Con La Palma

¿Qué se puede decir o escribir que no se haya dicho o escrito ya sobre los incendios, su prevención en épocas de calores extremos como la actual y el comportamiento irresponsable de quienes, pasándose todo eso por el arco del triunfo, enciende un fuego en el monte? Es difícil reflexionar sobre algo que de analizado y experimentado parece tan evidente que uno no encuentra qué decir cuando vuelve a ocurrir la tragedia.

Le está tocando desde ayer a La Palma, isla que suele sufrir con cierta frecuencia el azote del fuego: cuando no es porque alguien tiró unos voladores en una fiesta sin importarle que la temperatura a la sombra rebase los 40 grados es porque otro alguien tuvo la ocurrencia de quemar unos rastrojos o unos papeles, como acaba de ocurrir ahora. El caso y la desgracia es que casi siempre suele haber un alguien que por ignorancia o por cálculo criminal arrima la cerilla encendida al pasto reseco y pone a miles de personas en estado de ansiedad y riesgo y a lo que la Naturaleza ha tardado tal vez cientos  de años en crear al borde de la destrucción. 

Las consecuencias más inmediatas del último de estos actos son un trabajador forestal fallecido, casi un millar de personas desalojadas de sus hogares y otras tantas hectáreas de vegetación arrasadas por el fuego. Toca en primer lugar concentrarse en una tarea doble: atender a las personas desalojadas y combatir el fuego con todos los medios al alcance. Una vez atendido lo más urgente es prioritario esclarecer las causas del incendio y hacer recaer sobre el responsable toda la contundencia de la ley. Una ley que también en este tipo de casos es imprescindible que se aplique, además de con rigor, con razonable celeridad. 

Por poner un sólo ejemplo, es social y jurídicamente intolerable que, 9 años después, aún no se haya celebrado la vista oral del juicio contra al autor confeso - subrayo la palabra confeso - del incendio que en el verano de 2007 arrasó más de 20.000 hectáreas en la isla de Gran Canaria. Por no mencionar que buena parte de los afectados aún no ha cobrado las ayudas que a bombo y platillo prometieron los políticos de entonces sobre los rescoldos del fuego aún calientes.  Y como ese se podrían citar otros muchos ejemplos de exasperante lentitud judicial y adminisrativa a la hora de reparar jurídica y económicamente los daños causados. 

Y todo esto sin olvidar la principal premisa para minimizar el riesgo de incendios, esa que siempre se invoca por parte de casi todos pero que cada vez se incumple más: la limpieza de nuestros montes. En gran medida y sin restarle ni un gramo de responsabilidad a la mano del autor material, estos incendios serían mucho menos frecuentes o podrían combatirse con más éxito si se cumpliera algo tan elemental como no permitir que en el suelo del bosque se acumule el combustible que contribuye a hacer de un incendio un desastre natural sin paliativos. 

Esa, junto con la de ayudar a sus dueños a reparar los daños causados por el fuego en los bienes particulares, debería ser también la labor inaplazable para las administraciones públicas implicadas. Confiemos - sin mucha fe, la verdad -  en que de una vez empecemos en esta tierra a cambiar  la cultura política sobre los incendios o sobre las riadas en barrancos atascados por las construcciones, que esa es otra. De momento y a la espera de poder meter el incendio en cintura, sólo cabe expresar la solidaridad con La Palma, con su gente y con todos los que sienten que se les encoge de pena el corazón ante la destrucción inmisericorde que causa el fuego.