La primera traición al pueblo saharaui la perpetró España hace cuarenta y seis años, cuando salió por pies de su provincia cincuenta y tres ante el avance de la Marcha Verde marroquí y abandonó a su suerte a los saharauis, ciudadanos con DNI español. De aquellos polvos estos lodos: casi medio siglo después España acaba de traicionar de nuevo a los saharauis aceptando unilateralmente la propuesta marroquí de autonomía para ese territorio. Es cierto que ninguno de los sucesivos gobiernos españoles de la democracia se han esforzado demasiado en que se cumpla el mandato de la ONU para que los saharauis decidan en un referéndum sobre su futuro político. Sin embargo, al menos de boquilla, sí habían apelado siempre a la ONU y a sus resoluciones para encontrar una salida negociada al conflicto, y esa había sido hasta ahora una política de estado, no de partido. Ninguno, ni siquiera Zapatero, se atrevió nunca a ir tan lejos como para alinearse oficial y descaradamente con la posición del invasor de un territorio sobre el que la ONU no le reconoce soberanía a Marruecos. Es, por cierto, el mismo gobierno que estos días intenta sacar pecho internacional defendiendo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la invasión rusa. Toda una lección de incoherencia en política exterior.
Ignominia en el fondo en la forma
Todo en la ignominiosa cesión ante Marruecos es un despropósito por la forma, por el fondo y hasta por el momento elegido. Empezando porque la decisión no la hemos conocido a través de nuestro presidente o nuestro ministro de Exteriores, sino por un comunicado de la Casa Real marroquí en el que se oculta más de lo que se dice. En segundo lugar, porque Sánchez ni siquiera sometió un asunto de esta trascendencia a la consideración de su socio de gobierno y mucho menos a la oposición: cual Juan Palomo, él se lo ha guisado y se lo ha comido aunque las consecuencias nos podrían alcanzar a todos. Así ocurrirá si Argelia, defensora de la causa saharaui y proveedora de casi el 40% del gas que importa España, decide cerrarnos el grifo o encarecer el suministro justo cuando la invasión rusa de Ucrania puede desatar una crisis energética brutal en la Unión Europea. Por lo pronto Argelia ya ha deplorado el cambio de posición de España, ha negado haber sido informada por Madrid y ha retirado a su embajador.
Aunque el PSOE y el Gobierno hagan ahora malabarismos en el alambre para intentar convencernos de que el volantazo de Sánchez no se contradice de manera flagrante con el mandato de la ONU para el Sahara, lo que no podrá borrar es lo que dice su programa para las elecciones de 2019: “Trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui”. Toda esa retórica ha ido a parar directamente a la papelera después de la misiva al rey de Marruecos, de la que quedan por conocer muchos y preocupantes detalles que Sánchez debería aclarar inmediatamente en el Congreso de los Diputados en lugar de enviar a su dócil ministro de Exteriores.
Mucho por explicar: la soberanía nacional no se negocia
Según un tuit del inefable ministro Iceta, “el acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. Lo primero y más urgente que el Gobierno debe explicar y mostrar a la opinión pública española es el contenido, el alcance y las condiciones de ese supuesto acuerdo. Por lo pronto, lo que se deduce de la afirmación de Iceta es que Marruecos ha chantajeado a España y nuestro gobierno se ha plegado en el Sahara a cambio de que el reino alaui deponga su reivindicación sobre territorio soberano español. Lo que no conocemos, y también deberá explicar el Gobierno a la máxima urgencia, es qué garantías ha recibido España por parte de Marruecos, si es que ha recibido alguna, a cambio de alinearse abiertamente con Rabat respecto al Sahara. Por lo pronto, lo que cabe deducir es que Marruecos ha reclamado algo que no es suyo y España le apoya para que se quede con el Sahara, que tampoco lo es. Sonaría chusco si no fuera gravísimo, pero esa es la marca de la casa de la política exterior española actual.
Esa cesión preocupa particularmente en Canarias, en donde el cambio de criterio de Sánchez ha caído como una bomba. No solo por los lazos emocionales e históricos del pueblo canario con el saharaui, sino también por las implicaciones políticas y económicas derivadas del hecho de que Marruecos se asome a las costas sahariana situadas apenas a 100 kilómetros de las islas. Una vez más, el Gobierno español parece haber pasado por alto las consecuencias para el Archipiélago de su política diplomática en el Magreb, aunque el presidente autonómico, en otro ejercicio de contorsionismo en el que ya es un consumado atleta para no incomodar a su jefe de filas, pretende hacer creer a los canarios que el cambio de timón no se da de bruces con la postura de la ONU sobre el Sahara.
Debilidad y chantaje
Las causas inmediatas de este viraje de Sánchez no son difíciles de adivinar. Algunas informaciones, que citan fuentes de inteligencia española, apuntan a que Marruecos estaba a punto de desencadenar una nueva entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y Melilla para forzar a Madrid a ceder en el Sahara. No es descartable tampoco que Sánchez quiera hacer méritos ante Joe Biden, quien mantiene el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara anunciado por Trump a finales de 2020. Tal vez confía en que el presidente estadounidense se fije en él y le llame alguna vez para hablar de la guerra en Ucrania en lugar de marginarle como viene haciendo sistemáticamente desde que llegó a la Casa Blanca. Si para eso necesita poner en almoneda la soberanía nacional ante Marruecos es algo que no parece quitarle el sueño.
En resumen, la habilidosa diplomacia marroquí ha conseguido condicionar por completo la política exterior española en el Magreb, una política que se ha caracterizado históricamente por la falta de objetivos claros en la zona más allá de contemporizar y ceder en prácticamente todo ante el incómodo vecino del sur. Esa transigencia española le ha permitido a Marruecos avanzar sin prisa pero sin pausa en la explotación de los recursos naturales de un territorio ocupado ilegalmente, en el que menudean las violaciones de los derechos humanos y sobre el que cada día tiene las posaderas más firmemente asentadas, ahora además con el beneplácito español.
España necesita unas relaciones sanas y equilibradas con Marruecos y para ello debe trazar líneas rojas claras. Es imprescindible también mejorar las relaciones con Estados Unidos, con el que las cosas empezaron a ir de mal en peor desde que Zapatero tuvo la genial idea de quedarse sentado al paso de la bandera de las barras y estrellas. Todo esto carece de sentido sin un gran pacto nacional sobre política exterior, defendido y aplicado por el gobierno de turno independientemente de su color político. El mensaje debe ser diáfano: relaciones diplomáticas privilegiadas pero equilibradas entre vecinos que están condenados a entenderse, por supuesto que sí; chantajes, extorsiones, amenazas a la soberanía nacional y hechos consumados jamás y bajo ningún concepto, y el gobierno que los acepte no es digno de dirigir el rumbo de España.
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