De aquellas mascarillas estos lodos

Escribí el otro día que si atendemos a los datos económicos y sociales del Archipiélago, para la mayoría de la población canaria no es una suerte vivir en la ultraperiferia española. Sin embargo, si formas parte del Gobierno regional puede llegar a ser incluso una bendición del cielo. Entre otras cosas porque te libras de la murga diaria de la llamada prensa “nacional” preguntándote por cómo, quién y por qué se pagaron cuatro millones de euros a una empresa de compra venta de coches por un millón de mascarillas que ni están ni se les espera. Y todo ello, para colmo, sin mediar verificación previa de esa empresa y sin otro contrato que el verbal, como si el dinero público se pudiera entregar al primero que pasa con el único aval de su palabra. Es también la suerte de apellidarse Torres, Pérez o Trujillo y no tener más peso político nacional que un comino. Si te apellidas Ayuso o Martínez-Almeida hay especiales diarios en ciertas televisiones, artículos de fondo, sesudos análisis y editoriales cruzados sobre el tráfico de influencias.

EFE

En todos lados cuecen mascarillas

No digo yo que el caso de las mascarillas madrileñas huela mucho a trigo limpio ni pongo las manos en el fuego por nadie, que de pacientes en la unidad de quemados por esa razón ya vamos servidos. Lo único que digo es que el rasero mediático es distinto en uno y otro caso, aunque la gravedad de lo ocurrido sea pareja. Si en el caso de Madrid se culpa al alcalde de no denunciar ante la Justicia el pelotazo de los comisionistas Luceño y Medina, en el caso canario cabe preguntarse también porqué el Ejecutivo autonómico no hizo lo propio cuando la empresa a la que le encargó las mascarillas no cumplió su parte del trato verbal a pesar de haber recibido el pago acordado. Hasta  el vicepresidente Rodríguez se ha desmarcado y considera conveniente llevar el asunto a los  juzgados, pero el consejero de Sanidad alega que el dinero se recuperará antes por vía administrativa que judicial. Lo cierto a día de hoy es que lleva ya una decena de requerimientos de devolución y aún no ha visto un euro.

Ahora es cuando amaga con acudir a los tribunales - a conejo ido palos a la madriguera - y se hace pasar por la víctima de un asunto en el que los verdaderos perjudicados somos los ciudadanos canarios, cuyos impuestos el Gobierno destinó alegremente – y puede que hasta delictivamente - a comprar una partida de mascarillas que terminaron destruidas por no ajustarse a las normas de la UE. Como ocurre casi siempre en estos casos, en medio pululan los intermediarios entre el Gobierno canario y la empresa incumplidora y entre esta y el supuesto fabricante proveedor.

“El Gobierno no es la víctima, lo son los ciudadanos cuyo dinero se ha entregado a cambio de nada”

Del segundo de esos intermediarios se sabe que ya se embolsó 25.000 euros de comisión por sus gestiones y muy extraño sería que el primero no hubiera recibido también su parte. Muy convencido se muestra el Gobierno de recuperar no solo los cuatro millones de euros pagados en balde sino los 800.000 euros correspondientes a los apremios a los que la empresa no ha respondido. Ahora, en cambio, esa misma empresa se descuelga con la propuesta de traer 1,2 millones de mascarillas para compensar el descosido en las cuentas públicas. No me sorprendería que el Gobierno terminara aceptando, exponiéndose a ser burlado por segunda vez.

¿La punta del iceberg?

A la vista del preinforme de la Audiencia de Cuenta de Canarias revelado por Canarias 7, cabe preguntarse si la compra de las mascarillas a una empresa de venta de coches sin cumplir ningún requisito legal es solo la punta del iceberg de lo que ocurrió en los primeros meses de la pandemia. En ese documento se señala algo que es de Perogrullo: la urgencia derivada de la pandemia y el estado de alarma no exoneraba en ningún caso a las administraciones públicas de su obligación legal de comprobar con quién se gastaban los cuartos de los contribuyentes. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Canarias no verificó nada, ni la solvencia de la empresa ni la adecuación de su actividad habitual al fin por el que se le abonaron cuatro millones de euros mediante un acuerdo verbal y telefónico que nunca cumplió. 

Dice también la Audiencia que un tercio del centenar de contratos analizados no estaban debidamente justificados ni explicada la necesidad de su tramitación urgente. Es más, señala también que se hicieron pagos por más de 42 millones de euros que ni siquiera contaban con la autorización del Consejo de Gobierno, lo cual puede devenir en su nulidad de pleno derecho. En otras palabras, no es exagerado afirmar que la mayor parte de las compras sanitarias en los primeros meses de la pandemia están ahora bajo sospecha de haberse realizado sin respetar la legalidad.

Además de las judiciales existen las responsabilidades políticas

Tuvo que ser un particular el que llevó este caso a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no dice mucho en favor ni de la transparencia de la que presume el Gobierno autonómico ni de su probidad y diligencia en el uso del dinero público. A lo que estamos asistiendo estos días es a las consecuencias del descontrol generalizado que reinó en los inicios de la pandemia, con un Ministerio de Sanidad incapaz de centralizar las compras de material sanitario y unas comunidades autónomas obligadas a arreglárselas por su cuenta sin reparar en el cómo ni en el cuánto.

Eso, sin embargo, solo explica lo ocurrido pero no exculpa a los responsables políticos de haberse saltado la legalidad como si no hubiera un mañana y como si el dinero público no fuera de nadie y se le pudiera entregar a cualquiera que prometiera guantes o mascarillas sin más garantías que su palabra de caballero. Al margen de las responsabilidades judiciales que en su caso se determinen, existe algo llamado responsabilidad política que, aunque sea muy poco habitual en España, se debería concretar en dimisiones o ceses de quienes tomaron decisiones presuntamente reñidas con la legalidad. Vivir en la ultraperiferia no debería dar derecho también a disfrutar de patente de corso.