Cerrado por vacaciones

Como indica el título de la entrada, esto no es un adiós sino un hasta pronto. Bajo la persiana del blog, en principio hasta septiembre, no sin antes agradecerles sinceramente el seguimiento y los comentarios a los posts que he ido publicando. Lamento muy de veras no quedarme para glosar mañana como se merece el balance que hará Rajoy de su Tercer Año Triunfal en La Moncloa o para comentar las andanzas y desventuras de Jordi Pujol, Luis Bárcenas o los Duques de Palma, entre otros especímenes de nuestra fauna política y judicial. 

En todo caso, me atrevo a adelantarme al balance de Rajoy convencido de que lo que diga no afectará a los cimientos del país ni acaparará grandes titulares durante mucho tiempo. O mucho me equivoco o de su balance de mañana sólo cabe esperar grandes dosis de triunfalismo económico y ni un solo gramo de autocrítica. Hablará seguramente de que “hoy España es un país serio”, de que “gracias a este Gobierno se evitó el rescate” o de que “la economía española ya crece y crea empleo”. Desistan de que aluda ni por asomo a la pobreza y la exclusión social, a las iniciativas retrógradas como la de la reforma del aborto y la LOMCE, a los recortes en los servicios públicos, a lo que nos está costando salvar a los bancos o a la calidad más bien mísera de los puestos de trabajo que se están creando en España a mayor gloria de la competitividad y los beneficios de las grandes empresas. 

No me cabe la más mínima duda de que sacará pecho con la reforma fiscal que le ha preparado Montoro y que mañana prevé aprobar el último Consejo de Ministros de este curso político. Dejará caer la falacia de que beneficia a los que menos tienen y a las clases medias, pero no dirá una palabra de que grandes empresas y grandes fortunas siguen defraudando anualmente miles de millones de euros a Hacienda mientras Montoro juega con el Power Point. Asegurará también que, a pesar de que la previsión de crecimiento económico no pasa de ser un desiderátum y si no se produce no habrá objetivo de déficit que valga, España cumplirá con sus compromisos porque – ya saben – “España es un país serio”. Cómo lo cumplirá llegado el caso si las cosas se tuercen, no hace falta decirlo: con nuevos recortes en servicios y en salarios de empleados públicos, para empezar. 

Ante el tsunami catalán de noviembre se mantendrá en sus casillas de que la consulta es ilegal y de ahí no se moverá un milímetro ni para encontrar una salida ni para decir cómo lo evitará por más que se acerque la hora de la verdad. Será el discurso de quien seguramente se prepara para iniciar con esta comparecencia la campaña electoral para las autonómicas y generales del año que viene. Una comparecencia que se va a producir, miren ustedes por dónde, casi un año después de que  Rajoy fuera arrastrado al Congreso de los Diputados para hablar del caso Bárcenas, un asunto que le perseguirá per secula seculorum por mucho que pretenda escapar por el garaje o esconderse tras un plasma. 

Un año después de aquella comparecencia para autoexculparse y reconocer al mismo tiempo que fue un error confiar en él, el juez Ruz ha concluido la instrucción del “caso Gurtel” y ha imputado a Bárcenas, al Bigotes, a Correa y otros cuarenta y pico bandoleros más de la cueva de Alí Baba y los millones en Suiza. No esperen que de esto diga una palabra mañana Rajoy y si alguien le pregunta responderá lo de siempre. Aquí pueden elegir la respuesta que más les guste entre estas tres opciones: “todo es falso salvo algunas cosas que están ahí”, “sobre lo que usted me pregunta tengo que decirle que no tengo nada que decirle” y “eso no toca en esta rueda de prensa”. 

Pero les prometo una cosa: si mañana Rajoy desmiente lo que he escrito hoy volveré y rectificaré. Si no es así, ¡buen verano y hasta septiembre!

Esos jóvenes zotes

Está demostrado: los jóvenes españoles son unos verdaderos zotes, es decir, “ignorantes, torpes y muy tardos en aprender”, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. O si lo prefieren, están entre los últimos de la clase de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y su infalible informe PISA. El último cate que han recibido lo hemos conocido hoy mismo: uno de cada seis alumnos españoles de 15 años no sabe interpretar una factura y desconoce si es más barato comprar los tomates a granel o en cajas. Se ve que no son muy amantes del gazpacho y la ensalada. 

El suspenso de hoy se suma a los que cosechan los jóvenes de este país desde que PISA habita entre nosotros y el Gobierno lo utiliza para denigrar el modelo educativo anterior y tener una buena coartada para implantar uno nuevo que va a conseguir que los zotes de hoy sean los más brillantes de la clase más pronto que tarde. En la mente y en el recuerdo de todos está otro informe PISA muy reciente que dejaba también a los alumnos españoles como unos verdaderos catetos ante operaciones tan sencillas como encender el aire acondicionado. Por no hablar de sus malos resultados en comprensión lectora y matemáticas. 

Desde que PISA existe la Biblia consagrada ya no tiene la exclusiva de la palabra de Dios revelada. Todo lo que dicen los informes PISA va a misa – perdón por el ripio – y no se atisba en el Gobierno intención de mostrar al menos un poco de escepticismo sobre la metodología empleada en las encuestas, como sí hacen no pocos expertos en pedagogía y educación. Más allá del hecho de que la OCDE sea una organización supranacional que atesora y predica el liberalismo como credo económico, los informes de este organismo tienen más tripas que las que puedan imaginar los que ingenuamente estén pensando en un ejercicio científico y objetivo sobre las capacidades intelectuales de los alumnos de más de 50 países de todo el mundo. En primer lugar, que las preguntas no sean las mismas ni de la misma dificultad en todos los países ya debería de ponernos en guardia. A nadie se le escapa que homogeneizar datos tan dispares y encima hacer una suerte de clasificación mundial de países en función de lo listos y preparados que estén sus alumnos es más un juego de mesa que un análisis riguroso de los datos. 

Esto hace que el modelo matemático empleado por PISA para procesar los datos recogidos en los exámenes haya sido puesto seriamente en duda por no pocos expertos. Es más, en algunas ocasiones, pruebas que se hacen en unos países – por ejemplo las relacionadas con la comprensión lectora – no se hacen en otros. En ese caso, PISA se limita a realizar una especie de extrapolación y ofrecer resultados más propios del esoterismo y la magia blanca que del rigor científico. 

Nótese, además, que PISA sólo valora la capacidad para aprender de los chicos y chicas en función de estadísticas, como si hablara de máquinas y no de jóvenes insertos en contextos históricos, sociales y económicos determinados. Habría que preguntarse también quién se beneficia de esta pugna entre países por escalar puestos en la clasificación de estudiantes listos y espabilados y tal vez nos llevaríamos alguna sorpresa en forma de intereses inconfesables de determinadas editoriales que hacen un gran negocio con estos informes. En cualquier caso, lo que no parece de recibo es que el nivel educativo de los países de la OCDE se haya convertido de un tiempo a esta parte en una suerte de bolsa de valores en la que unos suben y otros bajan, salvo que sea eso lo que se pretende, algo que no deberíamos descartar. 

Con todo, la pregunta que conviene hacerse es si los informes PISA que tan mal dejan a los alumnos españoles sirven para mejorar la calidad de la educación, al fin y al cabo el objetivo teórico por el que se elaboran periódicamente. También sobre esto se han pronunciado los expertos y han llegado a la conclusión de que las “recomendaciones” de PISA a los países de la OCDE sobre cómo deben ser las escuelas o qué cosas habría que mejorar convendría guardarlas en un cajón y olvidarse de ellas porque son mera especulación. De todo esto no debe deducirse que el informe PISA no sirva absolutamente para nada, aunque no son pocos los que piensan así. Cosa bien distinta es convertirlo en el Santo Grial de la educación como ha hecho el Gobierno español y utilizarlo de aval para perpetrar una regresiva y unilateral reforma educativa de la que seguro están encantados en la OCDE.

La coartada de la crisis

Ningún ciudadano medianamente informado debería de tener ya duda alguna sobre lo bien que le han venido a la derecha ultraliberal y a las grandes corporaciones la crisis económica que ellos mismos provocaron con la alegre desregulación del sistema financiero. Con la coartada de la lucha contra la crisis como bandera, se ha recortado y ajustado el estado del bienestar hasta límites insospechados hace menos de una década. Los ejemplos que están en la mente de todos llenan las páginas de los periódicos y sería extraordinariamente prolijo mencionarlos todos aquí. Pero hay algunos ejemplos paradigmáticos que demuestran que detrás de ese enternecedor afán de gobiernos como los del PP para “favorecer el crecimiento y el empleo”, sólo hay ideología pura y dura.

La ideología de quienes creen, por ejemplo, que sólo la empresa privada es capaz de gestionar con eficacia y eficiencia servicios esenciales como la justicia, la sanidad o la educación. Que la puesta en práctica de la biblia ultraliberal suponga limitar o impedir que los más desfavorecidos accedan a esos servicios esenciales es precisamente lo que se persigue. No por mentir una y mil veces asegurando que lo que se busca es garantizar la calidad, la gratuidad y la universalidad de esos servicios tales afirmaciones dejan de ser un repugnante ejercicio de cinismo.

Algunos ejemplos

Tomemos el caso de la Sanidad en este país y las privatizaciones de hospitales públicos de una comunidad como la de Madrid, afortunadamente rechazadas en las instancias judiciales y protestadas en la calle por los profesionales pero que volverán a intentar en cuanto puedan estos ultraliberales de banderita rojigualda en la muñeca, siempre tan preocupados por la “marca España”. Pensemos cómo ha afectado a la salud general de este país el copago farmacéutico del que ni siquiera se han librado unos pensionistas con pensiones de miseria y a la baja.

Reparemos también, al menos por un instante, en el descenso del número de pleitos en determinadas jurisdicciones desde que Ruiz – Gallardón aplica sus tasas judiciales y limitó el derecho de todos los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Pensemos también en el retroceso de décadas que representará para las mujeres de este país la reforma de la ley del aborto, eso sí, a mayor satisfacción de una reaccionaria Iglesia Católica de la que el ministro de Justicia parece recibir la inspiración legislativa.

También nos vienen a la cabeza los jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios porque el ministerio obliga a subir las tasas, les paga las cada vez más raquíticas becas cuando el curso está a punto de terminar y además anuncia que se lo irá poniendo un poco más difícil a los que aspiren a conseguir una ayuda a partir de ahora. No contento aún el incalificable ministro Wert con convertir el derecho a la educación en una carrera por la excelencia de los más pudientes, lanza ahora el globo sonda de cambiar becas por préstamos que los alumnos tendrán que devolver cuando encuentren un trabajo, una utopía cada vez más lejana para la inmensa mayoría de jóvenes de este país a los que sólo les va quedando la opción de la movilidad exterior.

Nunca hubo crisis para los ricos

Y así en todos los ámbitos: las grandes fortunas de este país, que junto con las grandes corporaciones siguen evadiendo impuestos o colocando sus jugosas rentas en las SICAVS que nadie se atreve a tocar, han recuperado ya el nivel de ingresos anterior a la crisis. ¿Alguien se puede extrañar por ello y por el hecho de que España sea desde hace tiempo el segundo país de la UE con mayor índice de desigualdad y de que dentro del propio país haya escandalosas diferencias de renta entre comunidades autónomas? En paralelo y después de una salvaje reforma laboral que dejó a los trabajadores a los pies de unos empresarios que aún piden más sangre, los salarios continúan a la baja porque eso es bueno para la competitividad del país, según los iluminados profetas del rampante ultraliberalismo.

Esa patológica obsesión por la competitividad supone al mismo tiempo la congelación del consumo interno, la caída de la inversión y la destrucción de más empleo, aunque eso no lo suelen destacar esos profetas. Tampoco que el poco empleo que se crea se hace en condiciones cada vez más precarias y no sin que antes el gobierno subvencione generosamente cotizaciones empresariales y someta a los jóvenes que buscan su primer empleo a situaciones que bordean la indignidad más absoluta.

Hedor a corrupción

Este premeditado ataque contra el estado del bienestar en todos sus frentes se acompaña en España de un intenso hedor a corrupción por falta de regeneración y ventilación democráticas que se extiende desde las instituciones más altas del Estado hasta las más bajas y que alcanza en mayor o menor medida a poderes públicos, partidos políticos, sindicatos o empresas privadas y públicas. Sin embargo, contra esta carcoma democrática nadie habla en serio de reformas de calado ni de ajustes ni de recortes, sólo se proponen placebos mientras la metástasis avanza imparable.

Así las cosas, quienes quieran creer en los cantos celestiales de la recuperación económica que se empeña en vender el Gobierno que llegó para derruir el estado del bienestar hasta los cimientos con la excusa de luchar contra la crisis, están en su derecho a hacerlo. En cambio, para la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país no hay nada en el panorama económico, social y político de España que permita emplear ese término con la más mínima propiedad. En ellos reside la única esperanza de que la crisis no siga siendo la coartada perfecta para vender en almoneda lo que tanto ha costado a tantos durante tanto tiempo.

Si tú me dices Wert

El PP y el Gobierno están hoy de enhorabuena y cuando eso ocurre España también está feliz. Después de un amplio debate social y mucho diálogo con todas las partes implicadas, mucho consenso, mucha cintura política por parte del esforzado y excelente ministro Wert y sin apenas contestación social en la calle o en las aulas, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por fin la reforma educativa tanto tiempo demandada. A partir de ahora, las nuevas generaciones actuales y venideras podrán disfrutar de un sistema educativo que hará de nuestros estudiantes de hoy y de mañana la envidia de los países más avanzados.

Admira esta reforma, sin duda llamada a durar y perdurar en el tiempo como una potente luz que guíe los pasos de nuestros jóvenes, por su férrea defensa de la escuela pública, por su decidida opción en favor de la laicidad, su rechazo a las injerencias de los obispos, su apoyo a las comunidades educativas y su franca y valiente defensa de una educación en libertad con la que chicos y chicas adquieran juntos las herramientas necesarias para ser ciudadanos y ciudadanas mejores, con más capacidad de pensar y decidir por sí mismos y, en definitiva, mucho mejor formados que sus padres y abuelos.

Ésta es, sin duda alguna, la reforma educativa que estaba necesitando España desde hacía décadas y el hecho de que haya contado con tanto respaldo social y político, algo que no ocurría desde los tiempos gloriosos de la Formación del Espíritu Nacional, ofrece más que sobradas garantías de que será muy difícil, por no decir del todo imposible, que un próximo gobierno de color distinto al actual se atreva a cambiarle una sola coma. Por su parte, los que pretendían aprovechar la reforma para introducir por la puerta de atrás la enseñanza de religión, perpetuando así su histórico control sobre la formación de las nuevas generaciones, ya se pueden dar por vencidos porque han perdido definitivamente la batalla.

Entre los innumerables aspectos positivos que acompañan esta reforma, aunque no formen parte directa de ella, hay que subrayar también la bajada generalizada de las tasas de matrícula, la generosa política de becas que proclama, la desaparición de filtros absurdos y apolillados como las reválidas o el extraordinario esfuerzo que se realizará a partir de ahora para reforzar los programas de apoyo a los alumnos que por sus condiciones o circunstancias especiales los necesiten.

Mención aparte merece el ambicioso programa de construcción de más escuelas, institutos, centros de FP y universidades para dar cabida a la avalancha de alumnos que esta histórica reforma educativa va a propiciar desde los primeros años de su aplicación. Son tantas las nuevas posibilidades que abre al estudio y la formación que los actuales centros no tardarán en quedarse pequeños e insuficientes más pronto que tarde. Todo el mundo podrá estudiar a partir de ahora, sobre todo y en primer lugar los alumnos de familias con menos recursos, y podrán hacerlo, además, en modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías y con los más avanzados métodos pedagógicos.

Si las escuelas, institutos y universidades de este país tuvieran campanas hoy deberían de estar repicando a gloria tras la aprobación definitiva de la reforma. Por ahora pueden hacerlo en su lugar, y no sin motivos sobrados para ello, las de iglesias y catedrales, ermitas y conventos mientras un coro de voces blancas entona el “Si tú me dices Wert”, himno de alabanza al hombre que sabía que había que “hacer algo con la educación de este país” y lo ha hecho, ¡vaya si lo ha hecho!.

Una ley con fecha de caducidad

No es una buena noticia para la educación de este país que la reforma educativa cuente ya con la amenaza de su derogación en cuanto cambie la mayoría parlamentaria actual. El Gobierno y el ministro Wert no han dado su brazo a torcer y han desoído el clamor de la oposición y de toda la comunidad educativa. Sordos pero presumiendo de una falsa voluntad de diálogo, hoy han sacado adelante una reforma educativa, la séptima de la democracia, que por primera vez en la Historia no ha contado con apoyo alguno de la oposición. Ahora queda el trámite del Senado que no es más que eso, un trámite rutinario y sin contenido, en el que no cabe esperar ningún cambio para mejor por mucho que el ministro Wert haya vuelto a “tender la mano a la oposición”.

La reforma hace retroceder el sistema educativo a los tiempos felizmente olvidados de las reválidas, las notas de religión, los niños con los niños y las niñas con las niñas, los centros concertados financiados con fondos públicos, la FP para los que no tienen cabeza para la universidad, las becas convertidas en premios a la excelencia académica en lugar de igualadoras de oportunidades, las tasas de matrícula subiendo y las aulas masificadas. Todo ello envuelto en un lenguaje falaz en el que se alude a estudios supuestamente científicos sobre las bondades de la reforma o a países que han experimentado espectaculares resultados poco después de aplicar reformas como la suya, lo que suena igual de creíble que las promesas electorales de Rajoy sobre la rapidez con la que sacaría a España de la crisis.

Un lenguaje que se escuda en el “algo hay que hacer” para mejorar los resultados de la enseñanza, como si la comunidad educativa y todas las fuerzas políticas fueran completamente insensibles ante unos resultados que, efectivamente, son manifiestamente mejorables. La cuestión no es que haya que hacer algo – que en eso estamos todos de acuerdo - sino qué es lo que debería de hacerse. Tratándose de un asunto tan estratégico y trascendental como la necesidad de contar con un sistema educativo de amplio respaldo social y político y con vocación de perdurabilidad, lo que debería de hacerse no puede ser en ningún caso aprobar una reforma de este calado amparándose únicamente en una mayoría parlamentaria coyuntural.

El PP, que en la pasada legislatura frustró todos los intentos del ex ministro Gabilondo para alcanzar un gran pacto nacional por la educación, ha puesto de manifiesto que su único interés era y es imponer su modelo de enseñanza y eso es lo que ha hecho. Para ello y para justificar su retrógrada reforma no ha dudado en culpar a la LOGSE, aprobada en la etapa socialista, de ser la responsable de los malos datos sobre las competencias educativas de los adultos españoles.

Acusa el PP a la oposición de usar la educación como arma política pero es el primero que lo hace: irrita a los catalanes con sus alusiones al catalán, a los padres y madres descafeinando los consejos escolares, a los profesores recortando plantillas, a los que defienden una enseñanza laica imponiendo la nota computable en religión o a los estudiantes estableciendo barreras económicas para acceder a la educación.

Que diga misa la oposición y la comunidad educativa, hacer como que se oyen sus voces y protestas y continuar con el mazo dando. Esa ha sido su estrategia y éste es el resultado: una ley educativa con fecha de caducidad y un pésimo servicio al futuro de este país.

Wert da la nota

Hay que decirlo sin rodeos: endurecer los requisitos para obtener una beca de estudios al tiempo que se elevan las tasas de matrícula en la universidad sólo persigue reducir el dinero destinado a esas ayudas y expulsar del sistema a miles de jóvenes, precisamente aquellos con menos recursos económicos que no pueden costearse sus estudios. El ministro Wert, experto en polémicas estériles y frases gruesas, es un verdadero lastre para la educación de este país. Su habilidad para evitar el consenso e imponer su criterio en un asunto tan delicado y su obsesión por implantar un sistema educativo fuertemente ideologizado, pueden hacerle un daño irreparable a un pilar básico en cualquier sociedad avanzada.

Elevar la nota media de acceso a la universidad para tener derecho a una beca pone de manifiesto, además, su mal disimulada intención de primar una supuesta excelencia académica en detrimento de la igualdad de oportunidades entre quienes tienen recursos propios para estudiar y quienes carecen de ellos, fin primero y último de la ayuda pública a los estudios. El mismo objetivo que persigue endurecer los requisitos para mantener la beca obtenida.

Todos estos cambios se condensan en una alambicada e ininteligible fórmula matemática que el ministerio se ha sacado de la manga y con la que pretende darle visos seudocientíficos a lo que no es otra cosa que un recorte puro y duro que castiga a las familias menos pudientes. Las variables que contiene esa fórmula – entre ellas la disponibilidad presupuestaria del Gobierno para conceder becas – convierten su consecución en una carta a los Reyes Magos con respuesta muy diferida en el tiempo. La incertidumbre que se genera es tal que un alumno no sabrá hasta casi acabado el curso si tendrá o no beca. En caso de que la respuesta sea negativa tendrá que abandonar los estudios si no puede pagar las tasas – cada vez más elevadas – de su bolsillo. Pierde el alumno, que no puede seguir estudiando, y pierde la universidad unos ingresos nunca antes tan necesarios en tiempos de recortes.

La razonable conveniencia de que las ayudas públicas al estudio valoren y premien el rendimiento académico del beneficiario no puede convertirse en el criterio último y determinante para conseguir la beca. Ese criterio tiene que ser ante todo el de compensar las desigualdades económicas entre los estudiantes y favorecer su acceso a los estudios superiores en las mejores condiciones de igualdad posibles. En definitiva, la beca no es otra cosa que una redistribución social de la riqueza y una garantía de que nadie con aptitudes y actitudes es expulsado del sistema educativo por razón de renta.

Pero eso es justo lo contrario de lo que busca el ministro, ya que un estudiante de escasos recursos que no alcance la nota requerida se quedará sin beca y no podrá seguir estudiando; por el contrario, al que disponga de medios le será indiferente obtener la nota requerida y le bastará con el 5 de toda la vida. A la hora de mantener la ayuda, éste último estudiante podrá repetir cursos y asignaturas cuantas veces quiera sin preocuparse por si le renuevan o no la beca, algo que se convierte en un imposible para el menos pudiente.

Arrinconado por toda la comunidad educativa, buena parte de las comunidades autónomas y hasta por su propio partido, Wert promete ahora que “recalculará” y “reconsiderará” la nota mínima de 6,5 para obtener una beca y las condiciones para mantenerla. Eso sí, ya ha dejado claro que en ningún caso la nota de corte va a ser un 5 puesto que, de hecho, ya el curso pasado la elevó al 5,5. No es suficiente: Wert debería tirar su normativa sobre becas a la papelera por innecesaria y clasista. Ya puestos debería también hacer lo mismo con la LOMCE y buscar un gran pacto nacional por la educación pública. Pero como todo eso es poco probable que ocurra, quien de verdad debería rectificar es Mariano Rajoy y buscar a otro ministro de Educación capaz de afrontar con diálogo y consenso los graves problemas educativos de este país.