¿Qué hay de nuevo, Luis?
La cabra tira al monte y los
banqueros a la banca. El ministro de Economía, Luis de Guindos (ex de Lehman
Brothers) acaba de realizar dos anuncios muy mediáticos pero que tienen truco. Vamos
por partes. Ha anunciado de Guindos que va a "permitir" (ojo a la
palabra: permitir) que los bancos acepten la llamada dación en pago como vía de
saldar la deuda hipotecaria con una entidad financiera.
Podrán acogerse a ella
familias con escasos recursos económicos, con todos sus miembros en paro y sólo
para la primera residencia (habría que saber cuántas familias en esa situación
tienen más de una casa). Ahora bien: la propuesta del ministro (adelantada por
cierto por la patronal bancaria ¡qué casualidad), aparte de que no es ninguna
novedad porque cualquier banco puede aplicarla si quiere, no va mucho más allá
de elaborar un código de buenas prácticas (así lo ha llamado de Guindos) al que
podrán acogerse (o no) las entidades financieras.
E incluso acogiéndose a él,
nada las obliga a aceptar la dación en pago, aunque el Gobierno les ofrece generosamente la posibilidad de desgravarse fiscalmente las posibles pérdidas. En cualquier caso, no habrá ley alguna
que obligue a un banco a cobrarse la hipoteca por la vía de la dación en pago,
todo dependerá de su soberana voluntad. De manera que las familias angustiadas
ante la imposibilidad de hacer frente a los plazos de la hipoteca ya pueden
irle rezando a San Mateo, patrón de los banqueros.
Aún hay más: ha anunciado
también el ministro de Guindos la puesta en marcha de un "instrumento
financiero" para que las pequeñas y medianas empresas puedan cobrar los
cerca de 40.000 millones de euros que les adeudan las administraciones públicas
(ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas).
Lo primero que se le viene a
uno a la cabeza es que la Ley contra la morosidad pública aprobada en la pasada
legislatura no ha servido absolutamente para nada. Sin embargo, cuando se lee
la letra pequeña de esta otra propuesta del ministro empieza uno a darse cuenta
de por dónde van las intenciones.
Si usted es un empresario y
una administración publica le debe dinero deberá acudir a algunos de los bancos
que se sumarán encantados a la propuesta del ministro para cobrarla. El banco a
su vez se la cobrará al Estado, que tendrá que emitir deuda pública a interés
de mercado para financiarla, y éste le pasará la factura a la administración
deudora morosa.
¿Gratis? ¿Sin costes para
nadie? Nada de eso. Más allá de que la operación puede tener efectos negativos
sobre el déficit público, bestia negra de la política económica neoliberal, usted
seguramente se quedará sin cobrar los intereses por la demora en el pago, pero
el banco se llevará un pingüe interés del 6% por hacer de pagador del Estado. Los
bancos, cómo no podía ser de otra manera, se frotan las manos: el Banco Central
Europeo les presta dinero en régimen de barra libre al 1% y ellos lo cobran al
6%.
Da manera que, si la dación
en pago sigue siendo una cuestión de voluntad bancaria y no de obligación legal y si
los bancos siguen saneando sus balances por la vía de cobrarnos cinco o seis
veces más caro el dinero que les prestamos al 1%, sólo cabe una pregunta: ¿Qué
hay de nuevo, Luis?
Mano izquierda
En las manifestaciones del
movimiento de los indignados en mayo del año pasado, el PP, entonces en la
oposición, le reprochó al Gobierno del PSOE, con Alfredo Pérez Rubalcaba de
ministro del Interior, no haber sido más contundente en la respuesta policial a
aquella marea humana que llenó la madrileña Puerta del Sol y otras céntricas
plazas españolas.
Menos de un año después, el Gobierno, ahora en manos del PP,
parece haber querido enmendar aquella "blandura" policial cargando
indiscriminada y desproporcionadamente contra los alumnos de un instituto
valenciano que protestaban por la falta de calefacción en su centro.
A la vista
de los apaleamientos y golpes de los que han sido víctimas los estudiantes que
se atrevieron a protestar, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana
dice ahora que ella no dio orden a la policía para que actuara con tanta dureza
pero el jefe policial llamó a los estudiantes "el enemigo". Por su
parte, el ministro del Interior criticó por la mañana "los excesos"
pero por la tarde cargó la prueba de la culpa sobre "los radicales",
sin más precisiones.
La Delegada dice ahora que se abrirá una investigación
sobre lo ocurrido (ya sabemos todos en qué suelen terminar esas
investigaciones) y el ministro comparecerá en el Congreso para "dar
explicaciones". A la espera quedamos de una y otra cosa aunque no
deberíamos hacernos demasiadas ilusiones sobre la depuración de
responsabilidades.
Preocupa pensar en la posibilidad de que la respuesta del
Gobierno a las legítimas protestas de una ciudadanía cada vez más atenazada por
la crisis y las duras, desequilibradas e injustas reformas puestas en marcha
sea la porra policial. Para evitar males mayores, debería el Gobierno ejercer
su autoridad legítima empleando más la mano izquierda y no sólo la derecha.
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