Españoles en Laponia

Ha dicho por ahí un señor apellidado Feito que hay que retirarle la prestación por desempleo al parado que no acepte el primer trabajo esclavo que se le presente "aunque sea en Laponia". El tal Feito no es un mindundi cualquiera, sino un preboste de la cosa patronal española,  por más señas, presidente de la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE desde el año 2000.  No creo que después de estas declaraciones su jefe el señor Rosell le despida con 20 días de indemnización. 

Además de cerebro de la ideologizada CEOE, Feito ha sido Embajador de España ante la OCDE y actualmente es presidente de la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes, Vías de Peaje y otros embudos. Y además de todo eso, Feito tiene una larga trayectoria de cancaburradas siempre en contra de los trabajadores. 

En 2010, en plena negociación sobre la reforma laboral del Gobierno de Zapatero, afirmó que la posibilidad de una huelga general era una "reacción infantil, inmadura y absurda".  

Por las mismas fechas aseguró que "cuanto más caigan los salarios por persona ocupada y hora trabajada, mayores serán las posibilidades de aumentar el empleo e impulsar la actividad productiva” . De emplear el látigo en el tajo no dijo nada, pero tal vez lo pensaba.

Así se las gasta el señor Feito, que en el fondo no hace sino expresar sin tapujos lo que piensa la patronal de este país, venida arriba con la reforma laboral que le ha regalado el Gobierno del PP. Que no desespere el señor Feito, que a este paso todo se andará.

 Sólo que por aquello de la variedad y por no incrementar demasiado la población lapona de parados españoles que en poco tiempo acabarían con los renos de Papá Noel, le sugiero que piense también en la posibilidad de mandar a los parados remolones a  Siberia y a los más frioleros al Kalahari. Para que aprendan a no quedarse en paro.  

El día después

No le ha ido mal a los sindicatos en su primer pulso con el Gobierno a propósito de la reforma laboral. De hecho, les ha ido mucho mejor que en las protestas convocadas contra la reforma aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Lo reconocen incluso los medios más próximos al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, no obstante, le piden al presidente que desoiga lo que miles de ciudadanos pidieron ayer en las calles de toda España: que una reforma de las relaciones laborales no puede sustanciarse por la vía de ceder todo el poder a una de las partes, que hay que equilibrar las fuerzas y que hay que ver a los trabajadores como elemento central de la economía y no como simples peones que se cambian a placer o a capricho.

 Dicen estos medios que la verdadera voz de la calle es la de Mariano Rajoy, que para eso ganó las elecciones por abrumadora mayoría y representa por tanto la voluntad popular. Olvidan decir en cambio que Rajoy ganó esas elecciones en gran parte por los errores continuados del PSOE y sin anunciar en su programa electoral ni una sola de las medidas que está tomando una vez instalado en La Moncloa.

 

Se les ha olvidado que Rajoy dijo en el debate de investidura que no subiría los impuestos y fue lo primero que hizo; olvidan también que Rajoy criticó que la reforma laboral de Zapatero abaratara el despido y él lo ha abaratado mucho más.

Pero más allá de los análisis pro domo sua de los medios que apoyan al Gobierno, lo que está sobre la mesa es una nítida exigencia de rectificación y de búsqueda del equilibrio en un marco de relaciones laborales que, es cierto, tiene que adaptarse a la profunda crisis económica que vive el país. Ahora bien, esa situación no se puede convertir en una coartada para eliminar de un plumazo a uno de los agentes clave en ese marco laboral: los trabajadores.

Gobierno y sindicatos deben sentarse a negociar una modificación de la reforma que no cargue todo el peso sobre la parte más débil de las relaciones laborales, como si fuera ésta la causante de la crisis económica y no su principal víctima. Ese es el reto que comparten ahora los sindicatos y el Gobierno. 

El reto sindical

Los sindicatos se enfrentan hoy al reto de sacar a la calle a la mayor cantidad de gente posible para plantarle cara a la durísima reforma laboral del Gobierno del PP. De la respuesta que reciba la convocatoria dependerá seguramente que haya o no huelga general. En cualquier caso – y los sindicatos lo saben – la decisión no se puede demorar demasiado porque se correría el riesgo de tomarse cuando el efecto shock que ha provocado la norma del Gobierno haya sido asumido y amortiguado.

No es un reto fácil, en contra tienen los sindicatos numerosos factores. Uno de ellos, la desconfianza en que tanto la convocatoria de hoy como una eventual huelga general tengan utilidad. No es realista confiar en que el Gobierno va a introducir cambios sustanciales en la reforma laboral a pesar del tono dialogante y conciliador que ahora parece exhibir. En todo caso, lo es menos suponer que los introducirá de motu propio y sin exigencia social alguna.

Tampoco ayuda a los sindicatos el resultado de la anterior huelga general, la del 29 de septiembre de 2010, demasiado próxima aún en la memoria como para haber olvidado que su seguimiento fue demasiado magro.

Pero quizá el factor que más juegue en contra de la posibilidad de que las calles de España se llenen hoy de gente expresando su rechazo a la reforma laboral sean los propios sindicatos, que no atraviesan el mejor momento de su historia reciente en nuestro país.

Demasiado burocratizados y convertidos casi en ministerios, los sindicatos han perdido frescura y contacto con la realidad social a la que se deben, al tiempo que se han dormido demasiado a menudo bajo la confortable sombra del poder. 

Su situación es similar a la de los partidos políticos y como ellos necesitan también una redefinición radical de su papel en una época de profundos cambios sociales, políticos y económicos como la actual.

Sin embargo, mientras, ellos son en estos momentos la única herramienta de la que disponen los trabajadores y las clases medias de este país para defenderse democráticamente de la desequilibrada e injusta reforma laboral del Gobierno del PP.

Prueba de ello es la agresiva campaña de criminalización y desprestigio sindical que ha puesto en marcha el círculo mediático próximo al Gobierno nada más expresar los sindicatos su rechazo a la reforma laboral y anunciar la eventualidad de una huelga general. Qué duda cabe de que ésta campaña mediática también jugará en contra del reto al que se enfrentan hoy los sindicatos.

No obstante, nada de eso es capaz de ocultar los desequilibrios de una reforma laboral que deja a los trabajadores inermes ante los empresarios y a estos con casi todo el poder para hacer y deshacer. Una reforma que regala el despido a los empresarios y que, en vez de moderar o regular de manera más estricta la capacidad sindical de negociar las condiciones laborales a través de los convenios colectivos y evitar de ese modo abusos y excesos sindicales, rebana de un tajo décadas de cultura del acuerdo y el consenso entre trabajadores y empresarios que es como decir de paz social y laboral.

Y todo ello tiene como corolario una reforma laboral que no servirá para crear empleo sino, con toda seguridad, para destruirlo. Ni el propio Gobierno lo oculta ya.

Estos son los elementos principales a tener en cuenta para decidir si la convocatoria de hoy en contra de la reforma laboral merece apoyo y respaldo más allá de los recelos, el pesimismo, las dudas o la desconfianza sobre la trayectoria sindical de los últimos tiempos en este país. El reto está planteado.