No, vivir aquí no es una suerte

Dice un viejo y manoseado lema publicitario, falaz como casi todos los de su tipo y empleado para un roto y un descosido, que es una suerte vivir en Canarias. Yo niego la mayor, vivir en Canarias nunca ha sido una suerte y menos que nunca en los pandémicos tiempos actuales. Apenas que miremos más allá de las playas paradisiacas y de otros cuatro o cinco tópicos con los que los canarios solemos consolarnos, descubriremos un horizonte preñado de incertidumbres en el que es casi imposible atisbar algo que sugiera un futuro menos gris y deprimente para la gente de esta tierra. Dirán ustedes que he amanecido algo pesimista y no lo niego, pero no encuentro razones para el optimismo por más que las busque. 

Si uno comienza el día echando un vistazo a los periódicos apenas encuentra otra cosa que no sea el cansino conteo diario de contagiados, fallecidos y vacunados y poco más a lo que merezca la pena dedicarle algo de tiempo y atención, salvo que a estas alturas aún interesen a alguien los insufribles dimes y diretes entre políticos. Es como si el tiempo se hubiera detenido para siempre en marzo de 2020 y desde entonces viviéramos un eterno día de la marmota del que ya será imposible salir. Pero si nos centramos en las cosas que realmente importan y dejamos a un lado la faramalla insustancial con la que nos solemos dopar para conllevar esta pesadilla sin caer en la más absoluta melancolía, no veo ningún dato que invite a mirar con una pizca de confianza el futuro más próximo ni en lo sanitario ni en lo social ni en lo económico ni en lo político.

Sanidad: ni vencemos el virus ni avanzamos con la vacunación

En el plano sanitario llevamos meses bailando la yenka con el virus: ahora baja aquí pero sube allá, ahora elevo el nivel en esta isla y lo bajo en la otra y, mientras los contagios vuelven a ganar terreno, espero el santo advenimiento a ver si aburrido se va y nos deja en paz de una bendita vez. Si hablamos de vacunación prometemos en el Parlamento que estamos en disposición de dispensar 33.000 vacunas diarias, pero lo cierto es que seguimos casi a la cola del país en administración de la pauta completa, sin que nadie dé una explicación satisfactoria que no pase por echar la culpa a otros. Si añadimos la lamentable gestión de las vacunas que han hecho las autoridades comunitarias y españolas y las improvisaciones y cambios de criterio del plan nacional de vacunación, que no han hecho sino aventar la desconfianza social, ya me dirán cómo se puede mantener aún a estas alturas el optimismo que rodeó el inicio de la campaña a finales de diciembre pasado. 

(Juan Carlos Alonso)

Para terminar de enredar aún más la situación, el Gobierno anuncia el fin del estado de alarma pensando más en razones políticas que sanitarias, y sin haber previsto junto al Parlamento un amparo jurídico que permita a las comunidades autónomas adoptar medidas restrictivas para hacer frente a un virus que no parece ni mucho menos bajo control, como ha pretendido hacernos creer el presidente en dos ocasiones. Tal vez si durante el año largo que dura ya la pandemia nos hubiéramos dedicado mucho más a combatirla con más tino y sentido común que el demostrado y mucho menos a darla por derrotada para salvar temporadas turísticas varias, hoy podríamos tener en Canarias alguna esperanza de salvar al menos parte de la de verano y seguramente la de invierno. 

La economía en la UCI y la salud social dañada

La realidad en términos de trabajadores en ERTES o en paro no se compadece en cambio con los mensajes que como árnica repiten a diario los responsables públicos sobre crecimiento, PIB o empleo, meros deseos que las estadísticas se han ido encargando de desmentir uno a uno. Usando un símil sanitario muy apropiado en la actual situación, se puede afirmar que la economía canaria está en la UCI a la espera de que llegue la prometida respiración asistida en forma de las ayudas directas que un año después del inicio de la pandemia ha tenido a bien aprobar el Gobierno español, mientras sus homólogos francés, italiano o alemán las aprobaron y entregaron hace más de un año. Para el turismo, la sangre que impulsa la economía canaria y para el que sigue sin haber alternativa viable por mucho que se anuncien por enésima vez planes de diversificación económica en los que casi nadie en realidad cree, solo ha habido promesas varias veces anunciados y nunca materializados en algo concreto y tangible. 

(Carlos de Saá)

No es posible esperar una buena salud social con este desolador panorama sanitario y económico. Las ONGs como Cáritas, Banco de Alimento o Cruz Roja reportan incrementos alarmantes de pobreza y exclusión que parecen  haber desbordado los servicios sociales públicos. Mientras, los políticos se tiran los trastos o presumen en las redes de una gestión social manifiestamente mejorable a la vista de los resultados. Por si todo lo anterior fuera poco, el Gobierno central ha decidido que Canarias sea dique de contención de la inmigración irregular procedente de África con rumbo a Europa y ha desoído por activa y por pasiva las quejas de un presidente autonómico incapaz de hacer valer ante Madrid la posición ampliamente mayoritaria de la sociedad canaria. A una gestión opaca y prepotente del fenómeno, Madrid ha unido además el trato inhumano a estas personas y ha generado un clima de malestar y tensión social que nunca es positivo y mucha menos en medio de una crisis social y económica como la causada por el coronavirus. 

Cierto es que sale uno a la calle y ve que terrazas, centros comerciales o playas aparecen abarrotadas de gente que parece feliz y despreocupada, en ocasiones tan despreocupada que hasta olvida usar la mascarilla o mantener la distancia de seguridad. No sé si es inconsciencia colectiva del oscuro panorama que tienen ante sí estas islas o si hay una suerte de dopaje social que lleva a muchos a creer que el Estado proveerá con dinero tal vez caído del cielo aunque desaparezcan la mayoría de las empresas y no haya trabajo más que para un grupo de elegidos. Aunque también puede que yo tenga una visión muy desenfocada de la realidad que me rodea, es decir, que yo me equivoque de medio a medio y que ciertamente sea una suerte vivir en Canarias. 

Sánchez dice que tiene un plan

Puesto a pulverizar récords, Pedro Sánchez terminará arrasando todos los que se proponga: en promesas incumplidas o vueltas del revés va camino de dejar chiquito a Rajoy, que tampoco era manco; no le ha crecido la nariz pero es un buen émulo de Pinocho; ha vencido dos veces al virus de la COVID-19; y, lo penúltimo, ha presentado ocho veces -¡ocho!- el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, si no les molesta y por abreviar, llamaré "plan" a secas. Con un título tan infatuado, fruto seguramente de la imaginación recalentada de Iván Redondo, Sánchez quiere enamorar a la Comisión Europea para que suelte los 140.000 millones de euros de los llamados fondos de reconstrucción por la pandemia. 

El principal problema del plan es su inconcreción, lo que hace más admirable aún que Sánchez lo haya proclamado a los cuatro vientos, acompañado de intensa trompetería mediática, en nada menos que nueve ocasiones si contamos la de esta semana en el Congreso. Dicen los mal pensados que Sánchez hace propaganda con el plan de marras todas las semanas y fiestas de guardar, pero para mí es que Iván Redondo le ha dicho que lo venda con entusiasmo y convicción como si fuera el bálsamo de Fierabrás. 

(BERNARDO DÍAZ)

Ni concreción ni reformas claras

En el Congreso esperaban esta semana sus señorías que el presidente acudiera con algo más que un  catálogo de buenas intenciones, conocido también como carta a los Reyes Magos. Pero eso fue exactamente lo que recibieron: 200 páginas y otras 100 de anexos llenas de "modernización", "digitalización", "transición", "motor de cambio", "crecimiento potencial", "impulso" o "capital humano". Todo eso, que a los incondicionales les suena a música celestial, carece sin embargo de letra y estribillo reconocibles: ni precisa Sánchez objetivos concretos en términos de creación de empleo o demanda o producción de los proyectos que pretende impulsar con dinero comunitario y, lo que es más preocupante, juega al escondite con las reformas que exige Bruselas a cambio de soltar los euros. 

En este capítulo entra lo que piensa hacer con el mercado de trabajo, si dejarlo estar, si derogar la reforma laboral de Rajoy o retocarla solo aquí y allá aunque Pablo Iglesias - perdón, Yolanda Díaz - deje de sonreír y le ponga mala cara. Tampoco se percibe con claridad cuáles son sus planes para hacer sostenible el sistema público de pensiones, aunque el ministro Escrivá ande lanzando globos sonda a ver qué nos parece trabajar hasta la víspera del deceso para que el tinglado no se venga abajo. 

En fiscalidad estamos ante otro de esos juegos de manos tan habituales en este país, en donde se suele llamar reforma fiscal a cualquier parche que quede bien para la demagogia política y que suele acabar recaudando mucho menos de lo previsto. Una verdadera reforma fiscal que desbroce maraña, elimine exenciones injustificadas, persiga el fraude y la elusión y fortalezca sin populismos ni aspavientos el principio de progresividad fiscal, ni está ni se le espera. Pero como todos estos asuntos son casus belli entre el PSOE y Podemos, el Gobierno parece que va a mirar al tendido y silbar cuando Bruselas le pida concreción. Hay que dormir bien por las noches y, sobre todo, no anunciar medidas impopulares en plena campaña madrileña en la que el presidente parece el candidato del PSOE.

(EFE)

Sánchez presume de un plan hecho de copia y pega

Todas esas carencias no impiden que Sánchez se refiera al plan como "el más ambicioso de la historia reciente de España" y lo compare con la entrada en la UE. Es de nota que, aún así, falten solo quince días para que lo presente en Bruselas y todavía lo tenga sin encuadernar ni ponerle el hinchado título mencionado más arriba. Porque esa es otra, tal vez habría que dejar de llamar "plan" a lo que parece un copia y pega de documentos ministeriales varios que alguien tendrá al menos que paginar para que en Bruselas no se pierdan. También presume Sánchez de diálogo, como se demuestra por el hecho de que la oposición conociera oficialmente el documento solo doce horas antes del pleno de esta semana. Alega el Ejecutivo que no es definitivo, lo cual salta a la vista, pero no aclara si lo someterá a la consideración de la cámara cuando lo pase a limpio y antes de presentarlo en Bruselas para que le den la bendición. 

Dando por hecho que Bruselas no devolverá los papeles y que los jueces alemanes no se pondrán muy tiquismiquis con la aprobación de los fondos, España recibirá una generosa lluvia de millones que se deberán administrar con cabeza, centrados en los problemas económicos de este país y en el bien común. Esa batalla ya se adivina tensa después del dictamen del Consejo de Estado, que el Gobierno guardó bajo siete llaves todo lo que pudo, en el que se subraya "la necesidad de implementar todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos" europeos. "Adecuada" y "eficiente" son las palabras clave para no perder una oportunidad verdaderamente histórica en un país arrasado. Aquí tiene Sánchez materia sobrada para hacerse con unas cuantas marcas mundiales en eficacia, eficiencia, transparencia y sentido de estado, aunque para eso hay que pasar de una vez de la propaganda y la palabrería huera a las acciones concretas: no es hora de vender más humo sino de dar trigo. 

Del estado de alarma a Guatepeor

Si para variar Pedro Sánchez cumple la promesa de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, es probable que vivamos un pifostio jurídico y político similar al del verano pasado, después de que el susodicho proclamara urbi et orbi que habíamos "vencido el virus" y animara a salir a la calle y disfrutar. Se vio entonces que, sin estado de alarma al que agarrarse, las autonomías tenían que someter sus medidas contra la pandemia al parecer de los jueces. La jarana derivó en jueces de una autonomía que desautorizaban lo mismo que autorizaban los de la autonomía de al lado y, claro, no hubo forma de aclararse. Luego pasó lo que pasó en verano con los contagios y el Gobierno, siempre tan atento, nos regalo otro estado de alarma nuevito bajo el que aún nos encontramos. La buena nueva es que Sánchez acaba de anunciar que ha vencido el virus por segunda vez en menos de un año, gesta solo equiparable a las del divino Hércules. 

El estado de alarma: clavo ardiendo de las autonomías

Aunque todavía se discute entre los juristas si el estado alarmado es herramienta jurídica adecuada para amparar cosas como el toque de queda y la consiguiente conculcación de derechos fundamentales, lo cierto es que, cuando decaiga, esa opción quedará vedada a las comunidades autónomas. A lo más que podrán llegar es a decretar cierres perimetrales muy localizados (barrio, pueblo, comarca, ciudad), aunque tampoco hay consenso jurídico al respecto; también pueden modificar aforos y horarios de establecimientos abiertos al público, aunque sus decisiones siempre deberán estar avaladas por los tribunales de justicia, cuyas resoluciones también pueden ser objeto de recurso para que siga la rueda. Dicho en otras palabras, como tenemos tantos jueces mano sobre mano y la administración de Justicia funciona que es un primor y la envidia del mundo, vamos a darles algo de lo que ocuparse.

EFE

Todo esto seguramente se habría evitado si el Gobierno y el Congreso hubieran cumplido con su obligación para que las autonomías dispusieran a fecha de hoy de un paraguas jurídico bajo el que guarecer las posibles medidas que adopten a partir del 9 de mayo. De hecho ese fue el compromiso asumido en su día por el propio Sánchez y que, como tantos otros, también se ha llevado el viento. La clave es la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública de 1986, una norma que requiere una adaptación que afine el detalle y restringa el amplio margen interpretativo del que adolece. Aunque la norma en cuestión establece la potestad de las autoridades sanitarias para adoptar las medidas necesarias para la protección de la salud pública, lo cierto es que no precisa ninguna, lo cual equivale a tener un tío en Cuba. 

Las consecuencias de no hacer los deberes

El Gobierno, que presume de sabérselas todas y de "cogobernanza" aunque ni siquiera ha consultado a las autonomías sobre el fin del estado de alarma, ha dicho nones: aunque se lo haya pedido hasta el Consejo de Estado, no ve la necesidad de estar molestando al estresado Congreso de los Diputados con una ley de hace 35 años para una tontería como una pandemia de nada que solo ha causado cerca de 80.000 muertes. Según Sánchez y los suyos, con lo que hay ya y unos buenos acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud que reúne a comunidades y Ministerio, va que chuta. 

Que lo que acuerde un órgano administrativo como ese bendito Consejo no puedan ser más que recomendaciones y nunca normas de obligado cumplimiento, como pretende el presidente o la vicepresidenta Calvo, es algo que no les quita el sueño: son tan avanzados que acaban de elevar el dichoso Consejo al rango de poder legislativo del estado sin consultarlo ni con Montesquieu. En un país en el que los políticos han tenido la desvergüenza de "adaptar técnicamente" el ridículo decreto de las mascarillas aprobado en las Cortes, tampoco nos deberían sorprender mucho esas salidas de tiesto. 

Mientras, las autonomías empiezan a hacerse cruces: las del PSOE cabecean obedientemente todo lo que emane de La Moncloa, aunque sospecho que la procesión va por dentro. Chillan más las del PP pidiendo que el estado de alarma se prorrogue al menos hasta junio, lo cual es digno de admiración habida cuenta de que este partido se abstuvo cuando se votó en el Congreso a finales de octubre. Imagino que en La Moncloa estas jeremiadas no impresionan demasiado, no así las del PNV, socio prioritario del PSOE, que también aboga por la prórroga. 

Es evidente que ningún presidente regional, aunque unos lo digan y otros no, quiere cargar ahora con el mochuelo de tener que pedir permiso a los jueces cada dos por tres: es una lata y, sobre todo, políticamente perjudicial en tanto mantiene vivo el debate sobre si las medidas se corresponden con la gravedad de la situación. Eso, en una población que mayoritariamente ha hecho grandes esfuerzos y sacrificios y que ha transigido sin rechistar con recortes de derechos fundamentales no siempre justificados, se hace cada vez más impopular y más cuesta arriba. 

Sánchez a punto de incumplir otra promesa más

Lo que nos seguimos preguntando es por qué Sánchez ha decidido anunciar el  fin del estado de alarma y no una prorroga: a la vista del aumento de los contagios y del ritmo todavía insuficiente de vacunación, queda mucho para llegar a la Arcadia feliz que promete el Gobierno para el día después. Una posible explicación radica en que, a fecha de hoy y en medio de la feroz campaña madrileña, conseguir que el Congreso apruebe la prórroga le costaría sudor y lágrimas y no se le ven  ni ganas ni capacidad para embarcarse en la aventura. Otra explicación en absoluto descabellada es que todo sea solo una estrategia teatral de Sánchez para que las comunidades acudan a él en procesión rogándole la prórroga, lo cual le permitiría presentarse ante el país como el tricampeón mundial de la lucha contra el virus.

La evolución de la pandemia en los próximos días, los problemas con las vacunas y la presión de socios como el PNV y otros, podrían hacerle recular e incumplir su promesa, algo que a él no le preocuparía lo más mínimo y a los ciudadanos tampoco nos pillaría por sorpresa a estas alturas. Si por el contrario mantiene que no haya prórroga, tendremos una nueva entrega de La Casa de los Líos en versión autonómica, que se podría haber evitado si el Gobierno y el Congreso hubieran hecho su trabajo. Pero así funciona un país en el que la máxima política es dejar para pasado mañana lo que urgía haber hecho antes de ayer. 

Ayudas directas: tardías y escasas

Uno de estos meses, con suerte antes de que acabe el año, recibirán las empresas españolas que aún  sobrevivan a la crisis y reúnan los requisitos, el magro maná que en forma de ayudas directas les concede el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero calma y paciencia, que las cosas de palacio van más despacio que de costumbre, que ya es decir: para que eso ocurra debe producirse una conjunción astral de las burocracias estatal y autonómicas y luego, si ningún otro obstáculo se cruza en el camino, se transferirá el dinero a sus felices beneficiarios, que en realidad lo necesitaban con urgencia para el año pasado. 

Si entonces el Gobierno español hubiera seguido los pasos del alemán, el francés o el italiano, que no dudaron en aprobar ayudas no reembolsables para que las empresas con problemas de liquidez capearan el temporal, muchos autónomos y pymes españoles no habrían echado el cierre y muchos trabajadores no habrían ido al paro. Pero así es este país, de los otros solemos importar lo menos bueno antes que nadie pero somos los últimos en imitar lo más útil y urgente. 

Comparativa desfavorable para España

Pero no es solo que las ayudas lleguen con retraso en España, sino que las cuantías son también las más raquíticas. Frente a los 11.000 millones aprobados por Sánchez, 7.000 de los cuales los gestionarán las autonomías, tenemos los 50.000 millones de Alemania, que va ya por el tercer mangerazo de liquidez, los 18.600 de Francia o los 25.000 de Italia. Y no es solo una cuestión de cuantías, sino también de cobertura: en todos los países mencionados las ayudas cubren porcentajes mayores de pérdidas que en España. En nuestro país se compensará entre un 20% y un 40% de pérdidas en las actividades más castigadas por la crisis, frente a Italia en donde la cobertura llega al 60%, Alemania, en donde se eleva al 90%, y Francia, que cubre el 100%. La cuantía máxima por empresa en España es similar a las de Francia e Italia, pero muy inferior a la de Alemana.

EFE

Además, a diferencia de esos países, en donde las ayudas se extienden a todos los sectores de la economía, en España solo llegarán a los más afectados, principalmente la hostelería, el ocio o el comercio. Bien es cierto y, hay que subrayarlo, que en España se han aprobado créditos reembolsables avalados por el ICO por importe de unos 120.000 millones y se han destinado a los ERTES otros 40.000 millones. Es un esfuerzo importante que, sin embargo, no debía haber sido excluyente respecto a las ayudas no reembolsable que muchas empresas necesitaban para pagar los gastos corrientes, reducir sus deudas con el banco o hacer frente a las facturas. 

Dichas ayudas eran más urgentes y estaban más justificadas si cabe, habida cuenta el destrozo económico provocado por la pandemia en un país tan dependiente del sector servicios y en donde el tejido empresarial está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas de escaso músculo financiero. Todo lo cual contrasta con los rescates de empresas inviables como la aérea Plus Ultra, a la que se pretende hacer pasar por "estratégica" para entregarle 53 millones de euros, y en donde falta transparencia y sobra discrecionalidad sospechosa en la actuación del Gobierno. Aunque dicen que llorar sobre la leche derramada solo produce melancolía, conviene no olvidar cómo se han hecho las cosas para pasar factura cuando se presente la ocasión. 

Con la burocracia hemos topado: el caso canario

Estos son, grosso modo, las cifras de las esperadas ayudas directas. Pasemos a la letra pequeña, la gestión para que lleguen cuanto antes a las empresas y autónomos que las reclaman desde hace un año. A diferencia de Francia o Italia, en donde la gestión es centralizada, es decir, la lleva a cabo el gobierno nacional, en Alemania son los estados federados los que se encargan de ese trabajo. En España la función recaerá en las autonomías, con las que el Gobierno central no ha tenido siquiera la deferencia de reunirse para hacerles el anuncio y acordar una serie de criterios  comunes. 

La ministra de Hacienda se ha limitado a decir que se les transferirán mediante convenios los 7.000 millones de euros y a otra cosa, mariposa. Y es, llegados a este punto, cuando muchos nos hemos empezado a hacer cruces: ¿serán capaces las regiones de tramitar las peticiones de ayudas en tiempo y forma para que las empresas que las necesiten y cumplan los requisitos no mueran definitivamente de inanición financiera? Si les digo les engaño, pero no me hago muchas ilusiones. 

EFE

En primer lugar, el real decreto aprobado por el Gobierno a mediados de marzo deberá tramitarse como proyecto de ley, lo que demorará su entrada en vigor. Los grupos políticos presentarán enmiendas para revisar las actividades susceptibles de recibir ayudas respecto al centenar que ha previsto el Gobierno; por ejemplo, prever ayudas en Canarias para "agentes de ferrocarril" o "fabricantes de armas" suena cuando menos chusco. El riesgo cierto, ya advertido por los expertos de FUNCAS entre otros, es que la desigual capacidad de gestión de las autonomías genere también desigualdades territoriales en el buen uso de estas habas contadas que son las ayudas directas. En Canarias, la comunidad teóricamente más beneficiada en el reparto con 1.140 millones,  la ayuda podría  quedar en agua de borrajas si no se revisan las condiciones de acceso y la lista de sectores incluidos y excluidos para adaptarla a la realidad económica insular y, al mismo tiempo, no se decreta un verdadero zafarrancho de combate en la administración pública regional.  

Hay que ponerse las pilas ya

Lo cierto es que la burocracia autonómica canaria no se ha mostrado precisamente ágil y eficiente en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o los 84 millones de euros en ayudas a fondo perdido a las empresas aprobados por el Ejecutivo canario, por poner solo dos ejemplos. ¿Por qué hemos de suponer que con las ayudas directas del Gobierno central será distinto? Y eso que no estamos hablando aún de los fondos de reconstrucción de la UE, de los que nos ocuparemos en otro momento,  que deberían llegar en los próximos meses y que también habrá que gestionar. 

Muy buenas pilas deberán ponerse el Gobierno canario y los empleados públicos para administrar unas ayudas que, al paso al que va la vacunación en España y aunque tardías y raquíticas, aún pueden evitar el cierre de muchas empresas y el adiós a la actividad de no menos trabajadores autónomos. No es un reto menor ni sencillo, como casi nada para nadie en medio de esta pandemia. Superarlo no es una opción sino una obligación pública ineludible ante la que no cabe arrastrar los pies: en caso de fracaso no habrá nadie a quien echar las culpas salvo al Gobierno autonómico y su incapacidad para la gestión del interés general.  

Cuando todo nos da igual

Tengo la sensación de que hemos bajado los brazos, de que ya no nos importa gran cosa que la democracia se deteriore ante nuestros ojos: nos estamos limitando a encogernos de hombros y a culpar del problema a los políticos y sus insufribles peleas de patio de colegio, como si nuestra pasividad no tuviera nada que ver con lo que ocurre. Cuando asumimos sin pestañear que una ministra desprecie la presunción de inocencia sin inmutarse o que un ministro del Interior cese a un subordinado porque se ha negado a incumplir la ley; o cuando damos por bueno que ese mismo ministro, magistrado por más señas y mayor agravante, justifique que la policía recurra al viejo y dictatorial método de la patada en la puerta para entrar en un domicilio privado sin orden judicial, es que acabamos de dejar atrás una nueva línea roja de lo que no debe ocurrir jamás en un país democrático. 

Si por añadidura nos deja fríos que el responsable político de esas barbaridades no solo no dimita sino que no sea cesado por quien tiene la responsabilidad política de su nombramiento, solo habremos certificado que se abra la puerta a más patadas en la ídem, a más injerencias políticas en terrenos que tiene vedados como la investigación policial y, en definitiva, a la vulneración sistemática de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

EFE

La patada en la puerta como síntoma

La patada en la puerta es solo un síntoma más del grave deterioro que sufre la democracia ante nuestros ojos, cada vez más acostumbrados a que el Gobierno haga de las leyes y las normas de obligado cumplimiento un cuestión de pura y simple conveniencia política.  Ocurre, por ejemplo, con la rendición de cuentas que todo poder ejecutivo debe al parlamento, pero que en España ha pasado a depender de la voluntad de una mayoría parlamentaria y de un presidente del Gobierno, mucho más proclive a las comparecencias sin preguntas de los periodistas y de los lemas propagantísticos, que de vérselas cara a cara con la oposición en el Congreso. El interminable estado de alarma es desde hace más de un año la coartada perfecta para gobernar por decreto y recortar sin mayores miramientos derechos y libertades que, si en algunos casos pueden tener una justificación temporal, en otros muchos carecen de ella. 

Por estrafalario y ridículo merece capítulo aparte el disparatado decreto obligando a usar la mascarilla en descampado o playas aunque estemos completamente solos y no corramos riesgo alguno de contagiar o de que nos contagien. Que el mismo día en que el BOE publica tamaña estupidez la ministra de Sanidad hable de revisar la norma "con criterios técnicos" y que las autonomías empiecen a hacer sus propias interpretaciones "con sentido común", solo ha venido a corroborar que, no solo no gobiernan filósofos, sino verdaderos ignorantes. Los casos de mal gobierno y de vulneración de principios elementales no escritos en un sistema democrático, como el respeto debido a la oposición por poco que gusten sus críticas al ejecutivo de turno, se acumulan sin que parezca preocuparnos la deriva. 

Cuando se pierden hasta las formas y el respeto 

El Congreso es la corrala en la que los políticos - del Gobierno y de la oposición - ventilan su mala educación y montan espectáculos mediáticos sin importarles gran cosa la realidad del país. Un diputado de la oposición manda al médico a uno de un partido rival que se preocupa por la salud mental y no pasa nada. O una ministra de Educación -¡qué sarcasmo! - falta desabridamente al respeto a un diputado de la oposición que expone su legítima posición sobre la educación especial y, en lugar de indignarse, no faltan palmeros que aplaudan sus malos modos y le pidan más: si el de la crítica era de la oposición se merece eso y mucho más y puede dar gracias de que no haya sido tildado de "fascista".

Puede que sea precisamente la prepotencia y la soberbia la que nos lleve a este derrotismo y a considerar que no vale la pena perder el apetito pidiendo imposibles. Ahí tenemos a Ábalos, el inefable ministro de las mil versiones, envuelto en el turbio asunto del rescate de una compañía aérea de inconfundible aroma chavista a la que se hizo pasar por "estratégica" para regalarle 53 millones de euros de todos los españoles. Las informaciones sobre la discrecionalidad que ha rodeado la decisión se acumulan, pero a nadie parece importarle gran cosa que detrás de la oscura operación pueda haber intereses que nada tienen que ver con apoyar a una empresa vital para el país. Con la misma abulia estamos contemplando las maniobras del Gobierno para evitar el control del reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Para ello no dudó en ocultar el informe del Consejo de Estado que recomendaba reforzar los controles  para evitar precisamente la discrecionalidad. 

75.000 muertos y ni una disculpa ni una autocrítica

Los españoles asistimos a este carrusel de ejemplos de mal gobierno y falta de transparencia en todos los ámbitos con la misma apatía que contemplamos la serie interminable de decisiones contradictorias, improvisaciones y descontrol en la gestión de la pandemia. Ya me he referido al lamentable sainete de las mascarillas obligatorias en descampado, pero en la mente de todos está el baile de la yenka con su uso al comienzo de la crisis, la falta de prudencia científica y el exceso de previsiones de barra de bar, casi siempre incumplidas, del doctor Simón, la huida a Cataluña sin rendir cuentas de Salvador Illa, el incumplimiento de la prometida auditoría externa de la gestión o el voluntarismo con las vacunas y la fórmula facilona de culpar de todo a las malvadas farmacéuticas. 

EFE

Y sin embargo, más de un año después del inicio de esta interminable pandemia, nadie del Gobierno ni de sus aliados ni de sus palmeros han pedido nunca una sola disculpa por los más de 75.000 muertos que ha producido la enfermedad ni ha reconocido un solo error - "no se podía saber" - ni se ha comprometido a intentar hacer las cosas mejor. En cambio han menudeado las declaraciones irresponsables y triunfalistas, el "hemos vencido al virus" y las decisiones equivocadas que nos tienen hoy a las puertas de la cuarta ola. Ahora bien: ¿se lo hemos exigido los ciudadanos? Me  temo que no. 

La fatiga social y el todo da igual

Mucho se habla estos días de la fatiga provocada por la pandemia, tanto en el ámbito individual como en el social: restricciones de la movilidad, recorte de libertades, pérdidas personales irreparables, secuelas mentales y físicas, incertidumbre económica, sensación de orfandad y abandono por parte de una clase política, en general insensible ante una dura realidad compleja y amorfa, pueden ser algunos de los elementos integradores de ese cansancio que, quien más y quien menos, sentimos ya sobre nosotros. Y seguramente será también la causa de que ya no nos queden fuerzas para rehacernos y afrontar el destrozo democrático que tenemos ante nosotros. 

Estamos abdicando nuestras responsabilidades como ciudadanos o, como mucho, alistándonos en las filas de los palmeros del Gobierno o en las de la oposición, tan responsable como los partidos del Ejecutivo de la polarización de la vida política cuando más se requería de todos anteponer el bien común al partidista. Nos equivocamos gravemente pensando que todo da igual y olvidando que esos políticos de los que nos quejamos o ni siquiera eso, los hemos elegido entre todos y de todos es por tanto la responsabilidad de exigirles decencia, trabajo y transparencia. Que es difícil ya se sabe pero hablamos de democracia: para encogernos de hombros o asentir ante todo lo que hace el poder ya tenemos las dictaduras y los regímenes autoritarios y estoy seguro que no es eso lo que queremos la inmensa mayoría de los españoles.

Vacunas tengas y las pongas

Salvo el Gobierno y sus entregados admiradores, que no suelen dudar nunca de lo que prometen el presidente y sus ministros o ministras, no creo que haya mucha gente en España que se crea a estas alturas que para el próximo verano se habrán vacunado contra la COVID-19 nada menos que entre 32 y 35 millones de personas, la llamada población diana. Y fíjense que no digo junio, julio o agosto, sino el "próximo verano", de forma vaga y ambigua, como hace la ministra de Sanidad. 

Partamos de la base de que la responsabilidad de que la vacunación avance a paso de tortuga no es solo del Gobierno español ni de las comunidades autónomas. Para ser justos hay que reconocer que el caos con las vacunas de AstraZeneca prometidas y no entregadas, ha trastocado los planes iniciales, que tampoco es que fueran un dechado de planificación. De ese descontrol sí hay que culpar en buena medida a una inoperante Comisión Europea, a la que chulea a placer la firma británica y que, lejos de coordinar la campaña con los estados miembros, ha terminado enfrentándolos y provocando un bochornoso sálvese quien pueda. 

Que cada palo aguante su vela

La guinda del desbarajuste la puso el reciente parón de la vacuna británica, después de la aparición de trombos en algo más de una treintena de vacunados con su fórmula. Ahora bien, que AstraZeneca y el Reino Unido estén jugando al nacionalismo sanitario con la UE, no exime a los gobiernos nacionales como el español de su respectiva cuota de responsabilidad en la lentitud con la que avanza la vacunación. Empezando porque se está administrando solo el 80% de media de las dosis recibidas y eso gracias al pequeño acelerón que ha experimentado la campaña en los últimos días, ya que hasta hace apenas una semana el porcentaje de dosis administradas sobre el total de recibidas se situaba en torno al 75%. No parece complicado deducir que si quedan vacunas por administrar en relación con las que se reciben es, en esencia, porque no se está haciendo el esfuerzo en medios sanitarios que la situación requiere. 

Esta realidad se cruza con una gestión cuando menos cuestionable de la vacunación de los principales grupos de riesgo. Así por ejemplo resulta inexplicable que, tres meses después de haberse iniciado la campaña, la ministra de Sanidad admita sin inmutarse que aún se tardarán al menos dos semanas en vacunar a todos los mayores de ochenta años. Se necesita casi tener la fe del carbonero para creer en las promesas del Gobierno, a menos que los datos de las próximas semanas cambien radicalmente. 

España y Canarias: números manifiestamente mejorables

A fecha de hoy, solo el 5,2% de la población diana ha recibido las dos dosis correspondientes, lo que representan solo 2,5 millones de de los cerca de 35 millones que deben recibir la vacuna. Los expertos más optimistas coinciden en señalar que, con estos datos en la mano, el objetivo no se alcanzaría antes de noviembre, mientras los más pesimistas lo llevan a bien avanzado 2022. Solo hay que tener en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de sanitarios y de millones de ciudadanos pueden suponer un nuevo parón que no nos podemos permitir. 

Si dispar es la situación entre países - en Marruecos y Turquía hay ya más vacunados que en España - no lo es menos por comunidades autónomas. Canarias en concreto se sitúa tres puntos por debajo de la media nacional en número de vacunas administradas por cada 100.000 habitantes. Aunque el presidente de la comunidad autónoma ha prometido en varias ocasiones que las islas vacunarían a un ritmo de 30.000 personas diarias, a fecha de hoy, el día en el que más vacunas se han puesto no se ha pasado de las 11.000. Es cierto que las islas van ligeramente por delante de la media nacional en personas que han recibido las dos dosis - 7% de Canarias frente al 5,2% nacional - pero para pasar de las apenas 100.000 personas vacunadas a las 1,35 millones que deben recibir la vacuna falta un larguísimo camino que, previsiblemente, no acabará en verano. 

A estas alturas resulta ocioso insistir en la importancia de vacunar a la población diana como paso previo e indispensable para empezar a hablar de recuperar la actividad económica. En ese sentido, los resultados obtenidos en las residencias de mayores, en donde los contagios han caído más del 90%, hablan por sí solos de la importancia de la vacuna. Por ello es menos comprensible si cabe la pachorra con la que las autoridades sanitarias se han tomado un asunto, que requería un verdadero zafarrancho de combate desde el primer momento para aprovechar hasta el último vial disponible. 

En abril, vacunas mil: ¿seremos capaces de ponerlas todas?

Ahora, la ministra de Sanidad anuncia para abril vacunas mil, como el refrán: la llegada este lunes de un millón de dosis de Pfizer y Moderna y de 5,5 millones de viales de la fórmula unidosis de Janssen a mediados de abril, aunque lo más probable es que la entrega se retrase hasta finales de ese mes. Con esas expectativas y a la espera de que la UE, el Reino Unido y AstraZeneca se pongan de acuerdo y lleguen las dosis comprometidas, podría ocurrir que de buenas a primeras tengamos muchas más dosis de las que somos capaces de administrar. Sin embargo, no parece que el Ministerio o las comunidades autónomas se hayan planteado un escenario en el que, habiendo viales suficientes, la vacunación no se acelera por falta de medios y de planificación. 

Si tenemos en cuenta que los datos de la pandemia no invitan al optimismo y que la Semana Santa podría ser la definitiva puerta de entrada a la cuarta ola, sería una irresponsabilidad mayúscula que no se agilizara al máximo la vacunación. Urge por tanto un plan que permita aprovechar todas las dosis y administrarlas cuanto antes y para ello hay que echar mano de los sanitarios a los que, de manera incomprensible e injustificada, el Ministerio y las comunidades autónomas han ignorado. No alcanzo a comprender por qué en Francia, Italia o Reino Unido vacunan los farmacéuticos y en España no se les permite. Y quien dice los farmacéuticos dice los veterinarios, los odontólogos o el personal sanitario de las Fuerzas Armadas; y dice también que es fundamental ampliar los lugares de vacunación a toda suerte de instalaciones en las que se puedan garantizar unas mínimas condiciones sanitarias. 

No puede ser que España haya superado ya las 75.000 muertes por coronavirus, que los contagios tiendan más a subir que a bajar y que la economía esté hecha unos zorros, mientras los responsables públicos arrastran los pies con las vacunas. Voy a confiar en esta ocasión en que esos responsables sepan actuar con la cordura y la diligencia que la situación requiere y no caigan en el viejo vicio nacional de improvisar y luego exculparse diciendo que "no se podía saber". 

Alquileres y demagogia

Podemos y el PSOE llevan semanas a la greña a cuenta del precio de los alquileres, a la altura ya del cielo aquel que Iglesias quería tocar con la mano en sus mejores tiempos. Los socios no se ponen de acuerdo sobre qué hacer para evitar que sigan subiendo e impidiendo a muchas personas el acceso a un derecho fundamental. Sobre la mesa hay dos propuestas que no casan, la de los morados abogando por una solución simplista para un problema complejo, y la de los socialistas, en apariencia más realista y menos intervencionista del mercado, con las posibles distorsiones que eso generaría. 

Vayamos por partes. El precio de los alquileres subió de media en España más del 4% en 2019. Entre otras razones, por el endurecimiento de las hipotecas para la compra - el gran sueño de todo español que se precie - y la insuficiente oferta pública de viviendas en alquiler. Ese aumento ha sido más elevado en lo que han dado en llamar "zonas tensionadas" de las grandes ciudades, en donde encontrar un alquiler que no suponga dejarse la práctica totalidad de los ingresos, e incluso más de lo que se ingresa, es tarea casi imposible, máxime a raíz del boom del turismo vacacional. 

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Limitación de precios frente a bonificaciones fiscales

Ante esta realidad, Podemos pretende simple y llanamente que se limiten los precios y que se obligue a los llamados "grandes tenedores" a destinar al menos el 30% de sus pisos a alquileres sociales. Los precios por encima del que se establezca como de referencia - quién lo establecería y con qué criterios no se sabe - deben bajar para ajustarse a él y los que estén por debajo congelarse: y asunto resuelto, sin más miramientos a la legalidad ni zarandajas.  Como decía, el manual del buen populista siempre encuentra soluciones mágicas para cualquier problema por complejo que este sea, y el de la vivienda lo es en grado sumo. Los socialistas, en cambio, son de momento poco partidarios de esa fórmula y optan por las bonificaciones fiscales a los propietarios, moduladas de acuerdo con una amplia casuística, y por acuerdos público-privados para incrementar la oferta de viviendas en alquiler en el mercado.

Pero las negociaciones no avanzan y Pablo Iglesias está a punto de irse del Consejo de Ministros y se ha ido ya del Congreso -¡loado sea el Señor!- sin haber conseguido que su socio y sin embargo rival dé su brazo a torcer. De momento, ni siquiera han definido con claridad a qué se refieren con lo  de "zonas tensionadas" ni qué se entiende por un "gran tenedor" de viviendas. Tampoco se ha avanzado en definir lo que se considera una vivienda vacía ni qué hacer con ella, aunque el PSOE quiere que los ayuntamientos castiguen a sus dueños con una penalización del IBI si no la ponen en alquiler. Y claro, cuando no hay acuerdo en conceptos básicos difícil es que lo pueda haber en todo lo demás. Lo cierto es que, mientras le dan vueltas y se tiran los trastos, los grandes fondos inmobiliarios y los propietarios se empiezan a poner a cubierto y a retirar viviendas en alquiler para pasarlas al mercado de compra - venta, lo que puede terminar elevando más los precios del arrendamiento. 

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¿Qué ha pasado allí en donde se han limitado los alquileres?

El gran debate de fondo es si las medidas de intervención en el mercado sirven al objetivo principal: el acceso a la vivienda. Es aquí en donde pintan bastos, porque las experiencias apuntan más bien en la dirección contraria: allí en donde se han limitado los precios se ha contenido la subida a corto plazo pero a medio y largo los resultados han sido los contrarios de los deseados. Dejando a un lado las pegas legales de esa medida, ¿qué ha pasado en San Francisco, París, Berlín o Estocolmo, ciudades que los de Podemos ponen como ejemplos de lo que habría que hacer en España? Varias cosas: disminución de la oferta de viviendas en alquiler que se han ido al mercado de compra - venta o han dejado de estar disponibles, más dificultades de acceso, desvío de viviendas al mercado negro, menos inversión en mantenimiento por parte de los propietarios y, en definitiva, obstaculización del alquiler para una mayoría a cambio de intentar facilitárselo a una minoría. 

Hasta el Banco de España ha entrado al trapo y ha advertido de que el problema habría que atacarlo desde el lado de la oferta, incrementándola de manera que responda a una demanda creciente. Cabe recordar que en España el parque público de vivienda suma solo el 2,5% del total, uno de los más bajos de la UE, y que el número de personas que vive en nuestro país de alquiler es del 24%, la mitad de Alemania. Pero claro, incrementar las viviendas públicas, entre ellas las de alquiler, requiere un importante esfuerzo económico, amén de modificaciones legales que agilicen la inversión y eviten que la edad de emancipación de los jóvenes españoles se siga acercando peligrosamente a la de su jubilación. Dicho sea exagerando un poco para subrayar la gravedad del problema. 

(EFE)

Ese debería ser el gran objetivo en estos momentos, más que aplicar medidas de marcado sesgo ideológico que, con suerte, solo servirán para enmascarar las estadísticas uno o dos años mientras el mal de fondo sigue sin solución. En esa línea precisamente acaba de pronunciarse el ministro Ábalos, prometiendo 44.000 viviendas de alquiler social con fondos europeos y otras 56.000 procedentes de la colaboración con el sector privado. 

Eso sí, Ábalos no ha sido muy preciso ni sobre la cuantía para ese objetivo ni sobre los plazos para su ejecución ni sobre el papel de comunidades y ayuntamientos, con competencias en esta materia. Pero sobre todo, seguro que no es casualidad que el anuncio se produzca cuando más enquistada está la negociación con Podemos, lo que sugiere que el inefable ministro ha vuelto a hacer una de las cosas que mejor se le dan: huir hacia adelante esperando que escampe el nublado y, luego, ya veremos. 

Ciudadanos, historia de un fracaso

No vengo a hacer más leña del árbol caído ni a añadir un nuevo certificado de defunción de Ciudadanos a los que ya han extendido todo tipo de articulistas y editorialistas. Solo me propongo reflexionar sobre los motivos por los que, un partido que pudo haber prestado grandes servicios a este país, se encuentra a las puertas de su desaparición. 

Habrá quien piense que la situación terminal de Ciudadanos tiene mucho que ver con la polarización de la vida política española y seguramente tendrá algo de razón: el espacio para el centro político se ha estrechado de tal modo que muy a duras penas hay cabida en él para una fuerza política, por mucha falta que haga moderar el crispado debate. Sin embargo, en mi opinión, si el pequeño partido que nació hace quince años en Cataluña está como está, es mucho más por la inconsistencia política y la mala cabeza de sus principales dirigentes que por cualquier otra razón más o menos coyuntural o sobrevenida. 

Un poco de historia "ciudadana"

Bien mirado, la monumental pifia murciana solo ha puesto de manifiesto que Ciudadanos ya había perdido el rumbo hacía tiempo y su supervivencia únicamente dependía del resultado que obtuviera del tacticismo cortoplacista: ya no había respeto a los principios fundacionales ni proyecto político que no fuera el de sobrevivir a costa de lo que fuera. Echar la vista atrás y ver en qué ha venido a parar este partido político es un sano ejercicio de memoria histórica que debería enseñarnos a ser más escépticos ante los profetas hueros, que buscan su paraíso particular haciéndonos creer que trabajan por el nuestro. 

(EFE)

Ciudadanos caló en un electorado que renegaba del PP y sus casos de corrupción y de un PSOE envuelto en disputas internas, que tampoco podía presumir de integridad ética y que ya no ilusionaba a un segmento importante de votantes. Tenía un campo político en donde desplegar su potencialidad como fuerza de centro y los electores se lo hicieron saber con claridad cuando, en las primeras elecciones generales de 2019 obtuvo 57 escaños, casi un 16% de los votos válidos emitidos e igualando prácticamente al PP. Pero también fue en ese momento cuando Albert Rivera demostró con la misma claridad que su liderazgo carecía de sentido de estado y que su juego se reducía a desplazar al PP como principal partido de la oposición de centro derecha. 

A su alcance tenía el fallido Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso suscrito en 2016 con el PSOE pero prefirió cerrarse en banda a cualquier posibilidad  que permitiera un gobierno con Pedro Sánchez, quien por su parte tampoco es que se desviviera por hacerse socio de Rivera. La historia contrafáctica no es historia pero siempre resulta interesante preguntarse qué hubiera pasado si Rivera hubiera aceptado reeditar el acuerdo con los socialistas. Con todas las reservas que un ejercicio teórico así requiere, es muy probable que la situación política en España hubiera discurrido por unos derroteros muy diferentes en los últimos dos años y hasta cabe pensar que hoy el clima sería algo más respirable de lo que es. Dejémoslo ahí. 

(EFE)

Lo cierto es que Rivera se enrocó y contribuyó de manera decisiva a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en las que de partido con posibilidades de gobernar pasó a ser fuerza residual en el Congreso, en donde se quedó con solo 10 escaños: una bofetada electoral de tales dimensiones pocas veces se había visto en la historia democrática española. A la debacle ayudó no poco la nefasta foto de Colón, a la que el desnortado líder acudió en contra del parecer de algunas de las voces más sensatas del partido y que también terminó pasándole factura electoral. No había duda alguna de que los electores habían castigado a conciencia la irresponsabilidad de un líder, que no tuvo más alternativa que dimitir como presidente del partido que había conducido literalmente del cielo al suelo político. 

Arrimadas: a peor la mejoría

El liderazgo de Inés Arrimadas no ha sacado a Ciudadanos del pozo en el que lo dejó Rivera, sino que lo ha hundido un poco más como ha demostrado el churrigueresco episodio murciano. La política catalana ya llegó a la presidencia del partido lastrada por otra decisión que aún hoy merecería una explicación convincente, si es que la hay: su negativa a someterse a la investidura como presidenta de la Generalitat al haber encabezado la candidatura más votada en las elecciones autonómicas de 21 de diciembre de 2017. 

(EP)

Pero más allá de esa circunstancia nada anecdótica, su liderazgo se ha caracterizado también por la inconsistencia política, un mal que parece crónico en este partido, en el que han abundado los eslóganes y el marketing de colorines y ha escaseado la sustancia y una línea política medianamente reconocible para los españoles. De pasar a disputarle el liderazgo de la derecha al PP, el Ciudadanos de Arrimadas lleva dos años convertido en un partido sin rumbo previsible que lo mismo respalda una prórroga del estado de alarma, llega a pactos autonómicos con el PP y Vox o rechaza los Presupuestos Generales del Estado. 

Salta la sorpresa en Murcia

Aún así, más mal que bien iba sobreviviendo en un clima político cada día más irrespirable mientras intentaba huir de la polarización que, quien más y quien menos, desde Podemos a Vox pasando por el PSOE y el PP, han ido generando en estos meses de pandemia. Pero ha sido justo cuando lo que mejor podía haber hecho era evitar contaminarse de ese aire malsano, cuando ha dado un paso en falso que seguramente será el último y definitivo: aliarse al PSOE en Murcia y autocensurarse para hacerse con el gobierno autonómico del que formaba parte con el PP. 

Las replicas políticas a aquella torpe decisión son de sobra conocidas: expulsión del Gobierno de Madrid con adelanto electoral incluido y desestabilización de Andalucía y Castilla - León. De añadidura, un rosario de renuncias, transfuguismo y dimisiones que evidencian la madera política de sus cargos públicos, quienes no dudan en abandonar el barco antes de que se hunda, y ponen en peligro la continuidad de los grupos del Congreso y el Senado y del mismo partido como tal. 

(EFE)

Coda y despedida

A esta debacle de Ciudadanos no es en absoluto ajeno el PSOE, al que las jugadas murciana y castellano - leonesa también le han salido rana. No obstante, para ello tampoco ha tenido reparo alguno en jugar a las estrategias de desestabilizar gobiernos autonómicos en medio de una pandemia: en otras palabras, en hacer lo mismo que le reprocha a quienes critican su gestión en el Gobierno central. A cambio, eso sí, elimina a un jugador moderado de la partida y extrema la polarización asimilando al PP con Vox y olvidando que gobierna con un partido populista tan tóxico como el que dice combatir. 

No es una buena noticia para ningún sistema democrático que aspire a la estabilidad perder a un partido que contribuya a conseguirla desde una posición moderadora de los extremos. Menos lo es para la democracia de un país como España, en donde la tendencia a echarse al monte y darse de garrotazos por cualquier asunto parece marcada a sangre y fuego en nuestros genes históricos. Ciudadanos estaba llamado a desempeñar esa función moderadora pero, visto en retrospectiva, a lo mejor nunca fue ese el verdadero objetivo de sus dirigentes por más que lo predicasen todos los días. A lo peor solo ha sido otro experimento fallido de lo que nos vendieron como nueva política, pero que solo ha sido política vieja de la de toda la vida. 

Canarias toca fondo

No es fácil encontrar hoy en Canarias algún parámetro que invite al menos a un muy moderado optimismo sobre el futuro a corto y medio plazo. No es que uno no ponga entusiasmo, es que no existe ninguno que no tenga su contrapartida negativa. Tampoco es que a uno le guste ser un cenizo que lo ve todo negro y cuanto peor, mejor; ni eso ni un ingenuo optimista, convencido de bobadas como esa de que todas las crisis son magníficas oportunidades para reinventarse y majaderías similares. En resumen, no creo que de la pandemia salgamos mejor ni más fuertes, como rezaba la propaganda gubernamental que apenas tardó unos días en envejecer: solo espero que salgamos como Dios nos dé a entender y con eso ya me conformo. ´

Por encontrar entre tanto nubarrón un pequeño rayo de esperanza me quedaría con el llamado "pasaporte verde digital", con el que la UE quiere reactivar los viajes el próximo verano. No hace falta que subraye la importancia de esa medida para una economía zombi como la canaria, a la que si le faltan los turistas es como si le faltara la sangre de su tejido productivo. La pega - siempre hay alguna - es que el pasaporte en cuestión despierta ciertos recelos de orden legal en determinados países comunitarios, de ahí que convenga no lanzar aún las campanas al vuelo: demasiadas veces se han lanzado en esta interminable crisis y a la vista está que siempre ha sido precipitado. El ejemplo más evidente son las incumplidas promesas de la ministra Maroto de un plan específico para recuperar el turismo canario que, a este paso, estará listo para la siguiente pandemia. 

Situación sanitaria: el día de la marmota

Sin ser de las que peores cifras presenta, la situación epidemiológica canaria parece estancada: el número de contagios es un yo-yó que sube y baja de manera recurrente y lo que se avanza una semana se retrocede la siguiente. Mientras, el Gobierno autonómico no parece tener otro plan que no sea el de subir y bajar también el mareante semáforo de riesgo epidemiológico, empleando criterios cambiantes y confusos. Estos cambios constantes y que casi nunca se explican ni se justifican con la suficiente claridad, más que invitar a la población a respetar las normas, lo que hacen es incentivar a que las incumpla o a que cada cual haga lo que le parezca más oportuno. 

EFE

La vacunación avanza al golpito, sin prisa pero sin pausa cabría decir. Da la sensación de que se vacuna solo algo más rápido que en la campaña de la gripe común, pero no con la celeridad que requiere la pandemia y la necesidad de incrementar de forma significativa el paupérrimo 5% de población diana vacunada hasta la fecha. También hay dudas razonables sobre el control sanitario de los viajeros que llegan a las islas y en qué medida han sido o no causantes de contagios importados. El corolario de esta situación se resume en más de 600 fallecidos y más de 43.000 contagiados, datos que, sin embargo, no parecen espolear lo suficiente a los responsables públicos para tomar medidas que permitan salir de una situación sanitaria que ya empieza a recordarnos el día de la marmota. 

Situación social: a peor la mejoría

Canarias tenía el dudoso honor de encabezar la clasificación autonómica de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Las últimas estadísticas disponibles sitúan en esa situación a un tercio de los ciudadanos de las islas, aunque es muy probable que la pandemia haya agravado el dato. Así lo sugieren las declaraciones de responsables de organismos como la Cruz Roja o los bancos de alimentos. Frente a las promesas y el catálogo de buenas intenciones del gobernante Pacto de las Flores, la comunidad autónoma también permanece a la cola en atención a la dependencia, un problema que ya parece crónico a pesar de la leve mejoría experimentada el año pasado. 

EFE

Para ensombrecer más el panorama, el aumento de la inmigración irregular y la penosa pasividad de los poderes públicos han tensado más la cuerda. Al final, un fenómeno que se pudo y debió gestionar cuando los flujos empezaron a crecer se ha convertido en una papa caliente ante la que el Gobierno canario parece que ha bajado definitivamente los brazos, después de que su presidente amenazara con "revirarse" pero no diera un paso más allá de las palabras. Entretanto, el Ejecutivo central, el que tiene las competencias en la materia, ha hecho oídos sordos a las peticiones de Canarias para que las islas no se conviertan en un dique seco de inmigrantes irregulares. Aunque no satisfecho con eso, racanea incluso la alimentación de personas retenidas por la policía y que solo han incumplido un trámite administrativo. 

Situación económica: un zombi a la espera de los turistas

Dicho a la pata la llana, la economía canaria está hecha unos zorros: 280.000 parados, 90.000 trabajadores en ERTES, 20.000 pequeñas y medianas empresas viviendo de ayudas, otras miles que han cerrado para siempre y una caída del PIB del 20%, son datos elocuentes de la situación generada por la practica paralización del turismo. Al Gobierno de Canarias le ha faltado tiempo para alabar que el Ejecutivo central haya aprobado 2.000 millones de euros en ayudas directas para los dos archipiélagos. Aparte el hecho de que la medida llega demasiado tarde para muchas empresas que ya han echado el cierre definitivo, hay que recurrir de nuevo a la máxima prudencia. 

EFE

En primer lugar aún se desconoce qué parte de los 2.000 millones corresponderán a Canarias, aunque lo más que preocupa es si el dinero llegará en tiempo y forma a quienes lo necesitan. A la vista de la experiencia reciente, hay dudas más que razonables de que la administración autonómica sea capaz de afrontar ese reto con garantías de éxito. Esperemos que lo haga por el bien de  miles de familias y de puestos de trabajo que dependen de ellas para sobrevivir. 

Situación política: ¿qué hay de lo mío?

A la vista de la situación descrita a muy grandes rasgos, uno querría creer que la clase política isleña no perdería el tiempo en juegos de manos. Sin embargo, tal vez contagiada por el penoso clima político nacional, en Canarias también se cuecen habas. Se me agotaría el catálogo de descalificaciones para describir el sainete de la elección de senador socialista por la comunidad autónoma. Como el lamentable espectáculo se empezaba a alargar más de lo que incluso en política es decoroso cuando hay pelea por los sillones, se optó por meter en el Gobierno a uno de los aspirantes a los honores senatoriales. 

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Que el agraciado en la pedrea esté investigado por presunta corrupción o que desplazara a una mujer de ese puesto, se convirtieron de la noche a la mañana en zarandajas sin importancia para un Gobierno y un partido que presumen de feministas y regeneradores de la política. Eso sí, se cumplió la máxima propagandística de no dejar a nadie atrás y se hizo sin pestañear ni ofrecer explicación alguna a la atónita ciudadanía. De las cuatro fuerzas que integran el Gobierno regional solo una ha protestado, mientras las otras tres han enmudecido ante un asunto por el que habrían montado un gran escándalo de haber estado en la oposición. 

Con este nuevo episodio de politiqueo de bajos vuelos queda otra vez en evidencia que la política con mayúscula es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos: a poco que nos descuidemos la cabra tira al monte sin importarle la sanidad, la pobreza o la economía. Puede que su razonamiento más íntimo sea el de que la pandemia terminará pasando algún día, pero los cargos no se pueden dejar pasar por más que el barco se hunda mientras en el comedor se brinda con champán y suena la orquestina. 

Madrid: doble o nada

La reacción mayoritaria en las redes tras conocerse que Pablo Iglesias había renunciado a la vicepresidencia del Gobierno de España para ser candidato en las elecciones madrileñas del 4 de mayo, ha sido de alivio. Alguien que se ha dedicado a tiempo completo durante su estancia en el Gobierno de todos los españoles a malmeter, dividir, polarizar, desprestigiar, enredar y, en sus ratos libres, ver series mientras el país vive una dantesca crisis sanitaria, económica y social, no merecía seguir en un Ejecutivo en el que nunca debería haber entrado de no haber sido por la querencia populista del socialista Pedro Sánchez. En la memoria de los españoles no quedará una sola medida o decisión del paso de Iglesias por el Gobierno que haya contribuido a mejorar sus vidas. 

Pero tras el alivio inicial, del que confieso ser copartícipe, vienen las preguntas sobre las razones que han llevado a Iglesias a dar un paso que parece incluso haber pillado por sorpresa a su valedor en La Moncloa y a su propio partido. Sin duda, la primera de ellas tiene que ver con las feas expectativas electorales de la izquierda ante los comicios adelantados por la popular Ayuso. Esa cita con las urnas ha sido refrendada ya por la Justicia, a pesar de los intentos de esa misma izquierda para evitar unas elecciones que ahora - ¡viva la democracia! - no le venían bien, aunque intenten hacernos creer que el problema es que son inoportunas, no como las de hace unas semanas en Cataluña, que eran absolutamente oportunas. 

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Polariza que algo queda

Dicho de otro modo, Iglesias asume la candidatura madrileña con el objetivo de allanar la unidad con su viejo rival de Vistalegre Íñigo Errejón - lo de viejo es un decir -, que viendo ya que va a quedar relegado en la candidatura se ha puesto la venda antes de la pedrada y ha pedido "respeto". A partir de esa unidad con Errejón, el líder podemita montará su plataforma para la polarización con Ayuso, encantada de que la presencia de Iglesias en la pugna electoral movilice a su favor a los votantes de la derecha y la ultraderecha, y seguramente a los de Ciudadanos, partido en clara descomposición después del chasco de la moción murciana, origen del pifostio político en el que nos encontramos inmersos. 

A modo de delgada loncha de jamón entre dos gruesas rebanadas de pan duro quedará el manso Gabilondo, el candidato que más a mano tenía el PSOE ante la falta de tiempo y de ganas para buscar otro más solvente e ilusionante para los madrileños. El espacio que le quedará entre dos populismos desatados como los de Ayuso e Iglesias para lanzar un mensaje diferenciado, será insignificante y seguramente se perderá en medio del ruido y la furia con el que ambos polos políticos se disputarán la cotizada plaza madrileña. 

Consejos vendo, que para mí no tengo

Pero la maniobra de Iglesias deja otras interesantes y reveladores conclusiones colaterales. No es la menor el hecho de que el líder de Podemos esté a punto de desplazar de la candidatura de Madrid a una mujer, lo cual se da de bruces con el discurso feminista de los podemitas del que es la primera abanderada la ministra de Igualdad y compañera sentimental de Iglesias, a la que de momento no se le ha escuchado queja alguna. Tampoco es un detalle menor preguntarse en dónde quedan las ampulosas proclamas que lanzó Iglesias desde la vicepresidencia social del Gobierno y en qué va a parar la tan famosa como misteriosa y etérea Agenda 2030, cuya necesidad y utilidad aún desconocemos los españoles. El líder de Podemos demuestra de nuevo que la suya no es la política institucional y de gestión, sino el activismo, la proclama, el cartel, la agitación y la división para pescar en río revuelto, fiel siempre al manual del buen populista. 

(EP)

Respecto a su liderazgo de la formación morada, que nadie imagine que no seguirá ejerciéndolo en la sombra por más que pretenda hacernos creer que ha abddicado su corona de príncipe del populismo en Yolanda Díaz. De hecho, ni se ha molestado en organizar el teatrillo de los círculos y las elecciones internas sino a designar con su divino dedo morado a su sucesora por la gracia de Iglesias. El hombre que vino a regenerar la política y acabar con la casta actúa como los viejos partidos sin molestarse siquiera en disimular. Así las cosas, ahora ha decidido por su cuenta y riesgo quemar las naves para evitar el naufragio de la izquierda en Madrid, la plaza que puede ser su tabla de salvación o su tumba política, en función de lo que los madrileños decidan el 4 de mayo y los pactos que se alcancen tras los resultados de las urnas. 

Solo falta que Sánchez se una a la fiesta

Entretanto hay que permanecer atentos a las pantallas para seguir los movimientos de Sánchez, quien por ahora acepta el trágala de Iglesias y nombra vicepresidenta a Yolanda Díaz. También conviene que nos fijemos bien en la cara del presidente para comprobar si a partir de la marcha de Iglesias y de las elecciones en Madrid duerme mejor o, si por el contrario, presenta síntomas de haberle pedido a su gurú Redondo que vaya pensando en una fecha para un posible adelanto de las elecciones generales. Con el centro derecha desarbolado y en expectativa de destino y Podemos con la atención centrada en Madrid, no debería sorprendernos a estas alturas que Sánchez se una a la fiesta con otro golpe de efecto cuando menos lo esperemos. 

(EP)

Acostumbrados como estamos ya los españoles a que los políticos brujulen en función de sus intereses y no del interés general, seguro que nos limitaríamos a enarcar una ceja y a continuar con nuestras vidas restringidas y recortadas como Dios no viene dando a entender desde hace ya un año. La pandemia, la crisis económica y social o el prosaico reparto de miles de millones de euros procedentes de la UE pueden esperar: lo primero es lo primero y lo que toca ahora y de nuevo es que los políticos encuentren sus acomodo y bienestar, lo demás es secundario.