Los sindicatos se enfrentan
hoy al reto de sacar a la calle a la mayor cantidad de gente posible para
plantarle cara a la durísima reforma laboral del Gobierno del PP. De la
respuesta que reciba la convocatoria dependerá seguramente que haya o no huelga
general. En cualquier caso – y los sindicatos lo saben – la decisión no se
puede demorar demasiado porque se correría el riesgo de tomarse cuando el efecto
shock que ha provocado la norma del Gobierno haya sido asumido y amortiguado.
No es un reto fácil, en
contra tienen los sindicatos numerosos factores. Uno de ellos, la desconfianza
en que tanto la convocatoria de hoy como una eventual huelga general tengan
utilidad. No es realista confiar en que el Gobierno va a introducir cambios
sustanciales en la reforma laboral a pesar del tono dialogante y conciliador
que ahora parece exhibir. En todo caso, lo es menos suponer que los introducirá
de motu propio y sin exigencia social alguna.
Tampoco ayuda a los
sindicatos el resultado de la anterior huelga general, la del 29 de septiembre
de 2010, demasiado próxima aún en la memoria como para haber olvidado que su
seguimiento fue demasiado magro.
Pero quizá el factor que más
juegue en contra de la posibilidad de que las calles de España se llenen hoy de
gente expresando su rechazo a la reforma laboral sean los propios sindicatos,
que no atraviesan el mejor momento de su historia reciente en nuestro país.
Demasiado burocratizados y
convertidos casi en ministerios, los sindicatos han perdido frescura y contacto
con la realidad social a la que se deben, al tiempo que se han dormido
demasiado a menudo bajo la confortable sombra del poder.
Su situación es
similar a la de los partidos políticos y como ellos necesitan también una
redefinición radical de su papel en una época de profundos cambios sociales,
políticos y económicos como la actual.
Sin embargo, mientras, ellos son en estos momentos la única herramienta de la que disponen los
trabajadores y las clases medias de este país para defenderse democráticamente
de la desequilibrada e injusta reforma laboral del Gobierno del PP.
Prueba de ello es la
agresiva campaña de criminalización y desprestigio sindical que ha puesto en
marcha el círculo mediático próximo al Gobierno nada más expresar los
sindicatos su rechazo a la reforma laboral y anunciar la eventualidad de una
huelga general. Qué duda cabe de que ésta campaña mediática también jugará en
contra del reto al que se enfrentan hoy los sindicatos.
No obstante, nada de eso es
capaz de ocultar los desequilibrios de una reforma laboral que deja a los
trabajadores inermes ante los empresarios y a estos con casi todo el poder para
hacer y deshacer. Una reforma que regala el despido a los empresarios y que, en
vez de moderar o regular de manera más estricta la capacidad sindical de
negociar las condiciones laborales a través de los convenios colectivos y
evitar de ese modo abusos y excesos sindicales, rebana de un tajo décadas de
cultura del acuerdo y el consenso entre trabajadores y empresarios que es como decir de paz social y laboral.
Y todo ello tiene como
corolario una reforma laboral que no servirá para crear empleo sino, con toda
seguridad, para destruirlo. Ni el propio Gobierno lo oculta ya.
Estos son los elementos
principales a tener en cuenta para decidir si la convocatoria de hoy en contra
de la reforma laboral merece apoyo y respaldo más allá de los recelos, el pesimismo, las
dudas o la desconfianza sobre la trayectoria sindical de los últimos tiempos en
este país. El reto está planteado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario