María Dolores de
Cospedal es una mujer muy atareada: preside la comunidad de Castilla
– La Mancha, es la número dos del partido en el Gobierno del país
y hasta antes de ayer era también senadora. Por los tres cargos
percibía anualmente en torno al cuarto de millón de euros.
Como senadora ya no cobra y como secretaria del PP asegura que
tampoco, de modo que solo le
queda el sueldo de presidenta autonómica, al parecer unos 68.000
euros anuales.
No
creo que haya sido la caída de sus ingresos lo que la ha llevado a
eliminar de los presupuestos autonómicos de 2013 el sueldo del medio
centenar de diputados regionales, que sólo cobrarán dietas por
asistencia a plenos y comisiones. Esto, para empezar, supone un elevado riesgo de
que se declare en la cámara una epidemia de dietitis de
difícil erradicación como no sea por la vía de reponer los sueldos
como ocurrió hace unos años en la Asamblea de Madrid.
Lo grave es que la medida huele que apesta a un populismo demagógico, que
lamentablemente tiene muchos seguidores, y nos retrotrae a los muy
lejanos tiempos en los que la política sólo podía ser cosa de
gente con posibles y cuyo objetivo no era la defensa del interés
general sino el de una casta o grupo social determinado: la Iglesia,
la familia o los sindicatos en las cortes franquistas, por no
remontarnos a las cortes medievales o a las del Estado preliberal y
democrático.
Al
margen de que todo trabajo tiene que ser retribuido adecuadamente, su
decisión – que ni siquiera comparten algunos destacados miembros
de su partido – abre de par en par la puerta a que los
representantes de la soberanía popular se conviertan en presa fácil
de los grupos privados de presión. El sueldo público de los
diputados, además de dignificar su trabajo, es una garantía contra
ese tipo de prácticas corruptas y el mecanismo que permite a los
ciudadanos que lo pagan exigir responsabilidades a sus
representantes.
Por
continuar con su razonamiento populista, si Cospedal quiere dar
ejemplo de austeridad en tiempos de crisis, no debería aplicarlo
sólo en espaldas ajenas sino en las suyas propias y en las de su
Gobierno suprimiendo también sus respectivos sueldos. ¿Por qué no
si, como pregona, la política debe ser una actividad eminentemente
altruista?
De
forma paralela a la supresión de los salarios de los diputados
regionales, Cospedal quiere reducir a la mitad los 49 diputados que
ahora tiene el parlamento autonómico de Castilla – La Mancha, como
si – toda vez que no van a cobrar – importara demasiado que
fueran 25, 100 o 200. Tal vez, lo que esconde la propuesta es tenerlo
mucho más fácil en las urnas y rodearse de un exquisito círculo de
adinerados diputados que puedan dedicar todo su tiempo a hacer lobby
en la cámara autonómica .
A
raíz de la crisis económica y de los sufrimientos que un día sí y
otro también se les exigen a los ciudadanos, en la sociedad española
ha crecido de forma alarmante la desafección hacia la política y
los políticos, que es como decir hacia el sistema democrático; al mismo tiempo, se ha convertido en abrumadoramente mayoritaria la opinión de que
debería de reducirse el número de representantes públicos quienes,
además, deberían de ser los primeros en ajustar sus legítimas
retribuciones a estos tiempos de sacrificios casi generalizados para
le gran mayoría. Sobre todo eso se puede y se debe discutir y buscar
acuerdos, pero cosa bien distinta y además muy peligrosa es alentar esa desafección con medidas de rancio olor a
tiempos felizmente superados.
