Todo por la pasta

Hay noticias buenas y no tan buenas sobre los esperados fondos europeos. La UE se ha embarcado en una operación inimaginable hace poco y va a ir soltando en los próximos años la friolera de 750.000 millones de euros de deuda comunitaria para contrarrestar los efectos de la crisis y transformar la economía. Es verdad que las decisiones en la UE no se distinguen por su agilidad, como ha ocurrido en Estados Unidos, y que la cuantía de la inyección está muy lejos de los 1,9 billones de dólares de Biden. Pero ya dice el refrán que nunca es tarde si la espera vale la pena. Esta debe valer, porque solo España podrá obtener hasta 140.000 millones que, gastados con tino y buena mano, pueden ser un potente revulsivo para sacar del atolladero y reorientar correctamente una economía arrasada. 

La clave de las reformas

La segunda buena noticia es que la Comisión Europea ha dado el visto bueno con nota alta al plan español, pendiente ahora de que lo apruebe el Consejo Europeo. España recibirá este año unos 19.000 millones con cargo a los 70.000 millones de transferencias directas condicionadas a reformas; quedan otros 70.000 millones en créditos, a los que por ahora el Gobierno parece no tener intención de recurrir. La partida de este año es unos 7.000 millones inferior a la que se consignó en los presupuestos de 2021, así que habrá que añadir esa cifra a la gigantesca deuda pública. 

A partir de aquí las noticias son menos buenas: Bruselas abre la cartera este año porque algunas de las medidas que exigió ya están en marcha. Cosa diferente podría ocurrir con las entregas de 2022 y años posteriores, sujetas a reformas de gran calado como las de las pensiones, el mercado de trabajo o la fiscalidad. Si no están a tiempo o no reciben el visto bueno se congelará la entrega de más fondos. Apelando a la necesidad de que se basen en el consenso, Bruselas ha hecho como que no le preocupa por ahora que estemos aún casi en mantillas en la negociación. De paso ha advertido de la conveniencia de conservar elementos de la reforma laboral de 2012, tan denostada por Podemos y el PSOE, y que los morados prometieron solemnemente derogar en cuanto llegaran al gobierno. 

Dudas razonables y trifulca política

Hay dudas razonables entre expertos como los de la Fundación para el Estudio de la Economía Aplicada (FEDEA) de que las reformas laboral y de pensiones que baraja el Gobierno sean las adecuadas. Las consideran inconcretas y faltas de ambición, los mismas deficiencias que aprecian en la reforma fiscal, de la que afirman incluso que puede ser contraproducente en estos momentos. Sobre esta última, Bruselas ha dicho además que es insuficiente. A pesar de la buena nota comunitaria que recibe el plan español en su conjunto, la propia FEDEA lo calificó en su momento de "genérico, enunciativo y falto de ambición". 

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También ha reiterado Bruselas que la aplicación del Plan y las reformas que lleva aparejadas deberían tener el máximo respaldo político, algo que a día de hoy ni está ni se le espera. El Gobierno convirtió el documento enviado a la Comisión en una propuesta exclusiva del PSOE tras dejar fuera del debate a las comunidades autónomas, a la oposición e incluso a sus socios de Podemos. Así las cosas, el horno de la política no está para muchos consensos en los próximos meses, máxime si Sánchez perpetra los indultos prometidos y Casado sigue cabalgando la cresta de la ola en las encuestas. 

Transparencia y control, asignaturas pendientes

Hay también dudas razonables sobre otros aspectos del Plan. Una tiene que ver con la transparencia y el rigor que lo deben presidir: en vísperas de que empiece a llegar el dinero, las empresas aún no saben cómo y cuándo podrán acceder a las partidas reservadas para la colaboración público - privada. Además, a diferencia de lo que han hecho otros países, el Gobierno no muestra intención de implantar algún mecanismo  interno de control a través, por ejemplo, de una autoridad independiente. Por lo demás, España no es un buen ejecutor del dinero que llega de Bruselas, algo que si en el pasado podía pasar más o menos desapercibido, en la situación actual sería de una absoluta irresponsabilidad política.

La pregunta es ¿qué puede salir mal? Muchas cosas, que la discordia política malogre la oportunidad, que no seamos capaces de gastarnos el dinero, que la maraña burocrática lo demore aún más o que no salgan las reformas y Bruselas retenga los fondos; puede ocurrir que no se cumplan las vagas previsiones sobre crecimiento y empleo si no se orientan bien las medidas y que, por cálculo político, se beneficie injustamente a unas comunidades en perjuicio de otras o a unos sectores en detrimento de otros, para que al final el objetivo transformador y resiliente quede en otro eslógan propagandístico. Nadie desea eso, pero los mimbres del cesto político invitan más al recelo que a la confianza. Sé que es pedir demasiado, pero la mejor noticia debería ser que, por encima de trifulcas políticas, fuéramos capaces por una vez de señalar en la misma dirección bajo un lema compartido: todo por la pasta.