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Política para quien se la pueda pagar

María Dolores de Cospedal es una mujer muy atareada: preside la comunidad de Castilla – La Mancha, es la número dos del partido en el Gobierno del país y hasta antes de ayer era también senadora. Por los tres cargos percibía anualmente en torno al cuarto de millón de euros. Como senadora ya no cobra y como secretaria del PP asegura que tampoco, de modo que solo le queda el sueldo de presidenta autonómica, al parecer unos 68.000 euros anuales.

No creo que haya sido la caída de sus ingresos lo que la ha llevado a eliminar de los presupuestos autonómicos de 2013 el sueldo del medio centenar de diputados regionales, que sólo cobrarán dietas por asistencia a plenos y comisiones. Esto, para empezar, supone un elevado riesgo de que se declare en la cámara una epidemia de dietitis de difícil erradicación como no sea por la vía de reponer los sueldos como ocurrió hace unos años en la Asamblea de Madrid.

Lo grave es que la medida huele que apesta a un populismo demagógico, que lamentablemente tiene muchos seguidores, y nos retrotrae a los muy lejanos tiempos en los que la política sólo podía ser cosa de gente con posibles y cuyo objetivo no era la defensa del interés general sino el de una casta o grupo social determinado: la Iglesia, la familia o los sindicatos en las cortes franquistas, por no remontarnos a las cortes medievales o a las del Estado preliberal y democrático.

Al margen de que todo trabajo tiene que ser retribuido adecuadamente, su decisión – que ni siquiera comparten algunos destacados miembros de su partido – abre de par en par la puerta a que los representantes de la soberanía popular se conviertan en presa fácil de los grupos privados de presión. El sueldo público de los diputados, además de dignificar su trabajo, es una garantía contra ese tipo de prácticas corruptas y el mecanismo que permite a los ciudadanos que lo pagan exigir responsabilidades a sus representantes.

Por continuar con su razonamiento populista, si Cospedal quiere dar ejemplo de austeridad en tiempos de crisis, no debería aplicarlo sólo en espaldas ajenas sino en las suyas propias y en las de su Gobierno suprimiendo también sus respectivos sueldos. ¿Por qué no si, como pregona, la política debe ser una actividad eminentemente altruista?

De forma paralela a la supresión de los salarios de los diputados regionales, Cospedal quiere reducir a la mitad los 49 diputados que ahora tiene el parlamento autonómico de Castilla – La Mancha, como si – toda vez que no van a cobrar – importara demasiado que fueran 25, 100 o 200. Tal vez, lo que esconde la propuesta es tenerlo mucho más fácil en las urnas y rodearse de un exquisito círculo de adinerados diputados que puedan dedicar todo su tiempo a hacer lobby en la cámara autonómica .

A raíz de la crisis económica y de los sufrimientos que un día sí y otro también se les exigen a los ciudadanos, en la sociedad española ha crecido de forma alarmante la desafección hacia la política y los políticos, que es como decir hacia el sistema democrático; al mismo tiempo, se ha convertido en abrumadoramente mayoritaria la opinión de que debería de reducirse el número de representantes públicos quienes, además, deberían de ser los primeros en ajustar sus legítimas retribuciones a estos tiempos de sacrificios casi generalizados para le gran mayoría. Sobre todo eso se puede y se debe discutir y buscar acuerdos, pero cosa bien distinta y además muy peligrosa  es alentar esa desafección con medidas de rancio olor a tiempos felizmente superados.

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