Pintan bastos

No solo el ambiente político a propósito de la reforma laboral está a punto de alcanzar la temperatura a la que los partidos de la coalición de gobierno entrarían en un punto de no retorno. También el panorama económico se ha ido cargando de nubarrones cada más negros, densos y amenazantes para el futuro del país a corto y medio plazo. En España se parece estar formando la tormenta perfecta, aquella en la que los malos datos económicos y el mal ambiente político, fruto de las tensas relaciones entre los socios del Gobierno y el nulo entendimiento entre este y la oposición, se combinan para malograr la ansiada y pregonada recuperación tras la pandemia arrasadora sobre la que, por otro lado, tal vez no deberíamos proclamar aún la victoria final. La segunda parte de la legislatura, si es que se completa, promete ser un camino de espinas y no la gloriosa senda de vino y rosas que Pedro Sánchez había imaginado gracias principalmente al maná de los fondos europeos. 

EP

Previsiones irreales

Junto con los problemas de índole político, de los que me ocupé en el post anterior, son los de carácter económico los que han empezado a llamar la atención entre los analistas, si bien el Gobierno opta por no bajarse del burro y mantener unas expectativas de crecimiento en las que solo parecen creer ya Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Siempre he sido bastante escéptico con las previsiones de los economistas, pero no se puede pasar por alto que las principales instituciones y organismos que se dedican a esos menesteres coinciden en que el Gobierno está haciendo la cuenta de la abuela al prever para este año un crecimiento del 6,5% del PIB. La más optimista, la AIReF, lo deja en un 5,5% y la más pesimista, FUNCAS, lo reduce al 5,1%. Falta aún conocer la del Banco de España, que no obstante ya ha avisado de que su previsión también será a la baja. Coinciden también los analistas en que para alcanzar el 6.5% que prevé el Gobierno la economía española tendría que crecer un 5% en el cuarto trimestre, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. 

La clave de la ralentización de lo que el Gobierno aún sigue vendiendo como una recuperación fulgurante de la economía, está en los precios de la energía y en el bloqueo de la cadena de suministros. Estos dos factores se traducen en un crecimiento de la inflación interanual del 5,5%, la mayor de las últimas tres décadas, que repercutirá en el gasto público en pensiones, empujará al alza los salarios, retraerá el consumo e incrementará el ahorro familiar. Según el INE, solo la contratación pública está tirando del consumo, lo que ilustra con claridad una de las prioridades de la política gubernamental de echar la casa por la ventana como si no hubiera un mañana ni que pagar la monstruosa deuda pública que estamos acumulando hasta que el Banco Central Europeo decida poner pies en pared. 

Dando palos de ciego con el recibo de la luz

Es cierto que no es el Gobierno de Sánchez el responsable directo del incremento de los precios de la energía ni el causante de todos los males habidos y por haber en este país. No obstante, ni sus más rendidos admiradores podrán negar honradamente a estas alturas que las decisiones de su Gobierno para contener el recibo de la luz solo han contribuido a enredar y oscurecer un problema complejo y a enfadar a una población harta de comprobar, una y otra vez, lo fácil que es vender demagogia en la oposición para quedarse sin respuestas cuando se llega al gobierno. El panorama empieza a tornarse tan sombrío que hasta un buen dato como el de la EPA del tercer trimestre se ha convertido en una alegría efímera en el contexto general de la economía. Un buen dato del que, por cierto, presume la ministra Díaz al tiempo que pasa por alto que se ha logrado con la reforma laboral de Rajoy en vigor, la misma que ella se propone derogar a pesar de las resistencias de la primera parte contratante de la coalición. 

"¡La economía, estúpido!"

Ni siquiera es para lanzar las campanas al vuelo que Pedro Sánchez tenga a punto de caramelo la aprobación de las cuentas públicas de 2022 gracias a las consabidas concesiones a nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Esto le puede ayudar a aguantar hasta 2023 sin convocar elecciones a poco que consiga sortear el obstáculo que le ha puesto su ministra de Trabajo en el camino con la contrarreforma laboral. Sin embargo, como ha dicho alguien con mucha agudeza, estos son unos presupuestos para ser aprobados no para ser cumplidos. Entre otras cosas, porque sus previsiones macroeconómicas son un brindis al sol que solo se haría realidad si se obrara el milagro de los panes y los peces. 

Queda la esperanza, cada vez más difuminada, de los fondos europeos. Sin embargo, de la primera entrega de 9.000 millones de euros que según el Gobierno transfirió Bruselas a finales de agosto, nada se sabe en qué y cómo se están empleando, con lo que surge la duda de si seremos capaces de gastarnos ese dinero este año. En el aire, a expensas de la reforma del mercado de trabajo, hay otros 10.000 millones cuya llegada podría retrasarse si los socios no logran acercar sus respectivas posiciones, bastante alejadas de momento, antes de que acabe 2021. Así que, incluso la tabla de salvación de Sánchez para que los españoles olvidemos su inconstitucional gestión de la pandemia o el indulto independentista, parece un asidero cada vez más endeble y quebradizo con el que remontar en unas encuestas que empiezan a darle la espalda. En conclusión, la situación y las perspectivas de nuestro país para el futuro inmediato se pueden resumir perfectamente con aquel exitoso lema de la campaña electoral de Bill Clinton: "¡La economía, estúpido!". 

El Brexit tenía un precio

No es fácil encontrar a alguien que aún crea sinceramente que a los británicos no los engañaron como a chinos quienes les vendieron la moto trucada de que tras el Brexit todo serían rosas y cerveza. Más de cinco años después de un referéndum del que hoy reniegan muchos de los que decidieron hacerle un corte de mangas a la UE, todo lo que podía salir mal está saliendo mal y aún puede empeorar bastante. Especialmente si continúa mucho más tiempo al frente del gobierno del país un señor que está consiguiendo lo que parecía inimaginable hasta no hace tanto, que el prestigio internacional de Gran Bretaña haya descendido hasta niveles que conseguirán hacer que Churchill y la reina Victoria se revuelvan en sus tumbas. Son los mismos cinco años largos que llevamos el resto de los europeos soportando una interminable murga de quien nunca se sintió del todo a gusto en el club comunitario como no fuera para beneficiarse de todas sus ventajas y eludir todas las obligaciones. Casi siempre les pudo más el aislacionismo frente al continente y mantener una relación privilegiada con los primos americanos, y fue al final esa visión alicorta la que los ha metido en un callejón del que seguramente saldrán, aunque a cambio de un enorme coste económico y social y de perder la imagen de país serio que hace honor a sus compromisos internacionales.

Cinco años mareando la perdiz

Si la negociación para acordar los términos de la salida del Reino Unido de la UE ya fue una historia interminable llena de desplantes, exigencias y moratorias por parte británica, la gestión de la situación posterior a la marcha definitiva está resultando no menos esperpéntica e insufrible. La piedra que aprieta ahora el zapato de Boris Johnson y los suyos es el protocolo sobre Irlanda del Norte, que el Gobierno británico califica de “altamente perjudicial” al entender que divide en dos el Reino Unido debido a los controles aduaneros en el Mar de Irlanda. Estos controles convierten a Irlanda del Norte en territorio sujeto a las normas del mercado único y a la unión aduanera de la UE y son la manera acordada por Londres y Bruselas de evitar una frontera física con la República de Irlanda para salvaguardar los Acuerdos de Paz del Viernes Santo.

La ex primera ministra Theresa May lo rechazó en su día, pero su sucesor lo firmó sin rechistar en octubre de 2019 y no abrió la boca tampoco cuando en diciembre de 2020 cerró con Bruselas el acuerdo de la relación futura con la UE. Ha sido en octubre de este año cuando ha caído en la cuenta de que es “altamente perjudicial” para su país y se ha plantado, rechazando incluso la jurisdicción del TJUE para resolver las diferencias que pudieran surgir en la aplicación del acuerdo. 

Bruselas, siempre tan comprensiva con Londres, ha acudido rauda con la zanahoria y el palo: por un lado ofrece reducir un 80% los controles aduaneros y por otro amenaza con sanciones sin cuento al Reino Unido. A nadie se le escapa que unas buenas relaciones entre el Reino Unido y la UE benefician a ambas partes en muchos terrenos, no solo en el económico. Pero dicho esto, no es de recibo que el Gobierno británico tome el pelo a la otra parte, actúe unilateralmente y deshonre el cumplimiento de unos acuerdos que, según ha revelado estos días un exasesor resabiado de Johnson, en realidad éste nunca tuvo intención de cumplir.

Un prestigio por los suelos

Uno no puede menos que asombrarse ante la pendiente por la que se desliza el Reino Unido desde que se puso el Brexit sobre la mesa y se esparció por todo el país la especie falsa de que fuera de la Unión Europea los británicos no tardarían en atar los perros con longanizas. Sin embargo, cinco años después lo que se plantean es sacrificar 100.000 cerdos por falta de carniceros. Prometieron también que subirían los salarios cuando se fueran los inmigrantes y hoy casi no hay conductores suficientes para llevar combustible a las estaciones de servicio y tienen que recurrir a los militares. El ofrecimiento de 5.000 visados temporales para atraerse a parte de los camioneros que retornaron a sus países ha sido un completo fracaso: las nuevas leyes de inmigración hacen muy poco atractiva la oferta, lo que alimenta el temor de ver los puertos atestados de mercancías sin despachar y las estanterías de los supermercados vacías a las puertas de la Navidad. A todo eso hay que añadir una grave crisis de refugiados al negarse ahora Francia a aceptar la devolución de los inmigrantes que consiguen cruzar el Canal de La Mancha.

Parece la tormenta perfecta y puede que lo sea. Aunque eso no parece inquietar demasiado a un primer ministro que se fue de vacaciones a Marbella mientras en su país los conductores hacían colas en las gasolineras para repostar y en las tiendas escaseaban productos básicos como si se tratara de Venezuela. De un personaje de esa catadura política, cuya lamentable gestión de la pandemia provocó miles de muertes que se podían haber evitado, no cabe esperar que explique a sus conciudadanos qué ha salido mal con el Brexit para que no se estén cumpliendo ninguna de las doradas promesas de quienes apoyaron la salida de la UE. Johnson ha reaccionado ante la adversidad posponiendo a un futuro indefinido la felicidad que tanto se resiste a llegar, a pesar de las elevadas y patrióticas intenciones de quienes abogaron por envolverse en la Union Jack. 

Que no esperen los británicos que los políticos que los metieron en este desaguisado reconozcan ahora que les ocultaron las consecuencias negativas que tendría desconectar de la Unión Europea. Desde el continente sí se advirtió por activa y por pasiva de los riesgos, aunque pudieron más las mentiras y el ruido interesado de los partidarios de irse que la razón y la prudencia de quienes querían quedarse. Es lo que tienen los referendos populistas, en los que sólo cabe el "sí" o el "no" y de cuyas consecuencias negativas nadie se hace luego responsable. Ahora todos saben que el Brexit tenía un precio oculto del que no se les dijo una palabra y que tendrán que pagar de sus bolsillos. Se cumple aquello tan viejo pero cierto a la vez de que en el pecado está la penitencia, aunque en este caso también pagarán justos por pecadores. 

Paro juvenil y políticas de campanario

Como indiqué en un post reciente, en España somos expertos en discutir sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos asedian las puertas de la ciudad. Nos sueltan una liebre y corremos detrás con un entusiasmo digno de mejor causa, sin pensar en que puede haber asuntos de más enjundia sobre los que enzarzarnos. La última de esas liebres la soltó hace poco el presidente Sánchez, un maestro redomado en desviar la atención de los problemas crónicos de este país, a los que su Gobierno enfrenta con más eslóganes que acciones para resolverlos. El nuevo trampantojo se llama “bono” y vale tanto para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler como para que accedan al “consumo” de cultura. En ninguno de los dos casos ha hecho mención el presidente al verdadero drama de la juventud española: el paro juvenil más elevado de la Unión Europea.

EFE

La panacea de los bonos

Ofrecer un bono plagado  de requisitos para ayudar a pagar el alquiler a una juventud a la que le resulta prácticamente imposible emanciparse, es otra de esas medidas propias de un Gobierno acostumbrado a quedarse en la espuma de los problemas en lugar de atacar sus causas últimas. Si es necesario se cuestiona el derecho a la propiedad y se interviene el mercado del alquiler, todo a mayor gloria del populismo, generando probablemente el efecto contrario al que se pretende: que la oferta de alquileres se reduzca y los precios, en lugar de disminuir, suban.

El otro bono de moda es el que el presidente quiere entregar a los jóvenes que cumplan 18 años para que “consuman” cultura. Aparte de lo chirriante y pedestre que suena la expresión “consumo de cultura”, se trata de otra decisión que ignora deliberadamente lo prioritario para centrarse en lo auxiliar. Sin desmerecer lo que tiene de positivo social y económicamente el acceso de la población a todo tipo de expresiones culturales, basta echar un vistazo a los datos del paro juvenil para comprender que los cimientos van siempre antes que el techo y que, cuando lo que está en juego es el dinero público, es imprescindible priorizar en lo que se emplea. 

Paro juvenil: una realidad pavorosa.

Cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. Por desgracia, esto no es nada nuevo: a la llegada de Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. A la llegada de Sánchez había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se ha sufrido la crisis financiera y la pandemia, a pesar de lo cual, en países como Alemania el paro juvenil se sitúa en el 6% y el español supera en más de veinte puntos la media europea.  El paro de los jóvenes españoles es una rémora crónica y estructural, consecuencia de un sistema educativo devaluado y un mercado laboral incapaz de absorber la mano de obra que pide paso. Los millones de euros públicos que las administraciones han destinado en los últimos años a la lucha contra del desempleo apenas han servido para disimular una realidad que se resiste al tratamiento con tiritas.

"El paro juvenil en España es un drama social que se pretende atender con tiritas"

Seguramente somos también el país europeo con más planes contra el paro juvenil. Eso no ha impedido que Yolanda Díaz se privara de presentar el suyo cuando aún está vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El nuevo cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como los otros. Sin embargo, los resultados obtenidos por todos ellos se reflejan de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Suena tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco es de gran ayuda para la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables. Si añadimos la maraña burocrática de la contratación, tendremos algunas de las claves principales del este fracaso social: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano.

Una política electoralista para un drama social

Además del futuro de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias: desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone; además, los proyectos personales se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Ante esta situación hay dos opciones: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno deshaciendo lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y gastando dinero público en planes ineficaces; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y les debemos como sociedad.

El Gobierno de Sánchez opta por la primera solución y deja en un segundo plano las causas reales del mal causado. A la poca eficacia de los planes de empleo añade ahora unos cuantos millones más en pólvora del rey en forma de bonos. Hay que estar ciego o ser un rendido admirador de Sánchez – lo cual viene siendo casi lo mismo - para no ver en esa medida, financiada con dinero de todos los españoles, un descarado intento de ganarse el voto juvenil. Sus políticas se caracterizan por no superar el próximo horizonte electoral, lo que requiere gastar sin tasa ni medida el dinero público y no pensar en las consecuencias para el país a medio y largo plazo. Por eso Sánchez siempre será un político mendaz que no alcanzará la categoría de estadista, aquella a la que, según Churchill, solo se llega cuando se pone la mirada en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Con la luz hemos topado

Por nada del mundo me atrevería a aventurar si las medidas del Gobierno para abaratar el recibo de la luz darán resultado o seguiremos para bingo. Doctores tiene el enrevesado e incomprensible mercado eléctrico español y, si ni ellos se terminan de poner de acuerdo, no seré yo quien meta los dedos en ese recalentado enchufe. Después de escuchar y leer a unos y a otros, sí aprecio algunas coincidencias. Entienden que las medidas, aún teniendo aspectos positivos, buscan ante todo calmar a la opinión pública pero llegan tarde y son un parche temporal que no impedirá que el recibo se siga encareciendo en los próximos meses hasta tocar la luna, de la que ya está cerca, si como se teme el precio del gas continúa su carrera alcista. Hay también un cierto escepticismo ante la promesa de Sánchez de que este año pagaremos por la luz lo mismo que a finales de 2018. El Gobierno, que necesita con desesperación enviar un mensaje positivo a los ciudadanos y a las empresas que sufren el calambrazo, suma churras con merinas y sitúa el ahorro en torno al 30% de la factura. No lo ven tan claro los conocedores de los arcanos eléctricos, cuyos cálculos son menos optimistas y reducen  el ahorro a la mitad.

Predicar y dar trigo: en la oposición todo es posible

Pero no hagamos cábalas, el tiempo dirá quién lleva razón o si ambos, Gobierno y expertos, saben tanto del funcionamiento real de ese mercado como usted y como yo. Por no hablar de la inseguridad jurídica que denuncian las eléctricas y que puede desembocar en un gran pifostio judicial. Tal es así que el propio Gobierno, que presumió de que el decreto con las medidas estaba blindado a prueba de pleitos, admite ya que tendrá que hacer "matizaciones".

Pero más allá de la crítica a las medidas aprobadas por el Gobierno, después de semanas de subida imparable del precio de la luz sin que Sánchez supiera qué interruptor apretar, me gustaría poner una vez más de relieve uno de los peores males de la democracia, particularmente preocupante en el caso español: la demagogia de quienes cuando están en la oposición tienen soluciones mágicas para todos los problemas por complejos que sean; lamentablemente, cuando llegan al gobierno demuestran su incompetencia, se olvidan de ellas o no se atreven a aplicarlas para pasmo y cabreo de los ciudadanos que depositaron en ellos la confianza.  

"Cuando llegan al gobierno se olvidan o no se atreven a aplicarlas"

Es lo que conocemos como "populismo", una enfermedad de la democracia que ha terminado contagiando a tirios y a troyanos hasta el punto que ya no hay casi nadie que se resista a sacar de la manga la pócima milagrosa que nos librará de todo mal per saecula saeculorum en un plis plas. Así, enfrentado a la realidad de un recibo subiendo en globo que amenaza con quemar los brotes verdes de la recuperación económica y que dejará a millones de familias a dos velas, a los partidos que forman el Ejecutivo actual y sus terminales mediáticas se les han caído de pronto todos los palos del sombrajo que habían montado en la oposición. 

Y de pronto desapareció la pobreza energética

Entre los palos del ventorrillo que más juego político dieron en su día está la pobreza energética, por la que se emitieron reportajes y programas especiales en los medios afines, se guardaron minutos de silencio, se convocaron manifestaciones y se pidió hasta la dimisión del apuntador. Más que protestar por un problema social cierto y exigir soluciones, la prioridad era desgastar al Gobierno aunque el aumento del recibo eléctrico estuviera entonces a años luz del actual y el país y el mundo no se encontraran inmersos en una pandemia. Ahora la pobreza energética ha desaparecido por arte de magia para los que entonces la consideraban el problema más acuciante del país; solo Podemos ha hecho amago de convocar manifestaciones, más que nada para intentar disimular que forma parte de un Gobierno con el que el precio de la luz ha subido el 200% en un año. 

No se discute aquí que la oposición no deba fiscalizar y criticar la acción del Gobierno y, al mismo tiempo, convencer a los ciudadanos de que tiene soluciones mejores para sus problemas. Ese es su papel en cualquier democracia que funcione razonablemente y no puede renunciar a él sin desnaturalizarse. Por tanto, el principal problema no era la campaña de acoso y desgaste al gobierno de Rajoy, la misma de la que casualmente acusan ahora el PSOE y Podemos al PP, sino la ausencia de una verdadera alternativa que pusiera orden y transparencia en un mercado eléctrico oligopólico y evitara recalentones de precios como el actual. Son, curiosamente, las mismas carencias de  las que culpaban los que gobiernan hoy a los que lo hacían entonces. Por no recordar que las puertas giratorias siempre se han abierto para todos sin que nadie les haya hecho ascos. 

"Ha quedado claro que detrás de las pancartas y los eslóganes solo había humo y demagogia". 

Que sea un factor externo como la subida del precio del gas la causa principal del aumento del de la luz no exime al Gobierno de responsabilidad. Un Ejecutivo prospectivo que presume de saber cómo será España en 2050 debió haber ponderado las consecuencias para la factura eléctrica de una subida sostenida del precio del gas y haber actuado a tiempo para hacer frente a sus efectos. Dicho en otros términos, la obsesión por una transición ecológica a machamartillo sin explicar ni reparar en los costes para empresas y ciudadanos, ha llevado al Gobierno a ignorar la realidad compleja de un mercado que en la oposición sabía perfectamente cómo meter en vereda. Ha quedado claro que no tiene idea de cómo hacerlo y que detrás de las pancartas y los eslóganes que agitaban solo había humo y demagogia populista. Lo deberíamos recordar cada vez que la oposición, cualquier oposición, nos intente vender el bálsamo de Fierabrás con la promesa de que resolverá todos nuestros problemas por los siglo de los siglos. 

Yo también soy baby boomer

Para tener al menos una ligera idea sobre la reforma de las pensiones hay que estar muy atento a los globos sonda del ministro Escrivá, experto en decir cosas por la mañana de las que se desdice a mediodía después de culpar al mensajero. Es un esfuerzo penoso que se debería compensar en la pensión, pero por ahora no veo manera mejor de que los baby boomers - los nuevos malos del viejo docudrama de las pensiones -  podamos calcular por lo alto cómo quedará nuestra jubilación que, en todo caso, no dará para muchas alegrías ya que, cuanto más se aleja la fecha de empezar a cobrarla, más se acerca la Parca inexorable. 

A las puertas de un nuevo recorte

Ironías aparte, da igual que el PP lo llamara "factor de sostenibilidad" o que el PSOE lo haya bautizado ahora como "mecanismo de equidad intergeneracional", el objetivo es continuar retrasando la edad legal de salida del mercado laboral para "compensar" el aumento de la esperanza de vida y, al mismo tiempo, penalizar con creciente dureza a quienes deseen anticipar la jubilación después de décadas cotizando. Los que decidan morir con las botas puestas serán premiados con 12.000 euros por año de más trabajado sobre la edad de jubilación, según el penúltimo globo sonda de Escrivá. Diga lo que diga el ministro sin partido que llegó de la AIReF a resolver el déficit de las pensiones y eche uno las cuentas que eche con el sudoku de las penalizaciones, estamos a las puertas de un nuevo recorte aunque nos lo venda como un "pequeño esfuerzo" de los baby boomers.

La cuestión es si el recorte, que afectará a unos once millones de españoles nacidos entre 1958 y 1977, servirá para garantizará la sostenibilidad, algo como mínimo dudoso. La clave de bóveda de todo el sistema es el número de cotizantes y su relación con el de pensionistas: en la actualidad esa relación es de 2 a 1, - una ratio bastante baja -, por lo que, según algunos cálculos, el envejecimiento de la población obligaría en una década a tener casi 6 millones más de cotizantes frente a los 19 millones actuales solo para mantener la ratio. ¿Será capaz la economía española en ese plazo de elevar hasta casi 25 millones el número de afiliados a la Seguridad Social? Ahí dejo la pregunta.  

El taca taca y los trileros

Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente de alto voltaje electoral, que los sucesivos gobiernos solo se atreven a tocar con guantes y pinzas pero jamás con bisturí. Se trata de buscar por dónde cortar para que el sistema no quiebre y es aquí donde los especialistas divergen. Unos proponen elevar la edad legal de jubilación a los 70 años, acercándola lo más posible a la esperanza de vida: los habría que irían a trabajar con el taca taca, pero cobrarían pensión menos tiempo con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social. Por cierto, son los mismos especialistas que recomiendan planes privados de pensiones para "complementar" la pensión pública, así que es fácil adivinar cuál es el pie que arrastran. 

"Para algunos especialistas la reforma es otra patada hacia adelante de una papa caliente"

Otros optan por cargar el déficit de las pensiones sobre los Presupuestos del Estado, precisamente uno de los acuerdos del Gobierno con sindicatos y empresarios junto a la revalorización según el IPC. Aunque parece una solución mágica tiene mucho de juego de trileros que crea la ficción de que el déficit ha desaparecido. Ya veremos de dónde saldrán los 22.567 millones de euros anuales que el Gobierno se ha comprometido a incluir en los Presupuestos para pagar las pensiones. Si se acaba echando mano de impuestos como el IRPF los pensionistas sufrirían un doble recorte; si en cambio se recurre al endeudamiento público, engordaría aún más el monstruo de la deuda que supone ya el 125% del PIB y subiendo.

El debate sobre pensiones siempre acaba en recortes

Lo mire por donde lo mire, en la tómbola de este debate siempre tocan recortes. Uno no es un experto, solo un atento observador directamente interesado y, como tal, observa con extrañeza la obsesión por el gasto y el poco interés por buscar fuentes de ingresos para la Seguridad Social. El propio Escrivá amaga con subir la cotización de los salarios más altos, aunque puede que solo sea otro de sus famosos globos sonda. Tiremos del hilo y pensemos también en esos 180.000 millones de euros que según el FMI mueve la economía sumergida, un sumidero en el que las arcas públicas pierden anualmente entre 18.000 y 20.000 millones de euros; hablemos de la precariedad laboral, del paro juvenil por el que somos campeones europeos, de los salarios o de la ausencia de políticas demográficas dignas de tal nombre en uno de los países más envejecidos del mundo. Todos estos aspectos se ignoran a pesar de que su relación con los ingresos de la Seguridad Social es evidente hasta para un profano.

"Hablemos de los chiringuitos clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo"

Hablemos también de la ineficiencia en el gasto público, del elevado colesterol de la administración y la urgencia de que haga dieta estricta, de los "chiringuitos" clientelares de los partidos, de los gobiernos inflados de asesores colocados a dedo, de las canonjías políticas o de las rentas vitalicias del poder. ¿Por qué cuando se habla del gasto en pensiones siempre se hace recaer la carga de la prueba sobre los jubilados y nunca sobre los ingresos que aportaría a las arcas públicas suprimir gastos prescindibles del todo o en parte? Por último me pregunto también cuándo alcanzarán los partidos un pacto de estado sobre pensiones que sobreviva a las siguientes elecciones y no castigue a los mismos de siempre, y cuándo dejarán los políticos de tirarse nuestras jubilaciones a la cabeza mientras hacen en el gobierno lo que criticaron en la oposición. Podría seguir aunque, como baby boomer cabreado, ya me he alargado bastante por hoy. Pero aviso: continuará...

A Canarias vino un día una inglesa soñadora

El tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y ni el virus dice adiós ni los turistas dicen hello de nuevo. Los políticos, travestidos de adivinos, pronosticaron que el verano en Canarias sería el no va más de la recuperación turística, pero avanza julio y las reservas están bajo mínimos. Las cosas no pintan nada bien: se expanden nuevas cepas y se disparan los contagios mientras la vacunación, que tendría que ir mucho más rápido después de seis meses pinchando, sigue al trantrán a pesar de los aplausos diarios de los entusiastas de un Gobierno que desconoce la autocrítica. Los hay que se consuelan culpando a los "jóvenes irresponsables", a Boris Johnson por no poner el semáforo en verde o a los jueces por no comulgar con ruedas de molino. Pero nunca jamás, bajo ningún concepto, señalarán a los responsables públicos por decisiones con frecuencia inexplicables, inadecuadas o confusas: los culpables siempre son otros. 

Los augurios y la dura realidad

A pesar de la graciosa idea de la Consejería de Turismo de sortear bonos turísticos para los residentes pagados con dinero público, los hoteleros canarios han tirado la toalla del verano y sueñan con el invierno. Un sueño del que participan los miles de trabajadores canarios que continúan en ERTES porque sus hoteles siguen cerrados. Claro que, a la vista de la experiencia, mejor sería no volver a hacer castillos de arena para el invierno y cruzar los dedos. 

La ministra pitonisa Maroto, cuyo prometido plan para la recuperación del turismo canario seguimos esperando, o el siempre crédulo presidente canario, que en este asunto ni siquiera ha amagado con revirarse, llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena. La primera fue poco antes del verano pasado, pero el virus se expandió de nuevo sin respeto alguno por Pedro Sánchez y su celebrado triunfo sobre la pandemia. Después dijeron que del invierno no pasaría pero, entre la desgobernanza autonómica y los "allegados" invitados a la cena de Navidad, hicimos otro pan como unas tortas. 

 "Llevan un año jurando por San Cucufato que la próxima será la buena"

Tranquilos, nos decían, en Semana Santa no habrá cama para tanta gente. Volvieron a fallar y, sin darnos cuenta, nos plantamos a las puertas de otro verano y el Gobierno volvió a pronosticar que este sería un verano de ocupación hotelera récord porque ingleses, alemanes y nórdicos morían de ansiedad por volar a Canarias a colorearse como gambas a la plancha. No supieron prever que Sánchez levantaría el estado de alarma y dejaría a las comunidades autónomas con una mano legal delante y otra detrás para luchar contra los brotes. Y a modo de guinda, el susodicho puso fin a la mascarilla en espacios públicos abiertos, a pesar de que el porcentaje de vacunación aconsejaba prudencia antes de enseñar de nuevo la sonrisa, que diría la poética Carolina Darias. 

Culpar a los demás es sencillo, gobernar es complicado

Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde si la situación sanitaria no mejora sustancialmente en Canarias y, si eso no ocurre pronto, Ángela Merkel también podría enseñarnos tarjeta amarilla. Acelerar la vacunación y aumentar las pruebas es esencial pero, al mismo tiempo, no caben más experimentos creativos con los niveles de la pandemia y hay que hilar fino jurídicamente para que las medidas que se adopten no choquen con derechos fundamentales por bienintencionadas que sean. De otro lado, la denuncia de las infracciones, que hay que perseguir y sancionar de modo ejemplar y sin tibiezas, no puede ser la coartada para tildar injustamente de irresponsables a segmentos enteros de la población como los jóvenes, aunque no falten los que tienen tanto seso como un mejillón. 

"Boris Johnson no pondrá el semáforo en verde hasta que la situación sanitaria mejore sustancialmente"

Después de aquella inglesa de la canción han venido a Canarias millones de turistas a los que hoy se echa en falta porque son, nos guste poco o nada el turismo masivo, la sangre que vivífica un tejido productivo que sin ellos perecería: ojalá las reiteradas promesas políticas de diversificar la economía se hubieran cumplido cuando se podía y se debía, que no es precisamente en estos momentos de crisis profunda. 

Por eso, para la sociedad canaria y su economía, que regresen cuanto antes los turistas es vital casi en el sentido literal de la palabra. A los responsables públicos se les paga para afrontar y resolver problemas como ese y disponen para ello de generosos márgenes de discrecionalidad y de recursos que les permiten apoyarse en especialistas para la toma de decisiones. Lo que en ningún caso necesitamos son vendedores de augurios de falso optimismo para agradar a la galería, sino gestores públicos que transmitan certidumbres hasta donde sea razonable y generen confianza social y económica.  

Todo por la pasta

Hay noticias buenas y no tan buenas sobre los esperados fondos europeos. La UE se ha embarcado en una operación inimaginable hace poco y va a ir soltando en los próximos años la friolera de 750.000 millones de euros de deuda comunitaria para contrarrestar los efectos de la crisis y transformar la economía. Es verdad que las decisiones en la UE no se distinguen por su agilidad, como ha ocurrido en Estados Unidos, y que la cuantía de la inyección está muy lejos de los 1,9 billones de dólares de Biden. Pero ya dice el refrán que nunca es tarde si la espera vale la pena. Esta debe valer, porque solo España podrá obtener hasta 140.000 millones que, gastados con tino y buena mano, pueden ser un potente revulsivo para sacar del atolladero y reorientar correctamente una economía arrasada. 

La clave de las reformas

La segunda buena noticia es que la Comisión Europea ha dado el visto bueno con nota alta al plan español, pendiente ahora de que lo apruebe el Consejo Europeo. España recibirá este año unos 19.000 millones con cargo a los 70.000 millones de transferencias directas condicionadas a reformas; quedan otros 70.000 millones en créditos, a los que por ahora el Gobierno parece no tener intención de recurrir. La partida de este año es unos 7.000 millones inferior a la que se consignó en los presupuestos de 2021, así que habrá que añadir esa cifra a la gigantesca deuda pública. 

A partir de aquí las noticias son menos buenas: Bruselas abre la cartera este año porque algunas de las medidas que exigió ya están en marcha. Cosa diferente podría ocurrir con las entregas de 2022 y años posteriores, sujetas a reformas de gran calado como las de las pensiones, el mercado de trabajo o la fiscalidad. Si no están a tiempo o no reciben el visto bueno se congelará la entrega de más fondos. Apelando a la necesidad de que se basen en el consenso, Bruselas ha hecho como que no le preocupa por ahora que estemos aún casi en mantillas en la negociación. De paso ha advertido de la conveniencia de conservar elementos de la reforma laboral de 2012, tan denostada por Podemos y el PSOE, y que los morados prometieron solemnemente derogar en cuanto llegaran al gobierno. 

Dudas razonables y trifulca política

Hay dudas razonables entre expertos como los de la Fundación para el Estudio de la Economía Aplicada (FEDEA) de que las reformas laboral y de pensiones que baraja el Gobierno sean las adecuadas. Las consideran inconcretas y faltas de ambición, los mismas deficiencias que aprecian en la reforma fiscal, de la que afirman incluso que puede ser contraproducente en estos momentos. Sobre esta última, Bruselas ha dicho además que es insuficiente. A pesar de la buena nota comunitaria que recibe el plan español en su conjunto, la propia FEDEA lo calificó en su momento de "genérico, enunciativo y falto de ambición". 

REUTERS

También ha reiterado Bruselas que la aplicación del Plan y las reformas que lleva aparejadas deberían tener el máximo respaldo político, algo que a día de hoy ni está ni se le espera. El Gobierno convirtió el documento enviado a la Comisión en una propuesta exclusiva del PSOE tras dejar fuera del debate a las comunidades autónomas, a la oposición e incluso a sus socios de Podemos. Así las cosas, el horno de la política no está para muchos consensos en los próximos meses, máxime si Sánchez perpetra los indultos prometidos y Casado sigue cabalgando la cresta de la ola en las encuestas. 

Transparencia y control, asignaturas pendientes

Hay también dudas razonables sobre otros aspectos del Plan. Una tiene que ver con la transparencia y el rigor que lo deben presidir: en vísperas de que empiece a llegar el dinero, las empresas aún no saben cómo y cuándo podrán acceder a las partidas reservadas para la colaboración público - privada. Además, a diferencia de lo que han hecho otros países, el Gobierno no muestra intención de implantar algún mecanismo  interno de control a través, por ejemplo, de una autoridad independiente. Por lo demás, España no es un buen ejecutor del dinero que llega de Bruselas, algo que si en el pasado podía pasar más o menos desapercibido, en la situación actual sería de una absoluta irresponsabilidad política.

La pregunta es ¿qué puede salir mal? Muchas cosas, que la discordia política malogre la oportunidad, que no seamos capaces de gastarnos el dinero, que la maraña burocrática lo demore aún más o que no salgan las reformas y Bruselas retenga los fondos; puede ocurrir que no se cumplan las vagas previsiones sobre crecimiento y empleo si no se orientan bien las medidas y que, por cálculo político, se beneficie injustamente a unas comunidades en perjuicio de otras o a unos sectores en detrimento de otros, para que al final el objetivo transformador y resiliente quede en otro eslógan propagandístico. Nadie desea eso, pero los mimbres del cesto político invitan más al recelo que a la confianza. Sé que es pedir demasiado, pero la mejor noticia debería ser que, por encima de trifulcas políticas, fuéramos capaces por una vez de señalar en la misma dirección bajo un lema compartido: todo por la pasta. 

España no es país para jóvenes

Al leer este título muchos habrán pensado que tampoco es España país para viejos. Cierto, pero hoy solo nos vamos a ocupar de esa generación joven que, a este paso, habrá que dar por irremediablemente desperdiciada para nuestro futuro como sociedad. Cómo calificar si no que cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil igual al de una zona en guerra como Gaza y veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. 

No es una maldición bíblica

Pero esto no es nuevo: a la llegada de Rodríguez Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. Al acceder Pedro Sánchez a La Moncloa había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se sufrió la crisis financiera y ahora la del coronavirus pero, como es obvio, esas dos situaciones también afectaron a otros países como Alemania, en donde el paro juvenil se sitúa en el 6%, mientras que el español supera en más de veinte puntos la media europea.  

No estamos ante una maldición bíblica ni ante un problema coyuntural, consecuencia de un bache económico que se superará cuando la situación se normalice. Es una lacra estructural, una enquistada rémora crónica del sistema educativo, cada vez más devaluado, y del mercado laboral que ninguno de las decenas de planes que los diferentes gobiernos han impulsado ha conseguido eliminar o al menos atenuar. El caso de Canarias y su Plan Integral de Empleo (PIEC), al que el Gobierno central ha destinado centenares de millones en los últimos años, es el mejor ejemplo de la poca eficacia de ese tipo de medidas para luchar contra el paro en general y el de los jóvenes en particular. 

EP

A planes contra el paro juvenil no nos gana nadie

Probablemente seamos también el país de la UE que más planes contra el paro juvenil ha puesto en marcha. Así y todo, Yolanda Díaz no ha querido ser menos y acaba de presentar uno más cuando aún sigue vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El de ahora cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como todos los anteriores. Sin embargo, los resultados obtenidos uno tras otro se reflejan fielmente de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Es ya un tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP, además de desajustes en la oferta y la demanda de determinadas especialidades, aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco ayuda demasiado a la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. 

La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables ante el despido y los más expuestos a la rotación laboral. Añadamos la engorrosa maraña burocrática de la contratación y la consecuente inseguridad jurídica y tendremos las claves principales del drama juvenil de nuestro tiempo: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano, del que ningún país en su sano juicio se atrevería a prescindir como alegremente hace España. 

Un reguero de secuelas económicas y sociales

Al margen de la viabilidad de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias sociales que van desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida para ir trampeando. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone por falta de ingresos para una hipoteca o un alquiler; los proyectos personales de vida y tener hijos también se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Y de propina, también han de cargar a veces con el estigma de vagos e irresponsables que les endosa una parte de la sociedad de manera generalizada e injusta. En el mejor de los casos, los más afortunados y decididos se van fuera a estudiar y trabajar, muchas veces para no regresar al país que los excluyó sin miramientos de su futuro.  

Ante esta situación hay dos opciones muy claras: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno desmontando lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y  gastando dinero  público en planes contra el desempleo juvenil de contrastada ineficacia; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y reclaman y que les debemos como sociedad. 

El calambrazo

No les extrañe no haber escuchado estos días a la gente de Podemos y del PSOE, o a sus terminales mediáticas, llamando a rebato contra el nuevo calambrazo eléctrico como hacían cuando estaban en la oposición. La única razón es que ahora gobiernan ellos y quedaría poco aparente arremeter contra lo que uno hace o deja de hacer. Además, entre sus prioridades ya no figura acabar con la pobreza energética que tanto les preocupaba entonces; ahora, su principal objetivo es indultar más pronto que tarde a los independentistas presos para garantizarse seguir en el poder al menos dos años más.

El eterno debate eléctrico

El eterno debate sobre la carestía de la luz se ha encendido de nuevo a raíz de dos hechos recientes, coincidentes pero distintos entre sí. Uno ha sido el brutal incremento en los últimos meses del precio de la energía, hasta el punto de que en mayo había subido el 216% con respecto al mismo mes del año pasado. El encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, debido a la reducción de la oferta, son los responsables de una subida que tiene su correspondiente reflejo en el recibo. Al mismo tiempo, el 1 de junio entró en vigor el nuevo sistema tarifario con tres tramos horarios en los que el consumo se factura a precios diferentes. El más económico es el de la madrugada, lo que en teoría obliga a millones de familias a tener que poner la lavadora a horas intempestivas para que el recibo no les salga más caro que cenar en un restaurante de tres estrellas. 

Son familias de clase media y baja a las que este invento les pilla con la lengua fuera por los efectos de la pandemia sobre las economías domésticas y para las que el Gobierno no ha tenido a bien prever una adaptación paulatina a los nuevos hábitos de consumo que pretende implantar. En lugar de eso, ha guardado en un cajón su discurso contra la pobreza energética y ha abocado a millones de consumidores a adoptar hábitos incompatibles con el descanso y hasta con la dignidad. Incluso las organizaciones de consumidores próximas al Gobierno coinciden en que el nuevo sistema, además de poco práctico y denigrante, encarecerá aún más este servicio básico. 

Una eléctrica pública, la gran idea de Podemos

La respuesta de Podemos ha sido la esperada: exonerar al Gobierno y cargar de nuevo contra el oligopolio de las eléctricas. Para resolver el problema, la brillante idea que se les ha ocurrido no solo es contraproducente sino más vieja que la pana: crear una empresa eléctrica pública que "compita" con los malos de su película. Como iniciativa para combatir el paro entre su gente no está mal, pero hacerla pasar por nueva política no cuela: con ideas de tan comprobada ineficacia demuestran que la que de verdad les pone los dientes largos es la vieja política fracasada y clientelar.

Los del PSOE optan por mostrar buen corazón: sube la luz, es verdad, pero es por nuestro bien; las familias que vean que se les dispara el recibo, deberían estarle eternamente agradecidas porque seremos el primo de Zumosol de la UE en el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Si hace falta trasladamos el dormitorio a la solana y, para animarnos, nos convencemos de que estamos salvando el planeta. Si el Gobierno nos pidiera que nos alumbráramos con velas y quinqués no deberíamos dudar ni un minuto porque sería por una buena causa. Que en este loco planeta llamado España vivan familias con necesidades y problemas concretos y reales, no parece preocupar a un Gobierno que basa la bondad de sus medidas en grandes objetivos medioambientales que se dan de tortas con la realidad. 

Más transparencia y menos dogmatismo 

Si me perdonan la expresión, lo del recibo de la luz en España es de coña marinera: ni antes con el PP ni ahora con la izquierda en el Gobierno nos libramos de que nos frían con un recibo ininteligible y ante el que siempre tenemos la sospecha de que entre eléctricas y gobierno nos roban a cara descubierta. No se niega la necesidad de reducir el uso de unos combustibles fósiles cada vez más escasos y costosos, solo que este tipo de medidas deben modularse de acuerdo a la situación socioeconómica de los afectados e ir acompañadas de la necesaria pedagogía. De otra manera no son percibidas como lo que deberían ser sino como lo que son en realidad: un atraco a millones de familias que ven como su factura eléctrica no para de subir, gobierne quien gobierne, y como una arbitrariedad que se impone como artículo de fe en el que hay que creer porque lo dice el Gobierno. 

El mismo Gobierno que culpa del problema a las eléctricas, mientras pretende ocultar que cerca de dos tercios del recibo son costes regulados como peajes, distribución, políticas energéticas o impuestos. El Gobierno tiene que explicar porqué no reduce esos costes o porqué la Comisión de Mercados y Competencia, la autora intelectual de este sistema tarifario disparatado, siempre descubre los conchabos de las perversas compañías eléctricas cuando el perjuicio ya está hecho; que diga de paso también si piensa hacer algo con las famosas y poco ejemplares puertas giratorias, o piensa esperar a estar en la oposición para exigírselo al gobierno de turno. 

En pocas cosas estamos tan a oscuras en España como en el funcionamiento del mercado eléctrico y en la comprensión del recibo que debemos pagar por un bien de primera necesidad. Si el Gobierno empezara por la transparencia, la ejemplaridad y el encaje de sus medidas con la realidad del país, en lugar de por las imposiciones y la moralina medioambiental bienintencionada, creo que la mayoría aceptaría sin mucha resistencia contribuir según las posibilidades de cada cual a la lucha contra el cambio climático. Pero con discursos grandilocuentes y decisiones tan ajenas a la situación del país, ni siquiera lo necesario y conveniente se convierte en deseable.    

El futuro ya no es lo que era

Imaginemos por un momento que  ya es 2022 y que no usamos mascarilla, que por fin estamos vacunados, que no hay fallecidos y que los medios no publican el cansino recuento diario. Piensen en la dicha de no escuchar a Fernando Simón diciendo lo contrario de lo que dijo la semana anterior y que Carolina Darias ha logrado vacunarnos a todos con Pfizer. Con todo esto no costará suponer que Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos se han cargado de medallas por su heroica victoria sobre el virus y nos piden a coro que olvidemos el pasado y volvamos al amor, porque si no es a su lado dónde vamos a estar mejor: no es momento de hablar de las prometidas auditorías externas sobre nuestra gestión por disparatada que haya sido - dirán -; es hora de pelillos a la mar y mirar al futuro unidos, como si no hubiera pasado lo que todos sabemos que ha pasado.

Frustrados y decepcionados

Sin que esto suponga renunciar a exigirles que rindan cuentas, podemos empezar a imaginarnos cómo será ese futuro próximo sin pandemia o al menos con ella bajo control, qué ocurrirá con la política, el trabajo, la economía, la educación o la sanidad. No se trata de ser adivinos y ponernos en 2050, para eso ya tenemos a Iván Redondo, tan solo de hacernos una idea del país que nos espera a la vuelta de unos meses si nada se tuerce de nuevo. No hay que recurrir al equipo prospectivo habitual de La Moncloa para imaginar un país dividido, cabreado, empobrecido y cargado de incertidumbres. Así lo refleja el último Eurobarómetro, que sitúa a los españoles entre los europeos más frustrados y decepcionados después de más de un año de pandemia. No saldremos ni más fuertes ni más unidos ni todos juntos, como han prometido durante todo este calvario los falaces eslóganes de la propaganda gubernamental.  

EFE

La economía está anestesiada pero, cuando salga del letargo, le espera una subida de impuestos histórica. El turismo, importante fuente de empleo e  ingresos en lugares como Canarias, se las tendrá que arreglar casi por su cuenta porque ha sido ignorado por el Gobierno en sus ayudas directas, como si sus aportaciones al PIB nacional, un 12% antes de la pandemia, fueran el chocolate del loro. Con todo, el más grave problema económico del país, que no es tanto el desempleo como la estratoférica deuda pública, no merece la atención que su trascendencia requiere y podría seguir creciendo como si no hubiera un mañana ni que pagarla antes o después. 

Habrá muchos más cambios, unos derivados de esta crisis y otros que ya estaban en marcha: los hábitos de consumo seguramente cambiarán condicionados por la seguridad sanitaria y el teletrabajo modificará las relaciones entre empleados y empleadores. El envejecimiento tensionará aún más la maltrecha Seguridad Social sin que se vea con claridad qué ocurrirá con las pensiones; también es probable un incremento del desempleo estructural, debido a la automatización de las tareas y a la imposibilidad de muchos trabajadores de retornar a sus antiguos empleos o acceder a uno nuevo.

La educación pública seguirá en el centro del navajeo político y la sanidad necesitará respiración asistida para superar el estrés de la crisis. La pobreza y la exclusión, que durante la crisis han crecido exponencialmente en comunidades como Canarias y ante la que los políticos han derrochado más demagogia que eficacia y eficiencia, son además el caldo de cultivo de un latente malestar social que podría ir a mayores. 

Un panorama político desolador

El panorama político no desmerece en este cuadro. Quienes se supone que deben liderar la España de la pospandemia y afrontar con rigor esos y otros muchos retos, parecen cada día más alejados de la realidad del país. Lo que se atisba en el horizonte no son medidas ni políticas que favorezcan la adaptación de la sociedad española a la nueva realidad, solo conflictos políticos impostados y decisiones basadas en el interés partidista y contrarias al bien común y al marco constitucional. Se imponen los sentimientos sobre la razón y cada día nos sueltan unas cuantas liebres en las redes para que los demás, incluidos los medios, corramos detrás y nos entretengamos en debates de patio de vecinos mientras ellos se entregan a sus juegos de tronos. 

EFE

Esa tendencia, que no es nueva, se intensificará en el futuro inmediato para vivir en una campaña electoral permanente entre retruécanos, chascarrillos y memes,  reaccionando cada vez más con el corazón o el carné de militante y reservando la cabeza solo para el sombrero, y eso quienes lo usen: como dijo Milan Kundera, estamos dejando de ser "Homo sapiens" para convertirnos en "Homo sentimentalis". No cabe esperar liderazgo, dirección ni confianza, solo cuidadosa puesta en escena, culto a la imagen, mediocridad y retórica vacía. Los medios también cumplirán su cometido de servirnos la diaria papilla indigesta de las tertulias, las informaciones sesgadas y de parte y el fast food político bien caliente y rápido.  

Puede que a algunos ese panorama les parezca demasiado pesimista y hasta catastrofista, pero con las bases de la democracia y la razón arrastradas por los suelos por quienes deberían defenderlas y enaltecerlas cada día, encuentro pocos motivos para imaginar el futuro próximo con menos pesimismo. Si acaso, y por concluir con una nota positiva, hago un ejercicio de voluntarismo y me aferro al hecho de que los españoles hemos conseguido siempre superar las dificultades a pesar de los embates de la Historia y de la oposición de una clase política mostrenca y generalmente atenta solo al disfrute del poder. Quien no se consuela...

Cuando España acaba en Cádiz

En el reciente Día de Canarias, esa jornada que con el tiempo ha devenido en cansino día de la marmota para el autobombo del gobierno autonómico, el presidente canario aseguró que en las islas "cada día estamos mejor que el anterior". Se refería al ritmo de vacunación, que en Canarias se sitúa aún entre los últimos del país con poco más del 18% de la población diana vacunada. No cabe sino alegrarse de que las cosas en este aspecto vayan mejor cada día ya que, en realidad, no es fácil que vayan peor teniendo en cuenta que se está vacunando desde finales de diciembre. 

Optimismo sin fundamento

Todo indica que Ángel Víctor Torres ha sufrido otro de sus habituales ataques de misticismo optimista y se ha esforzado para que olvidemos que, en términos sociales y económicos, si las cosas no van peor es porque ya hay poco recorrido para que empeoren. Por ejemplo, a pesar del pequeño descenso de mayo tenemos aún en las Islas a una de cada cuatro personas en edad de trabajar en paro y en ERTES a casi 80.000. Por no hablar de las dantescas cifras del paro juvenil, la peores de España, que es a su vez el peor país de Europa en desempleo entre los jóvenes. Sobra decir que para que todos esos indicadores se reduzcan de manera significativa, es indispensable que vuelva el turismo, le pese a quien le pese, y reactive el resto de los sectores.  

Torres no deja pasar día sin contarnos sus grandes esperanzas de que el Reino Unido por fin nos levante el sambenito de destino poco recomendable y puedan los británicos venir a ponerse como gambas en nuestras playas y piscinas, sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Más realistas que el presidente son los hoteleros, para los que junio está perdido y ya veremos si se salva el resto del verano o hay que esperar que para el invierno la situación haya recuperado una cierta normalidad. De producirse no será, por cierto, gracias al plan para el sector prometido en incontables ocasiones y nunca presentado por la ministra Maroto, mucho más dada a los oráculos incumplidos que a los hechos tangibles.

Millones y más millones

Junto con la vuelta de los turistas, el otro gran mantra del optimismo presidencial canario es el de la toneladas de millones que llegarán de Bruselas y Madrid y con los que podremos atar los perros con chorizos de Teror. Al margen del retraso en la firma del convenio con el Ministerio de Hacienda y de que aún está por ver cómo y cuándo llegarán las ayudas a sus beneficiarios, la gravedad de la situación no se resuelve solo con el maná de unas ayudas que pueden quedarse en pan para hoy y más hambre para mañana. El tejido empresarial y social de las islas necesita ser reconstruido desde la raíz y en esa tarea el Gobierno y el resto de administraciones no se pueden limitar a ser meros repartidores de subvenciones del Gobierno central, sino agentes proactivos que lideren la salida de la crisis sobre nuevas bases.

Si analizamos la situación social el panorama es más desalentador aún y el optimismo artículo de fe. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha calificado de "irrelevantes" los servicios sociales canarios en tanto no son útiles para ayudar a los más castigados. Su diagnóstico coincide con las quejas de las organizaciones no gubernamentales, que llevan meses denunciando que el pomposo Plan de Reactivación Económica y Social no llega a sus teóricos beneficiarios. Sin ir más lejos, Caritas tuvo que atender el año pasado en las Islas a unas 65.000 personas, una cifra que debería encender todas las luces de alarma. La descoordinación entre administraciones, la burocracia y la falta de personal suficiente y cualificado son las causas de que, en lo tocante a servicios sociales, la consejera responsable, Noemi Santana, no haya dejado durante todo este tiempo de presumir muy por encima de sus capacidades reales de predicar y dar trigo.

Transigir para no incordiar a Madrid

Ocurre lo mismo con los menores inmigrantes no acompañados: aún estando su partido presente en el Consejo de Ministros, Santana ha sido incapaz de conseguir que el Gobierno central derive a la Península a parte de ellos. Esa realidad contrasta con la rapidez de  su compañera de partido, la ministra Belarra, para recolocar rápidamente en varias comunidades autónomas a los menores que entraron en Ceuta en la reciente avalancha de inmigrantes impulsada por Marruecos. 

EFE

Esa actitud duele en Canarias, lo mismo que ha dolido la velocidad con la que Sánchez actuó hace poco en Ceuta y el hecho de que nunca tuviera la sensibilidad de acercarse a Arguineguín para comprobar de primera mano las inhumanas condiciones en las que su Gobierno tuvo durante días a casi 3.000 personas. Ahora, con las relaciones hispano - marroquíes echando humo, en Canarias deberíamos empezar a hacernos cruces ante la probabilidad de un nuevo repunte de la inmigración con un Gobierno central al que estas islas le quedan cada vez más alejadas de Cádiz. Será tal vez por eso por lo que los tibios llamamientos de Torres a la solidaridad con Canarias siguen sin escucharse en La Moncloa, en cuya agenda solo figura Cataluña por la letra "C".

Todo estos ejemplos y otros como el desprecio casi sistemático del REF, corroboran la irrelevancia política canaria y la de un Gobierno autonómico silente y sumiso ante los desplantes de Madrid, mientras intenta insuflarle a la población un optimismo que tal vez ni el propio Torres sienta en realidad. Y tendría razón en ser pesimista a la vista de que ser del mismo partido que gobierna en Madrid no ayuda en nada a mejorar la vida de tu gente y además te obliga a callar a pesar del ninguneo de tus compañeros de filas. Pero tratar a los ciudadanos como adultos no es agachar la cabeza y transigir para no incomodar en tu partido: es anteponer el bien común al interés partidista y decirles la verdad por dura que sea, en lugar de escamoteársela bajo un falso optimismo que se da de bruces con la dura realidad.

Ansiedad turística

Vamos a ser benevolentes y atribuir a la ansiedad que la ministra Maroto llamara ayer "San Bartolomé de Tijuana" a la localidad turística grancanaria de San Bartolomé de Tirajana. Mejor no pensar que el patinazo fue simplemente el fruto de su total desconocimiento y el de sus asesores de una actividad de la que es la presunta responsable pública en este país, aunque su gestión desde el inicio de la pandemia haya estado mucho más emparentada con las artes adivinatorias que con la realidad. En varias ocasiones ha presagiado la ministra la vuelta del turismo y en todas ha fallado, siempre por exceso de optimismo sobre la evolución de la pandemia o por deseos de agradar o por las dos cosas a la vez. 

Una ministra para el olvido

Aunque solo sea por un simple cálculo de probabilidades, espero que su último oráculo sobre el regreso de los turistas el próximo verano sea el acertado: si se juega todos los días a la lotería hay más oportunidades de que alguna vez toque al menos el reintegro. Por fortuna, que eso ocurra no dependerá de ella porque, si así fuera, ya nos podríamos despedir para siempre de la industria que antes de esta crisis representaba más del 12% del PIB español y una tercera parte larga del PIB canario. 

Me temo por desgracia que el paso de la señora Maroto por el Ministerio se reducirá a un puñado de augurios incumplidos y a unos cuantos planes nunca concretados, como el que anunció recientemente de 3.400 millones de euros para la "transformación", "modernización", "sostenibilidad", "digitalización" e "inclusividad" del sector turístico. Palabrerío vago y vacío de contenido para disimular el mano sobre mano que ha caracterizado su gestión durante todo este tiempo. 

Vacunación, palabra clave

Serán la vacunación y la evolución de la enfermedad en España y en los países de los que procede la mayoría de los turistas que nos visitan las que marquen el ritmo de la recuperación turística. Un rebrote volvería a frustrar las expectativas y alargaría la agonía de miles de empresas y de centenares de miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de que vuelvan los turistas. En ese contexto es vital también que la UE defina de una vez los detalles del llamado certificado verde digital para viajar: teniendo en cuenta el peso específico del turismo en muchas economías de la eurozona, asombra a estas alturas que los países miembros no hayan cerrado una medida que beneficia a todos, así como la falta de liderazgo de la Comisión Europea para impulsar el acuerdo. Cansados de esperar, Grecia e Italia, competidores de España, han decidido abrir sus fronteras al turismo y, supongo, encomendarse a todos los santos para evitar la recaída.

Con estas incertidumbres aún en el horizonte, las previsiones solo son optimistas en parte: a finales de este año se espera haber recuperado el turismo nacional pero el internacional se demorará seguramente hasta 2023. Los cálculos de Maroto - tal vez demasiado optimistas como siempre - apuntan a que España podría recuperar este año unos 45 millones de visitantes, algo más de la mitad de los que recibió en 2019, año récord en la serie histórica. Eso equivaldría a una facturación de unos 85.000 millones de euros, unos 70.000 millones menos que hace dos años. En otras palabras, que el turismo pase del 7% actual en el PIB al 12% previo a la crisis llevará aún algún tiempo siempre y cuando nada se tuerza en el camino. 

La gravedad del problema se entiende mucho mejor si tenemos en cuenta que un euro de gasto turístico genera otros cuatro en actividades complementarias; o mejor aún, si valoramos que en estos momentos hay 445.000 trabajadores turísticos en ERTES y otros 300.000 largos se han quedado sin empleo. Es comprensible la ansiedad que genera esta situación pero, tal vez por ello, es clave no empeorarla tomando decisiones precipitadas. Levantar el estado de alarma sin haber avanzado más en la vacunación ha sido una de esas decisiones irresponsables, que esperemos no termine volviéndose en contra de los miles de trabajadores y sus empresas que esperan sobrevivir a la crisis y a la errática gestión gubernamental. 

A vueltas con el cambio de modelo

Mientras, aún es posible escuchar a políticos con mando en plaza hablar de cambiar el modelo económico para reducir la dependencia turística. La monserga es particularmente trágica en Canarias, en donde casi cuatro de cada diez empleados se relacionan directa o indirectamente con el turismo. Se necesitan tener ganas de notoriedad o estar en Babia para plantearse algo así en una coyuntura en la que, si no vienen los turistas, seremos muchos canarios los que tendremos que emigrar. A los mismos que ahora piden diversificar la economía canaria les preguntaría qué hicieron para conseguirlo cuando pudieron y debieron, pero no lo hicieron porque los hoteles estaban llenos, había tasas de paro soportables aunque mucho empleo fuera precario y entraba dinero fresco en las arcas públicas para alimentar la corte política y la elefantiasis de la Administración. 

La respuesta es nada, absolutamente nada, aparte de repetir el mantra en sus programas electorales sin la más mínima intención de llevarlo alguna vez a la práctica. Así que en esta situación de ansiedad y esperanza, en la que sobran oráculos y faltan certidumbres y en la que corremos el riesgo de dar pasos en falso que perjudicarían a miles de trabajadores, lo mejor que podrían hacer estos desnortados descubridores de la pólvora sería no sonrojarnos a todos con su deliberada falta de memoria y hasta de vergüenza.