Ningún ciudadano medianamente informado debería de tener ya duda alguna sobre lo bien que le han venido a la derecha ultraliberal y a las grandes corporaciones la crisis económica que ellos mismos provocaron con la alegre desregulación del sistema financiero. Con la coartada de la lucha contra la crisis como bandera, se ha recortado y ajustado el estado del bienestar hasta límites insospechados hace menos de una década. Los ejemplos que están en la mente de todos llenan las páginas de los periódicos y sería extraordinariamente prolijo mencionarlos todos aquí. Pero hay algunos ejemplos paradigmáticos que demuestran que detrás de ese enternecedor afán de gobiernos como los del PP para “favorecer el crecimiento y el empleo”, sólo hay ideología pura y dura.
La ideología de quienes creen, por ejemplo, que sólo la empresa privada es capaz de gestionar con eficacia y eficiencia servicios esenciales como la justicia, la sanidad o la educación. Que la puesta en práctica de la biblia ultraliberal suponga limitar o impedir que los más desfavorecidos accedan a esos servicios esenciales es precisamente lo que se persigue. No por mentir una y mil veces asegurando que lo que se busca es garantizar la calidad, la gratuidad y la universalidad de esos servicios tales afirmaciones dejan de ser un repugnante ejercicio de cinismo.
Algunos ejemplos
Tomemos el caso de la Sanidad en este país y las privatizaciones de hospitales públicos de una comunidad como la de Madrid, afortunadamente rechazadas en las instancias judiciales y protestadas en la calle por los profesionales pero que volverán a intentar en cuanto puedan estos ultraliberales de banderita rojigualda en la muñeca, siempre tan preocupados por la “marca España”. Pensemos cómo ha afectado a la salud general de este país el copago farmacéutico del que ni siquiera se han librado unos pensionistas con pensiones de miseria y a la baja.
Reparemos también, al menos por un instante, en el descenso del número de pleitos en determinadas jurisdicciones desde que Ruiz – Gallardón aplica sus tasas judiciales y limitó el derecho de todos los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. Pensemos también en el retroceso de décadas que representará para las mujeres de este país la reforma de la ley del aborto, eso sí, a mayor satisfacción de una reaccionaria Iglesia Católica de la que el ministro de Justicia parece recibir la inspiración legislativa.
También nos vienen a la cabeza los jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios porque el ministerio obliga a subir las tasas, les paga las cada vez más raquíticas becas cuando el curso está a punto de terminar y además anuncia que se lo irá poniendo un poco más difícil a los que aspiren a conseguir una ayuda a partir de ahora. No contento aún el incalificable ministro Wert con convertir el derecho a la educación en una carrera por la excelencia de los más pudientes, lanza ahora el globo sonda de cambiar becas por préstamos que los alumnos tendrán que devolver cuando encuentren un trabajo, una utopía cada vez más lejana para la inmensa mayoría de jóvenes de este país a los que sólo les va quedando la opción de la movilidad exterior.
Nunca hubo crisis para los ricos
Y así en todos los ámbitos: las grandes fortunas de este país, que junto con las grandes corporaciones siguen evadiendo impuestos o colocando sus jugosas rentas en las SICAVS que nadie se atreve a tocar, han recuperado ya el nivel de ingresos anterior a la crisis. ¿Alguien se puede extrañar por ello y por el hecho de que España sea desde hace tiempo el segundo país de la UE con mayor índice de desigualdad y de que dentro del propio país haya escandalosas diferencias de renta entre comunidades autónomas? En paralelo y después de una salvaje reforma laboral que dejó a los trabajadores a los pies de unos empresarios que aún piden más sangre, los salarios continúan a la baja porque eso es bueno para la competitividad del país, según los iluminados profetas del rampante ultraliberalismo.
Esa patológica obsesión por la competitividad supone al mismo tiempo la congelación del consumo interno, la caída de la inversión y la destrucción de más empleo, aunque eso no lo suelen destacar esos profetas. Tampoco que el poco empleo que se crea se hace en condiciones cada vez más precarias y no sin que antes el gobierno subvencione generosamente cotizaciones empresariales y someta a los jóvenes que buscan su primer empleo a situaciones que bordean la indignidad más absoluta.
Hedor a corrupción
Este premeditado ataque contra el estado del bienestar en todos sus frentes se acompaña en España de un intenso hedor a corrupción por falta de regeneración y ventilación democráticas que se extiende desde las instituciones más altas del Estado hasta las más bajas y que alcanza en mayor o menor medida a poderes públicos, partidos políticos, sindicatos o empresas privadas y públicas. Sin embargo, contra esta carcoma democrática nadie habla en serio de reformas de calado ni de ajustes ni de recortes, sólo se proponen placebos mientras la metástasis avanza imparable.
Así las cosas, quienes quieran creer en los cantos celestiales de la recuperación económica que se empeña en vender el Gobierno que llegó para derruir el estado del bienestar hasta los cimientos con la excusa de luchar contra la crisis, están en su derecho a hacerlo. En cambio, para la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país no hay nada en el panorama económico, social y político de España que permita emplear ese término con la más mínima propiedad. En ellos reside la única esperanza de que la crisis no siga siendo la coartada perfecta para vender en almoneda lo que tanto ha costado a tantos durante tanto tiempo.
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