más firme la idea de que hablar de un gobierno de coalición unido y cohesionado es solo un cuento para dormir a los niños. 

Puede que me equivoque pero no creo que Sánchez esté pensando en adelantar las elecciones sino en agotar la legislatura. Tendrá que volver a vencer el virus y relanzar la economía gracias al maná de la UE, pero su esperanza es que, si lo consigue, los españoles de frágil memoria olvidarán los errores en la gestión de la crisis sanitaria y los indultos a los independentistas, entre otras muchas cosas que este Gobierno ha hecho con los pies. Por lo demás, la remodelación también ha puesto de nuevo la pelota en el tejado de Pablo Casado, quien ahora tendrá que contrarrestar una posible recuperación del terreno electoral perdido por parte del PSOE. No creo que con limitarse a pedir elecciones cuanto antes y quejarse por los nombramientos "a dedo" de los ministros sea suficiente para ganarlas: mucho más tendrá que ofrecer el líder del PP para convencer a los españoles de que la alternativa es posible y su reto es que ese momento se aproxima cada vez más.  

Yo también soy baby boomer

Para tener al menos una ligera idea sobre la reforma de las pensiones hay que estar muy atento a los globos sonda del ministro Escrivá, experto en decir cosas por la mañana de las que se desdice a mediodía después de culpar al mensajero. Es un esfuerzo penoso que se debería compensar en la pensión, pero por ahora no veo manera mejor de que los baby boomers - los nuevos malos del viejo docudrama de las pensiones -  podamos calcular por lo alto cómo quedará nuestra jubilación que, en todo caso, no dará para muchas alegrías ya que, cuanto más se aleja la fecha de empezar a cobrarla, más se acerca la Parca inexorable. 

A las puertas de un nuevo recorte

Ironías aparte, da igual que el PP lo llamara "factor de sostenibilidad" o que el PSOE lo haya bautizado ahora como "mecanismo de equidad intergeneracional", el objetivo es continuar retrasando la edad legal de salida del mercado laboral para "compensar" el aumento de la esperanza de vida y, al mismo tiempo, penalizar con creciente dureza a quienes deseen anticipar la jubilación después de décadas cotizando. Los que decidan morir con las botas puestas serán premiados con 12.000 euros por año de más trabajado sobre la edad de jubilación, según el penúltimo globo sonda de Escrivá. Diga lo que diga el ministro sin partido que llegó de la AIReF a resolver el déficit de las pensiones y eche uno las cuentas que eche con el sudoku de las penalizaciones, estamos a las puertas de un nuevo recorte aunque nos lo venda como un "pequeño esfuerzo" de los baby boomers.

La cuestión es si el recorte, que afectará a unos once millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977, servirá para garantizará la sostenibilidad, algo como mínimo dudoso. La clave de bóveda de todo el sistema es el número de cotizantes y su relación con el de pensionistas: en la actualidad esa relación es de 2 a 1, - una ratio bastante baja -, por lo que, según algunos cálculos, el envejecimiento de la población obligaría en una década a tener casi 6 millones más de cotizantes frente a los 19 millones actuales solo para mantener la ratio. ¿Será capaz la economía española en ese plazo de elevar hasta casi 25 millones el número de afiliados a la Seguridad Social? Ahí dejo la pregunta.  

El taca taca y los trileros

Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente de alto voltaje electoral, que los sucesivos gobiernos solo se atreven a tocar con guantes y pinzas pero jamás con bisturí. Se trata de buscar por dónde cortar para que el sistema no quiebre y es aquí donde los especialistas divergen. Unos proponen elevar la edad legal de jubilación a los 70 años, acercándola lo más posible a la esperanza de vida: los habría que irían a trabajar con el taca taca, pero cobrarían pensión menos tiempo con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. Por cierto, son los mismos especialistas que recomiendan planes privados de pensiones para "complementar" la pensión pública, así que es fácil adivinar cuál es el pie que arrastran. 

"Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente"

Otros optan por cargar el déficit de las pensiones sobre los Presupuestos del Estado, precisamente uno de los acuerdos del Gobierno con sindicatos y empresarios junto a la revalorización según el IPC. Aunque parece una solución mágica tiene mucho de juego de trileros que crea la ficción de que el déficit ha desaparecido. Ya veremos de dónde saldrán los 22.567 millones de euros anuales que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los Presupuestos para pagar las pensiones. Si se acaba echando mano de impuestos como el IRPF los pensionistas sufrirían un doble recorte; si en cambio se recurre al endeudamiento público, engordaría aún más el monstruo de la deuda que supone ya el 125% del PIB y subiendo.

El debate sobre pensiones siempre acaba en recortes

Lo mire por donde lo mire, en la tómbola de este debate siempre tocan recortes. Uno no es un experto, solo un atento observador directamente interesado y, como tal, observa con extrañeza la obsesión por el gasto y el poco interés por buscar fuentes de ingresos para la Seguridad Social. El propio Escrivá amaga con subir la cotización de los salarios más altos, aunque puede que solo sea otro de sus famosos globos sonda. Tiremos del hilo y pensemos también en esos 180.000 millones de euros que según el FMI mueve la economía sumergida, un sumidero en el que las arcas públicas pierden anualmente entre 18.000 y 20.000 millones de euros; hablemos de la precariedad laboral, del paro juvenil por el que somos campeones europeos, de los salarios o de la ausencia de políticas demográficas dignas de tal nombre en uno de los países más envejecidos del mundo. Todos estos aspectos se ignoran a pesar de que su relación con los ingresos de la Seguridad Social es evidente hasta para un profano.

"Hablemos de los chiringuitos clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo"

Hablemos también de la ineficiencia en el gasto público, del elevado colesterol de la administración y la urgencia de que haga dieta estricta, de los "chiringuitos" clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo, de las canonjías políticas o de las rentas vitalicias del poder. ¿Por qué cuando se habla del gasto en pensiones siempre se hace recaer la carga de la prueba sobre los jubilados y nunca sobre los ingresos que aportaría a las arcas públicas suprimir gastos prescindibles del todo o en parte? Por último me pregunto también cuándo alcanzarán los partidos un pacto de estado sobre pensiones que sobreviva a las siguientes elecciones y no castigue a los mismos de siempre, y cuándo dejarán los políticos de tirarse nuestras jubilaciones a la cabeza mientras hacen en el gobierno lo que criticaron en la oposición. Podría seguir aunque, como baby boomer cabreado, ya me he alargado bastante por hoy. Pero aviso: continuará...