La política como espectáculo

Relativamente calmadas de momento las aguas entre el PSOE y Podemos, los medios de comunicación han encontrado un nuevo filón en las desavenencias entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado a propósito de la fecha del congreso del PP de Madrid. Dimes y diretes, declaraciones "explosivas", misteriosas fuentes que no se identifican pero cuyas supuestas revelaciones se entrecomillan y publican en primera página, encuentros llenos de "tensión", entrevistas en horas de máxima audiencia en programas televisivos de entretenimiento... Todo vale para atizar la hoguera aunque en ella se achicharren sin remisión los principios más elementales del periodismo. Es la política elevada (o degradada) a la categoría de espectáculo mediático, al que se entregan con fruición los políticos y los medios, los medios y los políticos, que en esta relación tanto monta, monta tanto: ambos se necesitan mutuamente y mutuamente se instrumentalizan a mayor gloria de la banalización de la vida pública. Y mientras, los ciudadanos, convertidos en meros espectadores, nos agolpamos frente a la televisión y en las redes y observamos embobados los fuegos artificiales. 

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Amigos, enemigos y compañeros de partido

A Churchill se le atribuyen muchas frases, entre ellas la que dice que "hay amigos, enemigos y compañeros de partido". Sea o no apócrifa, la frase describe exactamente lo que está ocurriendo entre Casado y Ayuso y no habría que darle más vueltas ni hacer correr ríos de tinta y llenar horas de televisión. La presidenta madrileña quiere el control del partido en su comunidad como un primer paso antes de explorar la posibilidad de moverle la silla a Casado, quien, como es natural, procura curarse en salud. Nada que no haya ocurrido antes miles de veces: desde que hay partidos políticos las luchas por el poder en las cúpulas dirigentes son un elemento inseparable de la política. 

Los medios de comunicación nunca han sido ajenos a esos forcejeos en los que con frecuencia toman partido por uno u otro bando, tal y como ocurre ahora con todo descaro en la pugna Ayuso - Casado. La diferencia en estos tiempos está en la penetración social de la televisión y de las redes, que multiplican exponencialmente esas trifulcas y elevan a la categoría de noticia de la máxima relevancia lo que no pasa de ser una escaramuza política más en las alturas. Lo importante no es siquiera que las diferencias ideológicas o programáticas entre quienes se baten el cobre por el control del partido sean insignificantes, lo que de verdad interesa es alimentar el circo mediático e incrementar las audiencias.

Para eso los líderes políticos pagan con dinero público a jefes de gabinete expertos en medios de comunicación, para que les enseñen a dar bien en los medios y a conquistar a la audiencia con su labia, por superficial y fútil que sea, o con su buena planta y simpatía. La política se hace hoy con el corazón en la mano y afrontando los asuntos complejos con eslóganes vacíos pero pegadizos para que sean titulares en todos los medios y circulen por las redes. No importan lo tozuda que sea la realidad ni las contradicciones, lo que cuenta son los sentimientos y la empatía; los ciudadanos no quieren que les prometan sangre, sudor y lágrimas, que bastante tienen ya; quieren escuchar que saldremos más fuertes, que no dejaremos a nadie atrás, que la economía crecerá, que bajará el paro, el precio de la luz y el de los alquileres, que se reducirán los impuestos y que mejorarán los servicios públicos. Si luego ocurre todo lo contrario se pide a los jefes de gabinete, que para eso se les paga, que inventen las excusas oportunas. En estos tiempos en los que todo el mundo opina de todo, lo de menos es que hayan mentido o prometido lo que sabían que no podrían cumplir: cuando la propaganda entra por la puerta, los hechos saltan despavoridos por la ventana. 

La información como entretenimiento

Las televisiones colaboran poniendo el personal, las cámaras, el plató e incluso el público de atrezzo. Las cadenas generalistas, a través de las que se informa el 90% de la población, se han visto obligadas a competir a cara de perro con la televisión de pago y las plataformas de vídeo bajo demanda. La fragmentación y la pérdida de audiencia las ha llevado a convertir los telediarios en contenedores en los que cabe de todo, desde mucho periodismo político de declaraciones a frivolidades del mundo del espectáculo, indistinguibles a veces de la actualidad política. Los programas informativos puros, mucho más caros, han ido cediendo terreno ante formatos más baratos como los magacines politizados, las tertulias políticas y los programas de entretenimiento en los que se estilan entrevistas "cercanas y humanas", que en muchas ocasiones solo son agradables masajes sobre la vida privada y las aficiones de unos invitados que proceden cada vez más también del mundo de la política. 

"No queda tiempo para digerir el aluvión de trivialidades que se hacen pasar por noticias"

Los otros medios no pierden comba y se suman encantados a la batalla de dimes y diretes, a los rumores y al chismorreo político insustancial. Los políticos se han convertido en las grandes estrellas de nuestro tiempo, con su presencia y sus mensajes oportunistas y prefabricados saturan todos los canales de comunicación con la sociedad y convierten la actualidad en un estado permanente de opinión y confrontación. Apenas queda tiempo para digerir el aluvión de trivialidades que se hacen pasar por noticias, que a las pocas horas ya han muerto para dar paso a otra ración de más de lo mismo. ¡Más madera, es la guerra!. Las opiniones suceden a las opiniones en una carrera vertiginosa en la que lo que menos importa son los hechos, sobre los que se opina sin un mínimo conocimiento de causa y por no parecer en fuera de juego. 

Las noticias, que deben presentarse de forma "fácil y amena" a los espectadores, no son tanto hechos objetivos que han ocurrido o están ocurriendo como un bucle infinito de declaraciones cruzadas entre políticos. Este estado de cosas se convierte en viral en las redes sociales, en donde reinan a sus anchas el oportunismo, las noticias falsas, la descalificación, el insulto y el populismo rampante. Políticos de todo color y condición y medios de todo tipo explotan así el lado más estridente y menos noble de la política, los primeros a la caza de votos en todos los grupos sociales y los segundos a la caza de audiencias y contratos publicitarios. 

La libertad de opinión como farsa

Esta promiscuidad entre medios y políticos de la que ambos sacan tajada, ha sido descrita aquí solo a muy grandes rasgos y sirve para cualquier otro duelo por el poder además del que libran estos días Ayuso y Casado. En realidad no es un fenómeno nuevo sino un fenómeno que la televisión y las redes sociales han exacerbado hasta el punto de poner seriamente en cuestión algunos principios esenciales de la democracia. En su libro "De la estupidez a la locura", (Lumen, 2016) Umberto Eco escribió que "la democracia romana comenzó a morir cuando sus políticos comprendieron que no hacía falta tomarse en serio los programas [de los partidos], sino que bastaba simplemente con caer simpáticos a sus (¿cómo decirlo?) telespectadores". 

Mucho antes, Hanna Arendt advirtió de que "la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza una información objetiva y no se aceptan los hechos mismos". En su libro "Verdad y mentira en política" (Página Indómita, 2016) Arendt afirmó que "la verdad factual, si se opone al provecho o al placer de un  determinado grupo, es recibida hoy con una hostilidad mayor que nunca". Me pregunto qué habría dicho Arendt, que escribió esto a comienzos de los años setenta, si hubiera vivido en plena expansión de las noticias falsas en las redes sociales y de la política convertida en aquel pan y circo que volvía locos a los romanos. 

Brecha digital: no es sociedad para viejos

Bienaventurados quienes nacieron en la era de Internet y la telefonía móvil porque pueden sacar dinero de su banco sin  acudir a una ventanilla ni pagar comisiones; bienaventurados asimismo quienes envían correos electrónicos y wasaps tecleando con dos dedos, porque no tienen que molestar a sus hijos, nietos, vecinos o amigos para que les hagan el favor; bienaventurados también los que usan internet para pedir cita previa u obtener información de la Administración y se ahorran cabreos hablando por teléfono con una máquina... La lista de bienaventuranzas de la era digital es larguísima, pero la inmensa mayoría no incluye a quienes tuvieron la mala suerte de nacer en una época en la que los niños no venían al mundo con un teléfono móvil bajo el brazo y un ordenador sobre la mesa de estudio. En estos tiempos en los que a los políticos se les llena la boca con brechas de esto, de lo otro y de lo más allá, apenas se mencionan las negativas consecuencias sociales de la profunda brecha que separa a los mayores de las generaciones nacidas en la era digital.

Generación digital versus generación analógica

Los poderes públicos, las empresas privadas y el conjunto de la sociedad deberíamos pararnos a pensar si podríamos hacer mucho más para no dejar atrás a toda una generación solo por haber nacido en la fecha equivocada. El sociólogo alemán Ulrich Beck dijo en su libro "La metamorfosis del mundo" (Paidós, 2017) que "los mayores son los «neandertales» y la nueva generación global pertenece a la especie «Homo cosmopoliticus». Los mayores nacieron como seres humanos, pero al igual que sucede en «La metamorfosis» de Kafka, una mañana se despertaron convertidos en unos insectos llamados «analfabetos digitales». Las nuevas generaciones, por el contrario, ya nacieron como seres digitales. El contenido de la mágica palabra «digital» ha pasado a formar parte de su equipamiento genético". 

Según Eurostat, la oficina estadística de la UE, solo el 6,5% de los mayores españoles de 65 años tiene lo que se conoce como habilidades digitales y solo el 20% usa Internet a diario. Según el INE, cuatro de cada diez mayores de nuestro país nunca ha accedido a Internet y casi un tercio de quienes accedieron e iniciaron algún tipo de gestión no la pudieron concluir. Las causas principales de esta realidad son sobre todo la falta de formación, la desconfianza, el desinterés y las dificultades para acceder a la red, bien por no tener conexión a por carecer de dispositivo. La brecha afecta más a las mujeres que a los hombres, a los mayores de 75 años, a quienes viven solos, a los de menor nivel educativo y a los de más bajo poder adquisitivo. Nada que no fuera posible imaginar de antemano en una generación que, en muchos casos, aprendió las "cuatro reglas" y a leer y escribir cuando ya eran adultos.

Pandemia y solidaridad familiar

Hay datos que apuntan a que durante la pandemia se ha incrementado en algunos puntos el porcentaje de personas mayores que accedieron a Internet. Sin embargo, esas cifras hay que relacionarlas con las restricciones de movilidad que, seguramente, terminaron haciendo de la necesidad en virtud y obligando a muchos abuelos a enfrentarse al ordenador. Nada dicen esos datos sobre cuántos de ellos tuvieron éxito o a cuántos les echaron una mano sus hijos, nietos o vecinos más duchos en el arte de manejarse por el proceloso mar de Internet. 

Porque es gracias a la solidaridad de familiares y conocidos como los mayores van capeando con más pena que gloria las gestiones que se ven obligados a realizar por vía telemática, por la sencilla razón de que en muchos casos no se les da otra opción. Empezando por la Administración, que no se caracteriza precisamente por facilitarles las cosas, y continuando por la banca, que se las dificultan sin contemplaciones: se impone el beneficio sobre la atención que merecen y a la que tienen derecho unos clientes que, en muchos casos, lo han sido durante toda su vida. No crean lo que dicen las páginas corporativas de las entidades bancarias que presumen de todo lo que ayudan a los mayores a realizar sus gestiones: es mentira, o en todo caso, son acciones claramente insuficientes. 

Alergia bancaria a los mayores

La banca ha cerrado miles de sucursales - y más que cerrará - y ha despedido a miles de empleados - y a más que despedirá - sin temblarle el pulso ni acordarse de a cuántos usuarios abandonaba a su suerte. En pequeños pueblos rurales, en donde hace unos años había una modesta sucursal en la que era posible cobrar la pensión, hacer operaciones sencillas, aclarar las dudas con un empleado y hasta preguntarle por su familia, los mayores tienen que depender ahora de familiares o conocidos. Incluso en grandes ciudades están desapareciendo oficinas de barrio a marchas forzadas y reduciéndose los horarios de atención al público; acudir a una ventanilla para sacar dinero, pagar un recibo o realizar una transferencia ya roza casi lo delictivo y se sanciona con comisión al canto. 

"Para los mayores Internet es más el problema que la solución"

Para todas estas personas Internet es el problema y no la solución que representa para la generación digital. Además, su falta de formación para manejarse con un mínimo de soltura en la red, las convierte en víctimas propiciatorias de estafas y timos. Los poderes públicos tienen el deber de estrechar la brecha y eso empieza precisamente por facilitarles el acceso a los servicios de la Administración con herramientas como la firma digital. Hace falta un esfuerzo mucho mayor y coordinado de los poderes públicos para acercar con seguridad el mundo digital a estas personas: el empeño valioso pero en muchos casos voluntarioso de organismos, universidades o asociaciones privadas no basta. Los poderes públicos son responsables también de que entidades como las bancarias dispensen una atención directa y personalizada a los mayores, sin sobrecostes que solo se justifican desde la óptica del beneficio privado. 

Es mucha la tarea y aparentemente poca la voluntad pública de afrontarla. La generación que nació con un teléfono móvil en las manos y una tableta en la mochila del colegio le debe a sus abuelos la oportunidad de beneficiarse con seguridad de estos avances de la tecnología. De eso va también el pacto intergeneracional con el que algunos políticos se pretenden adornar sin fundamento, y que solo tendrá sentido si se convierte en una realidad mientras sigan con vida los cinco millones de españoles que a fecha de hoy no disfrutan aún de ninguna de las bienaventuranzas de Internet. Después ya no será necesario.

Adiós a la democracia de partidos

Los partidos políticos siempre han estado en entredicho, aunque pocas veces tanto como en la actualidad: han cambiado de tal forma en las últimas décadas que ya es muy difícil reconocer en ellos a las organizaciones de masas que fueron en otros tiempos, especialmente tras la II Guerra Mundial, cuando su legitimación social alcanzó las máximas cotas. Hace poco comenté en el blog el libro de P. Ignazi "Partido y democracia", (Alianza, 2021), (Ver aquí) y vuelvo sobre el tema con otro trabajo clave para entender este proceso. Se trata de "Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental", de Peter Mair, publicado unos años antes pero de plena vigencia. Mair es contundente: "la era de la democracia de partidos ha pasado", afirma. En su opinión, aunque los partidos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad y están tan empeñados en una clase de competición que es tan carente de sentido, que no son capaces de ser soportes de la democracia. Mair incide especialmente en la creciente devaluación del demos ante una idea de la democracia en la que el componente popular se ha vuelto irrelevante.

Participación y afiliación a la baja

La reacción de los ciudadanos ante los partidos es la desafección, la indiferencia e incluso la hostilidad. Pruebas evidentes son el descenso de la participación en las elecciones y del número de afiliados. Y es a través de esa brecha - dice Mair - por la que se cuelan los populismos de diverso signo. Síntoma también de la distancia que separa al demos de los partidos es la volatilidad del voto, lo que además hace cada vez más inciertas las predicciones electorales. Esto significa que, como consecuencia de los cambios sociales de las últimas décadas (secularización, mejores condiciones de vida, globalización), cada vez es más frecuente que los electores cambien el sentido de su voto de unas elecciones a otras. Esa actitud se traduce en una caída de la lealtad partidaria y del número de electores que se identifican solo con unas siglas concretas. 

En opinión de Mair, "cuando la política se convierte en un entretenimiento para los espectadores es difícil mantener partidos fuertes. Cuando la competencia entre partidos apenas tiene consecuencias para la toma de decisiones, solo cabe esperar que derive hacia el teatro y el espectáculo". Según Mair, la política actual es cada vez menos partidista, aunque las apariencias puedan hacer creer lo contrario. Se extiende la indiferenciación entre los partidos, al menos por lo que se refiere a las decisiones de gran alcance para los ciudadanos. Se trata de un proceso muy vinculado a la globalización en el que los gobiernos y, consecuentemente, los partidos políticos han visto drásticamente recortada su autonomía política. 

"La única función de los partidos es el clientelismo y la organización del parlamento y el gobierno"

Esto conduce a que "los partidos políticos cada vez tienen más dificultades para mantener identidades diferenciadas". Lo cual, unido al retroceso del llamado voto de clase, ha dado paso a partidos "atrapalotodo" que buscan votos en todos los caladeros. De ahí - dice Mair - que la actual competición política se distinga por la "pugna por eslóganes socialmente inclusivos a fin de obtener el apoyo de electorados socialmente amorfos". Con líderes políticos de los que se valora ante todo su capacidad mediática para conectar con electorados de base social lo más amplia posible y una decreciente competencia entre izquierda y derecha, retrocede también el modelo de gobierno de partidos responsables.

Adiós a los partidos de masas

Con la implantación de los partidos "atrapalotodo" también se alteran las funciones tradicionales de las fuerzas políticas. Una de ellas era trasladar las demandas sociales a los núcleos del poder, un papel que interpretan ahora organizaciones y movimientos sociales de todo tipo que son los que han terminado estableciendo la agenda política. Para Mair, a la vista de este panorama la única función que mantienen aún los partidos es la del clientelismo y la organización del parlamento y el gobierno. El resultado de todo lo anterior es que "los ciudadanos dejan de se participantes para ser espectadores mientras las élites ocupan un espacio cada vez mayor en el que perseguir sus intereses particulares". 

La UE es para Mair el paradigma de las transformaciones que han sufrido los partidos políticos. En el club comunitario ve el autor el espacio para el refugio de unos partidos y unos dirigentes alérgicos a rendir cuentas. Es en ese ámbito en el que se aprecia con más claridad la escasa competencia entre partidos. El ciudadano, mientras, observa que las decisiones relevantes se adoptan en lejanas instituciones no elegidas democráticamente y liberadas de rendir cuentas. Para nuestro autor, la UE es una suerte de "estado regulador" o sistema político al que apenas se puede acceder por las vías y con los medios habituales en una democracia convencional. A su juicio, esta UE se ha construido de esta y no de otra manera porque la democracia convencional ya no es operativa ya que, si lo fuera, no sería necesaria la UE. 

Conclusiones

Es evidente que los partidos, piezas clave de esa democracia, han mutado en organizaciones divorciadas de unos ciudadanos que les pagan con la misma moneda. La cuestión es cómo revertir la situación y acortar la brecha y para eso el populismo no es la mejor de las alternativas. ¿Seguiría habiendo democracia si los partidos terminan convertidos en meros gestores de la agenda institucional, sin apenas contacto con la calle salvo en periodos electorales y a través de medios de comunicación y redes sociales? ¿se podría seguir hablando de democracia si continúa bajando la participación electoral y la afiliación? ¿en una democracia así a quiénes representarían los partidos? ¿Es concebible una democracia sin demos? Pocas respuestas hay de momento para estas y otras muchas preguntas que suscita la lectura del libro de Mair, aunque al menos una sí parece evidente: la democracia de partidos está evolucionando hacia un sistema aún borroso pero cada vez más inquietante. 

El Parlamento canario incumple sus deberes

Un parlamento que incumple de forma flagrante y sin motivo suficiente un mandato expreso de la norma básica a la que se debe, no puede aspirar a conquistar el respeto y la confianza de los ciudadanos a los que representa. Este sábado, 6 de noviembre, se cumplirán los tres años previstos en el reformado Estatuto de Autonomía de Canarias para que el parlamento regional apruebe una ley reguladora de las elecciones autonómicas. Tres años en los que sus señorías, tanto los de la legislatura anterior como los de la actual, que ya ha superado con creces el ecuador, no han movido prácticamente un papel para cumplir ese mandato claro y concreto. Son responsables todos los partidos de la cámara, pero en especial su presidente Gustavo Matos y el Gobierno autonómico. El primero porque no ha hecho honor a su promesa de que la ley se aprobaría en el plazo establecido y no puede decirse que se haya esforzado demasiado en conseguirlo; el segundo, porque es muy llamativo que tres de los cuatro partidos que lo apoyan - PSOE, NC y Podemos -, que en la oposición convirtieron este asunto en banderín de enganche, hayan dejado pasar el tiempo sin impulsar una sola propuesta para mejorar la calidad de la democracia en la comunidad autónoma. 

EP

Cuarenta años sin ley electoral

La autonomía canaria está a punto de cumplir cuarenta años y aún sigue sin una ley propia reguladora de su sistema electoral. A la vista de la nula voluntad y la falta de valentía de quienes tienen la obligación legal y política de poner fin a esa insólita situación en una democracia, cabe temer que las graves carencias del sistema provisional actual se fosilicen como algo inevitable. Para el muy mejorable método que se empleó en las elecciones de 2019 hicieron falta dos años de reuniones de una subcomisión parlamentaria de estudio por la que pasaron una gran cantidad de profesores constitucionalistas y expertos en sistemas electorales, además de varios representantes de la sociedad civil. 

Tanto esfuerzo de tantos durante tanto tiempo tuvo como resultado un acuerdo de mínimos in extremis para salvar el expediente ante la opinión pública: que no se dijera que no lo habían intentado. Aún así no contó con el apoyo de CC, aferrada a la desfasada triple paridad, ni con el de la Agrupación Socialista que lidera Casimiro Curbelo, temeroso de que su influencia en la política autonómica quede relegada si se corrigen los escandalosos niveles de infrarrepresentación de las islas más pobladas.  

Un paso en la dirección correcta pero insuficiente

El canario es uno de los sistemas electorales más injustos de la Unión Europea según la inmensa mayoría de los expertos. El hecho de que el 17% de la población elija a la mitad de los miembros del parlamento y el 83% restante a la otra mitad es lo suficientemente elocuente de su falta de proporcionalidad. Ese estado de cosas, arrastrado desde el inicio de la etapa autonómica con la fórmula de la triple paridad, se corrigió solo en parte en 2019 a través del acuerdo parlamentario citado que implantó la circunscripción regional, aumentó a 70 del número de escaños y bajó las barreras de acceso a la cámara. Fue un primer paso en la dirección correcta, pero claramente tímido e insuficiente. La prueba es que la ASG obtuvo tres escaños con solo 6.000 votos y de propina grupo parlamentario; a Podemos, en cambio, le hicieron  falta 80.000 sufragios para obtener cuatro escaños y a Ciudadanos casi 66.000 para tener dos asientos en la cámara. 

A falta de una ley electoral autonómica, las elecciones de 2019 aplicaron ese injusto sistema en virtud de una norma transitoria sujeta al control de los jueces y de la Junta Electoral. En la memoria de todos los electores canarios seguramente permanece muy vivo aún el esperpento de la doble urna y las dos papeletas de votación. Entonces se aceptó aquella situación porque supuestamente no había tiempo material de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones para desarrollar la ley mandatada por el nuevo Estatuto de Autonomía, que había entrado en vigor en noviembre de 2018. 

La pandemia como excusa perfecta

Sus señorías, sin embargo, no consideraron que el asunto fuera merecedor de sus desvelos. Pasaron las elecciones y término 2019 y no fue hasta marzo de 2020 cuando el presidente del Parlamento aseguró que se cumpliría el plazo previsto en el Estatuto. Incluso se reunieron la Mesa y la Junta de Portavoces, establecieron un calendario de trabajo y se conjuraron para que no pasara de noviembre de este año. Pero entonces llegó la pandemia y con ella la excusa perfecta para olvidar las buenas intenciones y aparcar el cumplimiento de la obligación estatutaria, al parecer indefinidamente. Así, aunque en enero de este año Gustavo Matos volvió a prometer lo mismo que un año antes, el resultado ha sido el mismo: ninguna de las fuerzas de la cámara ha mostrado interés en que las islas cuenten con una ley que corrija las manifiestas disfunciones del sistema de elección de los parlamentarios regionales. 

"Tres años perdidos para resolver una vieja asignatura pendiente: la ley electoral canaria"

Esta falta de voluntad política solo puede responder a una causa: el que más y el que menos está a gusto con el statu quo y prefiere tener la fiesta en paz, que en esta vida nunca se sabe con quién habrá que pactar. PSOE, NC y Podemos seguramente temen que Casimiro Curbelo se revire si le mencionan la bicha del sistema electoral y los deje sin Pacto de las Flores ni perro que les ladre; el PP tampoco quiere hacerse sangre con una cuestión con la que no gana mucho y le puede dificultar posibles pactos en el futuro, mientras a CC este asunto siempre le ha producido ronchas y sarpullidos de tercer grado como para tirarse piedras contra su propio tejado. En otras palabras, unos por otros mantienen la casa sin barrer y que diga misa el Estatuto. 

Tres años han desaprovechado los partidos para aprobar por fin la vieja asignatura pendiente de Canarias: un acuerdo de amplio consenso para disponer de una ley electoral mucho más justa y proporcional que el sistema desigual que hemos padecido durante cuatro décadas. Son los mismos partidos que se lamentan de que la población desconfíe y muestre nulo interés por los asuntos parlamentarios, como si ellos les dieran alguna buena razón para que se interesen. También son los que denuncian que Madrid no respeta el Estatuto pero son incapaces de dar ejemplo respetándolo ellos. Han olvidado que el respeto y la confianza siempre empiezan por uno mismo y, en este caso, el  Parlamento de Canarias ha demostrado que no lo hace: ni se respeta ni respeta a quienes le confieren su legitimidad: los ciudadanos canarios. 

Pintan bastos

No solo el ambiente político a propósito de la reforma laboral está a punto de alcanzar la temperatura a la que los partidos de la coalición de gobierno entrarían en un punto de no retorno. También el panorama económico se ha ido cargando de nubarrones cada más negros, densos y amenazantes para el futuro del país a corto y medio plazo. En España se parece estar formando la tormenta perfecta, aquella en la que los malos datos económicos y el mal ambiente político, fruto de las tensas relaciones entre los socios del Gobierno y el nulo entendimiento entre este y la oposición, se combinan para malograr la ansiada y pregonada recuperación tras la pandemia arrasadora sobre la que, por otro lado, tal vez no deberíamos proclamar aún la victoria final. La segunda parte de la legislatura, si es que se completa, promete ser un camino de espinas y no la gloriosa senda de vino y rosas que Pedro Sánchez había imaginado gracias principalmente al maná de los fondos europeos. 

EP

Previsiones irreales

Junto con los problemas de índole político, de los que me ocupé en el post anterior, son los de carácter económico los que han empezado a llamar la atención entre los analistas, si bien el Gobierno opta por no bajarse del burro y mantener unas expectativas de crecimiento en las que solo parecen creer ya Pedro Sánchez y Nadia Calviño. Siempre he sido bastante escéptico con las previsiones de los economistas, pero no se puede pasar por alto que las principales instituciones y organismos que se dedican a esos menesteres coinciden en que el Gobierno está haciendo la cuenta de la abuela al prever para este año un crecimiento del 6,5% del PIB. La más optimista, la AIReF, lo deja en un 5,5% y la más pesimista, FUNCAS, lo reduce al 5,1%. Falta aún conocer la del Banco de España, que no obstante ya ha avisado de que su previsión también será a la baja. Coinciden también los analistas en que para alcanzar el 6.5% que prevé el Gobierno la economía española tendría que crecer un 5% en el cuarto trimestre, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. 

La clave de la ralentización de lo que el Gobierno aún sigue vendiendo como una recuperación fulgurante de la economía, está en los precios de la energía y en el bloqueo de la cadena de suministros. Estos dos factores se traducen en un crecimiento de la inflación interanual del 5,5%, la mayor de las últimas tres décadas, que repercutirá en el gasto público en pensiones, empujará al alza los salarios, retraerá el consumo e incrementará el ahorro familiar. Según el INE, solo la contratación pública está tirando del consumo, lo que ilustra con claridad una de las prioridades de la política gubernamental de echar la casa por la ventana como si no hubiera un mañana ni que pagar la monstruosa deuda pública que estamos acumulando hasta que el Banco Central Europeo decida poner pies en pared. 

Dando palos de ciego con el recibo de la luz

Es cierto que no es el Gobierno de Sánchez el responsable directo del incremento de los precios de la energía ni el causante de todos los males habidos y por haber en este país. No obstante, ni sus más rendidos admiradores podrán negar honradamente a estas alturas que las decisiones de su Gobierno para contener el recibo de la luz solo han contribuido a enredar y oscurecer un problema complejo y a enfadar a una población harta de comprobar, una y otra vez, lo fácil que es vender demagogia en la oposición para quedarse sin respuestas cuando se llega al gobierno. El panorama empieza a tornarse tan sombrío que hasta un buen dato como el de la EPA del tercer trimestre se ha convertido en una alegría efímera en el contexto general de la economía. Un buen dato del que, por cierto, presume la ministra Díaz al tiempo que pasa por alto que se ha logrado con la reforma laboral de Rajoy en vigor, la misma que ella se propone derogar a pesar de las resistencias de la primera parte contratante de la coalición. 

"¡La economía, estúpido!"

Ni siquiera es para lanzar las campanas al vuelo que Pedro Sánchez tenga a punto de caramelo la aprobación de las cuentas públicas de 2022 gracias a las consabidas concesiones a nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Esto le puede ayudar a aguantar hasta 2023 sin convocar elecciones a poco que consiga sortear el obstáculo que le ha puesto su ministra de Trabajo en el camino con la contrarreforma laboral. Sin embargo, como ha dicho alguien con mucha agudeza, estos son unos presupuestos para ser aprobados no para ser cumplidos. Entre otras cosas, porque sus previsiones macroeconómicas son un brindis al sol que solo se haría realidad si se obrara el milagro de los panes y los peces. 

Queda la esperanza, cada vez más difuminada, de los fondos europeos. Sin embargo, de la primera entrega de 9.000 millones de euros que según el Gobierno transfirió Bruselas a finales de agosto, nada se sabe en qué y cómo se están empleando, con lo que surge la duda de si seremos capaces de gastarnos ese dinero este año. En el aire, a expensas de la reforma del mercado de trabajo, hay otros 10.000 millones cuya llegada podría retrasarse si los socios no logran acercar sus respectivas posiciones, bastante alejadas de momento, antes de que acabe 2021. Así que, incluso la tabla de salvación de Sánchez para que los españoles olvidemos su inconstitucional gestión de la pandemia o el indulto independentista, parece un asidero cada vez más endeble y quebradizo con el que remontar en unas encuestas que empiezan a darle la espalda. En conclusión, la situación y las perspectivas de nuestro país para el futuro inmediato se pueden resumir perfectamente con aquel exitoso lema de la campaña electoral de Bill Clinton: "¡La economía, estúpido!". 

Juego de tronos en Moncloa

No tengo la más remota idea de si habrá adelanto electoral. En realidad creo que nadie sabe qué ocurrirá, probablemente ni el responsable de dar el paso aunque esa opción seguramente forme parte de sus cálculos. Lo que sí está meridianamente claro es que la campaña electoral ha comenzado y va a ser tan agotadora e insufrible como todas las de los últimos tiempos, máxime si vampiriza lo que queda de legislatura. Pero antes que en posibles adelantos electorales, que no hay que descartar, y en trifulcas entre partidos con la conquista del poder como guía y razón de ser, pienso sobre todo en los parados, en los pobres, en los jóvenes sin trabajo que no se pueden emancipar, en el precio de la luz, en los inmigrantes hacinados en Canarias, en los golpeados por la pandemia o en los afectados por el volcán de La Palma y me pregunto qué pensarán de que, quienes deberían dedicar todos sus esfuerzos diarios a encontrar salidas a esos problemas, estén ya en traje de faena electoral. Hago intentos para imaginármelos medianamente preocupados por las desavenencias entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez o entre Pablo Casado y Santiago Abascal y no lo consigo.  Seguramente la clave reside en que ellos viven en el país real y los políticos en una realidad paralela en la que los ciudadanos somos poco más que carne de urna.

Un país irreal

Comprendo que los columnistas, atados como galeotes al duro banco de la pieza diaria de opinión, saliven extasiados ante la mina de oro que supone siempre una buena crisis de gobierno. Esto les proporciona munición abundante para días y hasta semanas aunque sus elucubraciones, cálculos e hipótesis no sean más que otra forma de contribuir al ruido ambiental de la política que impide escuchar el sonido del país real. No es mi intención restarle gravedad a la inestabilidad política que afecta al Gobierno, sino la de no dramatizar más de lo necesario una situación bastante lógica habida cuenta las querencias e intereses de los socios de la coalición. 

Estoy convencido de que habría habido crisis en la coalición más pronto que tarde, si no por la reforma laboral por cualquier otro motivo que permitiera marcar los respectivos territorios políticos. No obstante, el motivo de la pelea tiene el suficiente calado como para que sea trascendental lo que ocurra, más que con el Gobierno, que es contingente, con una contrarreforma laboral convertida ahora en la madre de todas las batallas políticas. De lo que resulte dependen de entrada unos 10.000 millones de euros de fondos europeos, condicionados a que los cambios en el mercado laboral se hagan con consenso y diálogo social.

Las discrepancias son tan conocidas y notorias que no es necesario ahondar. Para Yolanda Díaz la palabra mágica es "derogar": en ella le va consolidarse como la heroína mediática de la izquierda, que en parte ya la jalea en las redes y en los medios afines como si lo fuera; mientras, Sánchez habla de "modernizar" las relaciones laborales, atrapado en el dilema de que Bruselas cierre el grifo o de que  Díaz se quede con una buena porción de sus electores más izquierdistas. Tiene razón Díaz exigiendo la derogación porque así figura expresamente en el pacto con el PSOE, aunque si creyó al dedillo lo que Sánchez prometió es que le sobra ingenuidad y no está tan preparada para ese liderazgo como pretenden hacer creer sus corifeos. 

Juego de tronos 

El encontronazo, termine como termine, se veía venir de lejos. Las coaliciones de gobierno en las que los partidos no compiten por el mismo espacio político suelen ser más estables y duraderas. En cambio, las que integran fuerzas que se disputan el mismo nicho electoral entran antes en barrena, provocando inestabilidad política y adelanto de elecciones. El caso portugués ilustra muy bien el funcionamiento de ese tipo de alianzas. En realidad no hay nada nuevo, la única diferencia es que en esta ocasión no se ventila el futuro de un gobierno municipal o autonómico, sino el del Gobierno de la nación y quién se hará con el santo y seña de la izquierda en las siguientes elecciones. Esto, que figura en el primer amiguito de cualquier analista político, es lo que en realidad están ya dilucidando Sánchez y Díaz. 

"Asistimos una vez más al cansino y habitual  juego de tronos por el poder" 

A partir de ahí podemos hacer todas las conjeturas que nos apetezca sobre a cuál de los dos beneficiaría más un adelanto electoral o sobre si Sánchez padece ahora insomnio ante la herencia envenenada que le dejó Pablo Iglesias; incluso cabe aventurar la posibilidad de que se desprenda de Díaz y gobierne en solitario con las manos libres y abierto a acuerdos con otras fuerzas; también nos podemos entregar a la especulación sobre la pugna entre Belarra y Díaz por el liderazgo en Podemos, otra de las bazas que está en juego en estos momentos. En cualquier caso, el espectáculo me produce una invencible pereza como para hacer cábalas sobre algo que, en todo caso y por desgracia, no se resolverá pensando en los problemas reales de los españoles sino en el interés cortoplacista de los líderes políticos, que cada vez coincide menos con aquellos.

Lo que tenga que ser será, que dijo el estoico. Lo trágico es que, mientras llega lo que tenga que llegar y quieran los políticos que llegue, los graves y numerosos problemas del país dejarán de recibir toda la atención que requieren. Para los ciudadanos es una nueva demostración de que sus dificultados para llegar a fin de mes, conseguir trabajo, pagar la luz o hacer frente a calamidades sobrevenidas parecen preocupar mucho menos a los responsables públicos e incluso a los medios de comunicación que el cansino juego de tronos por el poder, doblemente cansino y doblemente extenuante a medida que se acercan las elecciones y los políticos entran en celo.  

Ni el volcán para ni las ayudas llegan

Escribí hace unos días en una red social que si las visitas semanales de Pedro Sánchez a La Palma no vienen acompañadas de la agilización de las ayudas prometidas a los afectados por la erupción volcánica, habría que suponer que lo suyo es una mera utilización política de esta situación. Más de cinco semanas después del inicio de la erupción y tras otros tantos viajes del presidente a la isla, así como del paso por ella de varios ministros y líderes políticos que poco o nada han aportado, me reafirmo más si cabe en esa idea. Salvo pequeñas entregas urgentes a cargo de las administraciones canarias, aún no han recibido las familias que lo han perdido todo prácticamente nada de las ayudas prometidas y aprobadas en Consejo de Ministros. De hecho, ha sido en la quinta visita cuando Sánchez ha venido a reconocer la necesidad de agilizar la burocracia para que las ayudas "lleguen cuanto antes". 

REUTERS

Las cosas de palacio...

No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar los años que han tardado en recibir el apoyo público prometido los afectados por graves incendios o inundaciones, en muchos casos después de una interminable carrera de obstáculos burocráticos que no todos consiguieron sortear. De viejo es sabido que las cosas de palacio van despacio, pero ese manido tópico deberían haberlo dejado obsoleto hace mucho avances como el de las tecnologías de la información aplicadas a una administración que, sin embargo, sigue padeciendo el mal crónico de la lentitud exasperante, el formalismo absurdo y la desidia insensible. Males que se incrementan exponencialmente cuando no es solo una sino hasta cuatro las administraciones con competencias sobre el mismo asunto, mientras cunde la sospecha de que quien más y quien menos no quiere dejar pasar la oportunidad de sacar rédito político de su contribución a la causa. 

No solo falta un mayor espíritu de servicio público entre quienes tienen el deber de tramitar los expedientes a la mayor velocidad posible sino, sobre todo, una voluntad política decidida a remover trabas y procedimientos no imprescindibles de manera que unas ayudas que se necesitaban para ayer no se acaben entregando años después, cuando sus beneficiarios ya han perdido toda esperanza. Aunque no solo son las ayudas prometidas las que no llegan aún a sus potenciales beneficiarios. Tampoco se conoce por ahora un solo plan, siquiera sea provisional, para recuperar las infraestructuras y la actividad en las zonas afectadas por la lava. Vale que haya aún que aguardar la evolución de los acontecimientos, pero esa prudencia no excluye hacer cálculos y valoraciones preliminares de los daños para reservar partidas presupuestarias suficientes con las que paliarlos. 

¿Y las ayudas para cuándo?

El mismo principio de urgencia debería aplicarse a las ayudas económicas a los afectados que viven con lo puesto y de prestado en casas de familiares o amigos, en lugar de escudarse en la falacia de que hasta que el volcán no deje de expulsar lava es imposible determinar los criterios para repartirlas. A esa urgencia en la distribución de las ayudas debería añadirse una mayor dotación económica de las mismas. Los 30.000 euros por vivienda para las familias que se han quedado en la calle se antojan una cantidad a todas luces insuficiente, que apenas daría para un centenar de viviendas de unos cuarenta metros cuadrados. Igual de sangrante resulta que los trabajadores autónomos afectados se vean en la tesitura de tener que cesar en la actividad y despedir a sus empleados para poder acogerse a las ayudas. Que cinco semanas después de haberse iniciado este episodio volcánico aún no se haya resuelto ese asunto es una muestra más de la distancia que hay entre las promesas de los políticos y la dura realidad de los hechos. 

Nada se sabe tampoco de las gestiones ante Bruselas de los gobiernos central y canario para aprovechar los fondos ofrecidos por la Comisión Europea nada más producirse la erupción. Unas 7.000 personas fuera de sus hogares, 900 hectáreas arrasadas y más de 2.000 edificaciones sepultadas bajo la lava, mientras el volcán no ofrece síntomas de parar a corto plazo, no parecen ser razones suficientes para que las administraciones aceleren la maquinaria burocrática de una vez y atiendan en tiempo y forma la dramática situación. El rescate de unos perros por personas desconocidas, mientras se discutía en los despachos si eran galgos o podencos antes de ponerlos a salvo, ha dejado con las vergüenzas al aire a una administración acostumbrada a enredarse en los detalles y obviar lo importante. 

Quienes único han estado avispados y ágiles han sido los que han aprovechado la dramática situación para promocionarse en las redes sociales como los adalides de una solidaridad de campanario y alarde, muy alejada de la modestia y la discreción que debería rodear siempre ese tipo de prácticas. Así las cosas, o se exige celeridad y presteza a los responsables públicos mientras el volcán continúa bajo el foco mediático, político y social o pasará lo de tantas y tantas veces: las buenas palabras y los fondos prometidos también pueden terminar convertidas en ceniza cuando la lava deje de salir. 

Rubalcaba y el arte de enterrar bien

En España tenemos una rara habilidad para enterrar en vida a nuestros mejores personajes públicos y exhumarlos una vez muertos para que los colmen de elogios los mismos que les dieron la espalda cuando aún podían ser útiles al país. Para este arte tan español tuvo Alfredo Pérez Rubalcaba una frase genial que se aplicó a sí mismo: "En España enterramos muy bien". Me estoy acordando también de Adolfo Suárez, otro político al que se condenó en vida al ostracismo para rehabilitarlo nada más morir y convertirlo en el artífice providencial de la Transición de la dictadura a la democracia. A Rubalcaba su partido de toda la vida le acaba de rendir homenaje con ocasión del 40º Congreso celebrado en Valencia. Incluso se descubrió un busto que presuntamente representa al desaparecido político pero que, a decir verdad, se le parece tanto como el partido que él lideró al que lidera hoy su sucesor.  

Ignacio Gil

En España enterramos muy bien

Escuchando los ditirambos que se le dedicaron en Valencia me vino a la memoria el libro del periodista Antonio Caño, titulado "Rubalcaba. Un político de verdad" (Plaza y Janés, 2020). No soy un entusiasta de las biografías de políticos escritas por periodistas, ya que cuando no son meras hagiografías del biografiado son juicios sumarísimos sin derecho a defensa. El libro de Caño tiene, no obstante, un tono comedido que permite acercarse a la figura del que tal vez haya sido uno de los mejores y más leales políticos de este país en los últimos tiempos. Una figura que se ha ido agrandando no solo por méritos propios sino también por el contraste negativo cada día más intenso con quienes, tras su retirada, han tomado las riendas de su partido y del país.

Uno se imagina a Rubalcaba sonriendo socarrón mientras escucha los halagos de Pedro Sánchez y tal vez respondiéndole aquello de que "en España enterramos muy bien". Las suyas son figuras políticas antitéticas por más que ahora Sánchez y los suyos reivindiquen la de Rubalcaba. Por solo citar un par de ejemplos, compárese el rechazo casi instintivo de Rubalcaba a aceptar cargos orgánicos en el PSOE con la adicción al liderazgo cesarista que caracteriza a Sánchez; Rubalcaba fue crucial para desactivar el Plan Ibarretxe, ante lo cual uno se pregunta cuál habría sido la respuesta de Sánchez ante aquel desafío a la vista de su posición sobre Cataluña. 

"Uno se imagina a Rubalcaba sonriendo socarrón mientras escucha los halagos de Pedro Sánchez"

El político cántabro antepuso el sentido de estado a sus intereses partidistas, se ciñó escrupulosamente a la Constitución y fue clave en asuntos de tanta trascendencia como la desactivación de ETA o la abdicación de Juan Carlos I, coincidiendo esto último con un PSOE contaminado ya por el lenguaje antimonárquico de Podemos. En cambio, para Sánchez no parece haber lealtad más importante que la que se debe a sí mismo, bordea e incluso rebasa los límites constitucionales y pacta con los albaceas del terrorismo etarra y el independentismo catalán para conservar el poder. Rubalcaba, en cambio, se tuvo que enfundar el traje de bombero para apagar los incendios que iba provocando a su paso Rodríguez Zapatero, ahora convertido por el PSOE en oráculo diario de la inanidad, bien fuera sobre el nuevo estatuto catalán o sobre los avances de las conversaciones con ETA.  

Rubalcaba se define más por sus principios que por su ideología

Cuenta Caño que Rubalcaba, un político que se define mucho mejor por sus principios que por su ideología, quedó en fuera de juego ante el arribismo de personajes como Sánchez, surgidos de la nada y abducidos por el lenguaje del populismo que no tardó en impregnar también las bases del partido. Con la llegada de Sánchez a la secretaría del PSOE, en donde arrasó con el equipo de su antecesor, y la vuelta  de Rubalcaba a sus clases de Química Orgánica en la Complutense, su ausencia de la vida pública no tardó en notarse: el Gobierno y el principal partido de la oposición dejaron de hablarse al suspenderse los encuentros discretos entre Rajoy y Rubalcaba, seguramente por orden de Sánchez, y la polarización política ganó enteros a pasos agigantados. 

Sería largo y prolijo recordar ahora el tormentoso proceso que llevó a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y la retirada de Rubalcaba de la vida pública con una dignidad cada vez más rara en la clase política. Sí cabe señalar que, a pesar de la debacle socialista en 2015, siguió asesorando a Sánchez las pocas veces que éste se lo pedía, aunque más por lealtad al partido que por confianza en el nuevo líder. Es oportuno recordar aquí el testimonio de Miquel Iceta, recogido en el libro de Caño, según el cual Rubalcaba pensaba que Sánchez "no era un socialista" ni un "socialdemócrata", sino que "lo tenía por un radical de izquierdas". El propio Iceta le reprochaba a Sánchez que no aprovechara más la experiencia de Rubalcaba, pero "no hubo manera". 

Denostado en vida, llorado tras su muerte

Aún así, el veterano político no se escondió para rechazar los pactos con Podemos y ERC - "gobierno Frankenstein" -  y le reprochó a Sánchez el "no es no" a la investidura de Rayoy. Y fue ahí en donde se acabaron las amistades para siempre, según Caño. Rubalcaba, ahora reivindicado por quien lo arrinconó en lugar de aprender de su dilatada experiencia política, fue el chivo expiatorio de una larga serie de errores colectivos que han hecho irreconocible al PSOE por el que se desvivió durante gran parte de su vida. No son inocentes tampoco los ciudadanos que lo masacraron en las urnas y lo lloraron tras su desaparición, por no hablar de una clase política que pretendió lavar su mala conciencia con unos funerales sobrecargados de emoción un tanto forzada.  

Más allá de bustos y homenajes oportunistas, los españoles deberíamos recordar a Rubalcaba como un político honesto y leal, que en los tiempos que corren es oro molido. Si bien cometió errores, como el resto de políticos y como todo humano, también tuvo grandes aciertos que los españoles, tan dados a llorar sobre la leche derramada, no supieron o quisieron reconocer. Es indiferente que el busto se parezca poco o nada a él, lo que debería importar es que el PSOE recobre sus rasgos históricos, hoy irreconocibles, y que la clase política haga de Rubalcaba un modelo a seguir en el servicio a los ciudadanos. En el famoso discurso fúnebre de Pericles recogido por Tucídides se afirma que "la tumba de los hombres ilustres es la tierra entera". En el caso de Rubalcaba esa tumba es una España a la que pudo seguir prestando buenos servicios, si quienes hoy se arropan con él para ocultar sus propias vergüenzas, hubieran tenido solo la mitad de su altura de miras y de su sentido de estado. 

El Brexit tenía un precio

No es fácil encontrar a alguien que aún crea sinceramente que a los británicos no los engañaron como a chinos quienes les vendieron la moto trucada de que tras el Brexit todo serían rosas y cerveza. Más de cinco años después de un referéndum del que hoy reniegan muchos de los que decidieron hacerle un corte de mangas a la UE, todo lo que podía salir mal está saliendo mal y aún puede empeorar bastante. Especialmente si continúa mucho más tiempo al frente del gobierno del país un señor que está consiguiendo lo que parecía inimaginable hasta no hace tanto, que el prestigio internacional de Gran Bretaña haya descendido hasta niveles que conseguirán hacer que Churchill y la reina Victoria se revuelvan en sus tumbas. Son los mismos cinco años largos que llevamos el resto de los europeos soportando una interminable murga de quien nunca se sintió del todo a gusto en el club comunitario como no fuera para beneficiarse de todas sus ventajas y eludir todas las obligaciones. Casi siempre les pudo más el aislacionismo frente al continente y mantener una relación privilegiada con los primos americanos, y fue al final esa visión alicorta la que los ha metido en un callejón del que seguramente saldrán, aunque a cambio de un enorme coste económico y social y de perder la imagen de país serio que hace honor a sus compromisos internacionales.

Cinco años mareando la perdiz

Si la negociación para acordar los términos de la salida del Reino Unido de la UE ya fue una historia interminable llena de desplantes, exigencias y moratorias por parte británica, la gestión de la situación posterior a la marcha definitiva está resultando no menos esperpéntica e insufrible. La piedra que aprieta ahora el zapato de Boris Johnson y los suyos es el protocolo sobre Irlanda del Norte, que el Gobierno británico califica de “altamente perjudicial” al entender que divide en dos el Reino Unido debido a los controles aduaneros en el Mar de Irlanda. Estos controles convierten a Irlanda del Norte en territorio sujeto a las normas del mercado único y a la unión aduanera de la UE y son la manera acordada por Londres y Bruselas de evitar una frontera física con la República de Irlanda para salvaguardar los Acuerdos de Paz del Viernes Santo.

La ex primera ministra Theresa May lo rechazó en su día, pero su sucesor lo firmó sin rechistar en octubre de 2019 y no abrió la boca tampoco cuando en diciembre de 2020 cerró con Bruselas el acuerdo de la relación futura con la UE. Ha sido en octubre de este año cuando ha caído en la cuenta de que es “altamente perjudicial” para su país y se ha plantado, rechazando incluso la jurisdicción del TJUE para resolver las diferencias que pudieran surgir en la aplicación del acuerdo. 

Bruselas, siempre tan comprensiva con Londres, ha acudido rauda con la zanahoria y el palo: por un lado ofrece reducir un 80% los controles aduaneros y por otro amenaza con sanciones sin cuento al Reino Unido. A nadie se le escapa que unas buenas relaciones entre el Reino Unido y la UE benefician a ambas partes en muchos terrenos, no solo en el económico. Pero dicho esto, no es de recibo que el Gobierno británico tome el pelo a la otra parte, actúe unilateralmente y deshonre el cumplimiento de unos acuerdos que, según ha revelado estos días un exasesor resabiado de Johnson, en realidad éste nunca tuvo intención de cumplir.

Un prestigio por los suelos

Uno no puede menos que asombrarse ante la pendiente por la que se desliza el Reino Unido desde que se puso el Brexit sobre la mesa y se esparció por todo el país la especie falsa de que fuera de la Unión Europea los británicos no tardarían en atar los perros con longanizas. Sin embargo, cinco años después lo que se plantean es sacrificar 100.000 cerdos por falta de carniceros. Prometieron también que subirían los salarios cuando se fueran los inmigrantes y hoy casi no hay conductores suficientes para llevar combustible a las estaciones de servicio y tienen que recurrir a los militares. El ofrecimiento de 5.000 visados temporales para atraerse a parte de los camioneros que retornaron a sus países ha sido un completo fracaso: las nuevas leyes de inmigración hacen muy poco atractiva la oferta, lo que alimenta el temor de ver los puertos atestados de mercancías sin despachar y las estanterías de los supermercados vacías a las puertas de la Navidad. A todo eso hay que añadir una grave crisis de refugiados al negarse ahora Francia a aceptar la devolución de los inmigrantes que consiguen cruzar el Canal de La Mancha.

Parece la tormenta perfecta y puede que lo sea. Aunque eso no parece inquietar demasiado a un primer ministro que se fue de vacaciones a Marbella mientras en su país los conductores hacían colas en las gasolineras para repostar y en las tiendas escaseaban productos básicos como si se tratara de Venezuela. De un personaje de esa catadura política, cuya lamentable gestión de la pandemia provocó miles de muertes que se podían haber evitado, no cabe esperar que explique a sus conciudadanos qué ha salido mal con el Brexit para que no se estén cumpliendo ninguna de las doradas promesas de quienes apoyaron la salida de la UE. Johnson ha reaccionado ante la adversidad posponiendo a un futuro indefinido la felicidad que tanto se resiste a llegar, a pesar de las elevadas y patrióticas intenciones de quienes abogaron por envolverse en la Union Jack. 

Que no esperen los británicos que los políticos que los metieron en este desaguisado reconozcan ahora que les ocultaron las consecuencias negativas que tendría desconectar de la Unión Europea. Desde el continente sí se advirtió por activa y por pasiva de los riesgos, aunque pudieron más las mentiras y el ruido interesado de los partidarios de irse que la razón y la prudencia de quienes querían quedarse. Es lo que tienen los referendos populistas, en los que sólo cabe el "sí" o el "no" y de cuyas consecuencias negativas nadie se hace luego responsable. Ahora todos saben que el Brexit tenía un precio oculto del que no se les dijo una palabra y que tendrán que pagar de sus bolsillos. Se cumple aquello tan viejo pero cierto a la vez de que en el pecado está la penitencia, aunque en este caso también pagarán justos por pecadores. 

¿Democracia sin partidos?

La pregunta que da título a esta reseña es una de las muchas que se hace Piero Ignazi en este interesante libro titulado “Partido y democracia. El desigual camino a la legitimación de los partidos”. (Alianza Editorial, 2021). Ignazi, catedrático de política comparada en la Universidad de Bolonia, parte de la constatación de que “los partidos han perdido el aura que adquirieron inmediatamente después de la II Guerra Mundial como instrumentos esenciales para la democracia y la libertad y para el bienestar general de sus electores”. A partir de esa premisa, que ilustra con un amplio aparato estadístico, el autor subraya que “la recuperación de su legitimidad es una necesidad imperiosa para contrarrestar la cada vez mayor ola populista y plebiscitaria”. Y añade que “la democracia sería inconcebible sin partidos en la medida en la que reconocemos la legitimidad del conflicto político regulado”.

La vieja mala imagen de los partidos

Ignazi se remonta a la Antigüedad clásica para escudriñar en Grecia y en Roma en busca del germen de los partidos y llegar desde ahí a las repúblicas italianas y al nacimiento del Estado moderno. Pero el concepto moderno de partido político surge realmente en Inglaterra, en donde el terreno estaba más abonado, y llega mucho más tarde a Francia, Estados Unidos, Alemania o Italia. El libro recuerda que los partidos no han gozado de buena prensa en ninguna momento de su historia. Siempre se les ha visto como la semilla de la discordia y la desunión, e incluso como un peligro para la democracia, en tanto se les tiene por agentes al servicio de intereses particulares o sectoriales y no del bien general.

El caso francés es paradigmático: el triunfo de la Revolución no supuso la legitimación automática de los partidos sino su práctica proscripción de la vida política: los revolucionarios veían en los partidos unos intermediarios indeseables en la relación directa que debía existir entre los ciudadanos y la nación. No fue hasta finales del XIX y principios del XX cuando consiguieron ganarse la legitimidad, si bien las dudas y los recelos persisten hasta la fecha. Paradójicamente fue esa desconfianza la que dio pie a organizaciones totalitarias en Italia, Alemania y la Unión Soviética, e incluso España: el partido, divisivo por naturaleza, se convirtió así en el uniformador de una sociedad en la que no tenía cabida alguna la disidencia política.

"Los partidos no fueron capaces de adaptarse a los cambios de la sociedad posindustrial"

Llegado a este punto Ignazi se pregunta qué ha sobrevivido de los partidos totalitarios en los partidos actuales. La pregunta es provocadora a la vez que sugerente: en su opinión hay una tentación totalitaria en los actuales partidos con la que pretenden contrarrestar la deslegitimación social que sufren. Un síntoma sería, según el autor, el creciente drenaje de recursos del Estado para el funcionamiento de unos partidos que se han convertido en agencias de colocación de sus afiliados y simpatizantes y que cada vez interactúan menos con la sociedad y más con el Estado del que se nutren. Es lo que los politólogos Katz y Mair definieron hace tiempo como "partidos cártel", a los que definieron como "partidos escasamente ideológicos, dependientes en exceso de la financiación pública, y que tratan de impedir el acceso de otros partidos competidores a determinados recursos para maximizar sus beneficios". 

 Inmovilismo y cesarismo

La cuestión es cómo han llegado los partidos a esta situación. Después de la II Guerra Mundial, la de mayor legitimación pública por su lucha contra el nazismo y el fascismo, los partidos no fueron capaces de acomodarse a la realidad de una sociedad posindustrial que ya no cuadraba con las viejas organizaciones de masas: “Han seguido un camino extraño de adaptación y han terminado en una situación de estancamiento, o incluso peor, han tomado una dirección equivocada provocando el descontento del electorado”. La secularización, los cambios en la estratificación social y la mejora de las condiciones de vida diluyeron los viejos discursos y dieron paso al partido “atrapalotodo” que busca votos en sectores y clases sociales a los que nunca se había aproximado. La otra cara de esa moneda son las políticas de “consenso” como la Grosse Koalitionen alemana que, paradójicamente, también les valió la crítica social por no ofrecer alternativas reales y “no dividir lo suficiente”, como irónicamente señala Ignazi.

Mientras, las viejas estructuras internas permanecieron prácticamente inalterables a pesar de la caída de la militancia y, con ella, de una parte importante de los ingresos económicos. En paralelo surge el perfil de un nuevo votante, mucho menos interesado e implicado en la política y, sobre todo, menos leal a unas siglas concretas. Todas estas circunstancias condujeron a los partidos a un punto muerto del que intentan escapar por dos vías: tímidas reformas internas y parasitación de los recursos públicos. 

La celebración de primarias para elegir dirigentes y candidatos o la convocatoria de consultas sobre asuntos diversos, no han aumentado el número de afiliados ni la confianza pública en los partidos. Antes al contrario, los líderes ejercen ahora un mayor control con tendencia al cesarismo populista y al respaldo plebiscitario una vez que los mandos intermedios han sido puenteados. “El modelo de relación líder – masa sin intermediarios que aplican los partidos políticos reduce el espacio para la discusión y empobrece el debate”, apostilla Ignazi. En algunos países incluso se ha legislado sobre el funcionamiento interno de los partidos sin resultados positivos apreciables. 

¿Están agonizando los partidos?

A pesar de la caída en picado de la afiliación, los partidos políticos europeos son hoy más ricos que nunca gracias a la "generosidad" del Estado. Según muestra Ignazi, la tendencia general indica un aumento de la financiación pública con respecto a la privada, lo que alimenta la corrupción y el clientelismo. Los partidos españoles e italianos son los más dependientes del Estado, del que reciben entre el 70% y el 80% de sus recursos, frente al 30% en Alemania. La consecuencia directa ante la sociedad es una mayor deslegitimación y un rechazo del 83% de los ciudadanos, en el caso español, a que se financien con dinero público. Según el Eurobarometro, cuatro de cada diez españoles no tienen confianza alguna en los partidos políticos, lo que afecta también a la confianza en una democracia que muchos ciudadanos interpretan como partitocracia. 

"Los partidos políticos son hay más ricos que nunca gracias a la generosidad del Estado"

En resumen, la fuerza de los partidos – su capacidad para drenar recursos públicos – es también su mayor debilidad. Como señala Ignazi, su papel como actores centrales del sistema político sigue siendo indiscutible a pesar de su descrédito social y de que su poder para reclutar afiliados está en franco declive. "Los partidos han firmado una suerte de pacto fáustico: han entregado su alma a cambio de una vida más larga (...). Se han involucrado en el Estado para beneficiarse abiertamente de sus recursos, abandonando así todo vínculo con la sociedad e incluso con sus militantes”. 

A pesar de experimentos muy poco convincentes y cargados de riesgos como el de los referendos, la revocación, el jurado ciudadano o la llamada “democracia deliberativa”, Ignazi no ve por ahora ninguna alternativa válida para sustituir a los partidos políticos y subraya que si caen estas organizaciones caerá también la democracia y se impondrá el populismo. De manera que queda respondida la pregunta del título: los partidos políticos siguen siendo “males necesarios” de la democracia. Lo que deberían hacer para recuperar la legitimidad que han perdido por sus errores está explicitado con claridad en las páginas de este provechoso libro. 

Paro juvenil y políticas de campanario

Como indiqué en un post reciente, en España somos expertos en discutir sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos asedian las puertas de la ciudad. Nos sueltan una liebre y corremos detrás con un entusiasmo digno de mejor causa, sin pensar en que puede haber asuntos de más enjundia sobre los que enzarzarnos. La última de esas liebres la soltó hace poco el presidente Sánchez, un maestro redomado en desviar la atención de los problemas crónicos de este país, a los que su Gobierno enfrenta con más eslóganes que acciones para resolverlos. El nuevo trampantojo se llama “bono” y vale tanto para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler como para que accedan al “consumo” de cultura. En ninguno de los dos casos ha hecho mención el presidente al verdadero drama de la juventud española: el paro juvenil más elevado de la Unión Europea.

EFE

La panacea de los bonos

Ofrecer un bono plagado  de requisitos para ayudar a pagar el alquiler a una juventud a la que le resulta prácticamente imposible emanciparse, es otra de esas medidas propias de un Gobierno acostumbrado a quedarse en la espuma de los problemas en lugar de atacar sus causas últimas. Si es necesario se cuestiona el derecho a la propiedad y se interviene el mercado del alquiler, todo a mayor gloria del populismo, generando probablemente el efecto contrario al que se pretende: que la oferta de alquileres se reduzca y los precios, en lugar de disminuir, suban.

El otro bono de moda es el que el presidente quiere entregar a los jóvenes que cumplan 18 años para que “consuman” cultura. Aparte de lo chirriante y pedestre que suena la expresión “consumo de cultura”, se trata de otra decisión que ignora deliberadamente lo prioritario para centrarse en lo auxiliar. Sin desmerecer lo que tiene de positivo social y económicamente el acceso de la población a todo tipo de expresiones culturales, basta echar un vistazo a los datos del paro juvenil para comprender que los cimientos van siempre antes que el techo y que, cuando lo que está en juego es el dinero público, es imprescindible priorizar en lo que se emplea. 

Paro juvenil: una realidad pavorosa.

Cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. Por desgracia, esto no es nada nuevo: a la llegada de Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. A la llegada de Sánchez había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se ha sufrido la crisis financiera y la pandemia, a pesar de lo cual, en países como Alemania el paro juvenil se sitúa en el 6% y el español supera en más de veinte puntos la media europea.  El paro de los jóvenes españoles es una rémora crónica y estructural, consecuencia de un sistema educativo devaluado y un mercado laboral incapaz de absorber la mano de obra que pide paso. Los millones de euros públicos que las administraciones han destinado en los últimos años a la lucha contra del desempleo apenas han servido para disimular una realidad que se resiste al tratamiento con tiritas.

"El paro juvenil en España es un drama social que se pretende atender con tiritas"

Seguramente somos también el país europeo con más planes contra el paro juvenil. Eso no ha impedido que Yolanda Díaz se privara de presentar el suyo cuando aún está vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El nuevo cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como los otros. Sin embargo, los resultados obtenidos por todos ellos se reflejan de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Suena tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco es de gran ayuda para la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables. Si añadimos la maraña burocrática de la contratación, tendremos algunas de las claves principales del este fracaso social: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano.

Una política electoralista para un drama social

Además del futuro de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias: desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone; además, los proyectos personales se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Ante esta situación hay dos opciones: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno deshaciendo lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y gastando dinero público en planes ineficaces; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y les debemos como sociedad.

El Gobierno de Sánchez opta por la primera solución y deja en un segundo plano las causas reales del mal causado. A la poca eficacia de los planes de empleo añade ahora unos cuantos millones más en pólvora del rey en forma de bonos. Hay que estar ciego o ser un rendido admirador de Sánchez – lo cual viene siendo casi lo mismo - para no ver en esa medida, financiada con dinero de todos los españoles, un descarado intento de ganarse el voto juvenil. Sus políticas se caracterizan por no superar el próximo horizonte electoral, lo que requiere gastar sin tasa ni medida el dinero público y no pensar en las consecuencias para el país a medio y largo plazo. Por eso Sánchez siempre será un político mendaz que no alcanzará la categoría de estadista, aquella a la que, según Churchill, solo se llega cuando se pone la mirada en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.